El 10 de mayo marco el inicio de un nuevo periodo en la lucha política guatemalteca.  El asesinato del abogado corporativo, Rodrigo Rosemberg, y la difusión de un video grabado previamente con el apoyo de personajes de tradición golpista en Guatemala, donde acusa de su asesinato a empresarios del círculo político gubernamental y a funcionarios públicos de alto nivel, incluidos el Presidente de la República, Álvaro Colom, y su esposa, Sandra Torres, constituyeron el detonante de una confrontación entre la extrema derecha y la derecha moderada en el país.

Desde hace varios meses ha sido evidente que fuerzas de extrema derecha habían iniciado una estrategia de desgaste y petición de renuncia al Presidente Álvaro Colom, aduciendo incapacidad y corrupción en el gobierno.  Más allá de tales justificaciones, creíbles a la luz de múltiples denuncias y señalamientos escasamente desmentidos o rebatidos con pruebas, lo cierto es que el gobierno de Colom representa los intereses principalmente de una burguesía en ascenso, que como sucedió con el gobierno del FRG (2000-2004), le está disputando fracciones de poder económico y político a la oligarquía local.  Representa, asimismo, con su autodefinición de socialdemócrata (por demás incoherente con sus políticas reproductoras del modelo rapaz de acumulación de capital, represoras de la resistencia social y sumisa a los intereses imperialistas de Estados Unidos), sus tibias intenciones de reforma fiscal, sus coqueteos con la izquierda latinoamericana  y la implicaciones del triunfo del FMLN en el Salvador, un potencial peligro para una oligarquía que se niega a aceptar cualquier viraje que represente una desviación del statu quo mayor a los 10º. 

En ese sentido, los estrategas de la oligarquía, que trascienden las caras visibles, lograron desarrollar una fase de su plan y articular en torno a este a un conjunto de fuerzas como el CACIF (la principal articulación económica-política de la burguesía local) y otros grupos corporativos, partidos políticos como el Patriota y VIVA, medios de difusión masiva representados principalmente por el periódico Prensa Libre, universidades privadas como la ultra neoliberal Francisco Marroquín y otras expresiones de extrema derecha como el Grupo Pro Reforma que pretende una reforma de corte monárquico-feudal de la Constitución Política, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA-, iglesias neo pentecostales, entre otras, creando nuevas organizaciones de fachada e incorporando a jóvenes light y empleados que fueron obligados a marchar.  En su conjunto, aunque abanderadas de cara a las siguientes elecciones por el Partido Patriota, aprovecharon el hecho del asesinato y denuncia del abogado Rosemberg –personaje proveniente de estas huestes- para impulsar una movilización con signos golpistas, al estilo de las revoluciones de colores promovidas por el imperio estadounidense en Europa Oriental y replicadas por las oposiciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Por su parte, el gobierno de Colom ha realizado una defensa burda y nerviosa, encuentra en la movilización y el acarreo, en la gestión de la intervención internacional –por demás violadora de la soberanía nacional- principalmente del imperio estadounidense que empezó a mover sus piezas desde su diplomacia interna y desde la OEA, y en la negociación con la oligarquía, la forma de detener por el momento el aluvión que se le vino encima.  Logra un apoyo endeble a su sostenimiento y, según se ha sabido, ha tenido que ceder en sus ya tibias medidas frente a la crisis económica que afecta a las mayorías del pueblo guatemalteco y que ha tenido un efecto deficitario en las arcas nacionales. 

Más allá de la especulación sobre la pretensión golpista de la oligarquía –que no debemos descartar en cualquiera de sus concreciones-, lo que parece es que lograron varios de sus objetivos: 1) hacer que Colom ceda en su intento de reforma fiscal; 2) desgastar la figura de Alvar Colom y de Sandra Tórres como principal opción para el relevo gubernamental de la fracción aglutinada en la UNE; 3) asestar un golpe a quienes se han atrevido disputarle poder (mercado) en el negocio bancario y en la Junta Monetaria, logrando un impacto mediático y económico sobre BANRURAL, haciendo renunciar de ANACAFÉ a importantes inversionistas provenientes del movimiento cooperativo, y desgatando a sus principales exponentes, entre ellos al banquero José Ángel López Camposeco; 4) posicionar al Vicepresidente, Rafael Espada, como posible relevo en caso se concrete el golpe de estado técnico, personaje que hipotéticamente sería proclive a sus designios. Otros objetivos y logros seguramente se dilucidarán en el corto y mediano plazo.

El gobierno, por su parte, sale evidentemente debilitado de este forcejeo y proclive a padecer nuevas embestidas de una derecha fascista que logró articular y movilizar en torno a su estrategia política a sectores urbanos, principalmente de la burguesía y capas medias acomodadas.  De su interior, no se visualiza un plan que le permita lograr un verdadero sostenimiento popular –lo que implicaría una clara orientación hacia medidas radicales en materia de modelo económico y beneficios sociales.

En esta coyuntura, la izquierda fue incapaz de articular una posición política unitaria y diferenciada.  Salvo algunas expresiones como el Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, que plantearon una posición de condena a las intenciones golpistas de la extrema derecha y de distanciamiento de ambas fuerzas en conflicto por considerarlas expresión de elites desvinculadas de un programa político de corte popular, en general, la izquierda  emitió pronunciamientos tibios, ambiguos y, en algunos casos, dudosos al saberse de sus vínculos estrechos con el gobierno actual.

Es de esperar, entonces, que mientras la izquierda no logre concebir un programa político y una forma de articulación coherente con dicho programa –que por cierto no todos estamos de acuerdo con circunscribirlo al ámbito y a la estrategia electoral como lo han mantenido algunas fuerzas político electorales en esta coyuntura- veremos una probable agudización del conflicto entre elites, sin que logremos siquiera visualizarnos como alternativa en el desarrollo de la correlación de fuerzas, que en estas condiciones se dilucidará entre la derecha moderada y la extrema derecha.