Los conflictos de intereses entre las políticas neoliberales y los pensionistas del sistema nacional de Seguridad Social han sido recurrentes en el Ecuador.

El trasfondo reciente

La liberalización de la economía nacional al tenor del Consenso de Washington, impulsada por la administración de Sixto Durán Ballén (1992-1996), terminó por instituir un modelo de acumulación parasitario que –como se recordará- “explotó” en tiempos de Jamil Mahuad, colocando al filo de la insolvencia al Estado y a las entidades paraestatales y arruinando a cientos de miles de agentes económicos.  Las causas del “crack” financiero ecuatoriano iniciado en 1998 con la caída de La Previsora –capitalismo “tardío” y subalterno, macrosubsidios a poderosos grupos político-empresariales (únicamente el salvataje del sector financiero significó un sacrificio fiscal inmediato del orden de los 5 mil millones de dólares), sujeción de la “economía real” a la bancocracia, éxodo de capitales, congelamiento de depósitos, inflación, dolarización-, así como la profundización de los ajustes y reformas liberales por el gobierno de Gustavo Noboa, terminaron por pulverizar las remuneraciones de los trabajadores y las pensiones jubilares.

De su lado, desarreglos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) obraron en esa misma dirección.  Se alude a su “politización”, a las ineficiencias de sus administraciones, a la quiebra de miles de empresas con la correlativa disminución de afiliados, a las moras patronales, a un aberrante sindicalismo… Y, sobre todo, a la conversión del Instituto en una suerte de gigantesca caja chica del Estado para que este -préstamos forzosos mediante- cumpla con sus implacables acreedores externos y domésticos.  Se estima que hacia el 2004 –gobierno del coronel (r) Lucio Gutiérrez- la deuda oficial al IESS superaba los 2.500 millones de dólares, cifra que, por sí misma, explicaba su iliquidez y la erosión de sus prestaciones, entre ellas, el pago de las pensiones a un cuarto de millón de jubilados.  El “destape” a esa fecha de un nuevo conflicto entre el Instituto y los pensionistas permitió conocer de humillantes rentas de 3 y 4 dólares mensuales.

De su lado, la hipoteca del presupuesto del Estado del referido año al servicio de la deuda externa-interna y a la campaña militar contra el “narcoterrorismo” en la frontera Norte impuesta por el eje Washington-Bogotá vino a agudizar el cuadro clínico arriba descrito y colocó al país al borde de la bancarrota, pese a un cierto “boom” de los precios del petróleo derivado de la invasión de Estados Unidos a Afganistán e Iraq.

El malestar con la gestión de Gutiérrez generó, a comienzos del 2004, nuevas acciones contestatarias de la CONAIE y el Frente Popular.  Precariamente estabilizado bajo las candilejas del torneo Miss Universo, evento cumplido en Quito, el régimen del líder del Partido “Sociedad Patriótica” volvió a la picota, en julio de ese año, debido a la escalada de las protestas de los jubilados del IESS en demanda de restitución del valor de sus pensiones.  Concretamente porque Carondelet venía incumpliendo, en la parte correspondiente, un compromiso asumido con las organizaciones de jubilados para elevar la pensión básica a un mínimo equivalente al costo de la canasta básica, es decir, a 135 dólares.  El sibilino y neoliberal argumento oficial no era otro que los “desechables” no comportan un grupo de presión digno de tomarse en cuenta.  Cuando no la sangrienta ironía de que “los jubilados constituyen un sector social privilegiado”, enunciada por el ministro de Economía de la época, Mauricio Yépez.

¡Morir de pie!

La paciencia de los pensionistas se desbordó cuando el consejo superior del IESS –presidido por el delegado del Ejecutivo, Fausto Solórzano- decidió, a comienzos de julio, un reajuste de las rentas jubilares muy por debajo del mínimo convenido.

Fue cuando cientos de hombres y mujeres de la “tercera edad”, con paso lento y voces estentóreas, procedieron a la toma de locales del IESS en Quito y Guayaquil, ulteriormente lo harían en otras ciudades, para luego protagonizar enardecidas y cotidianas marchas contestatarias progresivamente respaldadas por estamentos del pueblo llano: sindicatos, activistas de los derechos humanos, maestros, artesanos, indígenas, afroecuatorianos, líderes religiosos, estudiantes, niños de la calle...

Una resolución del Congreso aprobando la pensión básica en los 135 dólares, votada incluso por la bancada oficialista, atemperó momentáneamente la agitación social… hasta que se descubrió que la generosidad de los legisladores no tenía financiamiento.

Abocado a subsanar el vacío, Gutiérrez remitió al Parlamento un proyecto de Ley con soporte en la elevación del IVA del 12 al 13 por ciento, fórmula del repertorio del FMI que ni siquiera llegó a debatirse debido a múltiples impugnaciones, con lo cual el conflicto volvió a fojas cero.

La réplica de los pensionistas fue declarar una huelga de hambre indefinida.

A partir del 15 de julio, decenas de provectos –especialmente mujeres- se instalaron en la matriz del IESS y en el edificio Zarzuela, en Quito, y en la Regional II de la Caja del Seguro, en Guayaquil, en las condiciones más precarias que se pueda imaginar, dispuestos a jugar una partida de ajedrez con la muerte.

Ni los rigores de la intemperie, ni las crisis de sus enfermedades crónicas, ni la deshidratación, ni el estrés, ni el aislamiento familiar, ni las maniobras y presiones psicológicas gubernamentales doblegaron a esos viejos bravíos.  Fue cuando el Ecuador entero se convirtió en testigo asombrado del renacimiento de la política en su más noble sentido, o sea, como apuesta por las mejores causas.  El acontecimiento emergió exornado con las más altas formas éticas y estéticas: la significación del valor, el amor a la Patria y a sus instituciones, la solidaridad, la purificación del oportunismo, los hondos mensajes a la juventud, las emotivas despedidas, los recuerdos compartidos, la música, las canciones, el baile, la gimnasia… Una fiesta de la dignidad humana.

La huelga, sin embargo, nunca dejó de tener un fondo trágico.  Las horas secretaban desahuciados y los días se poblaban de muertos.

Al décimo día de la huelga, el insurgente número 12 se sumó al desfile de cadáveres.  En esa misma fecha, a la noche, tuvo lugar la solidaria manifestación de las antorchas, enfilada contra el Palacio de Gobierno, con pancartas portadoras de una amplia gama de exaltaciones, inculpaciones, deprecaciones.  “Gracias jubilados por devolvernos la vergüenza”, “Gracias por sembrar el futuro”, “Todos seremos jubilados”, “Justicia sí, caridad no”, “Imperialismo vuelve a casa”, “FMI: fundamentalismo monetario internacional”, “TLC: Tratado de Libre Colonización”, “Guerra a los banqueros”, “No a la guerra de Bush y Uribe”, “Nacionalicemos las Fuerzas Armadas”, “Gutiérrez, los que vamos a morir te saludamos”, “Lucio: ¿cuántos muertos resiste tu conciencia?”, “Fuera el majadero”.

Un anónimo marchista explicó la metafísica de la revuelta.  “Los jubilados –dijo- no tenemos nada que perder porque estamos muertos”.

Grandezas… y miserias

Archivado el proyecto de la elevación del IVA, el mandatario –un peón del FMI- insistió en su propósito de “socializar” el reajuste de las pensiones a través del expediente tributario, para lo cual remitió al Congreso, presidido por Guillermo Landázuri (ID), un proyecto de Ley que disponía un incremento del ICE (Impuesto a los consumos especiales: cigarrillos, licores y cerveza).  Propuesta que fuera aceptada parcialmente por el Legislativo, pero infringiendo una vez más preceptos constitucionales, lo cual determinó un veto “a medias” del Ejecutivo… y la continuación de la tragicomedia de traiciones y equivocaciones.

Detrás del obsceno florón en que se habían enfrascado las dos funciones del Estado se ocultaba, sobre todo, su interés común por dejar incólume al FEIREP, un fondo extrapresupuestario alimentado con excedentes petroleros y destinado, en su fracción sustantiva, a la recompra anticipada de bonos de la deuda, una de las tantas gangas obtenidas por los Shylocks extranjeros y criollos, y que había terminado por elevar la cotización de los papeles ecuatorianos (títulos adquiridos en el mercado secundario al 30 por ciento de su valor nominal, se habían elevado hasta niveles superiores al 100 por ciento).

Atrampados en los oscuros meandros del establecimiento político, los “viejos verracos” anunciaron un suicidio colectivo.  La sociedad se hundió en el suspenso y la vergüenza.

Recién a fines de julio, y bajo presión de una demanda al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos promovida por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y respaldada por activistas de 16 países asistentes al I Foro Social de las Américas que se cumplía en la capital ecuatoriana, Gutiérrez se decidirá a allanar el camino para una resolución del conflicto.

Satisfechos con su pequeña-inmensa conquista, que acaso les permitiría morigerar en algún grado su rampante miseria material, los aguerridos pensionistas, envueltos en lágrimas y risas, depusieron la huelga de hambre, devolvieron los locales y celebraron la victoria con austeras misas de acción de gracias.

La espiral de la historia

En alguno de sus múltiples y proteicos ensayos, Agustín Cueva dejó escrito que la historia del Ecuador parece avanzar “por el lado malo”.  El hecho es que, cumplidos dos años de la administración de Rafael Correa, esta se asemeja cada vez más a la del derechista Gutiérrez Borbúa, incluso en lo concerniente al tratamiento a los sensibles pensionistas de la Seguridad Social.

Ni qué recordar que, conforme a una ley no escrita de la política, similares causas suelen provocar similares consecuencias.

Feb.26/2009

- René Báez.  Miembro de la de International Writers Asociation y Foro Mundial de Alternativas