La masiva movilización congregará unos 30 mil indígenas que, desde la semana pasada, han sido víctimas de asesinatos y abusos por parte de la Fuerza Pública. La marcha busca atención frente a los acuerdos burlados por el gobierno y detener el asesinato de los líderes indígenas. La protesta, que se ha extendido a 16 de los 32 departamentos, ha sido criminalizada por el gobierno. Marlitt Pusecc, Consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, habló con YVKE, y alertó sobre el riesgo de un genocidio.

En Colombia, como en el resto de América Latina, los indígenas no sólo han sido excluidos, expropiados y vejados. Ellos, sobre todo, han hecho parte del olvido. Un olvido conveniente y estratégico. Una desmemoria absoluta y malintencionada, que permite que los indígenas no existan para el resto de la sociedad.

Aunque estaban acá primero, no lo recordamos. Aunque a lo largo de 516 años casi los extinguimos, la historia ayer y los medios hoy lo explican y validan como algo natural, una forzosa medida frente a los salvajes. Aunque los convertimos a una fe infame con un cielo sin puertas, no nos percatamos del infierno en el que los dejamos. A pesar de que acá y ahora son y siguen estando, desterrados en sus resguardos, no los vemos, no los oímos, no nos importan.

En otras partes de la región, muchos pueblos originarios han venido elevando su voz y haciéndose sentir. En Bolivia, un indígena rige los destinos del país, claro está, en medio de la oposición más férrea. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es un ejemplo de resistencia, y con sus movilizaciones masivas ha puesto y depuesto presidentes.

En un país en el que las voces disidentes, distintas o minoritarias son negadas a sangre y fuego, los desgraciados indígenas colombianos han sido víctimas del asesinato selectivo de sus líderes, de las masacres y de la violencia de los actores armados de un conflicto consuetudinario, que campea por sus territorios.

“No más”

Después de mucho silencio y de aguantar tanta miseria, los indígenas en Colombia están diciendo “no más”. No más incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos logrados, no más violación de sus territorios por parte de las multinacionales y del propio gobierno, no más asesinatos, atropellos ni sindicaciones. Basta de Plan Colombia, Plan Patriota, o más planes apátridas.

“Son muchas cosas, muchos incumplimientos y problemas, los que han llevado al movimiento indígena a decir “no más” y a levantarnos nuevamente”, afirma Marlitt Pusecc, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRI), en entrevista concedida a YVKE.

“Y por querer defender nuestros derechos, hemos sido atropellados por la fuerza pública y por el propio presidente, cuando en un consejo comunitario manifiesta que los indígenas somos terroristas. A partir de esa sindicación, han sido asesinados muchos líderes”.

Pronturario de asesinatos

Más de 1200 indígenas han sido asesinados durante los 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya relación exacta, con nombres y fechas, esperan poder leerle al presidente el próximo lunes, o cuando se digne recibirlos, si lo hace.

17 de esos crímenes fueron cometidos durante el último mes. Hace apenas 20 días, fue asesinado un exconsejero del CRI. Según indagaciones hechas por los propios indígenas, ocho de esos crímenes han sido cometidos por la fuerza pública, cuatro por los paramilitares, uno por la guerrilla, los otros por autores desconocidos. Las llamadas fuerzas oscuras, que son tan claras.

Sólo durante este mismo gobierno, se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción.

La Minga Indígena Nacional

La Minga Indígena Nacional no pretende otra cosa que avanzar hacia el país posible y necesario. Se trata de un mecanismo, “para establecer un camino sólido, desde los pueblos, para construir y desarrollar una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto”.

La Minga es un grito desesperado para la defensa de la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las comunidades indígenas.

Unos diez mil indígenas y campesinos, partieron desde el sitio La María, en el municipio Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, hacia Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, capital del vecino departamento del Valle del Cauca. En el camino han seguido sumándose miles de indígenas, en una audiencia que crece más y más, y que espera reunir finalmente más de treinta mil indígenas.

“La marcha que estamos realizando la hacemos también para dar a conocer el atropello de que somos víctimas por defender nuestros derechos. ”, señaló Marlitt Pusecc a YVKE. “Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el trato que nos están dando, como terroristas, y denunciar que va a haber un genocidio acá en Colombia contra nosotros los indígenas”.

Los días 14, 15 y 18 de este mes, la fuerza pública arremetió de una manera desmedida y brutal contra los indígenas congregados en La María. Como parte de la movilización, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que conduce de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, a Cali. Lo que era una marcha pacífica, se volvió una batalla campal, cuando la policía intentó desalojar la vía por la fuerza.

“En el momento contamos con 120 heridos, la mayoría con arma de fuego, y dos compañeros muertos, también con arma de fuego. Seis compañeros perdieron la vista. Y ocho familias, indígenas y campesinas, fueron desalojadas por la fuerza pública. Quemaron sus viviendas y lo que tenían, y quedaron en total desamparo”, dice Marlitt.

Víctor Meléndez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Cauca, calificó de “desproporcionada” la actitud de la fuerza pública.

La palabra acorralada

A esta represión abierta, y al hermetismo y las tergiversaciones de los poderes mediáticos, se agrega el modo torpe con el que se trató de silenciar los exiguos medios de comunicación del movimiento indígena.

“Cuando hubo más abuso de la autoridad, y estábamos pidiendo solidaridad, nos quitaron la energía en La María y en los sectores desde donde tratábamos de difundir lo que estaba pasando”, afirma Marlitt Pusecc. “Nuestras páginas en Internet se cayeron. Los correos electrónicos y los celulares fueron bloqueados. Nos querían dejar incomunicados”.

La situación motivó un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que expresaba su preocupación por estos hechos, y solicitó a las autoridades “que se aclare lo sucedido con los medios comunitarios del Cauca”.

El fondo de la resistencia

Un punto fundamental del reclamo de los indígenas tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos adquiridos previamente.

“Han habido masacres cometidas por la fuerza pública, llevadas a instancias nacionales e internacionales, que obligan al gobierno a cumplir con indemnizaciones a las familias y a las comunidades, y el gobierno no ha cumplido”, expresó Marlitt Pusecc.

No se trata, en esencia, como lo explica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un documento reciente, “de negociar nada nuevo, sino de que se dé cumplimiento a lo convenido”.

Frente a masacres cometidas por el propio estado, entre 1991 y 2005, se celebraron 13 Acuerdos, en los que el Estado Colombiano se comprometió a reparar, individual y colectivamente, a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca.

El Presidente Ernesto Samper pidió perdón público por la masacre de El Nilo. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los indígenas tuvieron que recurrir al no lograr justicia en el país y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos, recomienda al Estado, desde el año 2000, cumplir con los compromisos relativos a la reparación integral.

El propio gobierno actual se comprometió, en 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.

Pero la larga lista de masacres continúa sin enmienda. Masacres como, por ejemplo, la de la Hacienda El Nilo, con 20 indígenas masacrados, en 1991; la del río Naya (límites entre los departamentos de Cauca y Valle), con más de un centenar de muertos, la mayor parte indígenas, en 2001; la de Gualanday (municipio de Corinto), con 13 indígenas asesinados, en 2001, o la de San Pedro (municipio de Santander de Quilichao), con 7 indígenas asesinados, también en 2001.

El gobierno del presidente Uribe no sólo no ha cumplido con los acuerdos, sino que ha promulgado leyes en contravía de los mismos, y se ha valido de toda clase de artilugios para desautorizar cualquier reclamo de las comunidades indígenas.

Otro punto de la agenda tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Sabemos que en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de ese país”, sostienen los indígenas.

La denominada “Legislación de Despojo” es otro tema de la agenda. La misma Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Forestal. Los indígenas exigen que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas, y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa, sean derogadas. Un verdadero desafío para el presidente Uribe, y, como lo señala el columnista Alfredo Molano, “el mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales”.

Ante la amenaza que les significa el propio estado, los indígenas plantean la necesaria intervención y la presencia de una comisión internacional, que pueda asumir funciones concretas, para que se dé respuesta real a su gravísima situación, y solicitan la coordinación del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Atentados contra la dignidad

“Y le pedimos al presidente el resarcimiento del buen nombre del movimiento indígena. Que no nos nombren como terroristas, ni nos vinculen con los grupos guerrilleros. Queremos dejar esto muy en claro, porque no es así. Y hoy las vidas de quienes representamos a las comunidades están amenazadas, nos sentimos en peligro. Somos un movimiento donde velamos por los derechos de quienes representamos. Que nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos”, terminó indicando la Consejera del CRI, Marlitt Pusecc.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han presentado una acción de tutela contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el General Freddy Padilla de León, como comandante del Ejército, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad de los pueblos indígenas que participan en la Minga.

El manejo autoritario de esta crisis y el trato déspota hacia unos interlocutores a los que se subestima o considera indignos, se ejemplifica en los continuos palos de ciego dados por el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, adalid de la oligarquía colombiana, y personaje muy estimado y querido para los Estados Unidos.

En la misma tónica en la que el ministro sale apresurado a calificar de atentados de las Farc los “falsos positivos” del estamento militar que él mismo orienta, Juan Manuel Santos sembró en el aire la duda de que estas marchas eran financiadas con recursos internacionales.

A esto, señala Marlitt Pusecc, que “claro que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo solidaridad. Necesitamos que nos colaboren con recursos, víveres, agua, medicamentos, que es lo que esencialmente necesitamos. Son 6 días y una cantidad grande de personas marchando. Así que, aunque la responsabilidad de la marcha está en las propias comunidades, pedimos la solidaridad de instituciones y de ONG´s, del país o de afuera”.

Y en verdad que no puede ser de otra manera. No se trata de las marchas uribistas, en las que, al igual que en las campañas presidenciales, van y vienen, y a montones, los dineros lícitos y más bien ilícitos de los grupos económicos, de la oligarquía, del paramilitarismo, y, mejor dicho, del uribismo.

Estamos hablando de marchas indígenas, mejor dicho, de marchas de pobres. Pobres entre los más pobres. En una condena irremediable para el campo, los campesinos y con ellos los indígenas, a la que el propio Juan Manuel Santos contribuyó desde su posición como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y durante 9 años como delegado en Londres ante la Organización Internacional del Café (OIC), poniendo en marcha las políticas neoliberales que ahora escandalizan a sus mismos responsables.

El ministro Santos, en otro ex abrupto, sin que le temblara un músculo de la cara, le exigió a los indígenas disculpas ante los policías heridos en los enfrentamientos. Bien lo respondió el diario colombiano “El Espectador”, en su editorial del domingo anterior, al sostener que “iguales razones, pensarán, tienen ellos (los indígenas) para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan”.

Y la minga sigue

La marcha continúa ahora, en medio de los abusos de la Fuerza Pública, cuyos coroneles pregonan la orden de no abrir fuego, aunque los videos caseros de los celulares evidencien otra cosa. Los indígenas siguen adelante, avanzando masivamente por el Sur Occidente, hacia el propio corazón de Colombia, aunque la mayor parte de los medios masivos vuelvan sus titulares hacia “la realidad del país”, donde ellos irremediablemente no figuran. O se los reseñe apenas para afirmar que se están matando ellos mismos, como en el caso de Elver Ilitro, citando la incuestionable Agencia Nacional de Noticias Policiales (Annp). Una agencia independiente, de policías inocentes.

En la Minga, los indígenas le apuestan cada paso a este lema: ¡El estado de conmoción no apagará la voz del pueblo y el clamor de la madre tierra! Y uno no puede dejar de pensar: Ojalá no tengan que apostarle también la vida que les queda.

Las Crónicas de Indias sólo tuvieron la mirada de los conquistadores. ¿Hasta cuándo la conquista y la colonización que aún se hace de los territorios indígenas seguirá teniendo apenas la perspectiva de Uribe y sus congéneres?

Juan Alberto Sánchez Marín

YVKE

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