Nueve años después de cometidos los brutales e injustificables actos de tortura sexual contra 47 mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo, por agentes de la entonces Policía Federal Preventiva y de la Agencia Estatal de Seguridad mexiquense, 11 víctimas mantienen una ejemplar lucha social en México y un reclamo jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que como es frecuente las puertas de la justicia mexicana les fueron cerradas, porque aseguran “que la reparación real del ataque que sufrieron no pasa por lo económico, sino por el acceso a la verdad y la justicia”.

Más aún, exigieron el lunes 4 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que “el gobierno de Enrique Peña Nieto no persista en el intento de evitar que la CIDH emita su informe” sobre el caso. Confían, por supuesto que bregando por su justa causa, que entre las recomendaciones que emita la Comisión Interamericana se establezca la necesidad de “investigar los distintos grados de responsabilidad”, incluyendo a las cadenas de mando y los que ocupaban cargos institucionales, “entre ellos el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del Ejecutivo federal”, quien en distintos momentos asumió públicamente que ordenó el operativo y la última vez que lo hizo, ya como candidato presidencial, provocó el surgimiento del influyente movimiento #YoSoy132. El mismo que puso en serio riesgo el triunfo de su candidatura a pesar de que Televisa, Televisión Azteca y la mayor parte de sus intelectuales a sueldo, respaldados en las principales casas encuestadoras, juraban y perjuraban que Peña ganaría arrolladoramente.

No sólo no sucedió lo previsto sino aún persiste en franjas del electorado la percepción de que gracias a la presunta compra de entre 3 y 5 millones de sufragios (monedero Monex y tarjeta Soriana), Peña Nieto accedió a Los Pinos con la bendición del Tribunal Electora y los muy eficientes servicios de los seis magistrados que encabezaba Alejandro Luna Ramos, a quien le fue imposible disimular su gran felicidad ante los medios de información cuando le entregó la constancia de presidente electo.

Las precisiones hechas por Norma Jiménez, Stephanie Brewer, Edith Rosales y Bárbara Italia Méndez son pertinentes no tanto por coincidir con el aniversario de un gravísimo y para mí vergonzoso agravio a las 47 mujeres, a todas las mexicanas, pues forma parte del patrón sistémico de la tortura que enfrentan las detenidas por agentes policiales, militares y marinos, como también porque responden a las acciones que emprende el gobierno que dirige Eruviel Ávila.

Resulta que este doctor por la vía más que rápida, a través de la Gaceta Oficial del Estado de México informó sobre la creación de un fideicomiso para dar apoyo económico a las mujeres que durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 sufrieron tortura sexual. Esa abominable práctica que para los expertos “nunca es un error, un desliz ni tiene nada de casual”, pues ninguna autoridad se equivoca cuando abusa de una mujer. Y ello demuestra “la imposición de un sistema patriarcal para disponer de las mujeres”, porque la tortura sexual revela la “impunidad machista” con la que la sociedad y el gobierno aceptan la violencia hacia las féminas.

Y la respuesta para el gobernador mexiquense y su presunto amigo que nunca lo fue, el señor de Atlacomulco, no tiene desperdicio: “El fideicomiso es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizado nuestro cuerpo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha”.

Utopía 1529

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