Comunidades acusan a transnacionales

Eduardo Tamayo G.

21/10/2008

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Ciudad de Guatemala.- Varios transnacionales y empresas que operan en América Central fueron acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos, por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que tuvo sus audiencias el 9 y 10 de octubre en el marco del III Foro Social de las Américas que se llevó a cabo en Guatemala.

Las comunidades afectadas por la actividad de las empresas Unión Fenosa (España), Holcim (Suiza), Cementos Progreso (Guatemala), Enel Green Power (Italia), CALVO Conservas (España), Grupo Pellas (Nicaragua), Goldcorp (Canadá), Occidental Chemical Corporation, Dow Chemical Company, Standar Fruit Company, entre otras, presentaron sus testimonios al TPP, organismo internacional de carácter ético que tiene sus orígenes en el Tribunal Russell, constituido en 1966 para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de los EEUU durante la guerra de Vietnam.

Representantes de las siguientes comunidades, organizaciones e instituciones rindieron su testimonio en el TPP:

1) La Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica denunció que la empresa Ingenio San Antonio, propiedad de Nicaragua Sugar Estate Ltd, que integra el Grupo Pellas, ha sido responsable de la afectación y muerte de miles de ex trabajadores azucareros del Ingenio San Antonio. Esta empresa “hizo un uso desconsiderado y masivo de agrotóxicos, afectando gravemente a los trabajadores, a los recursos hídricos de la zona y al ambiente en general”. (1)

2) Las comunidades indígenas, la Alcaldía del pueblo de San Miguel Ixtahuacan y los Consejos de Alcaldías comunitarias de SipaKapa, Guatemala, denunciaron a la empresa Montana Exploradora, S.A., (subsidiaria local de la empresa minera canadiense Goldcorp) , por los daños ocasionados al ambiente y a la población. Esta empresa comenzó la extracción de oro y plata en el 2005 en la mina Marlin. Ha abierto un tajo de 142 hectáreas, talando 289 hectáreas de bosque, los desechos que despide la mina han contaminado la cuenca del río Tzalá, se han secado los pozos, 10.000 habitantes han sido afectados. (2)

3) Las comunidades guatemaltecas de San Pablo, 17 municipios, Tacana, Malacatán, San José Ojetenam, San Marcos, denunciaron a la empresa transnacional Unión Fenosa, de origen español, y a su filial en Guatemala: DEOCSA (GRUPO FENOSA), por las altas tarifas, cobros indebidos, baja calidad del servicio, falta de inversión en mantenimiento de redes.

4) Las comunidades Mayas Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez. Guatemala, denunciaron a la empresa Holcim, transnacional de origen suizo, a la empresa Cementos Progreso propiedad de la familia Novella de Guatemala, al Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Guatemala, y autoridades militares y policiales, de invasión de la propiedad comunal, ausencia de consulta previa informada, represión sistemática reiterada en contra de la comunidad y apropiación y contaminación de las aguas.

5) El Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pesquera y conexas (SGTIPAC) acusaron a la empresa Calvo Conservas El Salvador, perteneciente al Grupo Calvo, transnacional española de la industria pesquera (ATUN), de contaminar los recursos hídricos, destruir las fuentes de vida y la biodiversidad, intoxicar a los trabajadores por el uso de productos tóxicos, y violar los derechos laborales de los trabajadores.

6) La Coordinadora de Mujeres del Norte de Usulután, CODECO, Junta de Agua los 9 Milagros, entre otras, acusaron a la empresa de energía renovable ENEL GREEN POWER, de origen italiano, propiedad de la empresa eléctrica estatal ENEL, que opera en las comunidades de la Subcuenca de San Simón, El Salvador, de emanación de gases tóxicos, profundización de mantos acuíferos, tala de bosques, deterioro y apropiación de las fuentes de agua, dejando a las comunidades sin acceso a esta.

7) Finalmente, la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón y Fumazone (ASOTRAEXDAN) y Movimiento Social Nicaragüense “Otro mundo es posible” y la Asociación de extrabajadores Bananeros de Honduras (ASEXTBANH) denunciaron a las empresas fabricantes de productos químicos: Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Amvac Chemical Corporation y Shell Oil Company y a las empresas que los aplican en la producción de banano: Estándar Fruit Company, Dole Food Company, Chiquita Bransds y Del Monte Fresh Produce, y al Estado de Nicaragua (por omisión en la aplicación de las leyes en materia ambiental y protección de los derechos humanos), por la aplicación del agrotóxico DIBROMO CLORO PROPANO, D.B.C.P (conocido como Nemagón y Fumazone) en Honduras y Nicaragua, que ha provocado daños en la salud humana de las personas que trabajaban en las plantaciones de banano y vecinos de las comunidades por contaminación de los recursos hídricos. (3)

Luego de recoger los testimonios, el TPP, que estuvo integrado por Marcelo Ferreira (Argentina) Edgardo Lander (Venezuela) Camille Chambers (Haití), Luis Nieto (España), Blanca Chancosa (Ecuador) y Alfonso Baur Paiz (Guatemala), emitió un veredicto acusatorio contra estas empresas, así como contra los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras y varios de la Unión Europea.

Sobre estos temas, conversamos con Marcelo Ferreira, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien presidió la audiencia del TPP.

- ¿Cuáles son los antecedentes de esta audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos?

En relación a esta audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos fue convocado por dos antecedentes: Una audiencia que se celebró en Viena hace 2 años sobre transnacionales europeas y su papel en América Latina, en esa audiencia de Viena los miembros europeos en su mayoría concluyeron que las empresas transnacionales estaban causando daño acá y que había que seguir investigando, por eso se desarrolló otra sesión en Lima este año, entre el 13 y 16 de mayo, que fue la sesión sobre empresas transnacionales en América Latina, y esta es la tercera sobre empresas transnacionales y políticas neoliberales en Guatemala, o sea que hasta ahora la saga son las audiencias de Viena, Lima y Guatemala.

- ¿Cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos o al medio ambiente que han cometido las empresas?

El dictamen distingue entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos. Las empresas han violado los derechos humanos en todos sus órdenes, en forma directa o indirecta, han violado el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, a la tutela judicial efectiva, el derecho a la salud, el derecho a la libre sindicación, el derecho a la igualdad de la mujer, el derecho a la prestación de servicios públicos, eso por enumerar.

Eso lo han hecho de forma directa o a veces indirecta con el auxilio de los estados que han actuado como cómplices.

- ¿Cuál es el papel de los estados europeos en esta situación?

La Unión Europea como entidad ha asumido como propios los intereses de estas empresas transnacionales, en ese sentido la Unión Europea está acusada porque al defender estas transnacionales está defendiendo indirectamente el daño que esas empresas causan, por ejemplo, el Tribunal vio un video en donde un avión fumigaba cañas de azúcar a plena luz del día y había obreros, gente abajo, después vimos un video de un entierro de una persona que se moría, están matando gente con esos aviones. Si la Unión Europea apoya a esas empresas, en definitiva, indirectamente es cómplice de esos atropellos.

- En cuanto a la responsabilidad de los estados centroamericanos, ¿qué nos puede decir?

La responsabilidad, en materia de derechos humanos los estados son siempre responsables por acción u omisión, vale decir, tengan la culpa o no la tengan, si no tienen la culpa directamente, la tienen por omisión, por no haber actuado, porque es deber del Estado prevenir las violaciones de los derechos humanos, si las violaciones ocurren, entonces el Estado ya por eso sólo es culpable.

Sin embargo, del texto de la sentencia surge que algunos Estados han sido directamente cómplices porque han contribuido con sus fuerzas militares y policiales al trabajo de estas empresas. Pusieron la fuerza pública del Estado al servicio de los intereses de las empresas.

- ¿Qué debería hacerse respecto a los pueblos, algún tipo de justicia, de reparaciones?

Los pueblos tienen todo el derecho a la reparación. Tienen todo el derecho porque han sido establecidos los distintos derechos en innumerables convenios y compromisos internacionales. Por otra parte, cada uno de los estados tiene sus fuertes historias, sus buenas personas y sus buenas instituciones y antes de estos compromisos internacionales, desde las épocas históricas desde Bolívar para adelante, ya los estados habían contraído compromisos con sus habitantes, o sea son compromisos que los estados tienen contraídos hace mucho tiempo.

- ¿Cuál es el ámbito de este Tribunal?

El Tribunal hace un llamamiento ético, sirve como llamado de atención, sirve para sembrar la alarma social y sirve para ejercer presión sobre organismos y entidades internacionales. No tiene imperio, fuerza como una institución estatal, no es eso, es un organismo internacional. Yo digo por mi parte, que la manera de ensanchar los límites del derecho es siempre a través de personas que están afuera o al margen de la ley, que actúan por encima de la ley, justamente para cambiarlas, es así desde la revolución francesa en adelante y muchísimo antes inclusive.

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