La marea humana que regularmente inunda la principal avenida del centro montevideano todos los 20 de mayo, derivó en pleamar. Aunque esta vez no pude sumar mi gota a su curso, la acompañé virtualmente intercambiando mensajes, imágenes y silencio distante. Si bien de caudal incalculable, el desbordamiento humano del miércoles pasado en la “Marcha del Silencio”, deja su nueva marca tras el posterior escurrimiento militante, que, con su estridente mutismo, expresó más fuerte que nunca el reconocimiento de una crisis política al interior del Frente Amplio (FA). Crisis que nace con la derrota en el plebiscito del ´89 por la derogación de la ley de caducidad y que el tiempo acrecienta hasta nuestros días.

Algunos disparadores externos la potenciaron. Todos los medios uruguayos dieron cuenta días antes de un editorial de la revista “El soldado” del “Centro Militar”. La publicación es inhallable fuera de Uruguay. En la página de esta institución, figura como única y “última revista”, un ejemplar de octubre de 2013. Pero como todas las fuentes (para este texto, inevitablemente secundarias) convergen, daremos por ciertas las transcripciones. El primer subrayado noticioso es el del reconocimiento de la “coordinación represiva de los gobiernos” dictatoriales del cono sur. Asemeja la puerilidad del reciente reconocimiento de un barrabrava del equipo argentino Boca que logró suspender un partido de fútbol por agredir químicamente a jugadores rivales cuando, ya descubierto, envió un mensaje a un periodista sosteniendo que no se imaginaba que “esto iba a llegar a donde llegó (...) no pensé que había cámaras”. No le preocupó el ataque, ni haber estafado a su club y a decenas de miles de espectadores y millones de televidentes en el mundo, sino su imposibilidad de ocultarlo. Treinta años después de la superación del terrorismo de estado, la institución militar admite algo tan contundentemente probado como la existencia del Plan Cóndor en los años ´70 y ´80. No es muy original. Los delincuentes admiten sus acciones sólo cuando las pruebas los sepultan. Nada honorable, ni sincero siquiera.

Pero el reconocimiento se acompañó de justificación apologética. “Lógicamente y como natural y legítima defensa se fomentó así la coordinación represiva de los gobiernos; como se coordina hoy contra el narcotráfico, como se coordinó desde siempre a través de Interpol el combate a la delincuencia Internacional”. Pero lo que “coordinó” el Plan Cóndor no fue la aplicación de leyes represivas sino inversamente la elusión de toda ley, hasta la migratoria. Coordinó concretamente el secuestro clandestino, tortura y desaparición de personas indefensas en toda la región con plena complicidad de la justicia con la anomia criminal. Además de una zona liberada policial y militar, se liberó la zona jurídica. Aunque restituida luego, se le sustrajo el espejo retrovisor impotentizándola. Entretanto, a efectos de eludir toda responsabilidad, apelan a que la “prescripción de los delitos, irretroactividad de la ley penal y el estado de inocencia, deben respetarse hasta que se demuestre lo contrario”. Volviendo a la analogía con el hincha de Boca, se apela a la inocencia porque continúa el apagón de cámaras que consagra la ley de caducidad. Reforzando esta línea ideológica, dos días antes de la marcha, en presencia de las máximas autoridades nacionales, el Comandante del ejército uruguayo en su discurso por el aniversario de la institución, pidió que “a los soldados no se los denueste por prejuicios del pasado”. Que “no se los humille, ni se los desprecie con soberbia”.

Pero la presión castrense es sólo un catalizador de la crisis política del FA a la que aludo y tal vez potenciadora de la marcha. La verdadera causa es endógena. El Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro vino sosteniendo una tensa polémica con los movimientos de DDHH y la mayoría del FA sobre el rol de las FFAA, la interpretación de la vigente ley de caducidad y consecuentemente la revisión del pasado. Hombre de letras, de estilo agudamente provocador, de frecuente apelación a la ironía, está hoy poniendo en jaque a la propia fuerza política. Guardo particular nostalgia de sus contratapas de los jueves en este diario en las que exhibía originalidad e ingenio. A lo sumo le reprocharía un estilo sintáctico de oraciones demasiado breves y sin mediaciones que en nada velaban su talento. Y es a la vez, uno de los 9 símbolos humanos del horror más crudo del terrorismo de estado que los mantuvo como rehenes durante toda la dictadura. Pero su función como ministro lo ubicó desde el primer momento como vocero explícito de los exabruptos que las jerarquías militares deben morigerar ya que carecen constitucionalmente de plena libertad de expresión. Su última boutade, según el periódico “La Diaria”, la dirigió nuevamente a las organizaciones de derechos humanos diciendo que “mienten descaradamente” y que “Todos los que hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares (…) son enfermitos y enfermitas”. Además, coincidió con los argumentos del Comandante del ejército y sostuvo que “hay una estigmatización y hay gente que se dedica a la estigmatización como los racistas que perseguían a la gente por su raza, profesión, religión, se estigmatiza hoy a los militares”.

¿Síndrome de Estocolmo? Lo dudo. Aunque si lo padeciera, dada la indigencia argumental y ética en la que se pretende fundar, debería ser rebautizado como “síndrome de Calcuta”, ya sin Madre Teresa para mitigarlo siquiera. El Presidente Vázquez, que en la esfera de los DDHH ha venido mostrado mayor coherencia e iniciativa que su antecesor Mujica, dio un paso importante al crear por decreto la “Comisión por verdad y justicia”, integrada por connotados militantes contra la impunidad. Pero difícilmente pueda con ello resolver las contradicciones inocultables al interior del FA que intento subrayar.

La política de defensa, no obstante, excede la indispensable investigación judicial de los delitos de lesa humanidad y las prácticas del terrorismo de estado. Lejos de despreciar esta área, la considero de enorme importancia. Basta recordar que una base de la OTAN está instalada a kilómetros de la costa argentina, que la riqueza ictícola del atlántico sur es permanentemente saqueada, que traficantes diversos violan el espacio aéreo, fluvial y marítimo, etc. Creo además que debería ser subcontinental, cosa que no depende sólo de tácticas militares sino de estrategias de integración económica, política y social.

Mi perplejidad crece al recordar que en aquellas contratapas aludidas, el actual ministro ponía un acento particular y original en la reconfiguración tecnológica de la defensa orientada hacia los recursos naturales estratégicos y el ejercicio de la soberanía económica y política. En este aspecto, mucho más esclarecedor de su rol que demandar mayores salarios para los soldados (que comparto ya que no debe haber un solo uruguayo en la pobreza), sería exponer cómo se están reformando las FFAA para manejar por ejemplo una radarización plena del territorio y de su plataforma marítima, cómo se preparan para pilotear en tierra los drones que patrullen e intersecten posibles intromisiones ilegales, etc. O qué beneficios le trae a la defensa contar con 15.000 soldados esparcidos por el territorio criando caballos y aprendiendo salto ecuestre y reglamento de polo. Sospecho que la conservadora política de defensa actual deja al país paradojalmente en situación indefensa.

Mas intuyo que estas concesiones no obedecen a una genuflexión subjetiva, sino a una táctica política aunque éticamente inaceptable y fácticamente inservible: la de “ganarse” a las FFAA. Inclusive el ministro refirió al pasar que había que observar los resultados electorales en las ciudades y zonas con destacamentos militares. Si la sola entrega de una reivindicación de principios a cambio de votos produce repugnancia, peor aún es constatar que toda la evidencia empírica muestra en tales zonas el fracaso rotundo tanto del FA como del sector político del ministro, CAP-L.

Entiendo que una estrategia de defensa más acertada consistirá en civilizar en su doble acepción a las FFAA. Por un lado convirtiendo sus funciones en segmentos especializados de la vida laboral del estado, con las mismas exigencias y derechos que los de cualquier otro trabajador civil, sin las arcaicas excepciones o exigencias militares y con alta calificación tecnológica. Y por otro la que la RAE le asigna como elevación del nivel cultural, de formación y comportamiento. Para ello se requiere una radical transformación educativa, a diferencia del retoque cosmético de nombrar algunos profesores civiles e incorporar alguna asignatura de derechos humanos en ese caldo de cultivo de la misoginia, el autoritarismo y la prepotencia que son los liceos militares y las escuelas de guerra. Civilizarlas conlleva formarlas en las instituciones educativas públicas y civiles de todos los niveles, ya que en sus actuales pupilajes cuarteleros, se les cría y reaviva el espíritu de casta.

No casualmente, como en el sistema de castas que pervive en Calcuta.

Emilio Cafassi, Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar