Hace mucho tiempo insisto, en que el problema principal de los sistemas judiciales en Bolivia y por extensión en América Latina, no es lo que las agencias de cooperación nos hacen creer, menos lo que los propios autodiagnósticos judiciales señalan.

En el primer caso, las agencias de cooperación solo ven un problema de educación judicial de los operadores, corrupción institucional, personal de apoyo excesivo, tecnología inadecuada, etc, que incidirían directamente en la falta de acceso a la justicia.
En el segundo caso, los autodiagnósticos nos llevan a señalar que el problema mayor es el presupuestario y -en escala descendente-, la formación judicial, los sistemas de selección de jueces, etc, etc y por tanto problemas en el acceso a la justicia.

Sin duda, estas dos miradas han sido las que marcaron la agenda de modernización de los sistemas de administración de justicia en América Latina hace ya casi cincuenta años, pero principalmente en la era neoliberal.

Se pierde de vista un dato que viene de la profundidad histórica: los orígenes de los sistemas judiciales en América Latina.

Y es que los sistemas judiciales contemporáneos, están pagando caro una herencia colonial [estructuras subjetivas colonizadas, colonizadoras y colonizantes] y una génesis pensante atrapada en el tutelaje anglo – eurocéntrico [saberes norteamericanos y saberes europeos con acompañamiento de estructuras institucionales de matriz colonial].

Estos dos hechos, no son vistos por los estudios contemporáneos sobre la administración de justicia en América Latina, ello ha hecho que, la propuesta de elegir por voto a las estructuras jerárquicas del Órgano Judicial en Bolivia [Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agro Ambiental y Consejo de la Magistratura] no haya recibido suficiente atención por parte de la comunidad académica y hacedores de políticas publicas regionales.

Un silencio preocupante recorre América Latina, ese silencio es la representación concreta de la colonialidad persistente en la intelectualidad latinoamericana, que aún vive atrapada en las ramas del neoliberalismo o -en su caso-, del tutelaje anglo – eurocéntrico.

Así pues, los sistemas de administración de justicia en América Latina, ofrecen un excelente campo de lucha para comprender el funcionamiento de la colonialidad institucional y por supuesto la solución de sus problemas más recurrentes.

Problemas que hacen sufrir a los ciudadanos y ciudadanas de una patria grande que no acaba de comprender que Simón Bolívar cometió el error de cambiar los letreros de los portones coloniales, dejando el orden de las instituciones con toda su matriz colonial.

Todas las revoluciones posteriores, pero particularmente aquellas de base nacional popular en América Latina, o fueron traicionadas o fueron derrotadas, porque los “revolucionarios” mantuvieron las formas institucionales de matriz colonial intactas, trataron de reformarlo moral o económicamente, y he ahí sus resultados, solo fracasos.

La ola neoliberal no hizo mas que reforzar estructuras coloniales con barniz de modernización y los resultados, después de gastar mas de mil millones de dólares en la región, son evidentes en la distancia: corrupción generalizada.

Bolivia esta enfrentando el reto, sin recetas de por medio, sabiendo que un Nuevo Estado es la base de un Nuevo Derecho y una Nueva Institucionalidad.

Bolivia esta enfrentando el reto de Descolonizar el Estado desde el Estado; Descolonizar el Derecho y Nacionalizar la Justicia.

Ó América Latina, enfrenta el reto con matriz de critica anticolonial, o persistimos en el pecado original de nuestros sistema judiciales.

Ó se mantiene a los Judiciales en calidad de rehenes de los otros poderes o enfrentamos sinceramente el reto de su verdadera independencia política.

Ahí esta la cuestión inicial de una larga lucha por la emancipación de la Patria Grande.