“La industria quiere obligarnos a comer sólo aquellos productos que consideren rentables para su bolsillo”

Ningún grupo de leyes venezolanas, hasta donde nos alcanza la memoria y nos ayudan los textos, han ocupado tanto espacio en los medios privados de información como las cinco habilitantes sobre alimentación decretadas recientemente por el Presidente Chávez.

Si fuera un análisis imparcial, todos obtendríamos un indudable beneficio. Pero sólo insisten en destacar las particularidades financieras de quienes, desde siempre, han controlado el panorama alimentario de la Patria con el único propósito de incrementar sus activos.

Una cámara solicita cambios y presenta propuestas. ¡Hasta ahí todo vá bien! Pero, agregan, si no se las aceptan, ejercerán acciones legales para anular tales leyes por ser inconstitucionales. ¿Cómo es la cosa? Si se incluyen sus cambios ¿los Decretos Habilitantes no estarían entonces violando la Constitución? Yo creo que no se han dado cuenta que estamos en el Siglo XXI; aún creen que el mundo se maneja como una antigua hacienda.

La justificación económica, incluida en el texto de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, merece ser conocida por todos los venezolanos.

“La fundamental contradicción del modelo económico capitalista neoliberal, en materia agroalimentaria, ha sido la incapacidad manifiesta de lograr una justa y equitativa distribución de todos los bienes alimentarios e ingresos social y económicamente necesarios para llevar a la práctica las políticas de desarrollo rural; siendo preciso someter las condiciones de abastecimiento, distribución, intercambio y comercialización a la regulación social. Es decir, la vinculación social eficiente y eficaz entre la planificación y el mercado, no dejando sólo al mercado como agente regulador de la economía, pero tampoco al Estado que centralice toda la planificación o el monopolio en la producción o distribución.”

Los sembradíos de plantas alimenticias deben ser protegidos contra diferentes plagas y enfermedades. Es previsible además una alteración de patrones climáticos, consecuencia del calentamiento global del planeta, con efectos perjudiciales en la agricultura.

Pero hay una amenaza adicional que difícilmente leeremos en algún medio opositor: el bioterrorismo. ¡Ojalá fuera una exageración! Se anticipan acciones genocidas, sobre sembradíos y almacenamiento de vegetales, con microorganismos patógenos, toxinas y otras sustancias dañinas para la salud y el ambiente. Parece ciencia ficción y ojalá no suceda nunca, pero los desquiciados de siempre pudieran intentarlo como parte de su guarimba.

La Ley de Salud Agrícola Integral incluye los elementos necesarios para combatirlos, en la lucha por garantizarnos nuestra soberanía y seguridad alimentaria.

Su estructura favorece una agricultura sustentable, adaptada a la realidad específica del medio rural venezolano y nuestras características ecológicas, demográficas, económicas y socioculturales.

Tres Decretos Leyes Habilitantes, más la inclusión del sector alimentario en el Mercado de Valores, proporcionan a los agricultores una fuente alterna de financiamiento para sus operaciones.

La Ley de Crédito para el Sector Agrario establece facilidades para los productores y obliga a los bancos a dirigir parte de su cartera hacia el sector agrario. La Ley del Banco Agrícola de Venezuela prevé condiciones especiales para créditos por lapsos superiores, mayor capacidad de respuesta y ubicación de agencias en los predios del campesino.

La Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria incorporará a centenares de agricultores, hoy excluidos por situaciones adversas, propias de la actividad, que amenazaron incluso con retirarlos del campo.