Los días 20, 21 y 22 de agosto de la semana entrante se reúne en la ciudad de Bogotá la Cumbre Social y Política. Sobran los motivos para promover una reunión de trabajo que busque la construcción de una Agenda para Colombia que se encuentra en una situación realmente alarmante. Desgarrada, polarizada, inequitativa, desinformada, con uno de los mayores niveles de desigualdad en el mundo, con una crisis humanitaria solo comparable a la de Sudan. En fin esta realidad que golpea diariamente y que conduce a las mayorías a la desesperanza y al inmovilismo.

Al momento de escribir estas líneas podemos reseñar la riqueza del proceso que ha permitido la deliberación de miles de colombianos y colombianas en las 14 cumbres departamentales realizadas hasta hoy. Se espera llegar a las 22 cumbres con las que ya se encuentran programadas para los próximos días. También se han reunido 10 mesas temáticas y se espera que se reúnan cuatro más para completar las 14 mesas temáticas previstas antes del evento nacional. Se han presentado por escrito más de 20 ponencias sobre los siete grandes temas que fueron acordados para ser abordados en la Cumbre. Son estudios serios y sobre todo propositivos frente a los principales problemas que aquejan al país. La crisis económica y sus consecuencias sobre la economía nacional, la agenda social y el empleo, el desequilibrio de los poderes y el peligro de que se imponga en Colombia la tesis de la democracia plebiscitaria, el crimen y la política, la problemática ambiental y agraria, las salidas frente al conflicto armado y el tratamiento digno y adecuado a las víctimas, la problemática de lo público y la necesidad de protección de las empresas públicas eficientes y la política internacional que atraviesa por uno de sus peores momentos al tiempo que se avalúa seriamente el conjunto de los tratados internacionales discutidos y acordados a puerta cerrada con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Son temas efectivamente importantes que deberían ser parte de la agenda social y política del país. Pero no lo son y este es precisamente el origen de la convocatoria a la realización de una Cumbre Social y Política. Debatir, deliberar, examinar propuestas y disponernos a realizar una amplia deliberación pública y una masiva movilización ciudadana para que ellos sean parte de la agenda nacional. Requerimos rescatar la política para que ella se ocupe de estos problemas.

Un segundo elemento que debemos rescatar de este proceso ha sido el de la confluencia de esfuerzos de los movimientos sociales y las corrientes políticas democráticas en el país. Frecuentemente el maestro Gerardo Molina señalaba que en la Colombia profunda existían reservas democráticas que ante la amenaza de la catástrofe solían manifestarse. Estas reservas vienen siendo convocadas por la Cumbre Social y Política. Requerimos de su concurso. Hasta el momento han adherido a la Cumbre y se han vinculado a su promoción y organización las tres centrales sindicales, las 11 organizaciones campesinas agrupadas en la Mesa de Unidad Agraria, la Confederación Nacional Comunal, la Minga Social y Comunitaria que tuvo su origen en la formidable minga indígena, la Mesa Nacional de Víctimas que reúne a decenas de organizaciones de víctimas de todo el país y las plataformas existentes en el país como la Confluencia por la Democracia, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Movimientos de Paz como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Redepaz, Indepaz, numerosas organizaciones regionales y ONG de Derechos Humanos. Redes de Mujeres y jóvenes y las principales organizaciones indígenas también forman parte de la Convocatoria así como diversas organizaciones religiosas. Pero, y esto es muy importante, se han sumado a su promoción y organización hasta el momento 18 Universidades del país que consideran que su aporte no sólo debe ser el de la formación profesional de los colombianos y colombianas sino que se requiere de un esfuerzo común en la defensa y la profundización de la democracia. La segunda cuestión ha destacar es entonces la amplitud de la convocatoria, el espíritu pluralista y la valoración de la diversidad como parte de los valores democráticos que hay que cultivar y estimular.

Un acuerdo inicial entre los promotores es justamente el que la Cumbre debe buscar acuerdos alrededor de contenidos temáticos de la agenda propuesta sin pretender acallar las propuestas divergentes o los desacuerdos. Por el contrario hemos acordado que las mesas y las conclusiones deben reflejar los acuerdos mayoritarios dando cuenta también de las posiciones minoritarias y en aquellos asuntos en que no nos podamos poner de acuerdo simplemente dejaremos escenarios que nos permitan ahondar en las discusiones, los estudios y los abordaremos más adelante.

La Cumbre busca construir una Agenda de País que responda a las principales necesidades y problemas de Colombia en la perspectiva de ofrecer propuestas concretas para su superación. Queremos ofrecer al conjunto de la sociedad política desde los movimientos sociales y desde la academia propuestas viables frente a los problemas más acuciantes de las mayorías de las cuáles hasta ahora no se ha ocupado la política y los partidos y movimientos políticos. La realidad así lo demuestra. En Colombia más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza. Más de 7.6 millones de colombianos y colombianas ganan menos de un salario mínimo. Hay más de 4.5 millones de desplazados (3.2 millones según el Gobierno), que no tienen atención adecuada. Estos millones de desplazados han perdido más de 5.5 millones de hectáreas de tierras en los últimos 11 años. Más del 90% viven por debajo de la línea de pobreza. La política de los sucesivos gobiernos y también las políticas del gobierno actual han sido inadecuadas y los han mantenido en la miseria. El modelo económico no tiene alternativas para los 11 millones de campesinos que viven sin crédito, ni asistencia técnica ni redes de mercadeo para sus productos. Entre tanto los sectores más pudientes de la sociedad liquidan millonarias ganancias que no contribuyen a la superación de la indigencia ni de la pobreza. Se requiere que la política y el Estado se ocupen de la redistribución de la riqueza. Esta es una tarea que deben asumir los partidos y movimientos políticos que aspiran a gobernar el país. Hay que garantizar la devolución de las tierras a los cientos de miles de familias despojadas. Es una cuestión de justicia y de dignidad de la política pública frente a las víctimas.

No se puede seguir precarizado el trabajo y las relaciones laborales. Se requieren políticas adecuadas de remuneración y de trato igual para el trabajo de las mujeres. No se puede seguir deteriorando el medio ambiente con el único propósito de satisfacer la voracidad de las compañías multinacionales como aquellas ligadas a la explotación de los recursos naturales. La política internacional del país tiene que regresar a la dignidad y al buen trato con los vecinos. Debemos reclamar por una real integración de América Latina.

Hay que recuperar la política de las garras del narcotráfico y del crimen. Es una vergüenza para la decencia y la dignidad del país que 86 parlamentarios estén siendo investigados por sus relaciones con los paramilitares que llenaron de dolor y muerte a decenas de miles de hogares del país. Hay que promover una verdadera reforma política que castigue a los partidos que son mamparas de los criminales desde los organismos del Estado. Hay que evitar a toda costa el financiamiento de las campañas políticas con dineros provenientes del narcotráfico.

Frente al conflicto no podemos quedar presos del ánimo de venganza y de la vindicta que pretende el actual gobierno ni de los desmanes de una guerrilla insensible a los problemas de desplazamiento, de crímenes de lesa humanidad que a menudo provocan con sus acciones como el secuestro, las minas antipersonales o el ataque y la destrucción de bienes públicos. Hay que construir un escenario de salida negociada al conflicto sobre bases de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas.

Finalmente hay que defender el Estado Social y Democrático de Derecho en peligro por el ánimo reeleccionista del actual mandatario. Como señalaron Montesquieu y Madison, fundadores de la democracia de los modernos, una columna vertebral del Estado de derecho la constituye la división de poderes debilitada y en serio riesgo por la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin un sistema de pesos y contrapesos la democracia no existe. Hoy solo el poder judicial representado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, ejercen este principio fundamental de una democracia. La inmensa mayoría de los organismos del Estado como los organismos de control (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República) y el órgano legislativo han sido convertidos en apéndices del presidencialismo autoritario que nos gobierna. Es obvio que lo que esta en juego es la democracia, es el Estado Social, en su defensa debemos concurrir. Debemos construir redes de comunicación democráticas, redes sociales, movilizaciones civilistas sin presencia de los violentos. Este es el reto. Usted amable lector también puede sumarse a la Cumbre Social y Política, es la defensa de la democracia la que lo llama.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 171, Corporacion Viva la Ciudadania. HUwww.viva.org.coU