Con el levantamiento de diciembre se recupera la memoria de las luchas

Raúl Zibechi

02/02/2011

Opinión

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El levantamiento popular de diciembre contra el aumento de la gasolina decretado por el gobierno de Evo Morales, fue el primer alzamiento masivo contra un gobierno de izquierda. La importancia del hecho merece ser explicada y reflexionada. Oscar Olivera lo hace desde “abajo y a la izquierda”.

La Coordinadora del Agua fue la principal protagonista de la guerra del agua, en abril de 2000, que consiguió un triunfo contra la privatización impulsada por el municipio de Cochabamba. Con ella se inició el ciclo de luchas 2000-2005 que deslegitimó el modelo neoliberal en Bolivia y llevó a Evo Morales al gobierno. El dirigente fabril Oscar Olivera jugó un papel decisivo en aquella oportunidad.

Casi once años después, la población de todo el país protagonizó importantes movilizaciones contra el “gasolinazo” decidido por el gobierno de Evo que forzaron al Ejecutivo a dar marcha atrás ante el inminente riesgo de que se produjera un nuevo estallido social. En estas movilizaciones los colectivos agrupados en torno a la lucha por el agua volvieron a estar en primera fila. Cochabamba fue junto a El Alto y La Paz una de las ciudades que vivió las mayores manifestaciones. Oscar Olivera reflexiona la nueva coyuntura política creada en Bolivia.

- La forma como se implementó el “gasolinazo”, en plenas fiestas navideñas cuando Evo estaba de viaje, revela un estilo de gobierno de tipo neoliberal o muy similar al que se usaba en ese período. ¿La cultura política del gobierno Evo es continuidad del neoliberalismo? ¿En qué sentido, de qué manera?

-Las palabras que Evo Morales utilizó cuando fue posesionado como presidente, el 22 de enero del 2006, fueron las de “mandar obedeciendo”, creo que más como un slogan, que como una práctica y acción permanente de gobierno. Durante estos años las decisiones más importantes como la convocatoria a la Asamblea Constituyente, para desmantelar la institucionalidad estatal neoliberal heredada, fueron decididas entre cuatro paredes y entre cuatro jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria.

La voz y la representación social otra vez retornó a los paridos, luego que desde el 2000 la gente con su lucha desmontó física e ideológicamente a todos estos partidos, sean los de izquierda, centro o derecha. Las otras normativas como la “nacionalización de los hidrocarburos”, la Ley educativa, la Ley de pensiones, normativas laborales y otras fueron decididas, en algunos casos de manera vertical e inconsulta, o se armaron escenarios de discusión y aprobación entre militantes y dirigentes de movimientos sociales cooptados o subordinados, sin la posibilidad de permitir voces críticas o disidentes.

Si bien estas normas no afectaron de manera inmediata a la mayoría de la población, el “gasolinazo”, al margen de ser una medida económica que tiene que ver con el mercado internacional, afecta de manera inmediata los bolsillos de la gente y de hecho fue aprobada sin el conocimiento y sin consulta a la población. Según el gobierno el Decreto 748 venía siendo estudiado por los expertos durante más de siete meses. Lo interesante es que Morales, como en otras ocasiones, no es el que anuncia la medida sino deja esto al vicepresidente Alvaro García Linera y lo que más afecta a la gente es la fecha en que es lanzada esta medida, en Navidad. En síntesis, es una medida al mejor estilo político tradicional, neoliberal, autoritario, brutal, inconsulta y desde mi perspectiva, otra vez, como en los viejos tiempos, la gente no existe, no se la toma en cuenta, solo valen los expertos y los números.

-El gobierno ha hecho muy poco para salir del modelo extractivista, pero además no ha querido abrir un debate sobre el tema. ¿Estas medidas se relacionan con ese modelo que hemos definido como la continuación del neoliberalismo sin privatizaciones?

-Si. El modelo de este gobierno, desde mi modesto entender, se basa en la minería, los hidrocarburos, en establecer el gasto público en función de las políticas exigidas por el FMI y el Banco Mundial. Por eso hace alarde de las reservas internacionales y de una política económica centrada en la producción agrícola para la exportación, como sucede con la quinua, que no solamente se ha convertido en una preciada mercancía que ha aumentado su precio a nivel internacional, sino que está dejando a la Pachamama, en las zonas altiplánicas, sin posibilidades de respetar sus derechos por una explotación irracional y mecanizada del suelo, por la expulsión de camélidos y su sustitución por vacunos, y los más grave dejando sin posibilidades de que la quinua sea uno de los más importantes alimentos cotidianos de bolivianos y bolivianas.

Por no hablar de la industria extractiva, tanto minera como hidrocarburífera. Al respecto bastan dos ejemplos: la mina San Cristóbal, la más grande a cielo abierto del mundo que va a terminar con la existencia de plata y plomo en sólo 17 años, donde se dice que algunos funcionarios e gobierno serían socios de la transnacional Sumitomo y que Morales felicitó por la inversión realizada por esta transnacional, paga 100 millones de impuestos y se lleva 1.000 millones de dólares.

Las afectadas comunidades y movimientos sociales en defensa del agua y la Pachamama no fuimos escuchados por el desastre que está ocurriendo en esta zona, donde la actividad de la minera consume diariamente más agua que todos los pobladores de Cochabamba. Las autoridades descalificaron estos reclamos, se cooptó a ciertos dirigentes campesinos con cargos o promesas de empleos en el gobierno o simplemente se confrontó a las comunidades y actividades con los trabajadores de la empresa incentivados por la compañía minera. Cuando la Empresa de Cobre de Corocoro, una transnacional que para sus actividades mineras desvió las aguas de las comunidades sin consulta previa como se establece en la Constitución y la convención 169 de la OIT, el gobierno se puso al lado de la minera.

Ninguna de las petroleras se fue del país pese a los cambios en los contratos que mermaron sus ganancias, porque se estima que el costo de producción de un barril de petróleo en Bolivia es de apenas seis dólares cuando los precios del mercado internacional están llegando a los cien dólares, lo que nos da una idea clara del porqué de su permanencia en Bolivia. El litio del salar de Uyuni se convierte un nuevo “cerro rico de Potosí” codiciado por las transnacionales. Con la excusa del desarrollo el gobierno convierte en mercancía a la Madre Tierra. Sería largo y penoso hablar sobre los estragos de estas actividades en los territorios, la gente, las plantas, la biodiversidad.

-Llama la atención que algunas personas que hasta ahora se encontraban muy cerca o en total sintonía con el gobierno ahora hacen críticas. ¿Cree que el fallido gasolinazo abre un tiempo político diferente, o sea una especie de cuenta regresiva para el gobierno Evo? ¿Esto fue un parteaguas?

-Creo en las personas que han estado en el gobierno y que ahora son criticas, salvo un ex viceministro de Tierras recientemente descalificado por García Linera, son impostores en sus discursos y sus acciones, no merecen respeto ni consideración por que todos y todas fueron serviles, subordinados incondicionales, es decir “llunk’us”. Creo que el gasolinazo abre un nuevo escenario político, la gente ha mostrado que no está dispuesta a ser engañada una vez más, menos por las personas a las que el pueblo colocó en el gobierno. Las movilizaciones de diciembre muestran algo que la gente estaba comentando desde hace un par de años: su desencanto con el MAS y la intuición de que nos estaban mintiendo, pero al no tener otra opción electoral no quedaba más remedio que votar a Evo. El MAS perdió casi un millón de votos en las zonas urbanas en las últimas elecciones.

La gente en diciembre recuperó su memoria, muchas personas en las ciudades decían: “hay que hacer como en la Guerra del Agua o del Gas, no puede pasar esta medida. No nos pueden imponer esto que afecta nuestra vida, debemos parar”. Creo que es importante, la recuperación de la fuerza y dignidad de la gente, desde abajo, autoconvocada, dispuesta a batallar así sea el Evo el que está en el gobierno.

Pero también esta conducta del gobierno ha posibilitado procesos de rearticulación de los sectores más reaccionarios de la derecha, empresarios, terratenientes, grandes comerciantes, en torno a los denominados comités cívicos, que a falta de referentes sociales nítidos y autónomos capitalizaron en algunas regiones la protesta popular. Creo que el mayor crimen de este gobierno y en particular del entorno impostor, oportunista, demagógico y neoliberal de García Linera, es haber defenestrado a los más connotados referentes sociales y sindicales en su afán de controlar todo, pero lo más grave de esto es que utilizaron testaferros o medidas institucionales de chantaje, calumnia, desconfianza hacia estos referentes con amplias bases sociales.

El haber colocado en el discurso a delincuentes políticos, delincuentes comunes, corruptos, asesinos, vende patrias y luchadores sociales en la misma bols, no sólo ha permitido liquidar referentes sociales que hoy son muy necesarios, sino que ha logrado que los derechistas oligarcas y asesinos del pueblo sean vistos ahora como víctimas de este gobierno y eso es muy peligroso, en la perspectiva de un retorno de la derecha fascista que nadie quiere.

-¿Qué perspectivas se abren ahora para el movimiento popular? ¿El gasolinazo ayudó a tender puentes entre sectores o se mantiene la fragmentación?

-Hay un proceso de reorganización, de recuperación de la memoria histórica de la gente y hay una absoluta sordera, soberbia, insolencia y desprecio de algunos gobernantes, que insisten en que el gasolinaza debe imponerse. Están preparando a sus bases para confrontar, como ya lo han hecho varias veces para defender el proceso y al gobierno.

Esto para mi, es lo mas peligroso, por que está incentivando a un enfrentamiento, entre campo-ciudad, comerciantes-consumidores, transportistas-usuarios, trabajadores asalariados públicos-trabajadores asalariados privados, es decir están generando enemigos en el seno del mismo pueblo y se pierde de vista a los verdaderos enemigos de este proceso, las grandes corporaciones mineras, hidrocarburíferas y financieras, que son las más beneficiadas con este gobierno.

Tender puentes de verdadera confianza entre referentes sociales, organizaciones sociales autónomas no subordinadas al gobierno, lo veo muy difícil a corto plazo, pero es imprescindible hacerlo para estar preparados para lo que venga.

-¿Cómo es la situación en Cochabamba en cuanto a los colectivos que formaron la Coordinadora del Agua?

- Nunca pensamos en la Coordinadora como una estructura organizativa tradicional, para nosotros la Coordinadora es la población, que en diciembre retomó su memoria y acción, esa es la Coordinadora, no sólo en Cochabamba, sino en todas partes. Ahora si hablamos de las fuerzas sociales organizadas, lo que queda son los comités de agua de la zona sur, las cooperativas de agua de las zonas rurales-urbanas, los pobladores sin vivienda, el sindicato de trabajadores de la empresa de agua, algunos sindicatos obreros y en general gente dispersa, sin pertenencia institucional alguna, que está dispuesta a movilizarse como en el 2000.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

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