México

Criminalizan la protesta social

Nelly Olivos

15/11/2010

Opinión

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* Una forma ideológica de mantener el status quo dentro de lo posible: Guinsberg

* Es una de las manifestaciones de la judicialización de la política: Esteban Rodríguez

* Gobernantes leen la realidad bajo la lupa del código penal

En innumerables ocasiones la manera en que los diversos sectores sociales reclaman a las autoridades el cumplimiento de las promesas o el pleno respeto a sus derechos es a través de la manifestación pública, pero ello trae consecuencias cada vez peores para los inconformes.

Toman las plazas, calles, avenidas y todo aquel espacio que les permita la discusión, y en consecuencia la solución, de todas aquellas problemáticas que les afectan. En algunos casos, la protesta social suele ser administrada, es decir, limitada por intereses partidistas lo que genera que las demandas ciudadanas estén lejos de ser cumplidas. En otros casos la protesta es criminalizada, es decir, se utilizan las leyes para detener y condenar a los activistas.

De acuerdo al abogado y docente en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Esteban Rodríguez, “la criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales; de leer la realidad bajo la lupa del código penal”.

Un ejemplo de ello corresponde a la detención de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en mayo de 2006. Luego de cuatro años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata tras desestimar la acusación de “secuestro equiparado”.

Plasmado en el Código Penal del Estado de México “se equipara al secuestro, al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle un daño, sea a aquélla o a terceros, para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impondrán las penas señaladas en este artículo”.

Al respecto Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló que la respuesta burocrática o represiva a las demandas sociales lleva a la creación de nuevos repertorios de acciones como la detención de servidores públicos que logran romper el aletargamiento de los conflictos sociales.

El derecho a tener derechos

“El derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos, la oportunidad que tienen estos sectores de ser tenidos en cuenta otra vez, recuperar la voz para ser tomados como actores otra vez. El derecho a la protesta es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad”, afirma Esteban Rodríguez.

Por su parte, los organismos defensores de derechos humanos sostienen que estas acciones del gobierno son una política de control social empleando la legislación penal para enfrentar la inconformidad. Acción que además de crear tipos penales a modo, se acompaña de campañas mediáticas.

Retomemos el caso de los integrantes del FPDT. El papel que jugaron los medios de comunicación en la intervención policiaco-militar llevada a cabo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue clara, sirvieron para crear un sentimiento de consenso alrededor de las acciones emprendidas por las autoridades.

Mientras que se logra el desprestigio de un denominado “grupo que no representa los interese de los pobladores”, es decir, los miembros del FPDT, quienes son acusados de ser los responsables directos de la situación de violencia desatada en la región.

Los conductores de diversos noticiarios televisivos se erigieron como jueces de los hechos. Al respecto Enrique Guinsberg, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, dijo a Forum: “Los medios son un instrumento central del sistema político y colaboran con los poderes fácticos o el gobierno y van creando una conciencia colectiva de culpabilidad.

“Los medios son jueces permanentes, actúan como jueces. Los medios no informan, toman una posición determinada siempre al servicio de las instituciones hegemónicas”, señala el profesor Guinsberg y agrega que “la criminalización de la protesta social es una forma ideológica de mantener el status quo dentro de lo posible aunque se violen otro tipo de normas”.

Ejemplos de esta última afirmación sobran, pero retomemos una muestra. Federico Anaya, reportero de TV Azteca, concluye su nota sobre la decisión de la SCJN acerca de la liberación de los integrantes del FPDT de la siguiente manera: “El caso Atenco es un caso de doble impunidad. Por un lado, los presuntos responsables de los disturbios y el plagio de los uniformados están libres. Y por otro, ningún policía que presuntamente vejó los derechos humanos fue castigado”.

Posturas más radicales fueron expuestas por otros periodistas, como el columnista Luis González de Alba publicó en Milenio Diario el pasado 5 de julio: “Detenidos y sentenciados los criminales, ahora están libres. La Suprema Corte alega errores en el proceso, fallas en la integración del expediente acusatorio. En fin: lo usual en nuestro Ministerio Público incapaz de hacer su trabajo. Pero añade un elemento grave: como se dieron esos delitos en el contexto de una ‘protesta social’ deben disculparse (...) Han sentado jurisprudencia: cualquier delito se perdona a un movimiento social porque la protesta no debe ser ‘criminalizada’, dice el ministro Silva Meza.”

El límite de los derechos

De acuerdo a la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, del 1 de enero al 30 de junio de este año se registraron mil 585 movilizaciones en la ciudad, lo que significa un promedio de 8.8 por día.

“De los eventos registrados hubo 629 concentraciones, 439 bloqueos, 255 marchas, 79 mítines, 31 deportivos, 27 plantones, siete de tipo religiosos, tres culturales y 115 con diversos motivos”, informa la dependencia capitalina y agrega que el 50% del total de las movilizaciones recaen en el ámbito federal.

Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, señaló que las pérdidas económicas por las marchas ascienden a 320 millones de pesos, cifra que se puede incrementar a 575 millones de pesos por las llamadas megamarchas.

Las innumerables molestias que las manifestaciones públicas suelen ocasionar entre los habitantes del Distrito Federal han llevado a plantear la necesidad de reglamentar las marchas y en 2008 el Partido Acción Nacional presentó una propuesta que incluye sanciones económicas y arresto inconmutable para quienes bloqueen vialidades primarias, sanciones para quienes atenten contra el patrimonio particular y/o cultural, y que las manifestaciones sean notificadas y programadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con antelación para que se informe de las alternativas a la vialidad.

Encontrar el equilibrio entre derechos y libertades es, sin duda, una tarea digna para las mentes más eminentes, aunque tal vez la cuestión tan sólo sea dar respuesta efectiva a los reclamos sociales.

Fuente: Forumenlinea 205. Noviembre de 2010. www.forumenlinea.com

https://www.alainet.org/de/node/145499