Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.

Solo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.

No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.

Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley… hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.

Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.

El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: “no existe una ‘burbuja inmobiliaria’ (…) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas” (El Mundo 2  de octubre de 2003). Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa “no saben nada de economía” (El País, 11 de febrero de 2008).

Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.

El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.

Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.

Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.

Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era “el más sólido del mundo”, los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.

Los dos grandes partidos, a los que se  suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran  mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.

Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes.

Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consejos de administración, o en los de empresas participadas, a docenas de ex dirigentes o socios.

Luego, cuando el sistema saltaba por los aires porque a los alemanes les consumía el ansia de cobrar los préstamos que con la misma compulsión habían dado a los bancos españoles, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. Diez días hace que lo negaba rotundo el presidente Rajoy: “no va a haber ningún rescate de la banca española” (EFE 28 de mayo).

Y cuando lo han pedido, niegan lo que efectivamente han pedido: 100.000 millones de euros para entregar a la banca y que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando será el Estado quien tenga que devolverlo (¿cómo lo harían unas entidades que se capitalizan precisamente porque no tienen dinero?) y tratan de hacer creer que es algo positivo y una ayuda generosa: “Las noticias que traemos hoy son positivas”, dijo el Ministro de Guindos cuando empezaba la rueda de prensa que dio ayer para anunciar el rescate.

Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican (¿o acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue “rescatada”?). Nos ha engañado el Fondo Monetario que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo solo para justificar la decisión ya tomada y en el que cifra las necesidades de financiación de la banca española en una horquilla que sitúa, nada más y nada menos, que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euro. ¿En qué quedamos?

Y nos engañarán esta tarde el presidente Rajoy y el Príncipe Felipe si es que definitivamente se han ido a ver el partido de fútbol cuando griten ¡España, España!, porque lo que están demostrando es lo contrario: España, los españoles de abajo, les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrían que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han ganado a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre.

Publicado en publico.es el 10 de junio de 2012

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