Para legitimar el golpe de Estado en Honduras del pasado 28 de junio se acudió a distintos argumentos: una carta de renuncia desmentida por el propio Presidente Manuel Zelaya, la inconstitucionalidad de la consulta propuesta por él, una orden de la Corte Suprema para que actúen los militares, la existencia de “delitos” y de “violaciones a la Constitución”, etc. Además, se movilizaron los partidarios golpistas en las calles de Tegucigalpa para sembrar la idea de que existía apoyo al nuevo gobierno, mientras los movimientos sociales, campesinos y sindicales se pronunciaron por el regreso de Zelaya.

Pero como el gobierno de facto de Roberto Micheletti careció de legitimidad y de apoyo popular, tuvo que acudirse a las más diversas medidas: militarización del país y toque de queda, secuestro temporal de los embajadores de Cuba, Nicaragua, Venezuela y la canciller hondureña, prisión de miembros del gobierno legítimo, prohibición de transmisiones de las cadenas internacionales, corte de la electricidad, la telefonía y el Internet, censura a toda la prensa, detención de periodistas, suspensión de las garantías individuales y represión, con muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

El golpe de Estado en Honduras provocó la reacción internacional. Las condenas se sucedieron: ONU, OEA, Unión Europea, UNASUR, MERCOSUR, ALBA, SICA, Grupo de Río, los Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina y El Caribe, los Presidentes de los países latinoamericanos y aún el Presidente de los Estados Unidos, aunque en forma tibia.

Contrastando con esas reacciones, en Ecuador algunos periodistas, políticos y hasta académicos se inclinan por la “justificación” del golpe hondureño. Llegan a decir que “del mismo modo” se derrocó en Ecuador a Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. Un comentarista habló de la “vocación golpista” del país. Es decir, la simpleza argumental y política se imponen por sobre la exigencia de un mínimo análisis sobre los distintos contenidos sociales de los procesos y hasta el conocimiento de la historia de Honduras.

En ese país, el dominio oligárquico perdura y la hegemonía bipartidista del Liberalismo y del Partido Nacional ha respondido históricamente a ello. Los militares han actuado largamente en la historia hondureña como fuerza política a su servicio. La economía “neoliberal” afirmó la exclusión social. La democracia electoral desde 1980 acompañó a esa economía. De manera que el golpe de Estado contra Zelaya fue de la mano de las funciones Legislativa y Judicial dominadas por la derecha política oligárquica. Un golpe “palaciego” al margen de los intereses de la población nacional, pero ejecutado para impedir su expresión como poder constituyente y soberano, que Zelaya intentó convocar. Y es aquí donde debe hacerse la comparación. Porque en Ecuador fue la soberanía popular la que sacó gobiernos corruptos y los nuevos cambios del país desde 2007 apelaron al poder constituyente del pueblo, creando la capacidad para golpear antiguos poderes oligárquicos y políticos ecuatorianos, que si tuvieran la oportunidad reaccionarían del mismo modo que en Honduras.

Publicado en El Telégrafo, el 6 de julio de 2009, Ecuador

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com