La crisis en las fronteras continúa

Pedro Santana Rodríguez

27/03/2008

Opinión

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Como estaba previsto el nuevo round en la crisis provocada por la intervención militar de las Fuerzas Armadas Colombianas en la madrugada del sábado primero de marzo se trasladó el lunes 17 de marzo a la sede de la Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, en Washington. Si se mira en detalle la declaración final de la reunión de cancilleres acreditados a la Asamblea General extraordinaria resulta esta declaración aún más drástica que la que unos días atrás (el 7 de marzo) había acordado el Grupo de Río en la reunión de Santo Domingo. En efecto, el punto dos de la resolución ratifica la primacía del concepto de la soberanía nacional y la inviolabilidad del territorio al cual debe atenerse el gobierno colombiano sin excepciones y el artículo 4 de la resolución rechaza la intervención de las Fuerzas Armadas colombianas en el territorio ecuatoriano el primero de marzo.

Quizás sea útil transcribir los tres puntos centrales de la resolución dado que la gran prensa colombiana ha tratado de bajar el tono y la firmeza de la condena.

2. Reiterar la plena vigencia de los principios consagradazos en el derecho internacional, de respeto a la soberanía, abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos de otros Estados, que consagra el artículo 19 de la Carta de la OEA, y que constituyen principios fundacionales del sistema interamericano, obligatorios en cualquier circunstancia para todos sus Estados miembros.

3. Reiterar la plena vigencia del principio de soberanía territorial, consagrada de manera irrestricta y sin ninguna excepción en el artículo 21 de la Carta de la OEA, como un principio vital de convivencia entre las naciones americanas.

4.Rechazar la incursión de las Fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos el 1º de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.

El gobierno de los Estados Unidos fue el único que no aceptó el numeral 4 de la resolución que rechaza en términos drásticos la intervención y la violación de la soberanía territorial del Ecuador y así lo dejo consignado en una nota de pie de página en el cual alega el derecho a la autodefensa consagrado en el artículo 22 de la Carta de la OEA y en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Como se sabe solo el gobierno norteamericano se apartó en este punto de la unanimidad del rechazo que tuvo que ser aceptado por el canciller colombiano para tratar de restablecer las relaciones con el gobierno del Ecuador que preside Rafael Correa. No obstante el gobierno ecuatoriano ha señalado que para el restablecimiento de las relaciones se requieren otras condiciones políticas y se mencionan principalmente dos: por una parte que cesen los ataques mediáticos que buscan comprometer al gobierno de Correa con las FARC y en segundo lugar se habla de la reparación que deberá hacer efectiva el gobierno colombiana hacia el Estado del Ecuador, señalando Correa de paso que será muy difícil restablecer relaciones con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pues ha perdido total confianza en él.

De fondo sin embargo hay problemas que aún no se abordan y que constituyen los reales obstáculos para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y principalmente políticas entre los dos gobiernos, dado que las relaciones comerciales y económicas no han tenido contratiempos pese a las dificultades y al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá. Nos referimos a la diferencia de fondo sobre la naturaleza del conflicto colombiano y al calificativo que se da a las guerrillas y en este caso a las FARC. Todo el continente y esto quedó aún más claro en la resolución del grupo de Río en que con la sola excepción de Colombia que calificó a las FARC de grupo terrorista el resto de los gobiernos del continente sostienen que se trata de una organización política insurgente. En el extremo está el gobierno de Chávez que llegó a pedir que se le diera el carácter de grupo beligerante que en razón a la verdad no reúne el grupo insurgente de las FARC. Y es que la mayor parte de los gobiernos de la región con la excepción del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos consideran que la lucha contra el llamado terrorismo debe darse en el marco del respeto por el principio de la soberanía y la inviolabilidad del territorio de los Estados que forman la comunidad latinoamericana. No contemplar este principio en una región en la cual aún se mantienen disputas por las líneas fronterizas constituiría un serio riesgo de confrontaciones armadas en la región.

Pero en este terreno, el de la naturaleza de los grupos guerrilleros, se muestra aún más flexible la administración norteamericana que la colombiana. Para muestra un botón. Durante esta semana que termina el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, señaló que lo que hay que resolver de fondo es si se da una nueva oportunidad de negociación y diálogo con las guerrillas para alcanzar la paz y de paso se mostró en desacuerdo con analistas y miembros del gobierno que hablan de la derrota militar próxima de las FARC, Brownfield por el contrario señaló que éstas no están derrotadas y que de lo que se trata es de resolver si se esta dispuesto a negociar con ellas. Esto lo dijo en una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos en Washington.

Es por ello que el combate a las amenazas a la seguridad regional provenientes de los grupos armados irregulares o de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico deben darse en el marco de la cooperación y subordinadas a al principio de la soberanía territorial. En síntesis solo el gobierno de Uribe y el de Bush consideran legitima la guerra preventiva, es decir, la patente de corzo para atacar fuerzas irregulares pasando por encima de la ley internacional o como se dice en Colombia utilizando el atajo con la pretensión que el fin de derrotar a las guerrillas impopulares que existen en Colombia justifica los medios ilegales como en el caso de la acción armada de las fuerzas Militares y de Policía el pasado primero de marzo que llevó a la muerte del número 3 de las FARC Raúl Reyes y de 23 de sus acompañantes.

El otro asunto esta relacionado con las millonarias indemnizaciones que deberá pagar el Estado Colombiano por la muerte en el campamento de Reyes de cuatro ciudadanos mexicanos y de un aliado de las FARC ecuatoriano. Aún en este último caso es muy seguro que a costa del erario público colombiano, es decir, de nuestros impuestos se deba indemnizar a las familias ecuatorianas y a las familias mexicanas por una razón muy simple el propio gobierno colombiano aceptó que su incursión en la provincia de Sucumbíos del primero de marzo fue ilegal y quebranto la ley internacional. Cualquier reclamación de reparación sobre esta base tendrá todas las posibilidades de ganar aún se trate de colaboradores de las guerrillas colombianas. Este es el orden internacional y en la medida en que el gobierno colombiano quebrantó la legalidad debe indemnizar a las víctimas.

Entretanto las relaciones internacionales seguirán siendo afectadas por el conflicto interno colombiano. En la medida en que no se avance en el Acuerdo Humanitario la presión sobre el gobierno de Uribe seguirá y las posibilidades del intervencionismo foráneo se mantendrán. El gobierno parece que finalmente entendió que se requiere una propuesta realista para el intercambio humanitario que es en donde nace el protagonismo de actores internacionales. Estamos a la espera de la respuesta de las FARC aunque dicho de paso no parece realista la exigencia de Uribe de que los guerrilleros eventualmente liberados se comprometan a no regresar a las filas de la insurgencia. Amanecerá y veremos. Pero el hecho de que se haya presentado una propuesta para buscar una salida al acuerdo humanitario es altamente positivo para tratar de salvar la vida de Ingrid Betancourt y demás secuestrados que se mantienen en condiciones realmente inhumanas por parte de las guerrillas. El principio de la solución es una propuesta que permita la liberación de los secuestrados. Con ello el gobierno de Colombia vuelve a tomar el sartén por el mango. Ahí esta la alternativa como lo hemos señalado en otras ocasiones.

- Pedro Santana Rodríguez, Presidente
Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

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