Congreso de Honduras
Aprueban revocatoria de mandatos, pero no popular
25/01/2013
- Opinión
El Congreso hondureño aprobó con 115 votos a favor de los 128 diputados, una reforma constitucional que crea la figura del juicio político contra altos cargos del Estado cuando exista una “denuncia grave en el desempeño de sus gestiones". El pueblo no está contemplado en el proceso de acusación y juicio.
En la Honduras post Golpe contra Manuel Zelaya, el juicio político fue fijado como “una acusación constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente de los más altos cargos”.
Tras la votación, que contó con ocho abstenciones y cinco votos en contra, el poder legislativo tiene la competencia para convocar el juicio político que incluye “al Presidente, al jefe de Gobierno, a los ministros y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia”.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, indicó que la medida procederá cuando haya denuncia contra un funcionario “por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.
Según destacó, el proceso se desarrollará en dos fases. La primera será de investigación y se extenderá un tiempo determinado por el Congreso, mientras que la segunda será la discusión y votación, que no deberá exceder cinco días.
Para la destitución e inhabilitación del primer mandatario se requerirá el voto de tres cuartas partes del Congreso (96 votos) y para el resto de los servidores públicos dos terceras partes (86 votos). La medida no contempla consulta popular. Mediante un mecanismo similar, la derecha, adentro y afuera del Congreso de Paraguay, logró un proceso viciado y exprés mediante el cual terminó destituyendo al presidente Fernando Lugo.
Para que entre en vigor la norma, deberá ser ratificada durante la próxima sesión, que comienza el 25 de enero.
Hernández resaltó que la medida busca evitar crisis como la desatada en Honduras en el año 2009, cuando fue derrocado en un golpe militar el presidente de entonces Manuel Zelaya.
“El juicio político nos evita que vayamos a caer en un conflicto terrible como el del 2009, cuyas consecuencias fueron terribles no solamente económica, sino que socialmente”, apuntó.
El 28 de junio de 2009, Zelaya fue secuestrado y obligado a abandonar el país. Fuerzas Militares lo trasladaron a Costa Rica y se instauró el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien hasta ese momento ejercía la presidencia del Congreso.
Tres meses después del hecho, Zelaya retornó a Honduras de manera clandestina y se refugió por cuatro meses en la embajada brasileña de Tegucigalpa.
Zelaya se exilió en República Dominicana después que el presidente sucesor del régimen de facto Porfirio Lobo asumiera la silla presidencial.
Tras la votación, que contó con ocho abstenciones y cinco votos en contra, el poder legislativo tiene la competencia para convocar el juicio político que incluye “al Presidente, al jefe de Gobierno, a los ministros y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia”.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, indicó que la medida procederá cuando haya denuncia contra un funcionario “por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.
Según destacó, el proceso se desarrollará en dos fases. La primera será de investigación y se extenderá un tiempo determinado por el Congreso, mientras que la segunda será la discusión y votación, que no deberá exceder cinco días.
Para la destitución e inhabilitación del primer mandatario se requerirá el voto de tres cuartas partes del Congreso (96 votos) y para el resto de los servidores públicos dos terceras partes (86 votos). La medida no contempla consulta popular. Mediante un mecanismo similar, la derecha, adentro y afuera del Congreso de Paraguay, logró un proceso viciado y exprés mediante el cual terminó destituyendo al presidente Fernando Lugo.
Para que entre en vigor la norma, deberá ser ratificada durante la próxima sesión, que comienza el 25 de enero.
Hernández resaltó que la medida busca evitar crisis como la desatada en Honduras en el año 2009, cuando fue derrocado en un golpe militar el presidente de entonces Manuel Zelaya.
“El juicio político nos evita que vayamos a caer en un conflicto terrible como el del 2009, cuyas consecuencias fueron terribles no solamente económica, sino que socialmente”, apuntó.
El 28 de junio de 2009, Zelaya fue secuestrado y obligado a abandonar el país. Fuerzas Militares lo trasladaron a Costa Rica y se instauró el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien hasta ese momento ejercía la presidencia del Congreso.
Tres meses después del hecho, Zelaya retornó a Honduras de manera clandestina y se refugió por cuatro meses en la embajada brasileña de Tegucigalpa.
Zelaya se exilió en República Dominicana después que el presidente sucesor del régimen de facto Porfirio Lobo asumiera la silla presidencial.
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