Las batallas de Venezuela
22/12/2014
- Opinión
Resumen
La conspiración golpista fue doblegada pero la desestabilización continúa. Hay que lidiar con la ausencia de Chávez, el deterioro económico y la presión internacional. Estados Unidos retoma el acoso financiero y utiliza la depreciación del petróleo para debilitar al gobierno.
El modelo económico actual permitió grandes mejoras populares, pero no transformó la estructura improductiva, ni permite afrontar los desequilibrios actuales. La confrontación por el destino de la renta petrolera es la causa de las tensiones cambiarias y la conducta de los capitalistas impide gestar una economía industrializada.
Lo ocurrido en Chile en los 70 constituye un antecedente esclarecedor del comportamiento de la derecha y de la necesidad de avanzar desde el gobierno al poder. La rehabilitación del proyecto socialista por parte del chavismo es incomprensible con miradas dogmáticas. Un proceso revolucionario con ritmos inéditos y transformaciones no sincronizadas entre el gobierno, el estado y la sociedad replantea la estrategia de la transición socialista.
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Todos los problemas estratégicos discutidos en la izquierda durante la última centuria han recobrado actualidad en Venezuela. En ese país se desenvuelve un proceso de transformación política que proclama metas antiimperialistas e idearios socialistas. El camino para alcanzar estos objetivos vuelve a debatirse con la misma pasión que en el pasado.
Golpes, sabotajes y presiones
Venezuela soporta desde hace 14 años el asedio de la derecha. Durante el 2014 esa agresión incluyó una guarimba, que comenzó en febrero y fue doblegada en junio, con un saldo de 43 muertos, centenares de heridos y la detención del cabecilla fascista[1].
Las organizaciones ultra-derechistas recurrieron a todas las técnicas de la guerra de baja intensidad. Arremetieron con asesinatos, destrozos, amenazas y contaron con el asesoramiento directo de los paramilitares colombianos.
Esa provocación incluyó un intenso sabotaje económico con acaparamiento de mercancías, especulación de divisas y contrabando, para desgastar al gobierno y desmoralizar a la sociedad.
Estados Unidos incentivó estas acciones, aportando un novedoso manual de sugerencias golpistas. Sus voceros financieros difundieron diagnósticos de colapso económico, mientras el Departamento de Estado promovía la inestabilidad política y el aislamiento internacional[2].
Pero el levantamiento derechista no logró trascender los barrios de la clase media-alta y la violencia extrema terminó socavando la propia base social de la asonada. El opositor Capriles tomó distancia del alzamiento y los militares se mantuvieron en la vereda opuesta, con la excepción de un pequeño grupo de conspiradores que fue apresado. Los conservadores perdieron otra partida de su larga escalada destituyente, pero el asesinato del joven diputado Robert Serra ilustra la persistencia del plan desestabilizador.
La derecha intentó en la mesa de negociaciones lo que no consiguió en las calles. Los empresarios resumieron sus exigencias en un paquete de12 puntos avalados por 47 economistas de la oposición. Demandaron la liberación del dólar, un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, contrarreformas sociales, la anulación del actual sistema de precios y la devolución de las plantas estatizadas. Reclamaron un lugar en el gabinete para garantizar la devaluación y la derogación de las leyes laborales.
Como esas exigencias fueron desoídas el lobby capitalista ha redoblado la presión. Busca recuperar pedazos de la renta petrolera socavando el control estatal de ese excedente. Esta erosión se consuma con los dólares que obtienen a precios preferenciales para el manejo de las importaciones. Suelen desviar esos recursos hacia la especulación cambiaria.
Esta tensión con la burguesía ha caracterizado a todo el proceso bolivariano. Chávez respondía abriendo espacios de diálogo con los empresarios, mientras movilizaba al pueblo para marcar el tono de la discusión. Mantuvo esa conducta frente al golpe del 2002, luego de la victoria del referéndum del 2004 y en varias oportunidades desde el 2006. Introdujo la modalidad de transformar cada elección en una multitudinaria prueba de fuerza contra los capitalistas y sus partidos[3].
Maduro intenta retomar esta misma dinámica, lidiando con el enorme vacío que ha dejado la muerte de Chávez y el gran malestar que genera el deterioro económico. En estas condiciones logró una importantísima victoria frente a los fascistas[4].
Venezuela volvió a contar con la red de alianzas internacionales que exige la batalla contra las conspiraciones imperialistas. Durante años estos acuerdos contribuyeron a contrarrestar los golpes apañados por el gobierno estadounidense, la OEA y la corona española. Pero los diplomáticos de la burguesía también volvieron a ensayar presiones para disuadir la radicalización del proceso bolivariano. Estas exigencias apuntaron durante las guarimbas a la formación de un gobierno de coalición con la oposición derechista. Maduro resistió esta sugerencia y aprovechó el sostén de UNASUR, sin aceptar la inmolación de su gobierno (Clarín, 2014).
La pulseada petrolera
Al concluir el año, Estados Unidos utiliza la caída del precio internacional del petróleo como un nuevo instrumento de desestabilización. La cotización del combustible declinó un 30% en el último semestre, afectando seriamente a una economía que obtiene el 95% de sus divisas de la exportación de crudo. No es lo mismo manejar el presupuesto público con un precio del barril por encima de los 100 dólares (última década), que con los niveles actuales de 60/70 dólares.
La depreciación del petróleo obedece, ante todo, a una contracción acumulativa de la demanda en las economías desarrolladas. Esta retracción deriva de una crisis irresuelta desde el 2008, que se acentúo en el último año con la desaceleración de China y los países intermedios.
También el cambio de la política monetaria estadounidense ha incidido en la caída del precio. La primera potencia decidió restringir los estímulos monetarios utilizados para socorrer a los bancos induciendo un esperado incremento de las tasas de interés. Este giro precipita la salida de los capitales especulativos de todos los mercados de materias primas.
En el desplome del precio del petróleo influye, además, el incremento del volumen de crudo extraído con formas no convencionales (shale oil). Esta innovación le permite a Estados Unidos aumentar la producción y reducir las importaciones.
El petróleo barato se ha convertido en una herramienta de ofensiva imperial. Luego de su reciente avance electoral, los neo-conservadores republicanos han impuesto una agresiva agenda de política exterior a los liberales intervencionistas de Obama.
Debilitar a Venezuela no es el único objetivo de esta acción. La arremetida apunta a reforzar las sanciones impuestas a Rusia frente a la crisis de Ucrania. También se presiona a Irán para que abandone su programa atómico.
La ofensiva yanqui cuenta hasta ahora con el sostén de Arabia Saudita, que convalida el abaratamiento del petróleo para afianzar su poder en Medio Oriente. El operativo busca asegurar la continuada primacía del dólar en el comercio petrolero, frente al uso de otras monedas que ensayan varios exportadores.
Pero Venezuela es una presa especialmente apetecida por Estados Unidos. No sólo concentra una de las mayores reservas de crudo del mundo, sino que aportaba hasta el 2008 el 14% del consumo de la economía del norte. Recuperar el manejo de esos recursos para Exxon y Chevron es tan prioritario, como acelerar la privatización de la empresa petrolera mexicana (PEMEX) y reforzar la fidelidad de los gasoductos canadienses.
Con esos tres proveedores el imperio se asegura el abastecimiento, más allá de la incierta evolución del shale oil. Este tipo de extracción podría tornarse inviable por su devastador impacto ambiental o por los altos costos de inversión, en un marco de precios declinantes.
Estados Unidos ha retomado un acoso sobre Venezuela que puede alcanzar niveles de guerra económica, si la depreciación del petróleo es complementada con el encarecimiento del crédito. Las calificadoras de riesgo ya bajaron el pulgar a los bonos del país, tornando más gravoso el acceso a los préstamos internacionales. Estos créditos son necesarios para compensar la pérdida de los ingresos petroleros. El Senado yanqui completa el cerco con la introducción de sanciones a los viajeros e inversores en Venezuela.
La respuesta del chavismo ha sido inmediata. Maduro denunció con gran coraje las nuevas conspiraciones de la embajada estadounidense, se burló de las restricciones a las visas y convocó a la unidad latinoamericana para enfrentar la guerra del petróleo[5].
Conviene recordar que cada intento desestabilizador de la última década desató contragolpes populares que terminaron reforzando el proceso bolivariano. Esta misma posibilidad reaparece en la actualidad, si el chavismo encuentra respuestas a las adversidades de la economía.
Reformas y rentismo
El modelo económico de la última década permitió motorizar el consumo, en un marco de alto gasto social y creciente regulación estatal. Esta orientación facilitó la financiación de las mejoras populares con los cuantiosos recursos petroleros.
Este sostén es frecuentemente subrayado por la derecha para desmerecer (o relativizar) los avances sociales. Olvidan que la misma riqueza petrolera fue acaparada durante mucho tiempo por una minoría de privilegiados. La extensión del usufructo de ese excedente al conjunto de la población no ha sido un efecto espontáneo de las fuerzas del mercado. Requirió afectar los intereses de los capitalistas con medidas de redistribución del ingreso.
Luego de la expulsión de la elite tecnocrático-burguesa que manejaba la empresa petrolera del estado (PDVSA) se pudo reducir la pobreza del 40% al 22%. También la indigencia bajó del 20% (1999) al 8,5% (2011) y la diferencia entre el 20% más rico y pobre de la población disminuyó de 14 a 8 veces. Se concretaron, además, importantes avances en el acceso popular al agua potable, la salud y la educación, a través de la activa intervención de las misiones[6].
Pero esas mejoras fueron combinadas con el otorgamiento de subsidios a los capitalistas, que acrecentaron las riquezas de la nueva boliburguesía [7]. Estos sectores recibieron cuantiosos montos de financiamiento público que alimentaron la fuga de capital. Ese mismo destino externo tuvo una parte de los fondos aportados por el gobierno para pagar las expropiaciones de empresas de electricidad, telefonía, siderurgia, cemento y distribución de alimentos.
También los banqueros locales absorbieron una significativa porción de esos beneficios. Los financistas incrementaron su patrimonio, utilizando depósitos de las entidades públicas para especular con bonos del estado y operaciones en exterior[8].
La combinación de este drenaje de fondos con un modelo de pura expansión del consumo ha recreado la estructura rentista de una economía poco productiva. Por esta razón los desequilibrios tradicionales recobraron fuerza, a través de la inflación, el déficit fiscal, el endeudamiento de PDVSA, la importación de alimentos y las fallas en las iniciativas de industrialización (Zuñiga, 2013a, 2013b, 2014).
Estas falencias son frecuentemente atribuidas a un mal manejo de la política económica y ciertamente hubo desaciertos en muchas áreas. Pero el trasfondo del problema son los límites que enfrentan todas las reformas ensayadas al interior de una economía capitalista periférica y dependiente. Esa estructura neutraliza el impacto de muchas transformaciones progresistas.
El modelo aplicado hasta ahora facilitó desahogos, pero no permite lidiar con la inflación, el estancamiento y el desabastecimiento de los últimos años. Para confrontar con estos flagelos se requieren medidas radicales de control de precios y punición de la especulación financiera, el desabastecimiento y el contrabando.
Disputa de programas
Durante el 2014 la inflación trepó al 60 %, la brecha entre el dólar oficial (6 bolívares) y el paralelo (100 bolívares) alcanzó una inédita dimensión y el desabastecimiento se incrementó en forma significativa. Además, la caída del nivel de actividad se aproximó al 2%, la retracción de la inversión supera el 6% y las exportaciones se contrajeron en un 4,5%.
En ese contexto se han acortado los tiempos para optar entre el congelamiento y la radicalización del proceso actual. Esta contraposición se verifica en las intensas discusiones que se libran en el movimiento bolivariano, entre los partidarios de implementar medidas pro-capitalistas y los defensores de una transición socialista[9].
El eje de estos debates es el destino de las cuantiosas divisas que obtiene Venezuela. Un país tan dependiente del ingreso de petrodólaresnecesita una gestión estricta de esos recursos por parte del estado. En los hechos gran parte de esos fondos se pierde en el circuito de los bancos o la intermediación importadora y termina en los bolsillos de los grandes capitalistas.
Ese desemboque es motorizado por capas superiores del funcionariado y del sector privado, que en los últimos dos años transfirieron entre 22.000 y 29.000 millones de dólares a las entidades privadas. Lo mismo ocurrió con los fondos que los administradores del ente regulador del dólar (CADIVI) derivaron hacia una veintena de empresas locales.
Para romper con ese entramado se requieren medidas contundentes en el plano bancario y comercial. Se ha tornado imprescindible nacionalizar la actividad financiera para centralizar el manejo de los activos en moneda extranjera, transfiriendo a la banca pública las principales responsabilidades de intermediación.
También resulta necesario establecer un monopolio estatal efectivo de las transacciones con el exterior, para poner fin a las maniobras cambiarias de los importadores. No es necesario entregar dólares físicos a estos sectores para que realicen su labor comercial. Con otro tipo de controles se podría racionalizar la adquisición de bienes, siguiendo principios de reducción del derroche y promoción de la productividad.
Estas iniciativas son promovidas por muchos sectores de la izquierda del chavismo. Proponen introducir una reorganización impositiva, que permita auto-financiar el gasto corriente con la recaudación, para canalizar la renta petrolera hacia la inversión. El saneamiento exige la repatriación de las fortunas resguardadas por los capitalistas en el exterior. Esas medidas aportarían la legitimidad requerida para racionalizar el gasto público en múltiples áreas, adecuando ante todo el precio interno de los combustibles.
Confrontaciones cambiarias
Venezuela necesita cortar el círculo vicioso de presiones cambiarias e inflación. Una economía con enormes excedentes comerciales padece la injustificada enfermedad de la devaluación por ese descontrol en la asignación estatal de las divisas.
Esa fragilidad no es un problema técnico. Define quiénes son los favorecidos y penalizados con la distribución de los réditos del petróleo. Por esta razón la principal batalla económica de la última década ha girado en torno al perfil del régimen cambiario.
Durante ese período se instrumentaron 26 modalidades de ese sistema (CADIVI, dólar-permuta, SICAD II, SITME). El esquema del 2003-04 sintonizó con la recuperación de PDVESA, los mecanismos prevalecientes en el 2004-10 buscaron una fallida integración de los capitalistas al proceso bolivariano y en el 2010-2012 se intentó nuevamente atraer a esos sectores. La burguesía ha respondido siempre con fraudes y maniobras cambiarias que obligan a revisar una y otra vez el régimen cambiario (Carcione, Pérez, Gómez, García, Matamoros, Marín, 2013).
Es importante registrar el trasfondo social de esta batalla, evitando las miradas tecnocráticas, que sólo evalúan los éxitos o las adversidades instrumentales de cada modalidad cambiaria. Olvidan que estos resultados forman parte de desenlaces políticos más o menos afines a la estabilización capitalista. En Venezuela no faltan dólares. Lo que está en juego es el destino de la renta petrolera (Guerrero, 2014a, 2014c).
Un viraje en el manejo de ese excedente es insoslayable para comenzar el “sembrado del petróleo” que necesita el país. No alcanza con apuntalar el poder de compra de la población. Hay que transformar la estructura productiva mediante una revolución agraria que reduzca la importación de alimentos. Se han invertido sumas considerables en ese proyecto, pero persiste el éxodo hacia las ciudades y la dificultad para recolonizar el agro (Chauran, 2014).
Lo mismo vale para las iniciativas de industrialización que se han estancado, frente a una difusión de talleres de ensamblaje que no atenúan la oleada de importaciones. Para revertir esta tendencia ya existe una hoja de ruta (plan Guayana Socialista). Pero todas las decisiones económicas están condicionadas por un curso político, que exige revisar lo ocurrido en el pasado.
Antecedentes y comparaciones
La experiencia vivida con la Unidad Popular chilena de los años 70 ocupa un lugar central de los debates actuales en Venezuela. Las comparaciones con ese proceso han sido actualizadas por muchos intelectuales que participaron intensamente en ambos procesos (Dos Santos, 2009).
A diferencia de la victoria precedente de Cuba, en Chile no se registró una captura revolucionaria del poder. Se conquistó un gobierno popular a partir de las urnas. Ese escenario era poco corriente en una época de dictaduras, violencia represiva, persecución anticomunista y guerra fría.
El contexto actual es muy diferente y el proceso bolivariano se inscribe en un marco regional de comicios periódicos y menor capacidad de intervención estadounidense directa. Pero las analogías con lo ocurrido en Chile hace cuarenta años son significativas en dos terrenos: las confrontaciones con la derecha y las dificultades para traspasar la barrera que separa al gobierno del poder.
La presidencia de Salvador Allende coronó en 1970 varias décadas de gran influencia política y sindical de la izquierda, pero su gestión sólo duró tres años. También el chavismo tuvo origen en la izquierda, aunque en variantes más próximas al nacionalismo antiimperialista. Como en Panamá (Torrijos) o en Perú (Velazco Alvarado) se forjó en la radicalización de la oficialidad militar.
Estas diferencias de gestación no reducen el parentesco. Ambos procesos declararon propósitos socialistas a partir de victorias electorales, fueron hostilizados por el imperialismo y contaron con el apoyo de la movilización popular.
Las semejanzas entre los conspiradores derechistas de Chile y Venezuela saltan a la vista. En los dos casos se conformaron grupos fascistas, impulsados por un gran odio social contra los oprimidos y un enfermizo anti-comunismo. Pero la gran diferencia radica en la inexistencia de un Pinochet en la patria de Bolívar. En este marco el golpismo clásico ha sido reemplazado por variantes más institucionales e indirectas.
La vieja asonada militar es poco viable a principios del siglo XXI, pero su preparación y sus objetivos no han cambiado. Venezuela soporta el mismo tipo de sabotajes, caceroleos, boicots financieros y conspiraciones mediáticas que padeció Allende entre 1970 y 1972. Lo ocurrido con Zelaya en Honduras ilustra mayores parecidos con ese antecedente y la propia captura de Chávez en el 2002 confirma esas semejanzas. En actualidad los golpistas no asumen su intención dictatorial, sino que priorizan alguna legitimación cívico-electoral (Nicanoff, 2014).
Como la derecha necesita consumar el desgaste de los gobiernos populares en períodos más prolongados y carece del auxilio directo del ejército, invierten más recursos en el boicot económico. Por eso Venezuela ha soportado una escalada tan persistente de fugas de capital, desabastecimientos, remarcaciones de precios y especulaciones cambiarias. Las espaldas petroleras que tiene el estado le han permitido aguantar ese aluvión, con más fuerza que las débiles barreras construidas por la UP chilena.
A diferencia de Allende el chavismo cuenta con una gran experiencia e influencia dentro de las fuerzas armadas. Surgió en ese ámbito y se consolidó mediante una sistemática limpieza de agentes de la CIA. En ningún momento Chávez cometió la ingenuidad del ex presidente trasandino, que desplazó a un general aliado (Prats) para designar a su enterrador (Pinochet).
El líder bolivariano tampoco repitió el sometimiento de Allende a la presión de los fascistas, que impusieron el desarme de la resistencia popular luego del primer ensayo golpista (tacnazo de junio del 73). Frente al mismo peligro, Chávez comenzó un reclutamiento de milicias y forzó la renuncia de generales opositores (Baduel). Maduro reafirmó esta actitud encarcelando a los oficiales involucrados en la guarimba.
El triunfo electoral de Allende incentivó un gran ascenso popular, que incluyó ocupaciones campesinas de tierras y acciones directas de los obreros. Estos mismos trabajadores protagonizaron un pico de lucha revolucionaria, al crear los cordones industriales que precedieron al golpe. Venezuela ha vivido manifestaciones del mismo alcance desde el Caracazo y algunos analistas estiman que la intensidad de esas movilizaciones supera el nivel alcanzado en Chile (Guerrero, 2014b).
Balances y propuestas
Existieron dos miradas contrapuestas a la hora de trazar un balance de la tragedia padecida por la Unidad Popular. Un enfoque postuló que ese proceso sufrió una exagerada aceleración y soportó presiones de radicalización que precipitaron un conflicto evitable con los militares. Esta visión proponía contrarrestar la amenaza golpista con un freno de las reformas y un cogobierno con la Democracia Cristiana (Cueva, 1979: 97-140).
La tesis opuesta estimaba que se cometió el error inverso. En lugar de apuntalar la gran disposición de lucha popular, Allende aceptó el chantaje de la derecha. Limitó todas sus acciones a un cuadro constitucional que la burguesía había desechado. De esta forma desorientó a los jóvenes que buscaban resistir y confundió a los trabajadores que aspiraban al socialismo (Marini, 1976).
En condiciones políticas muy distintas a los años 70 ha reaparecido un debate semejante al registrado en Chile. Quienes estiman que la Unidad Popular avanzó más de la cuenta, ahora consideran que el chavismo debe moderar su acción. Este enfoque es afín a la perspectiva social-demócrata que promueve el PT brasileño (Pomar, 2013: 44-45).
La misma mirada adoptan los economistas que proponen evitar medidas adversas a los capitalistas. Promueven adoptar parte del paquete cambiario y financiero exigido por las cámaras patronales, con la esperanza de atenuar la inestabilidad que padece el gobierno.
En la vereda opuesta se ubican todas las corrientes de la izquierda bolivariana, que auspician drásticas iniciativas para frenar el desangre de divisas, capitales y productos. Estas medidas apuntan a evitar la repetición de lo ocurrido en Chile, cortando el sustento económico-financiero de la conspiración derechista.
Pero ese objetivo no se alcanzará solamente con un acertado paquete de medidas comerciales o bancarias. Se requiere el sustento de movilización social, que la UP disuadió cuando Pinochet ultimaba sus preparativos. Ese protagonismo de las masas no se improvisa. Necesita ser construido, forjando el poder popular en los lugares de trabajo y en las comunas para intimidar a los golpistas. Con esa estrategia se pueden corregir las ingenuidades de la vía institucional al socialismo que postulaba Allende.
El líder de la UP apostaba a una paulatina extensión de los espacios legales conquistados por su coalición, para concretar una superación gradual del capitalismo. Promovía este avance sin rupturas radicales, ni construcciones populares paralelas al constitucionalismo burgués.
El chavismo enfrenta un dilema semejante luego de haber obtenido más victoriales electorales que la UP con márgenes muy superiores de sufragios. También introdujo reformas constitucionales y mecanismos de democracia participativa, que nunca se implementaron en Chile.
Estrechez y dogmatismo
El proceso bolivariano cuenta con un margen de tiempo significativamente superior al antecedente chileno, para ensayar un pasaje de la administración del gobierno al manejo del poder. Las viejas controversias entre marxistas sobre la forma de concretar este salto vuelven al centro de la escena. Pero no existe una receta pre-determinada que asegure el éxito de la izquierda. Las estrategias socialistas sólo pueden desenvolverse con prácticas políticas, contrastando proyectos con resultados y teorías con experiencias.
Este ejercicio exige superar las creencias dogmáticas que imaginan el futuro como una simple reiteración de las revoluciones del siglo XX. Esas visiones suelen mistificar un modelo exitoso (soviets, guerra popular prolongada, foco), desconociendo los cambios de escenario que dificultan esa reiteración. Tampoco perciben la preeminencia actual de caminos intermedios y temporalidades más prolongadas para alcanzar esa meta.
Las miradas dogmáticas caracterizan al chavismo como una corriente pro-capitalista y estiman que sus líderes corporizan versiones contemporáneas de un Bonaparte. No reconocen la existencia de golpes reaccionarios y la consiguiente prioridad de derrotar al enemigo fascista. Consideran que Maduro y Capriles son dos opciones de la burguesía y que la represión gubernamental ha sido tan perniciosa como la violencia derechista (Prensa Obrera, 2014).
Este enfoque impide registrar la evidente existencia de una provocación destituyente. Si los asesinatos de militantes, los asaltos a locales partidarios, los atentados contra funcionarios, los sabotajes económicos y las campañas mediáticas internacionales no forman parte de un intento golpista: ¿Cuál es el parámetro de una asonada? ¿Habrá que descubrir su existencia luego del desangre?
Lo mismo ocurre con la equiparación del chavismo con sus oponentes. Se supone que la categoría burguesa es auto-suficiente y ya no requiere distinguir a las vertientes radicales y conservadoras del nacionalismo. Se olvida que las corrientes antiimperialistas han sido protagonistas de grandes procesos revolucionarios que abrieron compuertas al socialismo, cuando la izquierda supo comprender la naturaleza de esos procesos (Orovitz Sanmartino, 2014).
Los dogmáticos suelen presentar las convocatorias al socialismo que retomó Chávez, como un simple ejercicio retórico para embaucar a las masas. Pero si hubiera perseguido ese propósito de engaño, no se entiende por qué razón recurrió a una causa internacionalmente disminuida, con reducido impacto entre los trabajadores y controvertida significación entre la juventud.
Las visiones sectarias no registran el giro que introdujo la reivindicación del socialismo en la vida política de Venezuela. Este horizonte surgió al calor del choque que opuso al proceso bolivariano con las clases dominantes.
Cualquiera que visite el país notará la difusión alcanzada por el planteo socialista. Es una meta enfáticamente postulada en las misiones, los hospitales, las empresas o las comunas que adoptaron esa denominación. El cuestionamiento del capitalismo y la crítica a la burguesía han quedado incorporados al lenguaje corriente del chavismo e impactan fuertemente sobre la conciencia de la población.
Las ideas socialistas formaron parte de la maduración política de Chávez que evolucionó a través de giros a la izquierda. Estos cambios incluyeron el rechazo del nacionalismo burgués tradicional y la rehabilitación del proyecto comunista. Cuando nadie pronunciaba la palabra socialismo, el líder bolivariano reinstaló el término en la agenda política de los movimientos latinoamericanos (Katz, 2013).
Este legado ha sido ratificado por Maduro en las tesis que orientan la estrategia de su gobierno. Esas definiciones subrayan que el socialismo es indispensable para reafirmar la soberanía, forjar una economía productiva y lograr la plenitud democrática (PSUV, 2014).
La mirada dogmática no percibe el efecto de estos pronunciamientos. Supone que el tratamiento contemporáneo del socialismo se equipara a cualquier momento del siglo XX, como si el colapso de la URSS constituyera un acontecimiento irrelevante. Los ideales de la izquierda sólo pueden ser actualizados con otra postura y otra sensibilidad.
Socialismo del siglo XXI
Venezuela cuenta con ciertas ventajas para embarcarse en una transición al socialismo. No es la típica nación pobre que tradicionalmente afrontó ese desafío. Es un país exportador de petróleo que funciona con elevados patrones de consumo. Pero necesita superar la larga tradición rentista de ineficiencia económica, que le impide utilizar esos ingresos para su desarrollo industrial.
El proyecto socialista implica saltar el escalón inicial de reformas que introdujo el chavismo, para diversificar la economía, modificar la gestión del estado y reducir la atadura a la factura petrolera. El logro de esas metas exige erradicar los privilegios de la burguesía.
Muchos dirigentes bolivarianos comparten este diagnóstico, reflexionan en términos marxistas y promueven una transición socialista. En este plano se distancian por completo de los procesos centro-izquierdistas de Sudamérica. Quiénes desconocen esta diferencia, no logran asimilar las nuevas pistas que aporta la experiencia venezolana para una estrategia anticapitalista.
En la tradición revolucionaria del siglo XX la formación de un gobierno de trabajadores, la captura del estado y la transformación de la sociedad eran concebidas como procesos simultáneos o con reducidas diferencias temporales. Ahora se puede vislumbrar ese curso como una sucesión de momentos más diferenciados. Es evidente que Venezuela cuenta desde hace más de una década con un gobierno popular, un estado en disputa y grandes fracturas en la sociedad.
El manejo del estado no opone sólo a funcionarios genéricamente afines y opuestos al chavismo. Hay organismos que aseguran la defensa del régimen contra las guarimbas y otros que contribuyen a una acumulación de riquezas convergente con la derecha. También la sociedad está erosionada por el conflicto entre clases capitalistas -que mantienen los cimientos tradicionales de su poder económico- y un poder popular que se ha extendido significativamente.
El nuevo entramado comunal podría aportar los pilares de la configuración igualitaria del futuro, que algunos teóricos denominan “sociedad civil socialista”. A diferencia de los soviets o los organismos de base surgidos al calor de victorias militares, el poder popular emerge en Venezuela con más diversidad política y con gran construcción desde abajo. Es un proceso en pleno desarrollo que enfrenta obstrucciones burocráticas con asombrosa capacidad de movilización y renovación (Iturriza, 2014).
Las nuevas batallas en torno al gobierno, el estado y la sociedad distinguen a la experiencia chavista de la revolución socialista clásica consumada en Cuba. En el país se verifica un proceso revolucionario caracterizado por varios momentos de avance cualitativo (recuperación de PDVESA, nueva Constitución), que se han concretado madurando la conciencia socialista, en la confrontación con la burguesía. Un nutriente clave de esta transformación es la percepción subjetiva que tienen los involucrados de este proceso como una revolución. Todos utilizan ese término para nominar la experiencia que protagonizan.
Para consumar la transición socialista el proceso revolucionario requiere saltos de mayor envergadura en el plano económico-social. La nacionalización de los bancos y del comercio exterior podrían constituir los dos peldaños centrales de esta etapa. Aportarían el cimiento necesario para dinamizar la economía, a partir de un modelo industrial de expansión del empleo genuino y superación del asistencialismo. La ayuda social que acompañó al surgimiento y afianzamiento del chavismo necesita transformarse en trabajo productivo, para evitar los efectos nocivos del clientelismo (Cieza, 2014).
Una transición pos-capitalista exige sustituir los modelos de renta, consumo y baja productividad por esquemas de plan, mercado y desarrollo socialista.
Venezuela persiste como el principal laboratorio de proyectos y prácticas de los marxistas latinoamericanos. La respuesta a los nuevos desafíos emergerá del propio desenvolvimiento de la lucha. Con mentes abiertas y mayor compromiso militante resulta posible develar todos los enigmas del socialismo del siglo XXI.
16-12-2014
- Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
REFERENCIAS
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[2] La agencia Fitch describió desmoronamientos financieros, Moody’s habló de colapso económico, The Economist presagió el “fin de la fiesta” y Merrill Lynch anticipó una “primavera venezolana”. Luego el vicepresidente Biden y el secretario de Estado Kerry amenazaron con sanciones económicas, Serrano (2014).
[3]Analizamos estos antecedentes en Katz (2014).
[4] Distintos balances de su reacción contra el golpismo en: Boron (2014),Almeyra (2014), Gómez (2014) yCarcione (2014).
[5] La declaración aprobada por el “Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad” realizada en Caracas sintoniza con esa reacción e incluye un detalle de esas denuncias, alainet.org, 12-12-2014.
[6] Ver: Álvarez, (2009, 2012), Monedero, El Troudi, (2007), Asiaín, (2012), PNUD, (2013).
[7]En Venezuela se denomina boliburguesía a los sectores capitalistas que lucran con negocios surgidos de la asociación (o participación) en el gobierno.
[8] Un ejemplo es el caso del financista Víctor Vargas Irausquín, presidente del Banco Occidental de Descuento de Maracaibo, (Clarín, 2014a)
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