Una larga lista de daños 

Estudios, diagnósticos, compromisos de unos, manuales de buena prácticas de otros han visto la luz desde el 2008 sin lograr limitar los daños ocasionados por la piña que, informe tras informe, detalla el Estado de La Nación desde el 2008. Se trata en efecto de una actividad productiva que genera un serie de daños ambientales muy graves, algunos de carácter irreversible, en la medida en que, a diferencia de la piña criolla costarricense, o de la variedad Hawaiana o de la variedad Cayenne producidas a finales de los años noventa para el mercado internacional, la variedad "MD2" o "Sweet Gold" implantada en Costa Rica en el 2006 requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas para ser producida, incluyendo sustancias químicas, algunas de ellas prohibidas en otros países (Nota 1). Un número especial de la Revista Ambientico (Universidad Nacional - UNA) describe en detalle los daños ambientales que ocasiona la piña MD-2 en Costa Rica (Número 177 de junio del 2008 disponible aquí).Estos daños también son económicos para los productores de ganado vecinos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña (ver artículo de La Nación del 12/07/2010). Desde el punto de vista de la cobertura mediática, son varios los reportajes hechos fuera de Costa Rica que han alertado a la opinión pública internacional sobre la situación que impera en muchas piñeras de Costa Rica y sobre los efectos sociales del modelo productivo adoptado (ver por ejemplo los reportajes de Suisse Romande, 2007, "Les ananas de la colère", del Miami Herald, 2008, "Costa Rica's pineapple boom raises environmental questions", de Radio Canada, 2009, "Les ananas du Costa Rica", de The Guardian, 2010, "Pineapples: Luxury fruit at what price?", de The Guardian, 2010, "Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple" o el más reciente publicado en Der Spiegel en julio del 2014). Algunos de ellos buscan alertar a los consumidores en consonancia con algunas campañas internacionales realizadas a partir del 2007 (Nota 2). Un reciente estudio publicado por la UNA sobre la situación sociolaboral de los migrantes en las piñeras de la zona Norte concluye que: “En este sentido, la actividad piñera en la zona ha basado su dinamismo y evolución reciente a partir del concurso de factores como el uso (y abuso) intensivo de la tierra (con sus consecuencias ambientales y geográficas) y la inserción supernumeraria de personas trabajadoras que, debido a su condición de irregularidad migratoria, presentan cierta vulnerabilidad y son proclives a experimentar experiencias deficitarias en sus condiciones sociolaborales” (pp. 91- 92).Hace ya unos años, en una nota de prensa titulada “MINAET rehuye debate sobre Caño Negro en Universidad de Costa Rica”, una de las juezas del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) indicaba que al llegar sorpresivamente a investigar piñeras por presuntos delitos ambientales, “cuando nos ven llegando de sorpresa en una barrida, muchos operarios salen corriendo, pensado que somos de Migración”: señal inequívoca de un sistema de explotación laboral a los que están sometidas personas en situación migratoria irregular en las piñeras, y ello desde muchos años.

La actitud del Estado costarricense 
 

La falta de controles adecuados en materia laboral, en materia de salud ocupacional y las campañas internacionales contra Costa Rica no parecieran haber dado lugar a algún tipo de reacción por parte del Estado, como tampoco en otros ámbitos como el ambiental. Todo lo contrario. En un artículo titulado "La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña" publicado en septiembre del 2011, el Dr. Allan Astorga, experto en gestión ambiental señalaba las diversas modificaciones hechas a la normativa ambiental por las mismas autoridades estatales para favorecer la expansión de la piña en el período 2006-2010, concluyendo que: " Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional". En el precitado número 177 de Ambientico, la abogada Gabriela Cuadrado analizaba en detalle otra innovación por parte de las autoridades: la inaudita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud de Costa Rica tendiente a legalizar la contaminación de agua potable. Su artículo: "Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)" no deja duda alguna sobre la extraña actitud de las autoridades de salud de aquella época para evitar ponerle un freno la producción de la piña. Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández "L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas" (disponible aquí). 

Una advertencia desoída 

Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. Esta posición coïncide con la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010) y su marcada política de apertura irrestricta de Costa Rica a la economía mundial, política que se mantuvo durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014): durante este último período, con relación a la piña, se pudo observar una inédita acción de Casa Presidencial para frenar los controles del Tribunal Administrativo Ambiental (Nota 3) y se mantuvo la negativa de las autoridades a participar en foros públicos auspiciados por las universidades (Nota 4). Cuando lo hicieron, fue para rehuir los cuestionamientos y dejar la silla vacía, tal como le ocurrió al representante del Ministerio de Agricultura durante un foro auspiciado por el Tribunal Latinoamericano del Agua a finales del 2013 (Nota 5). Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007 y en numerosos cuestionamientos realizados por activistas y académicos, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar la expansión de la piña. Dicha solicitud, con fecha de diciembre del 2008, exigía una moratoria para nuevas plantaciones de piña, hasta tanto, entre otros puntos, se valorara los efectos sociales y ambientales del modelo de producción impulsado, y se reforzara las capacidades de fiscalización del Estado costarricense (texto del Pronunciamiento del Consejo Universitario de Diciembre del 2008 disponible aquí). En un artículo reciente de septiembre del 2014, la profesora Geanina Amaya recordaba los compromisos de campaña de la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis: "En campaña política el PAC aseguró que “Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia" . En octubre del 2014, un legislador de otra bancada, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio), propuso gravar la actividad piñera y establecer una moratoria nacional por 5 años (ver nota de CRHoy).

Instancias internacionales y piña de Costa Rica 

Más allá de las iniciativas de unos y otros que tardan su tiempo en hacerse realidad, el tema de la piña en Costa Rica no es del todo nuevo para las instancias interamericanas: en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada para ordenarle a Costa Rica medidas para proteger la vida y la integridad física de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña, Aquiles Rivera (ver nota), debido a amenazas de muerte recibidas por este líder comunal en mayo del 2009 (ver nota de la ANEP). En este mismo año 2009, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derecho Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (ver texto ). En su informe incluyó lo siguiente: "71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado " (p. 22, punto 71). La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente: "85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas" (p. 26, punto 86). No se encontró similar recomendación en los informes de misión de la experta de Naciones Unidas (ver informes de misión disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra hizo circular una nota oficial (ver texto del documento HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009) que contienen 21 puntos y detalla las presuntas carencias del Informe. Con relación al tema de la piña, el punto 4 precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una observación a la experta de Naciones Unidas entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del mismo Estado.

 

Como se puede apreciar, la actitud del Estado costarricense en relación el sector productivo de la piña es sumamente cuestionable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos oirá a las valientes comunidades de Siquirres, quiénes han agotado pacientemente una tras otra todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007 (derecho consagrado como tal por la Sala Constitucional de Costa Rica). El marco de la demanda se limita únicamente a los efectos en el agua de la contaminación de las empresas piñeras y no entra a analizar otros aspectos como los brevemente descritos. Pese a ello, es muy probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años, en particular en la zona Norte de Costa Rica - que actualmente concentra más del 50% de la producción total d ela piña costarricense - y en otras partes del país, observen con mucha atención este caso. La profunda sensación de impunidad que evidencia el reciente reportaje del Semanario Universidad (Nota 6). y el desinterés demostrado por el Estado costarricense por hacer valer el principio básico en materia ambiental “quién contamina paga” constituyen , entre otros, argumentos de peso de difícil refutación.



Nota 1:Es por ejemplo el caso de un pesticida altamente tóxico para los suelos y la salud humana como el Paraquat. Informes de ONG internacionales habían denunciado los daños a la salud humana de quiénes se ven expuestos a este químico en todo el mundo, incluyendo los operarios de fincas en Costa Rica (ver informe). Luego de una intensa batalla judicial liderada por los países escandinavos, se logró en julio del 2007 que la Directiva de la Comisión de la Unión Europea que permitía su uso fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ver comunicado de prensa del TPI de la Unión Europea). No obstante, a los meses, una trasnacional operando en Costa Rica adujo que aplicaría la moratoria mundial exigida por la UE en cuanto a su uso en todas sus operaciones en el mundo, con excepción de sus fincas de piña en Costa Rica hasta mediados del 2008, indicando que “… it is discontinuing the use of paraquat in its agricultural operations worldwide by implementing an immediate phase-out program, except in Costa Rica for Dole's pineapple operations where the targeted phase-out program extends to June 30, 2008” (ver nota de noviembre del 2007. En un comunicado de prensa de octubre del 2007 al que se le añadió una actualización del 2012, se indica que el uso de Paraquat se mantendrá, con la autorización de las autoridades de Costa Rica, para luchar contra la proliferación de la mosca hematófaga que provoca el mal manejo de los rastrojos de la piña: “Update to October 8, 2007 press release (effective November 20, 2012). The Costa Rican government requires growers to take measures to control stable fly infestations. Stable flies are drawn to the moist leaves and other residue left after pineapple harvest, and use of paraquat to dry this residue helps to control these infestations”.  

Nota 2: Algunas organizaciones han intentado hacer ver al consumidor lo que no se dice de la piña costarricense: el informe "‘The story behind the pineapples sold on our supermarket shelves: A case study of Costa Rica’ preparado por Consumers International y Bananalink constituye uno de estos intentos. En el 2008, la ONG británica OXFAM de igual manera lideró una campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en los supermercados de Alemania (ver nota de prensa de La Nación, 2008 y una nota de DW titulada "Explotación laboral en Latinoamérica: Alemania no es inocente" de abril del 2008).

 

Nota 3: En esta nota de prensa se indica que: ”La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)”.

 

Nota 4: Véase por ejemplo la nota de prensa titulada: “Salud rehuye debate sobre agua potable y contaminación de piñeras en Siquirres” (disponible aquí).

 

Nota 5: En el informe de prensa (disponible aquí) de la actividad realizada por el TRAGUA en San José a finales del 2013, se incluye el siguiente artículo titulado: “Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña”.

 

Nota 6: Nos referimos a la edición del 11 de marzo del 2014 que incluye los siguientes reportajes: “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (disponible aquí) y “Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!” (disponible aquí).