Estado de derecho y sentencias de los jueces

Benjamín Forcano

13/02/2012

Opinión

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El caso Garzón está teniendo enorme actualidad en nuestro país y fuera de él. A nadie parece dejar indiferente, señal de que reviste cuestiones de gran interés para la sociedad . La pluralidad de opiniones es legítima, pero puede que esté motivada por posturas ideológicas predeterminadas, más que por una información rigurosa y contrastada. He seguido un poco el caso y ofrezco algunas reflexiones por si pueden contribuir a esclarecer y lograr una opinión lo más ecuánime.

I - ULTIMA HORA:

1. Condenado por unanimidad, luego inocente (Norma hebrea)

II - PARA UN ENCUADRE GENERAL:

2. El absolutismo de los Partidos

3. La corrupción es incompatible con la democracia

4. Hacer memoria de las causas de las guerra y eliminarlas

III – ENCUADRE PARTICULAR: EL CASO GARZON

5. Caballeros envidiosos

6. Acoso a un juez imparcial e independiente

7. Delincuentres contra juez

1. Condenado por unanimidad, luego inocente (norma hebrea).

Los ciudadanos que vivimos en un Estado de Derecho, respetamos y acatamos las leyes que regulan la Justicia. Y, generalmente, acatamos las sentencias dadas por los jueces. Pero, no siempre, pues sería tanto como investirlos de infalibilidad. Se dan casos, digamos excepcionales, en que los jueces se equivocan o en que, por motivos extrajurídicos, se apartan de la ley que regula su comportamiento. Son humanos y fallan al dejarse contaminar por prejuicios, fobias, ideologías sectarias, pasiones que les ofuscan: envidia, odio, venganza, etc.

El caso del Juez Garzón es una eminente excepción de esta equivocación. Por activa y por pasiva, se ha demostrado por fiscales, jueces, abogados, juristas de dentro y fuera de España que a los jueces del Tribunal Supremo les ha poseído la parcialidad e injusticia. Y, una amplia mayoría de españoles -un 61 %- han opinado que se han equivocado haciendo del caso Garzón un predeterminado proceso de persecución y liquidación.

Ha habido, aparte una predisposición propia, una subordinación a la presión de los poderosos –numerosos y destacados miembros corruptos del PP- quienes son los primeros en exigir ahora acatamiento a una sentencia manipulada. Cuantos han opinado sobre la sentencia dicen que les ha llenado de desolación, por encontrarla, está claro, irracional y no probada. Y lo irracional, más aún en un Estado de Derecho que nos ampara con la luz de sus propias leyes, no se puede obedecer sino repudiar. Acatamiento , pues, al Estado de Derecho y a sus leyes, pero no a una sentencia que lo burla hasta lograr que los corruptos condenen al juez que los investiga y declara delincuentes. Eran ellos, no el juez los que estaban en la cárcel.

Me llega hoy mismo un sorprendente comunicado de un amigo, gran biblista, que dice: “Sin entrar en las razones de la condena, me he acordado de una norma judía que dice: condenado por unanimidad, luego inocente. Regla jurídica ésta extraña, pero muy luminosa. Así nos lo enseñaban en el Instituto de Pensamiento Hebreo: Cuando un Tribunal condenaba al presunto culpable por unanimidad había que liberarlo inmediatamente, pues debía suponerse que era inocente. La unanimidad implica que el Tribunal está manipulado y sus miembros no han sido libres”.

Estas viejas lecciones del Derecho Hebreo confirman que no siempre las sentencias de los jueces se adecuan a la ley y que, aun cuando se las pretenda revestir de unanimidad, no tienen por qué ser justas. “Cuando están todos a una de acuerdo en condenar, pregunta un escritor judío contemporáneo, ¿no da la impresión de que el condenado es víctima de una conspiración y que el veredicto no fue el fruto de la razón serena y de la deliberación reflexiva”.

2. El absolutismo de los Partidos

La crisis existente es aguda y generalizada, pero no consiste en los problemas que se suelen denunciar sino en el hecho esencial de que los españoles la afrontamos desunidos y enfrentados. En lugar de buscar iniciativas, esfuerzos y alernativas comunes para resolverla, la agravamos con un continuo echarnos a la cara la causa de ella que está en la desidia, la incompetencia e irresponsabilidad de los otros.

Esta desunión mata la confianza y el entusiasmo tan necesarios en estas ocasiones y genera el derrotismo que paraliza la enorme imprevisible creatividad del pueblo. No hay ideal , ni causa ni entusiasmo común. Se los come la disfrazada apetencia del poder de los partidos, que buscan dominar y no escuchar e impulsar el espíritu solidario de todo un pueblo.

La solución de los graves problemas comunes que padecemos debiera ser la prioridad de todos, pero por ese veneno ideológico que endiosa a un partido y demoniza a otro, nos encontramos en la via muerta de una hostilidad feroz. No nos dedicamos a buscar soluciones sino que nos recreamos hundiendo al contrario y señalando abultados sus errores y desaciertos y, más aún, propinándole todos los hororores y desacalificativos posibles. Aunque sean falsos. La ética de destruir al otro con tal de hacerse con el poder aprueba cualquier acción aunque sea indigna y reprobable. Ese es el mal: un bipartidismo que nos devora, al que seguimos con ciega devoción y rendimos culto por encima del Bien Común de todos. En el fondo, está la engreída y estúpida creencia de que sólo nuestro partido garantiza el bien , la grandeza y el futuro de España. La mitad de España va por el buen camino y la otra mitad anda extraviada. Si el Gobierno es del PSOE todo en él es maldición, disparate y caos. Si es del PP, todo bendición, éxito y exuberancia. Y viceversa. No hay espacio para una política común, de intereses y valores comunes, de programas e ideales coincidentes o , por lo menos, convergentes en muchos puntos, sino oposición radical excluyente.

¿Partidos diferentes, pero que emanan de la misma sociedad y que, por lo mismo, tienen sustrato, vínculos y objetivos comunes? No. Nuestra política vuelve a ser pelea entre qué partido vale o no vale, es mejor o peor. La política no es tarea del Bien Común, a merced de todos, sino tortuosa o fulgurante carrera de cómo aplastar al otro, hasta llegar al poder.

Política dualista maniquea: uno u otro; unos buenos y otros malos; gobierno de unos pocos y no de todos; igualdad y libertad pero, siempre también, desigualdad y esclavitud.

3. La corrupción es incompatible con la democracia

Hay cargos que por ser públicos interesan doblemente a los ciudadanos: por ser públicos y estar obligados a ser servidores del interés general. La anteposición del interés particular al general corroe la democracia y califica como desleales a quienes lo anteponen.

Llevamos días enterándonos que altos cargos del poder judicial, -los veintiun componentes del Consejo General del Poder Judicial- han sido incapaces por tercera vez de nombrar un juez que sustituya a Juan Luis de la Rua en la presidencia del Tribunal Superior de Valencia. Hay un hecho claro: puestos a votar se sabe con precisión que unos votan (en bloque) a favor y otros en contra del candidato propuesto.

Eso, si los votantes lo hicieran con criterio independiente, es imposible. Pero es así por estar condicionados por una ideología política (partidista por definición) y no una ética civil (común por definición y válida para todos).

Llamados a investigar, juzgar y combatir la corrupción aceptan incumplir esta su responsabilidad y ejercerla discriminadamente según el color político de sus candidatos. Y los políticos ya sabemos que no andan sobrados de desinterés e independencia pues se arriman, unos más que otros, a quienes financieramente más pueden ayudarles en las elecciones y después de ellas, aunque sea hipotecando su imparcialidad y libertad. Es la cara perversa de la corrupción: traicionar el interés general en aras del beneficio propio. Luego vemos venir en quiebra ascendente esa ola de desconfianza de los ciudadanos en la Administración Pública.

¿Cuántos altos cargos en el Parlamento y en otras Instituciones están libres de ese conflicto entre el interés general y el interés particular? ¿Cuántos respetan la incompatibilidad de su servicio público con otras actividades privadas? (De 350 diputados sólo 84 tienen dedicación exclusiva, 214 perciben ingresos privados y 35 ejercen la abogacía) . ¿Cuántos se mueven en los despachos de las empresas? ¿ Y por qué las empresas financian a los partidos políticos? Según datos del último ejercicio fiscalizado del año 2005 las donaciones de particulares fueron: al PP 3.068.741 €; al CDC 1.590.905; al PSOE 847.700 ; al PSC 176.000; al UDC 148.498 €.

El dinero es factor de influencias ilícitas y de corrupción.

Este panorama adquiere tintes de desastre si nos asomamos a los municipios (en poco más de tres años 19 alcaldes detenidos por corrupción) y no digamos si pudiéramos enumerar las irregularidades amontonadas en el terreno y gestión urbanística.

Me temo que falta una normativa que impida con controles y medios eficaces la corrupción de no pocos políticos y funcionarios públicos. Y, sobre todo, una cultura nueva que patrocine una ética pública regida por el interés general y que deje de enaltecer el capitalismo como el dios de nuestro culto cotidiano.

4. Hacer memoria de las causas de la guerra y eliminarlas

(Publicado en el periódico PUBLICO)

Se trata de la guerra civil, la del 36, en la que todos los españoles nos vimos implicados. Nadie podía quedar al margen de una España partida en dos. Se han escrito muchas cosas sobre el tema que, en general, han servido para hacer luz y restañar heridas de aquel trágico momento de nuestra historia.

Miramos a un pasado que nos pertenece. Lo importante es descubrir las causas que nos llevaron a la extraña locura de matarnos los unos a los otros.

Hablo de causas porque ni lo que entonces ocurrió, ni lo que ahora está ocurriendo, se explica sin ellas. Fue así, pero hoy ya no debiera serlo. En el fondo, el drama era antiguo y volvía a repetirse: la exclusión de unos por otros, dando a unos como buenos y a otros como malos.

Nunca una convivencia plural y libre, convencidamente respetuosa y pacífica, explota en aniquilación del contrario. El veneno que mata es la intransigencia. Si se llega a afirmar que sólo mi verdad tiene derecho a existir, entonces el otro, con su verdad negada, está condenado a morir.

Así ayer. ¿Así también hoy?

Seguimos en la pelea de que España sólo hay una, de que los españoles auténticos son católicos, neoliberales y de derechas; no republicanos, ateos, agnósticos o de otras religiones, ni socialistas ni de izquierdas. Esa es la doble España, la España que sustenta la exclusión y la imposibilidad de una convivencia plural ideológica, religiosa y política.

La España en dos sigue, porque no hemos llegado a hacer nuestro lo positivo de la modernidad, lo que son derechos de la persona: derecho sagrado y primero a vivir, a vivir en democracia, con pluralismo, con igualdad y libertad, con fe o ateísmo, con libertad de culto y de conciencia,

El hombre es libre para pensar, para pensar disintiendo y las ideas jamás se imponen. Un pueblo sojuzgado, uniformado, sin derecho a pensar y disentir, no es adulto, no es libre, no es moderno. .

Entiendo así que muchos de los planteamientos con ocasión de la Ley de la Memoria histórica, van a ser irritantes y estériles, por más que se diga que no se trata de señalar culpables o inculpables, vencedores o vencidos. Desdeñando entrar en lo de culpables o inculpables, se trata ahora de otra cosa, de una conversión llevada a la raíz: de pedir perdón por haber sido excluyentes, por habernos considerado poseedores únicos de la nacionalidad, de la verdad, de la religión, de la salvación. Llevar en la frente la marca de heterodoxo, de antinacionalista, de hereje, de disidente era estar sentenciado a muerte. Este malo predeterminado y esta maldad predeterminada no tenían cabida en la sociedad. Y la sentencia la daba siempre una parte, lo que equivalía a que la otra se retractara o fuera aniquilada. Por ser, además, voluntad de Dios.

El examen es aquí fundamentalmente colectivo. Nos faltaba la premisa de reconocer al otro el derecho a vivir y a expresar libremente su verdad.

Faltaban las premisas y eran previsibles los efectos: ¡con nosotros o con ellos! Y si con nosotros, contra ellos. Y si con ellos contra nosotros. O nacional-católico o al infierno. U ortodoxo y obediente hasta las gachas o al infierno. La responsabilidad individual quedaba deglutida por la omnipotencia de la ideología sacralizada.

Es indudable que hubo un condicionamiento colectivo que nos predispuso y enajenó hasta llegar a donde llegamos. Luego, unos perdieron, otros ganaron; unos pudieron reafirmar sus ideas y dominar la escena pública y otros soportar humillados la clandestinidad: triunfantes o prohibidos. Y, así, todos metidos en la loca y excluyente espiral de la violencia.

Hay que pedir perdón por la brutal persecución que ejercimos unos y otros sobre la otra parte: odiamos y nos odiaron; despreciamos y nos despreciaron; excluimos y nos excluyeron; matamos y nos mataron.

Hay que pedir perdón, confesar haber estado equivocados y arrepentirse por el absolutismo de ambas partes. Perdonar y que nos perdonen. La educación y fe recibidas estaban mal enfocadas, asentadas en presupuestos de dogmática exclusión.

El presente y el futuro nos exigen un cambio radical de presupuestos: somos hermanos, no lobos; amigos, no enemigos; buscadores, no poseedores de la verdad; racionales, no pistoleros de la verdad; iguales, no inferiores; buenos españoles, aún sin ser católicos.

Lo pasado se puede remediar en lo que fue causa de tanto desvarío y ruina.

Cambiar las causas, es evitar las desgracias del pasado y preparar un nuevo clima y escenario para una convivencia justa, libre y pacífica.

La guerra muere, matando las causas que la provocaron.

Los “rojos” mataron a muchos creyendo que tenían razones para hacerlo, y se equivocaron. Los “nacionales” mataron a muchos creyendo que tenían razón para hacerlo, y se equivocaron. La jerarquía eclesiástica apoyó el golpe militar, dándole un carácter de cruzada, y se equivocó. Los vencedores ejercieron una depuración masiva y cruel, y se equivocaron. Nos equivocamos restaurando el mérito y honor de los caídos en un bando y olvidando y denigrando el mérito y honor de los caídos en el otro.

¿Beatificación de los mártires de la cruzada? ¿Reivindicación y homenajeamiento de los que, asesinados, fueron deliberadamente olvidados y menospreciados?

Reconocimiento, ahora ya, de todas las víctimas, en altares sagrados o profanos, con elevación a la gloria de Bernini u a otra gloria civil cualquiera, pero sin ninguna manipulación de las víctimas, desterrado para siempre el veneno mortal que nos lanzó los unos contra los otros.

5. Caballeros envidiosos

El 14 de mayo de 2010, el juez Garzón, a sus 55 años, después de 22 años de brillante ejercicio profesional en la Audiencia Nacional, fue suspendido en sus funciones por el Tribunal Supremo. La suspensión la tomaron sus miembros –17 vocales y el presidente- por unanimidad, por la razón de haber abierto investigación contra las desapariciones del franquismo. Tal investigación no le competía y había cometido delito de prevaricación.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, declaró que los jueces procedieron “con independencia y responsabilidad” y que el Tribunal Supremo en sus 30 años de democracia siempre ha procedido “conforme a Derecho”.

A los miembros del Tribunal de nada le sirvieron los numerosos escritos de jueces y magistrados publicados dentro y fuera de España para repensar su decisión. Dijeron aplicar la ley. Y lo hicieron, pero siguiendo la letra, sin atender las mil razones que impulsaban a revisarla. Y es sabido que la letra de ley sin espíritu, mata. La ciudadanía lo entendió así y pensó que la suspensión fue injusta, inoportuna y desproporcionada. Y deja entrever, por más que se la quiera mal justificar, otros intereses y motivaciones.

No obstante, en democracia la postura de cuantos discrepamos, es aceptar la decisión del Tribunal Supremo. Es a él a quien le compete tomarla y así está determinado en nuestra leyes. No hacerlo supondría validar imprevisibles decisiones individuales y negar la autoridad del poder legislativo, propiciando un terreno de insegura arbitrariedad para la convivencia.

Pero, al mismo tiempo, y con no menor firmeza, no estamos dispuestos a conceder infalibilidad a las decisiones del Tribual Supremo ni suponer cándidamente su independencia. Todos podíamos barajar la decisión del Tribunal mirando a la asignación política de sus miembros. Venía cantada.

El Magistrado del Supremo Luciano Varela, conocedor de la causa, interpretó que el Supremo podía proceder contra el juez Garzón “por haber cometido delito en el ejercicio de sus funciones”, y así lo comunicó al CGPJ, quien hizo efectiva la suspensión.

Sostener que la investigación abierta contra las víctimas vencidas del franquismo es un delito de prevaricación no procede si antes y a la par no consideramos otros valores que la letra de la ley de amnistía no puede descartar: junto a ella hay una legislación internacional que abre y amplia su sentido literal en el sentido de que trata no de delitos políticos sino de guerra; el juez Garzón ha sido avalado por otros Jueces españoles que consideran legítima la interpretación que él ha dado a la ley; el contexto de entonces ha cambiado y existen ahora condiciones socioculturales más maduras que permiten reparar una injusticia desatendida y restañar heridas que nunca se cerraron y hacen posible una convivencia más justa para el futuro; la querella proviene de asociaciones implicadas en la represión franquista y que actuaron en la eliminación de muchas víctimas; la trayectoria del juez Garzón es éticamente encomiable y muy positiva para el bien y proceso de la democracia española y también para otros países que han sufrido dictaduras y se han beneficiado de su valiosa intervención como juez; detrás de la querella se encuentran fuerzas e intereses de tipo terrorista, financiero y político que el juez Garzón ha descubierto y procesado y han reaccionado contra él con odio y venganza.

¿Los 18 jueces del Tribunal Supremo pueden -todos, sin excepción- aportar imparcialidad en este caso? ¿No le sobran razones a Garzón para recusar a algunos de ellos y, en especial, al Magistrado Lucio Varela instructor de la causa?

El supuesto y discutido delito de prevaricación, con todas estas circunstancias, bien podía ser reinterpretado sin apartarse de la justicia y más tratándose de un compañero universalmente elogiado como lo muestran los 80 premios nacionales e internacionales concedidos y los doce Doctorados. Lo triste del caso es que, ante la solicitud de Garzón para su traslado a la Corte Penal Internacional, se activaron de una manera inusual llamadas y convocatorias para asegurar su suspensión.

Se ha dado la aplicación de la letra de una ley que, aislada de todas las demás, difícilmente se puede afirmar que se ha hecho conforme a Derecho.

Todo esto nos hace ver que los jueces, también los del Supremo, son hijos de una sociedad y de una cultura, de una ideología, de una opción política concreta. Pero esto no debiera impedirles que, al ejercer una función pública, la desempeñaran sin más consideración que la justa e igual aplicación de la Ley para todos, sin ninguna discriminación. Imparcialidad debe ser su lema según prescribe la Constitución Española.

Comprenderán entonces los jueces del Supremo que su decisión no haya dejado de provocar encono y consternación en gran parte de la sociedad y no puedan persuadir de que han procedido, en este caso, con independencia. La independencia se prueba con hechos, no con palabras.

A estos hechos, me parece importante añadir otros elementos que pueden ayudar a esclarecer lo que está pasando con el juez Garzón.

El juez Garzón, por lo que conocemos, no es muy dado a explicar su caso en público. Y eso que está convencido de que tratan de eliminarlo de la Judicatura. En este caso, el bien que él representa para la sociedad, incita a instarle a que se defienda contando la verdad, la verdad de la que él es protagonista, porque sabe hacerlo y, además, son pocos los que lo van a hacer.

Todos, a estas alturas, tenemos formada una opinión sobre él. Y se va notando cómo el apoyo y admiración generalizados hacia él, han ido cayendo en determinados sectores de la sociedad o, cuando menos, se han ido diluyendo en la niebla de la duda. Y esa base social, hábilmente manipulada por toda una estrategia mediática, es la que van a invocar cuantos tratan de eliminarlo.Está claro que determinados medios, en manos de quienes nada lo quieren, han sabido moverse para hundirlo en el desprestigio. Su gran baza es jugar con la ignorancia o escasez informativa de la gente, cuidando de no dar entrada directa a Garzón para que pueda hablar él y así pulverizar cuantas vilezas le echan encima.

Por eso mismo, nada mejor que él intervenga lo más posible en público y exponga su caso con total claridad. Porque cuantos le oigan afirmar que: “La justicia desde muy joven me atrapó. Fui un juez por ella, soy juez por ella y por ella seguiré siéndolo a pesar de todo” se darán cuenta de que dice la verdad y que se ha mantenido en ella con coherencia y valentía. Pero, para esto, hay que escucharlo en directo, sentirlo, captando la veracidad de lo que dice, pues las palabras – tono, vibración, expresión- le ponen a cada cual al descubierto: De la abundancia del corazón, habla la boca.

El juez Garzón llegó a la política como emblema de ética y honradez. Y como no pudo “tirar del manto de la corrupción que cubría lo que allí dentro había”, se marchó por seguir fiel a su principio: “Quiero servir escuchando la voz de la conciencia, la antigua y buena voz que no traiciona nunca” ( Evguen Evtuchenko).

Se podrán inventar todas las artimañas posibles para acabar con la honorabilidad de Garzón, pero la buena gente, el pueblo, sabe lo que él es: “La justicia ha hecho de mí lo que soy como persona y como profesional”.

Por ser un caballero al estilo del Quijote, Garzón sabe “que tiene envidiosos de su virtud y valentía a muchos príncipes y a muchos otros caballeros, que procuran por malas vías destruir a los buenos”. Pero, “los grandes hechos serán escritos en eternos mármoles por más que se canse la envidia de oscurecerlos y la malicia en ocultarlos y serán esos mismos caballeros quienes, a despecho de la mesma envidia, pongan su nombre en el templo de la inmortalidad”.

Francisco Umbral, tan agudo y oportuno, escribió: “Nunca me sumaré al gregoriano de los canónigos amarillos de la envida que sólo ven en el joven juez afán de protagonismo. En este país nos molesta que los demás hagan las cosas que nosotros debiéramos hacer, pero no hacemos”.

Cierto, el juez Baltasar Garzón ha hecho muchas cosas, que los demás debiéramos hacer y no hacemos. Quién sabe si por el miedo. “El juez , escribe él mismo, precisa altas dosis de fortaleza y llevar esculpida la ley en su conciencia. Tiene que estar bien seguro de lo que va a hacer, para arrostrar luego las consecuencias que afecten a su propia persona. Su orden incidirá sobre intereses en conflicto y posturas enfrentadas... La sociedad se posicionará en bandos: unos montarán el hosanna de gloria y otros la cacería contra él. Si no se siente capaz de dominar la embestida con temple y con independencia... ese hombre no puede ser juez ni un minuto más”.

Nada ocurre al azar.

Y tampoco los que se ponen de parte de Garzón o en su contra.

6. Acoso a un juez imparcial e independiente

(Publicado en El País, 24 –Febrero – 2011)

Los ciudadanos sabemos que, según la Constitución Española, la Justicia emana del pueblo, sus sentencias deben estar motivadas y debe ser imparcial (Art. 117-127). A poco que sigamos el caso Garzón, nos damos cuenta de que a este juez, justo colegas de profesión, quieren condenarlo incumpliendo esas tres características: han desoído el clamor del pueblo que enaltece y aplaude a Garzón, han buscado llevarlo al banquillo sin ninguna prueba y lo han hecho con escandalosa parcialidad.

No voy a señalar en qué grado de complicidad están presos por la campaña de acoso, sostenida por una orquestación mediática reaccionaria que, con bulos, calumnias y mentiras, trata de destruir la credibilidad del juez Garzón. Los jueces saben muy bien de donde arranca esta campaña , quiénes la mueven y por qué razones. Los ciudadanos nos informamos y ponderamos argumentos. En este caso, resulta desconcertante que al juez más conocido por su independencia y valentía no se le reconozca ningún mérito y se le someta aun acoso escandaloso: ninguna prueba, investigación omitida, artimañas inusuales, requerimientos desatendidos, una trama que deja traslucir todo menos ecuanimidad y reconocimiento.

Nada de lo propalado es casual. Surgió al iniciar Garzón su investigación sobre la trama corrupta Gürtel, con la cual políticos y no políticos han podido comprobar que se les acabó la impunidad. Y para esto no haya perdón ni imparcialidad por más que digan lo contrario. Contra Garzón todo vale: calumniar, mentir, urdir falsedades que la población no puede clarificar, a la espera de que pueda dudar de su honorabilidad si no aplaudir su expulsión de la Judicatura.

Un hecho como éste, de consumarse, quedará en la historia como prueba de la parcialidad de jueces del Tribunal Supremo y de su descrédito creciente.

7. Delincuentes contra juez

La que estamos presenciando es una forma de corrupción la más indignante y escandalosa. Puede uno imaginarse las andanzas y presiones para lograr que los que debieran estar en el banquillo se hayan constituido, a través de su abogados, en acusadores del Juez Instructor Baltasar Garzón, que los descubrió como corruptos de la trama Gürtel. Más asombroso resulta que se les haya dado crédito por el Tribunal Supremo pasando por encima de la investigación aquilatada del Juez de la Audiencia Nacional.

Nadie niega el delito de corrupción de Correa y Pablo Crespo, su intento de blanquear 20 millones de euros desde la cárcel valiéndose de abogados vinculados a la trama con indicios de colaboración, la probada legitimidad de Garzón para intervenir conversaciones delictivas de estos presos y su esmero por preservar su derecho a la defensa, el testimonio de policías, jueces y fiscales avalando su decisión.

Esto no obstante, en contra de la jurisprudencia aplicada en casos semejantes a otros jueces, a éstos nunca el Tribunal Supremo los procesó y sí a Garzón.

A nadie se le pasará esta complicidad entre los corruptos y jueces decididos a liquidar a Garzón. Las tres Instrucciones que el Tribunal Supremo ha admitido para declararle prevaricador y violador de garantías constitucionales se han demostrado tan inconsistentes, que uno no tiene más remedio que pensar que han intervenido otras razones. Razones seguramente inconfensables, pero innegables y, al parecer, de peso cuando llevan a jueces a perder su imparcialidad e independencia.

Ante el espectáculo, la gente no tiene sino concluir que las razones de este comportamiento son otras. Sorprendentemente, en este caso la solidaridad corporativa se vuelve contra un compañero, juez estrella, porque ha osado actuar marcando un porte excepcional de competencia y libertad, fuera de lo acostumbrado y establecido. O porque ha herido honores e intereses de un partido , al que no se lo puede cuestionar ni manchar, por más que estén manchados destacados miembros suyos. Y al juez que intenta poner a estos delincuentes en su lugar y aplicarles el derecho, se le acusa de prevaricador y violador de las garantías constitucionales.

- Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo.

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