Hacia una política espacial para México

María Cristina Rosas

19/06/2012

Opinión

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Con la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) a partir de la ley publicada para ese efecto el 30 de julio de 2010, se dio un paso muy importante para insertar verdaderamente a México en el siglo XXI. Sin embargo, el nacimiento de la AEM es apenas el primero de numerosos pasos que será necesario dar para configurar una genuina política espacial que sirva apropiadamente a los intereses de la nación y contribuya al bienestar y la seguridad de la sociedad.

Para algunos podría parecer una excentricidad que México se inserte en la era espacial, considerando las enormes carencias socio-económicas imperantes a nivel nacional. No faltará quien cuestione la inversión en, por ejemplo, infraestructura satelital, cuando existen prioridades y urgencias insoslayables. Sin embargo, se pierde de vista que a través de una política espacial adecuada, México podría dar solución a diversos desafíos que enfrenta en terrenos como el ambiental y el alimentario; la investigación y el desarrollo científico y tecnológico –con diversas aplicaciones para el progreso social–; y en el de la seguridad nacional, para mencionar algunos de los principales.

En la práctica y a juzgar por la existencia de políticas espaciales en diversos países del mundo –que no necesariamente son grandes potencias–, el desarrollo de las ciencias espaciales y la aplicación de las tecnologías que éstas generan, dan pie a beneficios económicos y sociales por todos conocidos. Baste mencionar que se calcula que hacia 2020 el mercado mundial de servicios y aplicaciones de los sistemas de satélites de navegación global –como los sistemas de posicionamiento global o GPS– rebasará los 200 mil millones de dólares por año –en la actualidad se estiman los beneficios en 150 mil millones. Por lo tanto, se trata de un sector en franca expansión y con gran dinamismo. Cabe destacar asimismo que, hoy por hoy, el principal actor en este ámbito es el sector privado, con todos los retos que ello entraña –dado que, desafortunadamente, muchos prestadores de los servicios de localización operan sin certificación ni vigilancia de parte de las autoridades, lo que compromete la seguridad e integridad de sus clientes.1

México necesita una política espacial, no sólo por la relevancia del sector en sí para la vida nacional, sino por el efecto dominó que las directrices en ese ámbito suelen tener, por ejemplo, al involucrar a diversos sectores productivos y a los recursos humanos correspondientes –sea que se cuente con ellos, o que se estimulen políticas educativas para generarlos–; al hacer de la política espacial un instrumento de desarrollo; al posibilitar una interlocución con otras naciones que poseen políticas espaciales y con las que se podrían intercambiar información, experiencias, etcétera; al impulsar la ciencia, la tecnología y la productividad con el apoyo de la actividad espacial, etcétera. Por lo tanto, pensar que la seguridad y el bienestar de México pueden prescindir de una política espacial, supone exponer al país a la marginación en la escena mundial, privando, asimismo, a la nación, de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales.

Espacio y aeroespacio: las ambigüedades

Si bien existen diferencias entre el concepto de aeroespacio y espacio exterior, en la práctica subsisten dificultades para delimitar la frontera que separa a uno del otro. Para comenzar y a grandes rasgos, el concepto de aeroespacio se refiere al espacio aéreo sobre el territorio nacional, en torno al que el país que corresponda, ejerce su soberanía. En cambio, en el espacio exterior no están permitidos los reclamos soberanos. La pregunta obligada entonces es cómo distinguir uno de otro a plena satisfacción de los miembros de la comunidad internacional. A la fecha no hay un consenso sobre el particular. Sin embargo, los avances tecnológicos han hecho que la delimitación del aeroespacio y del espacio exterior sea necesaria a la brevedad dado que, de otra manera, podrían surgir graves conflictos o bien agudizarse los que ya existen.

La soberanía nacional en el aeroespacio es el principio rector de los acuerdos en materia de aviación civil. El 13 de octubre de 1919 fue suscrita la Convención referente a la regulación de la navegación aérea en París, que se abocaba a aspectos como la nacionalidad del avión, los certificados de navegación y capacidades, la admisión de la navegación de la aeronave en territorio extranjero, las reglas a cumplir en el despegue y el aterrizaje, etcétera. Más tarde, en 1944, cuando fue suscrita la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional –que posibilitó el nacimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional u OACI– se ratificaron las disposiciones de la convención de París, prácticamente usando el mismo lenguaje.

Cabe destacar, sin embargo, que ninguna de las dos convenciones define el concepto de espacio aéreo como tal, y, en el mejor de los casos, usando el sentido común, se pueden establecer sus límites horizontales, los que quedarían comprendidos en la extensión longitudinal de la suma del espacio terrestre y del marítimo sometidos a la soberanía estatal que incluyen a la tierra, las aguas interiores y el mar territorial. Sin embargo, queda pendiente establecer el límite vertical. Esto se explica, en buena medida, porque cuando las convenciones de París y Chicago fueron suscritas, no se habían contemplado artefactos de vuelo distintos de los aviones, por lo que no parecía necesario regular las zonas del espacio ubicadas más allá de las que emplean las aeronaves. Por lo tanto y, en resumidas cuentas, no existe en las legislaciones nacionales ni internacionales en la materia, la delimitación de la frontera entre el aeroespacio y el espacio exterior. Cuando mucho, se reconoce que la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo tiene como límites la atmósfera. Pero entonces, ¿dónde termina el aeroespacio y dónde comienza la atmósfera?

Para hacer aun más complejo este escenario, en lo que se refiere al espacio exterior, como se sugería líneas arriba, no se reconoce el ejercicio de la soberanía de ningún Estado. El 27 de enero de 1967 fue signado el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluidas la Luna y otros cuerpos celestes, documento necesario ante la carrera espacial que desarrollaban vertiginosamente la Unión Soviética y Estados Unidos en aquellos años.

El tratado de referencia establece, entonces, los principios que rigen al espacio ultraterrestre o exterior, entre los que destacan:

El principio de no apropiación del espacio (artículo 2); La plena libertad e igualdad en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre por todos los Estados (artículo 1, primer párrafo);

El principio de utilización del espacio con fines pacíficos; y El principio de cooperación y asistencia mutua en las actividades espaciales (artículo 9).

Ciertamente, el aspecto más importante es el que se refiere a la no apropiación del espacio, puesto que éste pertenece, en principio, a todos los seres humanos, es decir, es un bien público global. Sin embargo, no todas las naciones del orbe cuentan con los recursos tecnológicos y económicos para beneficiarse de las disposiciones citadas, de manera directa.

Además del tratado de 1967, cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)2 a través de la Comisión y Subcomisión de Asuntos Jurídicos, ha elaborado disposiciones complementarias en torno al espacio ultraterrestre, sancionadas por la Asamblea General y que incluyen las siguientes normas:

Principios que rigen la utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas de televisión, de 1982. Debido a las implicaciones socioculturales y político-económicas internacionales, en el uso de equipos de transmisión se debe velar por el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia, el fomento al desarrollo y el intercambio de información y conocimientos científicos.

Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio, de 1986. La teleobservación del planeta deberá llevarse a cabo en beneficio de toda la comunidad internacional. Esa práctica científica tendrá que velar por la soberanía de todos los Estados y pueblos sobre sus propios recursos naturales, así como respetar los derechos e intereses de otros Estados. Estará encaminada a usarse para la protección del medio ambiente y para la mitigación de fenómenos naturales.

Principios sobre el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre, de 1992. Proporciona pautas para el uso seguro de la energía nuclear, notifica posibles riesgos de reentrada de material radiactivo a la Tierra, y establece que el uso de dicha energía en misiones espaciales debe basarse en la evaluación de su grado de peligrosidad.

Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, de 1996. Esta cooperación se estipulará en función de las necesidades e intereses de los países que estén involucrados en un proyecto conjunto, que libremente determinarán los diferentes aspectos de su participación.

Conforme a lo expuesto, es evidente que hay una diferencia fundamental entre el aeroespacio y el espacio exterior o ultraterrestre: el primero es controlado en buena medida por los Estados, en tanto que el segundo, aunque en principio es una suerte de patrimonio de la humanidad, es un ámbito al que tienen acceso, en la práctica, unos cuantos países. Las implicaciones que esto tiene para la seguridad nacional e internacional, son de la mayor importancia.

¿Cuenta México con una política espacial?

Una vez expuesta la problemática que circunda a la inacabada delimitación del aeroespacio vis-à-vis la del espacio exterior, es pertinente analizar las características de la incipiente política espacial de México. Al respecto, es importante señalar que la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) de conformidad con la ya citada ley del 30 de julio de 2010, fue un paso en la dirección correcta. Dicha ley, establece como una tarea primigenia de la AEM, formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –de la que depende- los lineamientos generales de la política espacial del país.

Así, el 13 de julio de 2011 se dieron a conocer los rasgos principales de la política espacial mexicana, publicados en el Diario Oficial de la Federación, que establecen que se trata de una política de Estado, que debería ir más allá de coyunturas políticas o económicas, proponiéndose, al mismo tiempo, traducir el desarrollo científico, tecnológico e industrial aeroespacial del país en nuevos nichos de oportunidad, mejorando la competitividad internacional de México en el sector y ayudar a generar más empleos y de mejor calificación.

Asimismo, se apunta que la AEM tendrá como misión fundamental transformar a México en un país con actividades científicas y desarrollos tecnológicos espaciales de clase internacional, vinculando programas de industrialización y de servicios en tecnologías de altos vuelos y con un impacto decisivo en los niveles de desarrollo social.

La AEM, sin embargo, no cuenta con oficinas propias –opera en las instalaciones de la propia SCT y con un presupuesto muy limitado-, amén de que se le echó a andar en la recta final del gobierno de Felipe Calderón, lo que le resta posibilidades de consolidación dado que, prácticamente, se encuentra atrapada entre la administración saliente, el proceso electoral en curso y la administración por venir. Pese a ello, y al margen de los vaivenes políticos, es claro que la AEM resulta prioritaria para el desarrollo nacional y que deberá darse continuidad al proyecto que le dio origen, buscando su consolidación a la brevedad.

Cabe destacar que la AEM cuenta con una Junta de Gobierno integrada por representantes de dependencias como la propia SCT, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, además del estado mayor de la Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, más la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las academias Mexicana de Ciencias, de Ingeniería y Nacional de Medicina, así como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si bien se trata de una Junta de Gobierno plural, que reúne a los ámbitos más representativos en torno a una política espacial, se observa una ausencia notable: no hay un solo representante del sector privado, pese a que se reconoce su protagonismo, en la práctica, en la gestión y desarrollo del ámbito espacial.

Llama mucho la atención que se han llevado a cabo foros de consulta a nivel nacional, en el ánimo de identificar intereses y prioridades en la configuración de una política espacial para México, y que la Junta de Gobierno ha identificado como lineamientos generales para la AEM, entre otros:

La rectoría del Estado en la materia, por tratarse de un sector estratégico;

La autonomía del país en este ámbito, dado que cualquier lineamiento debe partir del interés nacional y de las necesidades de la nación, no de terceros –tema relevante a la luz de la creciente injerencia del sector privado en el sector;

La protección de la soberanía y la seguridad nacional, dado que en el espacio –y en tierra– existe infraestructura crítica esencial para las diversas tareas del Estado; La protección de la población, dado que a través de una política espacial se puede contar con la infraestructura y el capital humano que permitan configurar una política encaminada a la prevención, por ejemplo, ante fenómenos naturales –como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, etcétera–. La sustentabilidad ambiental, relacionada con el anterior, dado que tanto en el terreno de la prevención como ante situaciones como incendios, sequías, etcétera, se contarían con herramientas valiosas para tomar decisiones debidamente informadas;

La promoción de la investigación, del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación, dado que una política espacial puede mejorar la calidad de vida de las sociedades, garantizando, igualmente, su seguridad; El desarrollo del sector productivo, dado que una política espacial se sabe que tendría un efecto cíclico tanto en innovaciones para el sector, como en aplicaciones para las actividades socioeconómicas;

La formación de recursos humanos, dado que una política espacial demanda cuadros debidamente calificados en sus diversos ámbitos de acción;

La cooperación internacional con agencias espaciales de otras naciones, fortaleciendo y ampliando, asimismo, los vínculos que ya existen;

La divulgación de actividades aeroespaciales, dado que esa información es justamente la que ayudará a generar una conciencia, en la población mexicana, sobre la relevancia y utilidad de una política espacial;

El financiamiento adecuado, dado que, en el presupuesto nacional de egresos de 2011, se contempló dar a la SCT en beneficio de la AEM, apenas 100 millones de pesos, mismos que al final no fueron otorgados, mientras que en 2012 se autorizó una partida menor, por 60 millones de pesos –a manera de comparación, baste mencionar que la Organización para la Investigación Espacial de India tiene un presupuesto anual de mil 320 millones de dólares, mientras que la Agencia Espacial Brasileña cuenta con un presupuesto anual de 343 millones de dólares.

Política espacial y prioridades nacionales

Como se sugería en líneas precedentes, para que México tenga una política espacial al servicio del interés nacional, debe estar vinculada a las políticas de desarrollo económico y social, del sector educativo, de la salud, etcétera. Asimismo, debe contribuir al establecimiento de una cobertura nacional a través de la observación en tierra, la gestión de las telecomunicaciones, la ampliación de los servicios de telefonía, de televisión, de transmisión de datos, mediante un sistema propio de satélites, etcétera.

Este último rubro es un aspecto crítico de la política espacial del país, considerando que si bien a fines del presente año será lanzado el primero de tres satélites de nueva generación que, por cierto, será empleado, entre otras cosas, para tareas de seguridad nacional, lo cierto es que su puesta en órbita deberá realizarse con mucha prisa debido a que la vida útil de los satélites en órbita, en particular del Solidaridad II –el cual opera en órbita inclinada y se encuentra, literalmente, en “horas extra”– ha terminado o está por concluir, y se sabe que el satélite Bicentenario (MEXSAT 3), por ejemplo, que poseerá la tecnología más avanzada a nivel mundial, será puesto en órbita en octubre o noviembre próximos, sin que existan las condiciones en México para operarlo a cabalidad, en particular por la falta de la infraestructura que se requeriría en tierra para aprovechar por entero sus capacidades.

Otro aspecto a ponderar es que en diciembre de 2010 el gobierno mexicano decidió otorgar –sin licitación alguna de por medio- el contrato para la fabricación del nuevo sistema satelital de México –que incluye al satélite Bicentenario–, a una empresa estadounidense, Boeing Satellite Systems, lo cual es digno de mención, considerando que, como se señalaba anteriormente, algunos de los satélites de esta nueva camada serán empleados en tareas de seguridad nacional, lo que lleva a pensar que las autoridades mexicanas podrían no ser las primeras en enterarse de situaciones que comprometen la seguridad del país. Asimismo, Boeing tiene una historia de escándalos, como el que se produjo en 2002, entre la República Popular China y Estados Unidos. Ocurre que Beijing encargó a Boeing la fabricación de un avión para el uso exclusivo del Presidente chino. Pues bien, una vez que el avión estuvo listo, fue entregado a las autoridades chinas, y sus servicios de inteligencia, tras inspeccionarlo, encontraron que la nave estaba totalmente cableada para fines de espionaje, situación de la que se deslindó Boeing. Por lo tanto, y a juzgar por este lamentable episodio, al que se suma la incapacidad tecnológica y de infraestructura de México para aprovechar y utilizar debidamente el satélite Bicentenario, el riesgo de que éste sea utilizado por terceros –autoridades de Estados Unidos- es alto, lo que compromete la contribución de esta tecnología, por más avanzada que ésta sea, a la seguridad nacional.

El problema de fondo, estriba en el enorme rezago acumulado del sector espacial en México, en particular en los terrenos aeronáutico, satelital y aeroespacial. Así, aun cuando es entendible la urgencia por poner a México al día en el sector, esto no se puede lograr de la noche a la mañana, por lo que, en primer lugar, se debe garantizar la supervivencia de la AEM ante el cambio de gobierno; su viabilidad como entidad rectora de la política espacial del país; y, en especial, la continuidad de los proyectos acuñados a su amparo. La AEM está llamada a ser la entidad coordinadora y ejecutora de la política espacial de México, al margen de partidismos y de intereses comerciales y privados.

Claro que con apenas 60 millones de pesos, en los meses que siguen, la AEM podrá apenas contratar personal –no mucho, claro está–, organizar su sede y realizar algunas actividades para darse a conocer. Ciertamente su despunte se esperaría que fuera en 2013, con proyectos más concretos, siempre que el nuevo gobierno decida darle continuidad a esta iniciativa. Con todo, a la fecha, salvo el candidato de Nueva Alianza, quien ha reiterado el problema de la banda ancha, el cual se relaciona con la situación descrita, ningún otro de los aspirantes presidenciales parece entender la importancia de una política espacial para México.

Consideraciones finales

Cada vez más y más países se incorporan a la era espacial a través, entre otras acciones, de agencias especializadas en la materia. En América Latina Estados tan diversos como Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y, por supuesto, Brasil, han hecho del espacio, una prioridad. En todos los casos referidos, sus gobiernos reconocen la importancia del espacio para el desarrollo y la prosperidad de sus sociedades, y han convenido en instituir agencias espaciales como entidades rectoras de las políticas que ayudarían, en ese terreno, a la consecución de los objetivos nacionales.

En este sentido, la cooperación y el intercambio de experiencias parecerían la propuesta más idónea en el caso latinoamericano, con vistas a establecer una estrategia de la región, de cara a los innumerables desafíos que encaran en este terreno y también para hacer contrapeso a otras áreas geográficas.

Un tema no menos importante es que la Agencia Nacional Aeroespacial de Estados Unidos (NASA), se encuentra en un muy mal momento, tema relevante considerando que desde su creación, el 1 de octubre de 1958, ha servido como modelo de inspiración a buena parte de las agencias espaciales civiles de diversos países del mundo. De hecho, tras el fin de la era de los transbordadores espaciales, el programa tripulado de la NASA se encuentra en la mayor incertidumbre de toda su historia. De hecho en este momento no se sabe si la agencia volverá a disponer de un vehículo tripulado propio.

Algunos señalan con optimismo que la actual crisis económica internacional ha obligado al gobierno estadounidense a recortar el presupuesto en diversas esferas, incluyendo el programa espacial civil, y que una vez que la situación cambie, todo volverá a la normalidad para la NASA. Con todo, ésta es la primera vez que el programa tripulado estadounidense corre un riesgo real de desaparecer, algo impensable hace tan sólo unos pocos años. De manera simultánea, la iniciativa privada parece estar llenando los vacíos que genera el declive de la NASA, con todos los desafíos que esto implica en los terrenos político, económico y jurídico.

Ante esas tendencias en la agencia espacial más famosa del mundo, la naciente AEM no debe sino apretar el paso como gestora y promotora de la política espacial de México, impulsando el desarrollo, a nivel del Estado mexicano, de iniciativas en rubros como la cibersalud, la educación a distancia, la manufactura de satélites, y la seguridad nacional, entre otros; a la vez que tendría que promover la cooperación con el sector privado en servicios de telecomunicaciones, incluyendo voz, datos y video, y, también en este caso, en lo que tiene que ver con la fabricación y operación de satélites, vigilando que en todo momento sea adecuadamente promovido y salvaguardado el interés nacional. El tiempo apremia y queda un amplio camino que será necesario recorrer rápidamente en tiempo real.

Notas

1 Los secuestros, asaltos, extorsiones y demás delitos que se viven en México son apoyados, en muchos casos, por empresas que ofrecen la tecnología GPS para localización y recuperación de autos. Este tipo de tecnologías es una gran herramienta para la administración y monitoreo de flotillas. Hoy día las armadoras de autos contratan empresas que ofrecen servicios GPS como herramienta de recuperación de vehículos robados. En México existe un buen número de ellas que “brindan” la tecnología GPS como apoyo para localizar y recuperar vehículos robados. Empero, para desgracia de los usuarios dichas instituciones no están reguladas ni vigiladas por las autoridades y mucho menos tienen los estándares mínimos que garanticen el manejo de los datos que un cliente recopila (trayectos, hábitos y rutinas), siendo su-sceptibles a ser monitoreados por terceras personas con fines ilícitos. Los GPS requieren de una constante comunicación con un satélite, que, sin embargo, se puede bloquear fácilmente al cortar la señal de la antena al satélite mediante una bolsa de plástico o metiendo el coche a un contenedor o garaje, por lo que no es una solución tecnológica infalible para localizar y recuperar autos. Asimismo, las empresas GPS no tienen políticas de seguridad de información, lo cual deja en manos de los trabajadores de la compañía toda la información relacionada con trayectos, hábitos y rutinas de los clientes, misma que puede ser una pieza importante para bandas de secuestradores o de roba coches.

2 En 1962, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior o UNOOSA, con sede en Viena, Austria. La oficina desarrolla el Programa de Aplicaciones Espaciales y mantiene un registro de objetos lanzados al espacio. La UNOOSA también proporciona apoyo a las naciones en desarrollo para que usen la tecnología espacial a fin de desarrollar sus economías.

- María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

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