Impedir que el servicio de transporte de Uber y Cabify se consolide en el territorio mexicano es algo así como impedir que Google y Hotmail ofrezcan el servicio de correo electrónico bajo el argumento de que existe el correo tradicional; o que Skype deje su servicio de comunicación porque existe la telefonía convencional y celular.

Esta actitud es la que el gobierno de Eruviel Ávila evidencia al impedir que una nueva modalidad –más económica, segura y libre de corrupción—se instale en la región del estado de México, que dicho sea de paso, envuelve al Distrito Federal antes de comunicar con los estados vecinos como Hidalgo, Querétaro o Puebla, por decir algunos.

Uber y Cabify desarrollan su fórmula de negocios en otras partes del mundo, por lo menos en 50 países, incluyendo el nuestro, en la capital de la República, y en varias ciudades de los Estados Unidos.

Ambas firmas están legalmente consolidadas en México, pagan sus respectivas cuotas a través de impuestos y han consolidado formas nuevas de empleo para aquellos que poseen un vehículo de reciente modelo y que por alguna razón desean obtener un mayor recurso económico.

A su vez, ofrecen un servicio que por años los ciudadanos les han solicitado a las autoridades mexicanas: cortesía, seguridad, honradez y un precio por el servicio justo. Por señalar un ejemplo, el servicio de taxi que se ofrece en muchos aeropuertos es excesivamente caro. Y el servicio en las calles es inseguro, a consecuencia de las mafias y la corrupción en su entorno.

 Pero, ¿por qué el gobernador Eruviel Ávila Villegas se opone de manera tajante que Uber y Cabify se instalen de manera formal en el estado de México? La respuesta es sencilla. Sucede que los políticos de sepa en aquella región han hecho una forma de vida en toda la región mexiquense a cuesta de los ciudadanos, mina de oro que no quieren perder, o en el mejor de los casos, compartir con personajes ajenos.

 Observe un caso –de los cientos que se reproducen en toda la región. Roberto y José Carmen Arturo Alcántara Rojas, fueron dirigentes del Grupo Toluca de autotransporte, ligados al grupo priista de Atlacomulco, hoy en el poder y ubicados en la presidencia de México.

 José Carmen Arturo Alcántara Rojas fungió como coordinador de transportes en la campaña a la presidencia de la República de Miguel de la Madrid Hurtado y coordinador de Transportes en la campaña a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari. Ambos se convirtieron en presidentes.

Los hermanos Alcántara Rojas también financiaron, con recursos económicos y en especie, la candidatura de Luis Donaldo Colosio Murrieta --quien perdió la vida el 23 de marzo de 1994--. Alcántara Rojas, priista de corazón, amplió su contribución económica al entonces candidato Ernesto Zedillo Ponce de León.

Más adelante, el próspero empresario se convirtió en presidente de la Comisión Temática y de Dictamen de Comunicaciones y Transportes del Consejo Político Nacional del PRI; y subsecretario de la Confederación Nacional de Autotransportistas (1999-2000).

Gracias a sus oficios se convirtió en diputado federal del PRI en 2003, electo en representación proporcional. Fungió como presidente del consejo administrativo de la empresa de autotransportes Flecha Roja, y director general de la empresa Ómnibus de México.

Su hermano, Roberto, ha sido represéntate de la firma de transporte aéreo VivaAerobus y actualmente es inversionista del poderoso Grupo Prisa, que en México está asociado con las empresas Mac Multimedia e Índigo, que edita el diario El País y genera la transmisión de Radio Capital; además con la empresa que produce el canal de televisión Efekto Tv.

 De esta forma, Uber y Cabify se enfrentan a un interés todo poderoso en el estado de México en el ámbito de los negocios, la política y por si fuera poco, en los medios de comunicación tanto de corte nacional como internacional. ¿Quién ganará? La razón o el poder.

Punto Cero

 Pobre Michoacán. La victoria de Silvano Aureoles Conejo, ahora gobernador electo, en aquella región purépecha no garantiza el bienestar y desarrollo de los michoacanos. Nos dicen los que saben que Alfredo Castillo, hizo su trabajo cuando fue comisionado en la entidad. Todos los delegados de la federación hasta el momento no han sido removidos, y no lo serán. Nos aseguran que son mexiquenses e hidalguenses que llegaron --como el caso del autotransporte en el estado de México—a hacer negocios en la entidad. Ya veremos.

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz