El debate tradicional entre fiscalistas y monetaristas sobre el logro de objetivos de estabilidad y crecimiento económico a la vez sigue vigente, aunque el FMI tome partida por políticas monetarias neoliberales de corto plazo, y los llamados neo-neo/keynesianos reconozcan que el dinero también importa y que afecta el nivel de precios y producción. Sin embargo, sigue siendo válido el argumento que políticas monetarias contractivas permanentes son dañinas para la generación de empleo y aumento del producto. Según sea la coyuntura social y política de cada país, y el estado de sus finanzas y economía, el uso de los instrumentos y medidas de política económica debe basarse en el principio de menor daño a la población.

En periodos de bonanza económica, que por cierto muy escasos con la crisis estructural y sistémica del sistema capitalista, es de esperar un activismo de la política monetaria (reduciendo las tasas de política monetaria, intereses y canalizando mayores recursos financieros a los sectores productivos); incluso complementada con reducción de impuestos a las empresas ubicadas en sectores dinámicos en la generación de empleos como la construcción, agrícola, forestal, microempresas agroindustriales y servicios, manteniendo un límite para la relación déficit fiscal/PIB y endeudamiento /PIB-exportaciones. En periodos de crisis, sucede todo lo contrario, pero no se investigan las causas de la crisis ni se protege el empleo y salarios de la población; o sea que no interesa la vigencia del principio del menor daño.

En Honduras, antes del golpe de Estado (junio de 2009) el activismo de la política económica fue evidente, reflejado en la baja tasa de política monetaria, intereses de préstamos, encajes diferenciados y mayor disponibilidad de recursos para sectores productivos. Este activismo estimuló un aumento del gasto agregado y recaudaciones fiscales por el aumento del PIB que creció incluso a tasas de 6% anual.  La disponibilidad de recursos de la condonación de la deuda externa fue el principal factor explicativo ya que entre 2006 y 2008 se canalizaron más de 2,300 millones de dólares.  El problema fue que el gobierno se olvidó del límite, mostrando un aumento de las relaciones déficit fiscal/PIB, deuda/PIB, deuda/exportaciones, y más inflación. El gobierno de facto, lo que hizo fue derogar estas medidas de política, sobre/endeudar el país y retomar la senda trazada por el FMI en su programas de estabilización del gobierno de Ricardo Maduro (2002-2005).

En el gobierno de Pepe Lobo (2010-2013) se logró un acuerdo con el FMI, pero se incumplió al no alcanzar la meta de recaudación de impuestos y aumentar el déficit fiscal; pero además de ello, el sobreendeudamiento no paró pero se fue a la compensación social, pago de deuda y la corrupción, muy poco se orientó al fortalecimiento y desarrollo de los sectores productivos y programas efectivos de combate y reducción de la pobreza (62% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza).  Cerró su gobierno con un déficit fiscal de 7.9%/PIB y deuda total/PIB mayor de 51%, y con varias bombas de tiempo como el saqueo del IHSS que, a criterio del propio presidente Lobo, no explotó para no afectar la candidatura a la presidencia de la Republica de Juan Orlando Hernández.

El presidente Hernández continuó con la política monetaria contractiva de su antecesor, pero le apuesta en forma directa a una política fiscal también contractiva, ignorando el principio de menor daño a la población; aduce que se soluciona con un mega programa de compensación social ampliado que incluye el llamado bono diez mil infectado de corrupción por filtración y beneficio para activistas políticos. Unos de sus logros es la reducción del déficit fiscal a 4.4%/PIB, pero el sobreendeudamiento no para y supera los 8,560 millones de dólares, destinándose cerca de 34,000 millones de lempiras para el pago del servicio de la deuda. Hay evidencia que el desempleo total aumentó a más de 2.3 millones de personas y se observa un deterioro del salario real y de las condiciones sociales de empleo, al legalizarse el empleo por hora. Le apuesta a la venta del país con las Leyes de minería, inversiones, hipoteca y de generación de energía,  APP, ZEDES y libre comercio sin observar el deterioro acelerado de los recursos naturales  y la expulsión de población campesina y étnica; déficit crónico en balanza comercial y escaso dinamismo de la inversión extranjera.

La corrupción es un tema de agenda pública que terminará por imponerse y afectará la campaña actual de reelección presidencial.

El Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (ICEFI) en conjunto con destacados profesionales de las ciencias económicas y sociales viene promoviendo un diálogo para la vigencia de un pacto fiscal en el país, que permita hacer menos regresivo el sistema tributario gravando menos el ingreso de los que más pagan impuestos (los pobres y las microempresas), eliminando las exoneraciones y demás prebendas fiscales  (muchas de ellas ya caducas), a fin de que exista un compromiso por combatir el contrabando, la defraudación fiscal e impunidad, y reoriente el gasto público hacia la inversión productiva y social.

En Casa de Gobierno todavía no se oye este clamor. Varios son las causas del silencio. El primero es que en un gobierno autoritario las iniciativas de sociedad civil no cuentan, deben ser iniciativas del presidente de la República. El segundo, la mayoría de los funcionarios del gobierno no son economistas, por tanto no entienden eso de fiscalistas, monetaristas, neoliberales, mucho menos de pactos fiscales cuando han sido premiados por el FMI y las finanzas marchan bien. En tercer lugar, el FMI ya marcó la cancha hasta 2017, y el pacto fiscal es bienvenido siempre y cuando no se cambien las marcas. Para el caso, si del pacto sale que hay que gravar la tierra agrícola ociosa y mal utilizada como mecanismo redistributivo, el FMI se opondrá. Finalmente, primero que el pacto fiscal está el pacto político y el pacto social, que el gobierno no quiere aceptar.

La ideología neoliberal no cree en pactos, cree en el mercado y en menor Estado. La búsqueda de pactos y consensos no va con los neoliberales, mucho menos cuando en el poder existen gobiernos autoritarios. Los pactos de compadre habado son la excepción, no la regla.

Tegucigalpa, 28 de mayo de 2015