*La política incluye una transición para la seguridad

*Partir de una visión integral, con participación social

 

En términos absolutos —sigue el diagnóstico—, los recursos disponibles para la seguridad pública, según datos de Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecieron entre 1998 y 2011 en un 350%. El consumo de marihuana y cocaína creció de un 3.33% en 1998 a un 6.8% en 2008, entre la población de 12 a 65 años de edad. La distribución policial es irregular en el país, pues 20 entidades muestran déficit y 12 superávit. Aumentan las quejas contra autoridades federales, policiacas y militares por violación a los derechos humanos y recomendaciones de la CNDH. De la población penitenciaria 4 de cada 10 no han sido condenados; de 429 centros carcelarios, 48 tienen sobrepoblación.

 

Un gran número de personas participan del crimen organizado, y mueven estimados 29 mil millones de dólares anuales. Un “10% del sistema financiero mexicano opera con dinero proveniente del narcotráfico”. Funcionarios de EU estiman que los movimientos de tráfico de drogas que operan en EU generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 35 mil millones de dólares. Además, el Banxico valida la percepción que uno de los principales frenos de la economía es la inseguridad.

 

Una política de seguridad integral, exige el respeto de los derechos humanos y apegarse a las normas nacionales e internacionales. Más aún: “La intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible y, en todo caso, sujeta a controles que aseguran la preeminencia del régimen constitucional de los derechos humanos”. Aparte, se requieren modelos integrales de políticas públicas, porque la fragmentación degenera contradicciones, ineficacia e ineficiencia y resultados contraproducentes. Integralidad y transversalidad, para que todas las áreas involucradas manejen criterios y enfoque similares, que deriven en acciones coordinadas.

 

“Todos los actores políticos e institucionales deben hacerse responsables de sumar sus proyectos de partido a la construcción de una auténtica de seguridad y justicia”. Hacer a un lado los intereses partidistas. Por lo mismo, toda acción pública debe estar sujeta “a la mayor transparencia posible”. La rendición de cuentas como máxima, para ganar confianza y legitimidad social. “De ahí que la sociedad deba tender hacia mecanismos participativos que fortalezcan su impulso a la justificación pública del quehacer institucional”.

 

Una evaluación constante; atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad, así como centralidad de la política de género. ¿Con la participación de quienes? De todos. La corresponsabilidad de “todos los actores sociales”. Pero la responsabilidad [primera] de garantizar la seguridad es jurídica y políticamente el deber del Estado en su conjunto y en cada ámbito de gobierno”. La política debe estructurarse con un “horizonte nacional”. Y cada líder del poder público tiene una responsabilidad: el Congreso, los poderes judiciales, derechos humanos, etcétera. “Todos los actores sociales compartimos la responsabilidad de aplicar nuestro trabajo y liderazgo para sostener un esfuerzo de largo aliento.

 

Los liderazgos económicos también tienen un papel fundamental para sostener el impulso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho. “Los jueces deben conducir los procesos y resolver las controversias con estricto apego a la ley”. Y “la sociedad debe hacer escuchar sus opiniones, destacar los problemas existentes y exigir las soluciones respectivas en materia de seguridad y justicia”. Los medios de comunicación para dirigir el impulso y las instituciones de educación superior asumir en el ámbito de su responsabilidad. “Es importante que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se valga de lineamientos para la adopción de parámetros en la recolección, acopio, manejo y disposición de datos personales de exfuncionarios, detenidos y procesados, así como de víctimas y testigos”. Pero, en general, “las instituciones de seguridad y justicia deben fijar prioridades y metas de desempeño y orientar los recursos institucionales al cumplimiento de ellas”.

 

El Estado, en materia de seguridad, “enfrenta retos enormes de diseño y combate a la corrupción, la impunidad y la violencia. La crisis en estos asuntos es una oportunidad para transformar el ejercicio del poder público y fortalecer nuestras instituciones”. Emprender la transición, “la transición para que la seguridad y la justicia adquieran un perfil auténticamente democrático, [por lo que] debe someterse a la más alta responsabilidad política”, con un enlace entre secretarios de Estado como los de seguridad pública, educación, salud, desarrollo social y el titular de la PGR. Pero ninguna reforma puede conducirse adecuadamente sin una política financiera sustentable y de largo plazo; aplicando criterios de evaluación y desempeño, eficacia y eficiencia, con rendición de cuentas y fiscalización.

 

La justicia penal debe colocarse en su juste dimensión respecto a la política social; es ilusorio suponer que aquélla resuelve la compleja problemática del delito. Más bien la justicia penal debe encaminarse a generar la confianza en las instituciones y la cohesión social. De “la política criminal, debe enfocarse a la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad y a reducir el número de muertes u lesionados, la preservación de la libertad y la integridad de las personas”. Es más, “El Estado debe orientar su política a obstaculizar la participación en las redes criminales mediante una fuerte estrategia de prevención”. Además, atender las sentencias de la Coste Internacional de Derechos Humanos.

 

Vital resulta: “La investigación de los delitos, la protección de víctimas, la reparación del daño y el control democrático de las policías y miembros de las fuerzas armadas son medidas simple y llanamente impostergables”. El control de adicciones pasa por considerar al adicto un enfermo, no un delincuente. Es urgente la medida de prevención y el diagnóstico temprano. Una política preventiva eficaz debe alcanzar “la reincorporación del adicto a la sociedad”. Asunto en el cual el Estado debe modernizar los servicios de atención.

 

De “altísimo perfil” es la planeación por el Estado de políticas públicas en el ámbito “municipal”, para un modelo centralizado en la “seguridad ciudadana”. Pero también, la planificación debe pasar por ciudades y comunidades, para brindar certidumbre a mujeres, jóvenes y niños. Sobre todo atender el problema de la violencia contra las mujeres. Finalmente, debe buscarse la “recuperación del espacio público en sectores estratégicos, siempre con la participación ciudadana”; que es como finalmente se podrá ganar esa terrible batalla desde el municipio hacia las grandes ciudades, pero con políticas de Estado claras.

 

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