“No admitimos espionaje”

APAS

23/02/2012

Opinión

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Tras las denuncias de espionaje a organizaciones sociales que habría realizado la Gendarmería de Argentina, el ministerio nacional reiteró la vigencia de una política de no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial.

La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, aseguró que en el Gobierno “no admitimos espionaje”. Las expresiones fueron vertidas en el marco de los datos elaborados por Gendarmería Nacional, denominada “Proyecto X”, la funcionaria agregó que “si llegara a haber (espionaje) seremos inflexibles”, informó la Agencia Periodística de Buenos Aires (AgePeBA)

No son pocas las voces que apuntan a elementos de “la bonaerense” –denominación que se le da a la policía provincial de Buenos Aires- que están siendo desplazados o pretenden que esa fuerza siga siendo ariete del crimen organizado.

“Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del ‘Proyecto X’, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”, escribió Garré en su cuenta de la red social Twitter. “Sostenemos una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial”, agregó.

En un post publicado en su Facebook, la ministra aseveró: “Resulta paradójico hoy que sectores que no pueden acreditar coherencia nos acusen de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales”. “En el marco de esta política y estos principios, Néstor Kirchner primero y Cristina después, también han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones”, remató.

Además, la ministra aseguró que “el gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”, y remarcó que se trata de la administración que “con más firmeza” luchó contra la “impunidad”, por la “no criminalización de la protesta social” y “los límites a la acción policial”.

“Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner, es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial”, aseveró la funcionaria a través de un comunicado, donde se informó que la ministra repasó junto al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior (CSI), Miguel Angel Bermejo, el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones.

Tras consignar que “a la fecha, 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los `Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas`”, Garré afirmó que “el gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”.

“El camino para seguir avanzando es el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno nacional que ha instruido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, aseveró la funcionaria en el comunicado difundido desde su cartera a la prensa. Allí, consignó que los distritos que aún no formalizaron su adhesión a las pautas de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas son la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Según detalló, esos criterios, presentados en la primera reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior, el 20 de marzo de 2011, promueven que la actuación de las fuerzas de seguridad garanticen “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

“Este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”, señala el comunicado.

Además, detalla que, entre otros preceptos, el protocolo incluye “la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, o de manifestantes, o terceras personas”.

Por otro lado, establece “la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad intervinientes en operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”.

También, indica que deben adoptarse “todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias”.

“El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas”, consigna el comunicado difundido por la cartera encabezada por Garré.

En tanto, el diario Tiempo Argentino consignó que “la Gendarmería Nacional reconoció la existencia de una base de datos denominada en la jerga interna Proyecto X, en el marco de una medida preliminar pedida por el fiscal Gerardo Pollicita al juez Norberto Oyarbide en relación a una denuncia de organismos defensores de los Derechos Humanos. La novedad provocó duras críticas dirigidas contra la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad”.

Sin embargo, Gendarmería no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales. La nota enviada por el titular de Gendarmería, Héctor Schenone agrega, como Anexo III, “copia del procedimiento operativo normalizado (PON) del Manual de Guía del programa principal ‘Project X’ (sic) de Gendarmería Nacional”, continuó el rotativo.

En el escrito se dice que las acciones emprendidas por la fuerza apuntan a “auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos –comunicaciones telefónicas, lugares, personas, períodos de tiempo, etcétera– a los fines de una mejor investigación criminal judicial”.

El canal Todo Noticias exhibió el miércoles por la noche imágenes de cámaras ocultas sobre presuntas infiltraciones de Gendarmería para hacer inteligencia en protestas gremiales y cortes de ruta, lo que gatilló la denuncia en relación con que el “Proyecto X” estaría destinado a espiar a trabajadores y dirigentes sociales.

Según un cable de la agencia DyN, fuentes judiciales dijeron que la declaración de la Gendarmería del 22 de diciembre, firmada por Schenone, no tiene carácter “ni de testimonial, ni de indagatoria”, ya que sólo se trató de una “medida para mejor proveer, pedida por el fiscal y ordenada por el juez”.

Oyarbide había solicitado informes a la Gendarmería sobre el contenido de la denuncia presentada por Darío Javier Hermosilla y Nidia Lorena Gentile, delegados de Kraft; Leonardo Norniella, delegado de Pepsico Snacks y organismos defensores de los Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

No puede dejar de llamar la atención la amplificación del tema manejada desde los medios hegemónicos, por cuyos estudios de TV deambularon personajes como el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien en un tono de presunto “sabedor” formuló acusaciones temerarias contra el gobierno. Al mismo tiempo, voces supuestamente “de izquierda” se sumaron a lo que suena como operación mediático-política contra la ministra Garré, debido a su decisiva participación en la lucha por políticas de seguridad ciudadna reformadas y democráticas en todo el país.

Cabe recordar, que son efectivos de Gendarmería los que suelen intervenir en casos de corrupción y complicidad policial y política con el crimen organizado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, no son pocas las voces que apuntan a elementos de “la bonaerense”, que están siendo desplazados o pretenden que esa fuerza siga siendo ariete del crimen organizado, en esto que suena operación contra Gendarmería y contra la ministra Garré

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