Colombia

Inexequible el acuerdo sobre utilización de bases militares

Pedro Santana Rodríguez

19/08/2010

Opinión

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Cuando se presentó un inusitado entusiasmo alrededor de la candidatura de Antanas Mockus por el Partido Verde, muchos adhirieron cuando el candidato esgrimió la consigna que “No todo vale” y que en el logro de objetivos válidos no todos los medios son lícitos. Mockus esgrimió la tesis de que en Colombia había que rechazar la cultura del atajo que él encontraba perfectamente aplicable a los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A Antanas le faltó contundencia en sus señalamientos cuando había decenas de casos en los que está práctica que muchos identificaron con la desinstitucionalización del país no fue puesta en escena en casos tan flagrantes como los falsos positivos o en este caso, el de la firma de un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos en el cual el gobierno colombiano permitía el uso de siete bases militares ubicadas en territorio colombiano por parte de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mockus para ser justos señaló el caso de los falsos positivos pero no muchos otros ejemplos como el que nos ocupa.

Recordemos que en su momento el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor William Brownfield había señalado que los Estados Unidos no habían solicitado tantas bases militares dando a entender que este había sido un ofrecimiento unilateral del Gobierno de Álvaro Uribe al Gobierno de los Estados Unidos. Recordemos el contexto preciso en que se hizo este ofrecimiento. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama había expresado en rueda de prensa –delante de Uribe- que dos períodos presidenciales eran suficientes. Esto indicaba de manera precisa que el Presidente de los Estados Unidos no compartía el intento de Uribe de modificar nuevamente la Constitución Política para aspirar a quedarse durante cuatro años más en la presidencia de la República de Colombia. Pero también hay que tener en cuenta que ya trascendía en el nivel internacional el informe sobre los falsos positivos, el drama de los 4.5 millones de desplazados, las denuncias sobre los nexos del Gobierno de Uribe con los parapolíticos y con los grupos paramilitares. Así pues que el ofrecimiento fue un intento deliberado y calculado de Uribe para ganarse el favor de los gringos en su causa reeleccionista.

La Revista Cambio destapo el acuerdo, que hasta entonces era secreto, entre el Gobierno colombiano y el Gobierno de los Estados Unidos. Uribe entonces tuvo que elevar una consulta al Consejo de Estado que le dijo claramente que el acuerdo que permitiría el uso de las siete bases militares no podía ser considerado como un adendo del tratado de 1952 suscrito entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos y que debería ser tramitado ante el Congreso de la República. Uribe haciendo uso de la lógica denunciada por Antanas Mockus de la cultura del atajo siguió adelante contra viento y marea. Los intereses no eran los superiores de la patria como solía expresarse el ex presidente sino sus propios intereses. Hacerse perdonar del gobierno de los Estados Unidos mostrándose como obsecuente y fiel representante de sus intereses.

El Gobierno siguió adelante y el acuerdo fue suscrito el 30 de octubre de 2009 desatando una verdadera hecatombe en la región suramericana. Se profundizaron las contradicciones con Venezuela, con Ecuador y Brasil tan tranquilo hasta ese momento hizo saber que no estaba de acuerdo. Uribe viajo sin éxito para explicar un tratado a todas luces lesivo para los vecinos que mantienen discrepancias fuertes con los Estados Unidos. Los resultados están a la vista: disminución del comercio con Venezuela, desconfianza de todos los países de la región quizás ahora con la excepción de Perú y Chile.

Ante este panorama se presentaron demandas en contra del decreto que ponía en vigencia el acuerdo. El Consejo de Estado ante las demandas que fueron presentadas contra el decreto se abstuvo de considerarlas y señaló que la competente para examinarlo era la Corte Constitucional allanando el camino para una larga disputa o para una confrontación entre ambos tribunales. El asunto no era de poca monta pues los leguleyos asesores de Uribe practicando la cultura del atajo le habían recomendado suscribir el acuerdo mediante decreto y entonces formalmente quien debería resolver el asunto era el Consejo de Estado pues la Corte no se ocupa sino excepcionalmente de demandas contra decretos. Al señalar que la competente ara la Corte Constitucional este primer obstáculo se subsano.

El pasado martes 17 de agosto, el Tribunal Constitucional se pronunció declarando inexequible el acuerdo al señalar que a la luz de la Constitución quien suscribe los tratados internacionales es el Congreso de la República. El acuerdo suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos, el 30 de octubre de 2009, trasciende o sobrepasa los alcances de un adendo, se trata en realidad de un nuevo tratado y por tal razón debe ser tramitado ante el Congreso de la República. Por ello decide “REMITIR al Presidente de la República el denominado “Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009 para que le imparta el trámite constitucionalmente previsto para los tratados internacionales.

Resuelve que el Acuerdo “No puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política” En realidad dice la Corte el acuerdo era un Tratado Internacional así tuviera el ropaje de un añadido o adendo al tratado de 1952. Ahí está el atajo, la trampa que utilizó el gobierno de Uribe no solo en este caso sino en decenas de casos en que por la vía de decretos supuestamente reglamentarios, el Gobierno reemplazaba al Congreso de la República. Atajo y desinstitucionalización ampliamente empleados por el anterior Gobierno en muchas materias.

En consecuencia la Corte Constitucional decidió remitir el Acuerdo al Presidente de la República para que le imparta el trámite constitucional propio de los Tratados Internacionales, es decir, que si Santos quiere un tratado de esta naturaleza tiene que llevarlo al Congreso en donde debe tramitarse como ley y luego debe ir a la Corte para un control previo de constitucionalidad.

Una oportunidad para recomponer las relaciones con el vecindario

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene ahora una oportunidad única para restablecer relaciones amistosas con los países vecinos. Aquí es donde se mostrará de verdad la independencia que dice el presidente recién posesionado de doblar la página y de avanzar por el camino del diálogo y el entendimiento con nuestros vecinos. Si Santos quiere un restablecimiento de las relaciones con los países vecinos debe abandonar el entreguismo de Uribe a la política de los norteamericanos. Primero deberá restablecer las relaciones y consultar con sus vecinos sobre la presencia de terceros países en la región. En segundo lugar debería entender que es un avance muy significativo que en la región prevalezca el diálogo a la carrera armamentista y en tercer lugar que un compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la subversión no puede hacerse en contra de los intereses de los países vecinos. La Región debería permanecer al margen del armamentismo nuclear y es desde allí que debe negociarse con los países vecinos sobre la presencia de terceros como Rusia o Irán para mencionar dos casos concretos.

Por lo pronto hay que decir que la Corte Constitucional con su decisión le da instrumentos al Gobierno de Santos para restablecer las relaciones internacionales del país sobre la base de la cooperación y el diálogo. De tal manera que a mi juicio es una decisión oportuna y digna la de la Corte Constitucional.

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Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 220

Corporación Viva la Ciudadanía.

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