Ayotzinapa: justicia pendiente y crisis social y política

Guillermo Castillo Ramírez

10/12/2014

Opinión

^-A ⁺A

“¿Qué harías si [uno de los normalistas desaparecidos] fuera tu hijo? No son números, son historias de vida como la tuya y sueños como los nuestros” [Pancarta de una manifestante, segunda Jornada Global por Ayotzinapa, 15 de octubre de 2014, México, D.F.]

“Los desaparecidos nos faltan a todos” [Cartulina de un manifestante, cuarta Jornada Global por Ayotzinapa, 5 de noviembre de 2014, México, D.F.]

Ausencia de respuestas y permanencia de reclamos

Son casi dos meses y quince días de los hechos violentos de Iguala del 26 y 27 de septiembre y, pese a los avances y las decenas de detenidos, sigue faltando de parte de las autoridades federales un esclarecimiento creíble de lo acontecido y la presentación con vida de los desaparecidos. Hace algunos días, y coincidiendo con la jornada de movilización nacional e internacional del 6 de diciembre en apoyo a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se difundió por varios medios informativos y redes la noticia de que algunos de los restos óseos encontrados por la PGR en los alrededores de Cocula y que posteriormente fueron enviados a la Universidad de Innsbruck pertenecen a Alexander Mora Venancio. Más allá del halo de avance sustancial con el cual ciertos medios informativos y las autoridades quisieron revestir la noticia, la certeza del paradero de Alexander abre dos interrogantes impostergables: ¿Dónde están los otros 42 normalistas secuestrados y desaparecidos desde el 26 de septiembre? y, no menos importante y dolorosamente urgente, ¿cuál fue la historia de violencia y agravios que culminó en que de Alexander sólo se encontraron unos cuantos restos óseos? Para el caso de Iguala, se cierne la sospecha de que Alexander tuvo una muerte atroz y brutal, como la de sus tres compañeros normalistas ultimados la noche del 26 de septiembre a manos de los policías municipales y como las de decenas de miles de mexicanos desaparecidos y asesinados por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad corrompidas y coludidas con los grupos delictivos en el transcurso de estas dos últimas administraciones federales. Lo noticia sólo vino a ensombrecer y deteriorar aún más la prácticamente inexistente y precaria confianza que, los padres de los normalistas y diversos sectores de la sociedad mexicana, tenían hacia los procesos de indagación oficiales y las autoridades mexicanas.

Estado indolente y sin respuestas

A la fecha y pese a la captura de decenas de personas involucradas en los asesinatos y desapariciones de Iguala, las acciones e indagatorias de las autoridades federales no han podido dar respuesta a los puntuales y legítimos reclamos de los padres: la aparición [con vida] de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales (así como a aquellos que por omisión son parte de estos hechos). El actuar del Estado mexicano se explica considerando dos hechos. Primero, hay una falta de infraestructura (de recursos materiales y humanos) para la atención de las desapariciones, no hay ni aparatos legales idóneos ni organismos oficiales especializados. Pero, en segundo término y sobre todo, por una dudosa voluntad política que se ha manifestados en una cadena de hechos: la primera intención de atribuir un carácter local al caso y circunscribirlo al ámbito de las autoridades de Guerrero, la tardía atracción de la investigación por parte de la PGR, el intento de inculpar a los normalistas al vincularlos a un grupo rival de los guerreros unidos, la falta de información creíble, el tardío encuentro del ejecutivo con los deudos, la presentación irregular e inconsistente de una versión de lo acontecido en Iguala con insuficiente y parcial evidencia (basada sobre todo en declaraciones).

Ayotzinapa recuerda y muestra fehacientemente una vez más los saldos y deudas pendientes que el Estado tiene con la sociedad y que son resultados de la violencia del sexenio anterior y lo que va de este, los más de cien mil asesinatos y las decenas de miles de desapariciones forzadas que no se han investigado y que están relacionados a la política de seguridad oficial (particularmente a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado). La relativamente reciente creación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas ha sido una medida mediática que no ha dado respuesta creíble a los miles de familiares de las víctimas. Por otro lado, los hechos de Iguala muestran también que el Estado mexicano incumplió las recomendaciones que, desde 2011, el Relator Especial de la ONU para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, había hecho. La reciente visita a México en noviembre pasado del Relator Dulitzky en relación al caso Iguala mostró que las autoridades federales, pese a que podrían tenerlos, por omisión y desidia política no cuentan: (1) con un marco jurídico adecuado para indagar los miles de casos de desapariciones forzadas, (2) tampoco tienen ni han generado un banco genético para la identificación de los desaparecidos y carecen de protocolos e infraestructura (organismos oficiales especializados) para dar atención a estos casos. Pese a la magnitud (estamos hablando de miles y miles de víctimas) y el carácter histórico estructural que han adquirido este tipo de crímenes (desde hace casi una década son una constante de la vida sociopolítica del país), la actual administración federal no ha reconocido en su justa dimensión ni atendido a cabalidad la gravedad de la situación.

Guerrero, genealogía de violencia y reflejo estructural y nacional del agravio

Si bien Guerrero tiene una historia de violencia política y lucha particular, las desapariciones forzadas y los asesinatos de Iguala no son un caso aislado ni privativo de esa entidad federativa, por el contrario, se suman a las decenas de miles de desaparecidos y asesinados en el territorio nacional en los últimos ocho años. Las desapariciones y asesinatos no son nuevas en Guerrero, ya desde la guerra sucia y el terrorismo de Estado (a nivel federal y estatal) de la década de 1970 estas formas de violencia política se dirigieron a diversos grupos y organizaciones sociales, políticas e insurgentes (como las de Lucio Cabañas y Genero Vázquez) e implicaron centenas de desapariciones y asesinatos; posteriormente acontecieron Aguas Blancas y el Charco. Guerrero es un ejemplo acentuado de la vieja cultura política caciquil y represiva del antiguo régimen del Partido-Estado, muestra fehaciente de la marginación estructural de carácter socio-económico que se funda en la desigualdad. Sin embargo, en el caso de Iguala además están presentes una serie de problemáticas nacionales que no se limitan a una región y que, desde hace años, definen la vida política del país: colusión de los grupos delictivos con autoridades y diversas fuerzas de seguridad, impunidad, negligencia oficial y desdén generalizado por los derechos y la seguridad del común de los ciudadanos.

Escenarios, suspicacia y la ausencia de la voluntad política

Una de las razones en que se funda la suspicacia y la ausencia de credibilidad hacia las autoridades federales respecto al caso de Iguala remite a que hubo una serie de antecedentes claros. Muchos meses antes de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa sectores del PRD vinculados a Bejarano y miembros de organismos de derechos humanos relacionados al Obispo Raúl Vera denunciaron ante el gobierno federal la participación directa del ex-alcalde de Iguala en el asesinato de un sindico municipal y de tres miembros de la organización Unidad Popular, además del precedente de las muertes violentas en 2011 de dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A esta indolencia frente a ese contexto de violencia política, se sumó la inconsistente e irregular actuación del Estado mexicano una vez que, forzado por la presión social y mediática en México y el extranjero, atrajo el caso. El recuento de desencuentros y tensiones es largo: incorporación tardía de las autoridades federales y marcada por una falta de coordinación y tensión con las autoridades de Guerrero, falta de información y de avances de las investigaciones a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, posteriormente se intentó criminalizar a las víctimas al vincularlos de manera infundada al crimen organizado, el Ejecutivo federal tardó semanas en reunirse con los deudos, además de la presentación mediática de versiones dudosas y con múltiples inconsistencias (basados sobre todo en el testimonio de algunos perpetradores y con muy poca evidencia física de soporte).

Conforme pasan los días y semanas, el Estado mexicano y sus instituciones encargadas del caso de Iguala han perdido legitimidad frente a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta falta de credibilidad se extiende a grandes grupos de la sociedad y diversas organizaciones políticas y sociales. Con base en el sinuoso actuar de la PGR y los resultados parciales e inconsistentes de las indagaciones oficiales, hay una amplia percepción social de que el Estado esconde o guarda para sí información, surge la inquietud de que las respuestas dadas son forzadas e insuficientes y sólo buscan dar por concluido el caso. Por ello, los padres han reiterado que dejen trabajar al Equipo Argentino de Antropología Forense y han aseverado que sólo reconocerán los resultados de las indagaciones de dicho Equipo.

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez

https://www.alainet.org/de/node/166107