La Asamblea Constituyente ha terminado el proyecto de Constitución, y en el Ecuador ha empezado la campaña por el referéndum validatorio. El texto constitucional producido por esta Asamblea es contradictorio porque, de una parte, presenta una de las elaboraciones más profundas y avanzadas en materia de derechos y garantías, como la ciudadanía universal o los derechos a la naturaleza, e incluso incorpora uno de los conceptos más novedosos para el régimen de desarrollo, como aquel del sumak kawsay (buen vivir), y que, al parecer, está hecho para alejarse de manera radical de las prioridades del ajuste macrofiscal del FMI y del neoliberalismo; sin embargo, y al mismo tiempo, plantea una reforma política del Estado que exacerban el presidencialismo y, por esa vía, acota las posibilidades de la democracia. ¿Cómo comprender esas contradicciones? ¿Qué procesos sociales se están produciendo en Ecuador que provocan el surgimiento de posiciones de avanzada en materia de derechos y retrocesos en lo que hace referencia a la democracia? ¿Por qué se declara en el texto constitucional el carácter Plurinacional del Estado y, no obstante, no se lo aplica en el diseño del sistema político?

Para comprender de mejor manera el proceso político del cual es parte la Asamblea Constituyente ecuatoriana y al proyecto de Constitución que ha elaborado, es necesario situar ese proceso al interior de una trama de largo plazo y que hace referencia a la economía política del neoliberalismo en el Ecuador. En efecto, uno de los puntos centrales de la coyuntura ecuatoriana y que permite explicar tanto el fenómeno de la Asamblea Constituyente, cuanto al partido político de gobierno Alianza País, está en el desgaste y desmoronamiento del sistema político ecuatoriano, que colapsó y, por tanto, no pudo procesar las reformas neoliberales, por la gravedad y magnitud de la crisis provocada por la masiva quiebra bancaria de 1999.

Es necesario señalar que ante el sistema político ecuatoriano, las clases medias siempre fueron conniventes con él, mientras que los movimientos sociales lo acusaron de servir de instrumento de las reformas neoliberales y de ser el causante directo de la crisis. Ese disenso entre sectores distintos de la sociedad ecuatoriana, gracias a la crisis financiera y monetaria de 1999-2000, se transformará en un consenso sobre la necesidad de reconstituir al sistema político ecuatoriano sobre nuevas bases. Para las clases medias era fundamental moralizar al sistema político, mientras que para el movimiento indígena, era clave desmontarlo para volverlo armar sobre otros principios de la política, en la ocurrencia, la plurinacionalidad.

Se trata de una curiosa convergencia, porque las clases medias ecuatorianas habían apoyado y, de hecho, suscribían los ejes rectores del modelo neoliberal, porque este modelo se había convertido en su condición de posibilidad y de existencia; mientras que los movimientos sociales se habían movilizado durante la década de los ochenta y noventas, en contra de ese mismo modelo, al que consideraban el culpable de su pobreza y del deterioro de sus condiciones de vida, y responsable de la violencia social, la iniquidad, la desinstitucionalización del Estado y la concentración de poder político y económico.

Entre las clases medias y los movimientos sociales organizados, existía un sedimento de pobladores suburbanos, trabajadores no organizados y pertenecientes al sector informal, sectores proletarizados de las ciudades, campesinos, etc., que habían construido una relación estratégica y clientelar con el sistema político y que trataban de defenderse del modelo neoliberal a través de desesperadas maniobras de sobrevivencia. Ellos conforman, en general, el sustrato principal del clientelismo político y la materia prima de los partidos de la derecha política populista, en especial, del Partido de Renovación Institucional, PRIAN, del magnate del banano y dos veces finalista en la carrera presidencial, Álvaro Noboa, y del Partido Sociedad Patriótica, del ex Presidente Lucio Gutiérrez.

Esta dialéctica de consensos-disensos sobre el modelo neoliberal y el sistema político, se fractura a partir de la crisis de 1999-2000, cuando los más perjudicados son, aparentemente, las clases medias. La crisis financiera-monetaria de esos años, transfirió de manera directa los costos de esa crisis hacia los sectores medios de la sociedad. Las clases medias siempre habían mirado de lejos las políticas de ajuste que reducían el salario de los trabajadores, que privatizaban al Estado y que generaban un ambiente de recesión y pobreza, porque no los afectaban directamente. Pero en esta coyuntura de 1999, fueron las clases medias las que pagaron directamente de sus bolsillos los costos de la crisis financiera. Las clases medias, al perder sus ahorros por la crisis bancaria, fueron obligadas a asumir, por vez primera, un principio de realidad que les hizo comprender la corrupción y el carácter corporativo del sistema político ecuatoriano.

Es importante señalar que la crisis financiera-monetaria de 1999-2000 abrió el paso a varios procesos sociales importantes para el Ecuador. El primero de ellos fue la dolarización de la economía, no tanto como un cambio en el sistema monetario, sino como la búsqueda de reinstitucionalización del país por la vía monetaria, de ahí la importancia como estabilizador político que tiene la dolarización para las clases medias ecuatorianas; un segundo proceso está en la pérdida de confianza en las instituciones del sistema político, e incluso en instituciones afines al sistema político pero que no son parte de éste, como los medios de comunicación, esta pérdida de confianza generó un ambiente de anomia en el sentido de pérdida de sentido de las leyes y regulaciones existentes, de ahí la necesidad profunda de una reforma radical al sistema político expresada tanto desde las clases medias cuanto de los movimientos sociales; un tercer proceso hace referencia a la migración como uno de los fenómenos demográficos, sociales y económicos más importantes en la historia contemporánea del Ecuador.

Como transfondo de todos estos procesos estaba la crisis del modelo neoliberal que no había dado respuestas ni salidas viables a la crisis y cuya vigencia contribuía a agravarla. Esto se evidenció durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2002-2005), cuando éste tuvo que negociar con la misma clase política y bajo el mismo esquema del neoliberalismo, las condiciones políticas de su propia gobernabilidad. Gutiérrez no supo leer el momento político y eso le generó un vacío que a la postre determinó su salida del poder.

Sobre ese escenario se construyó la candidatura de Rafael Correa, del movimiento Alianza País: como una apuesta en contra del vigente sistema político y con el apoyo, por vez primera en la historia reciente del Ecuador, de tirios y troyanos. En las elecciones, Alianza País se muestra más a tono con el momento histórico, y esto le permite construir una amplia gama de acuerdos electorales que determinaron finalmente su paso a la segunda ronda electoral y, posteriormente, su triunfo.

Puede advertirse, entonces, la presencia de un tempo político, por llamar de alguna manera a este ritmo de las confrontaciones políticas, en el cual convergen las necesidades de reinstitucionalización política por parte de las clases medias, las propuestas de los movimientos sociales por salir definitivamente del modelo neoliberal, y aquellas de los sectores más golpeados por el neoliberalismo por una política social más activa que compense en algo el rigor neoliberal.

Se trataba, a no dudarlo, de un momento único en la historia del Ecuador, porque un consenso de varios actores y sectores sociales sobre una misma necesidad política de refundar al sistema político, es un acontecimiento relativamente raro. Alianza País, y Rafael Correa en especial, leen atentamente la coyuntura y generan un proceso que es correlativo con la necesidad y pedido de cambios radicales que plantean todos estos sectores, de ahí el enorme apoyo que recibió durante la consulta electoral para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y, posteriormente, cuando obtiene cerca del 80% de la votación que le da un amplio margen de acción y control sobre la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, es aquí, en este instante de transición entre el gobierno de Rafael Correa y la elección y posesión efectiva de la nueva Asamblea Constituyente (diciembre de 2007), cuando empiezan a generarse los problemas para Alianza País. En efecto, un triunfo tan contundente (80 asambleistas del gobierno de un total de 130, más una docena de asambleístas que se declararon como sus aliados), pudo revelarse un regalo emponzoñado de los dioses. En esa coyuntura, había que tener una lucidez importante para entender hacia dónde iba el tempo político, porque el compás de la política, en el sentido de articular los consensos y controlar los disensos en función de un proyecto específico, se trasladó hacia la Asamblea Constituyente.

En ese lapso de tiempo, el gobierno de Alianza País debía comprender que el momento de la política ya no le pertenecía por entero, sino que se había trasladado a la Asamblea Constituyente. Se trataba, en definitiva, de un proceso relativamente esperado, por cuanto este nuevo espacio político condensaba todos los conflictos de la política. Allí, en la Asamblea Constituyente, se iban a determinar los contenidos de la nueva institucionalidad. Allí se iba a construir al nuevo sistema político ecuatoriano. Allí se iban a integrar al proyecto político del nuevo gobierno, sin cortapisas de ningún tipo, una serie de convergencias sociales.

Para que la Asamblea Constituyente pueda tener el espacio y la legitimidad necesarias para poder reconstruir al sistema político, requería de espacios políticos lo suficientemente amplios en los que puedan caber todas las expresiones, tanto de consenso cuanto de disenso sobre los objetivos del proyecto político del gobierno. En esa circunstancia, un gobierno más lúcido, habría tenido que ceder el espacio político a la Asamblea Constituyente, y se habría limitado a cuidarlo.

Era el momento ideal para empezar a desarmar la institucionalidad tejida desde el neoliberalismo, mientras la Asamblea Constituyente construía el debate social y político, integrando a todos los sectores sociales y abriendo el espacio para debates antes insospechados, como la plurinacionalidad del Estado, el derecho a la vida, el buen vivir, etc., en un solo proceso cuyo tablero de mando, en definitiva, estaba en Alianza País. Independientemente del resultado de esos debates, lo importante era que la Asamblea Constituyente se legitime por sí misma y absorba el tempo político de tal manera que desarticule las opciones políticas de la derecha, al tiempo que le permita construir consensos políticos con organizaciones sociales fuertes, como por ejemplo, el movimiento indígena, en una validación de su proyecto político pensada al largo plazo y con fuertes anclajes en las organizaciones sociales, y con el consenso de las clases medias.

Un escenario de esa magnitud habría concluido en una Asamblea con mucha legitimidad social, con una amplia red de alianzas con sectores sociales organizados, y con las expectativas cumplidas en cuanto a la reinstitucionalización del país. Para un escenario de este tipo, habría sido necesario que el gobierno ceda espacios políticos, para recuperarlos posteriormente en la campaña por el referéndum de validación del nuevo texto Constitucional y en las nuevas elecciones.

Empero de ello, fue justamente el escenario opuesto el que se produjo. El ejecutivo no cedió ni un milímetro de su espacio, y por el contrario, acotó de tal manera a la Asamblea Constituyente, que la debilitó seriamente. El ejecutivo se encargó de acotar las decisiones de la Asamblea, imponiéndole la agenda, los tiempos y las estrategias. Al hacerlo, el gobierno provocó distancias importantes entre la Asamblea Constituyente y la ciudadanía, porque debilitó el sentido político de los “plenos poderes” que la Asamblea había estatuido para sí misma. Estas distancias, finalmente, se revelarán graves para la Asamblea Constituyente, porque liquidarían su legitimidad política y la harían aparecer más como un dispositivo del régimen que como una opción política de cambios radicales. Se había perdido el tempo político de la Asamblea Constituyente, en virtud de una apreciación errada por parte del partido de gobierno, que creyó más conveniente ejercer un control político sobre la Asamblea, que permitir que ésta se legitime por sí misma.

El gobierno de Alianza País convirtió a la Asamblea Constituyente en un simulacro de su propia sombra, llegando al extremo de pedir la salida del Presidente de la Asamblea, por cuestiones de tipo administrativo, por parte de un “buró político” que demostró tener más poder que los mismos asambleistas del gobierno.

Ahora bien, una interferencia de esa magnitud cabría esperarse en el supuesto de que la Asamblea Constituyente necesitase de conducción política, porque el proyecto de largo plazo del régimen habría estado en peligro. Y, efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Muchos asambleístas pertenecientes al partido del gobierno, creyeron en su agenda de izquierda y en su real compromiso en salir del modelo neoliberal y actuaron, o creyeron actuar, en consonancia con ello.

Pero el gobierno de Alianza País, hacía rato que había arriado sus banderas con respecto al neoliberalismo, al menos en el nuevo formato que el neoliberalismo está asumiendo en América Latina, y lo había convertido más en un espantapájaros que en un voluntad política cierta. El gobierno de Rafael Correa, hablaba en contra del neoliberalismo, pero al mismo tiempo empezaba a comprometerse de manera radical con el modelo neoliberal. Cumplía puntualmente con los pagos de la deuda externa. Privatizaba los campos petroleros. Privatizaba los territorios de las comunidades indígenas y campesinas en beneficio de las grandes empresas mineras. Perseguía a líderes sindicales de izquierda. Reprimía ferozmente en las comunidades que se oponían a las actividades mineras. Construyó un equipo de gobierno con técnicos de Banco Mundial y representantes de los viejos partidos políticos. Se comprometía con la privatización contenida en los proyectos IIRSA, etc.

Ciertos asambleístas de Alianza País, no podían comprender cómo el partido político que auspició su llegada a la Asamblea, había cambiado de manera tan rápida y tan radical el sentido de su brújula política. Es en virtud de ello, que se dieron los primeros conflictos entre el gobierno y los Asambleístas del propio partido de gobierno, en las áreas más sensibles y a las que apunta el nuevo derrotero del neoliberalismo, como la privatización de la biodiversidad, el modelo extractivista, el consentimiento previo, los derechos de la naturaleza, los transgénicos, los biocombustibles, los ejes multimodales, etc.

El ejecutivo de Alianza País empezaba a cuidar el contenido de la nueva Constitución porque no quería que entre en contradicción con su vocación extractivista y pos-neoliberal, al tiempo que quería que la nueva Constitución transfiera más poder a la figura del Presidente de la República, y cree una arquitectura institucional en la que el partido de gobierno pueda controlar todos los hilos del poder, en el supuesto de que las elecciones validatorias del nuevo texto Constitucional sean favorables al gobierno. Una tendencia al autoritarismo que ha sido prevaleciente en las últimas décadas en la política ecuatoriana.

De esta manera, se generó un escenario impensado: la Asamblea Constituyente tenía que luchar el espacio político, no contra la derecha, sino contra su propio partido de gobierno. Los Asambleístas que creyeron en el discurso de la izquierda, fueron rápidamente controlados y su gestión política fue minimizada o neutralizada. El Presidente Correa, los llegó incluso a denominar como “infiltrados”.

Por ello puede notarse una fractura importante en esta Constitución y es aquella que consta entre la declaración liberal de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y las formas reales que asume el poder a partir de la construcción del sistema político (la denominada parte orgánica de la Constitución).

El gobierno de Alianza País, daba muestras de suspicacia y talento político al abrir el espacio para que puedan caber todas las reivindicaciones posibles en el ámbito de los derechos, de ahí que este nuevo texto Constitucional sea realmente uno de los más avanzados en materia de derechos; pero al mismo tiempo, cerraba la real garantía y aplicación de estos derechos cuando proponía un sistema político diseñado a partir de la figura del presidencialismo más exacerbado que se pueda concebir. Al proceder de esa manera, Alianza País, daba cuenta que había aprendido bastante bien las lecciones del neoliberalismo, que nunca se hacía, ni se hace, mayor problema en la promulgación de los derechos, como pudo constatarse en la Constitución ecuatoriana de 1998, pero que sabe controlar, utilizar y dosificar el uso del poder, sobre todo cuando construye el sistema político, que en realidad es la verdadera baza del poder.

Para el partido de gobierno, las críticas a esta deriva autoritaria del nuevo texto Constitucional, no le hacen mayor mella, ni tampoco el hecho de que los movimientos sociales expresen reparos con respecto a esta situación, porque asume la hipótesis de que los comportamientos electorales están lejos de las lógicas y dinámicas organizativas. Este déficit de apoyos sociales y organizativos, Alianza País los piensa cubrir con mercadeo político y publicidad. Un ámbito en el que ha demostrado bastante experticia.

Empero de ello, surgen varias interrogantes: ¿se votará por un texto Constitucional, o por la popularidad del régimen? Si esto es así, ¿la nueva Constitución será más un artificio del poder que una opción de cambios reales?

Las señales que se reciben son preocupantes. La Asamblea y su proyecto de Constitución no entran al proceso electoral de validación con un amplio margen de aceptación y legitimidad. Existe un piso político para la derecha oligárquica que ha sido construido y cedido por el mismo gobierno, como un recurso heurístico que permite controlar las disidencias a su propio proyecto (“si gana el NO, regresaría la partidocracia”, es el argumento del régimen).La popularidad del gobierno es un albur y mantenerla genera más costos políticos que ventajas. Las clases medias están en franca diáspora de Alianza País. Las organizaciones y movimientos sociales están a contramarcha entre el proyecto de Constitución al que apoyan, y los gestos y derivas del gobierno, que rechazan. Los medios de comunicación, la mayoría controlados por la derecha, han empezado una campaña radical por el NO en el referéndum. En este escenario, cabe preguntarse: ¿qué margen de acción tiene Alianza País para regresar al proyecto original de lucha en contra del modelo neoliberal? ¿Qué implicaciones tiene para la vigencia de ese modelo neoliberal la aprobación de la nueva Constitución ecuatoriana? ¿Qué rol político va a asumir el movimiento indígena cuando su propuesta de Estado Plurinacional se ha convertido más en una cuestión declarativa y sin trascendencia política?