La derecha brasileña mostró firmeza en las calles en su reclamo contra Dilma Rousseuff, el pasado domingo. Ese es un dato indudable, y negarlo mostraría necedad o desinformación: la movilización fue grande, especialmente en San Pablo. Ahora bien, tomando en cuenta esto, también hay que mencionar el virulento mensaje de una parte de aquella concurrencia, que se repetía en pancartas y banderas que exigían la intervención de las Fuerzas Armadas para destituir a la presidenta, bajo la consigna “¡Intervención militar ya! Fuera Dilma, Fuera PT”; e incluso banderas que, en inglés, contenían frases como “Armada, Fuerza Naval y Fuerza Aérea. Por favor, sálvennos otra vez del comunismo”.

Estos elementos nos pueden ayudar a comprender las diferencias de estas nuevas movilizaciones con respecto a las que se generaron en 2013, cuyo enfoque estaba puesto en ejes como el transporte y la salud y educación pública. El domingo no hubo esas demandas, ni mucho menos: apareció nítidamente el pedido de destitución presidencial vía parlamentaria -conocido como “impeachment”- y un cuestionamiento a la política exterior de Brasil durante los gobiernos del PT, en cuanto a su orientación ´latinoamericanista´ -con críticas explícitas a Cuba y Venezuela-. Se trató de una movilización protagonizada principalmente por clases medias-altas y altas, muy diferente al componente social de 2013, donde buena parte de la ´nueva clase media´ forjada durante los dos gobiernos consecutivos de Lula salió a las calles.

En un reciente artículo de opinión, el teólogo Leonardo Boff hablaba de un “aumento del odio de la rabia contra el PT”, inducido por algunos medios de comunicación conservadores, que no sopesaba un hecho fáctico concreto: el nuevo gobierno de Dilma Rousseuff tiene menos de 100 días en funciones, y fue electo por nada menos que 54 millones de electores. Para Boff, el objetivo es claro, ya que estos sectores elitistas “procuran por todos los modos deslegitimar la victoria y garantizar un cambio de política que atienda su proyecto”.

Este aumento de virulencia también fue verificado con la reciente amenaza de muerte que sufrió el máximo dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stedile, mediante un aviso en el que se lo pedía “vivo o muerto” por “enemigo de la patria”. En un comunicado sobre la situación, el MST afirmó que “la amenaza es sólo un reflejo de sectores de la elite brasileña que están dispuestos a promover una ola de violencia y odio, con el fin de desestabilizar al gobierno y retomar el poder, del que fueron apartados con la victoria del PT en las urnas en 2002”.

¿Cómo transitar, entonces, un camino que pueda posicionar mejor al gobierno frente a estas voces? Con dinámica, iniciativa, con hechos que puedan cambiar la “agenda” nacional. En primer lugar, como se ha hecho hasta el momento, continuar con la política de que se investigue responsabilidades concretas en torno a Petrobras, y que los culpables de actos de corrupción sean separados de cargos, tanto en el Ejecutivo como en el propio PT, en caso de comprobarse las imputaciones. Como segundo punto, la necesidad de avanzar en demandas concretas que apunten a una democratización mayor de la vida política de Brasil: hablamos principalmente de la reforma política y la ley de medios, pendientes de su tratamiento e implementación, y ejes de la última campaña de Rousseuff. Y en tercer punto, implementar un impuesto a las grandes fortunas, tal como marcó Emir Sader días atrás. Ese hecho podría constituir un importante paso en un momento donde el gobierno, guíado por el equipo económico de Levy, intenta llevar adelante un “ajuste fiscal” que, en palabras de Rousseuff, no comprometerá las conquistas sociales logradas en los gobiernos del PT.

Por otra parte, ¿avanzará el pedido de “impeachment” contra Dilma? Este elemento parece el más dificil para la oposición, que igualmente buscará seguir erosionando la figura presidencial y al propio Partido de los Trabajadores. ¿Por qué? Hay un “temor futuro” en buena parte de los sectores que movilizaron el domingo: un hipotético retorno de Lula a la presidencia en 2018 -si la edad y la salud se lo permiten-, que significaría un nuevo espaldarazo al proyecto político instaurado desde 2002. El objetivo, entonces, parece ser intentar desgastar al máximo posible a la actual administración para que el ex metalúrgico llegue lo más condicionado posible a la próxima cita presidencial. No es para menos: se trata del personaje mejor valorado de la política de Brasil, el mismo que dejó la presidencia en 2010, con un 80% de valoración a su gestión, de acuerdo a diversas encuestas.