El rol de los medios de difusión, la libertad de expresión, los medios públicos son, entre otros, temas que en los últimos meses han cobrado relevancia en el debate público y mediático.  Lo cual no es ajeno a los cambios que está viviendo la región, ni al accionar de movimientos sociales en lucha contra las políticas neoliberales, que se sienten invisibilizados y excluidos por el actual sistema mediático.  Pero también tiene que ver con las aceleradas innovaciones tecnológicas registradas en el sector, y el creciente descrédito del sistema mediático hegemónico.

En efecto, un eje de las reivindicaciones de los pueblos movilizados en los últimos años para abrir el juego democrático, con mayor participación y transparencia, es la reivindicación de tener voz y, por tanto, acceso a los medios de expresión pública.  Al tiempo que se amplían los cuestionamientos a los medios de difusión del establishment, erosionando su credibilidad y legitimidad.

Convertidos en actores directos en el escenario político -incluso supliendo el rol de los partidos políticos en descalabro-, los grandes medios se han convertido en blanco frecuente de críticas.  Se les cuestiona por determinar, en función de sus intereses particulares, qué temas entran o no en la agenda pública; por asumir la defensa abierta de la agenda de sectores empresariales (vinculados o no); o por buscar gravitar en los resultados electorales.  También se les reclama por estigmatizar a los nuevos actores sociales, por criminalizar la protesta social y por negar espacios de opinión a los sectores y pueblos marginados o discriminados socialmente, o a las mujeres.  Críticas que se oyen no solo por parte de las organizaciones sociales y otras voces ciudadanas, sino también desde otros medios, ansiosos por deslindar su imagen de tales prácticas.

Amplio debate

Bajo los postulados liberales a partir de la Revolución Francesa, la formulación de la libertad de expresión, como derecho humano, se constituyó en un eje clave de la defensa de la democracia.  Esta propuesta presuponía una prensa independiente, guardián de los valores democráticos, y vigilante de los abusos del poder político, y que requería, por lo mismo, protección frente a éste.

Este marco de derechos no contemplaba el actual carácter de los medios mercantilizados, donde lo comercial ya no se limita a una forma de financiar la prensa, sino que el lucro se ha convertido en la principal finalidad de gran parte del sector.

En efecto, la globalización neoliberal llegó con tal fuerza al mundo de la comunicación, que tanto los soportes tecnológicos, como también la propia "industria cultural" de contenidos, se han convertido en sectores altamente rentables.  Tal es así que conglomerados económicos que nada tenían que ver con los medios de comunicación ahora están dominando el sector, a la vez que impulsan un acelerado proceso de concentración y convergencia.

Enfrentada a esta situación, la prensa independiente tiende a ser absorbida, o sobrevive con dificultad, cuando no desaparece del mapa.   Situación que pone en entredicho el pluralismo, la diversidad, la independencia e incluso la ética de gran parte del sector mediático, constituyendo una nueva amenaza a la libertad de expresión.  En este contexto, cabe preguntarnos si el control corporativo de los medios no es hoy una de las principales amenazas al derecho a la información, siendo que el actual marco de derechos carece de mecanismos de defensa frente a este peligro.

Esta realidad es uno de los principales factores que están contribuyendo a reactivar la demanda de democratización de la comunicación.  Reivindicación que ya no solo es bandera de sectores que tienen a la comunicación como su principal eje de actividad, sino que está encontrando eco en otros sectores ciudadanos, y en particular en los movimientos sociales organizados.

Bajo esta óptica, cuestiones como: quiénes controlan los procesos de comunicación en la sociedad; quiénes participan en ellos; y cómo se desarrollan y gestionan las respectivas instituciones y tecnologías, son aspectos fundamentales que, en cualquier sociedad que se pretenda democrática, deberían no solo ser tema de un amplio debate ciudadano, sino también estar sujetos a normas que precautelen el interés público, y contar con un conjunto de políticas públicas para su desarrollo.

Esfera pública

Justamente uno de los ejes centrales de las demandas de democratización es la defensa del carácter público de la comunicación, que implica reconocer que todos los medios de comunicación cumplen un servicio público, más allá de si su gestión se encuentra bajo control privado-comercial, estatal, comunitario u otro.  En este marco, también se ha renovado la propuesta de desarrollar medios públicos, como política del Estado, pero concebidos como medios de carácter ciudadano y con amplia participación de los sectores que han sido marginados de los procesos de comunicación social.

Como anota Celso Schröder, Coordinador General del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación de Brasil: “Al dejar a las comunicaciones por fuera del principio de bien público que rige a los demás servicios, permitimos que el financiamiento vía publicidad se torne insuficiente y los servicios privados, excluyentes”.  Por lo mismo, acota, “disciplinar el área de las comunicaciones a partir de la óptica del control público es justamente garantizar la inserción de espacios y mecanismos de participación donde intereses distintos que se encuentran en disputa puedan ser confrontados de forma plural, ecuánime y transparente.  Sin asegurar esto, continuaremos cediendo la esfera pública para favorecer el predominio privado, que impone censuras tan nocivas para la democracia, como los estados autoritarios” (http://www.proconferencia.com.br/artnot/19.htm).

De hecho, a lo largo y ancho de las Américas, están apareciendo nuevos actores y nuevas luchas sociales que buscan democratizar la comunicación, incluyendo el restablecimiento de una normatividad en el ámbito mediático.  La edición de junio 2007 de América Latina en Movimiento hace un recuento de tales procesos en una decena de países del continente.  A su vez, se ha visto un incremento de las intervenciones desde los sectores de poder político en este sentido -y no solo en los países con gobiernos de corte progresista-, que han provocado una reacción enérgica e inmediata por parte de los medios de difusión comerciales, que sienten amenazado su poderío.

La reciente adopción de la Reforma Electoral en el Senado mexicano es un caso emblemático.  Adoptado por consenso entre los tres partidos mayoritarios, la Reforma impide que los partidos puedan contratar en forma directa su publicidad en los medios de difusión (sino que las franjas serán administradas por el Estado), lo cual limitará la injerencia que éstos ejercen sobre el proceso electoral (y también sus abultadas ganancias).  Los dos canales que ejercen un cuasi monopolio -Televisa y TV Azteca- realizaron una intervención directa del más alto nivel en el Senado, alegando que la reforma constituía un atentado a la libertad de expresión.  No obstante, los mismos senadores que un año antes aprobaron la llamada “Ley Televisa”, esta vez cerraron filas, recordando a los medios que tienen bajo concesión un bien que es propiedad de la nación.

Sin duda es por el descrédito en el cual han caído y las presiones de este tipo que están recibiendo, que los medios han accedido a abrir un debate sobre su rol, tema que normalmente evaden.  El mensaje que vehiculan, bajo el manto de la libertad de expresión, es que ellos son, y deben permanecer, intocables: cualquier medida para corregir los desequilibrios que ha generado un sistema mediático mercantilizado y concentrado equivaldría a "censura"; sencillamente consideran que no cabe adoptar políticas públicas en esta área.

Esta estrategia, por cierto, ha logrado generar desconcierto en la opinión pública, al confundir la libertad de expresión -que es un derecho de todos los seres humanos- con la agenda privada de los medios de difusión.

La “otra comunicación”

Paralelamente, la última década ha visto un resurgimiento y multiplicación de iniciativas ciudadanas de comunicación, que expresan formas de resistencia al modelo comunicacional elitista y centralizado.  Un factor catalizador de estas expresiones ha sido, sin duda, las oportunidades inéditas ofrecidas por las nuevas tecnologías de comunicación, en particular Internet, que por su relativa accesibilidad, bajo costo y gran versatilidad y alcance, han permitido abrir grietas en el sistema de comunicación hegemónico.

Particularmente para los procesos de articulación social que irrumpieron, desde lo nacional hasta lo mundial, a partir de los años 90, en resistencia al modelo neoliberal y por la construcción de "otro mundo posible", la apropiación de tales oportunidades ha potenciado enormemente sus dinámicas de organización y difusión.  Estos movimientos van reconociendo que se trata de un espacio de disputa estratégica, lo cual exige pasar de los “medios” a los “fines”; esto es, de la visión instrumental a la política.  Y, consecuentemente, implica encarar el desafío de pensar en estrategias comunicacionales contra-hegemónicas como condición para desbloquear la capacidad de expresión de las fuerzas sociales históricamente sometidas que hoy pugnan por cambios sociales.

Estas experiencias -a veces conocidas como la "otra comunicación", en alusión a ese otro mundo que reclama el Foro Social Mundial-, al asumirse como defensoras por la democratización de la comunicación, contribuyen a que ésta ya no aparezca como anhelo tan distante e inalcanzable, sino relacionado a una práctica concreta y cotidiana, con potencial de disputar espacios.

Las confluencias que se vienen produciendo, tanto en las respuestas comunes a partir de estas prácticas, como en torno a las acciones de sensibilización y propuestas políticas, una de cuyas expresiones es la Campaña Continental por los Derechos de la Comunicación, han permitido avanzar en la definición de puntos de agenda para encarar los nuevos desafíos políticos en la región.  Desafíos que incluyen, entre otros, la incidencia en la formulación de los nuevos marcos constitucionales, legales y de políticas públicas, o las propuestas en comunicación de cara al renovado proceso de integración regional, para que se traduzca efectivamente en integración de los pueblos.

Entre estos puntos, se contempla:

* La reafirmación del carácter público de la comunicación implica reivindicar que la sociedad debe tener el derecho de normar su funcionamiento; lo cual no es atentar a la libertad de expresión, ni tampoco es justificar la censura.  Dentro de este marco, un tema fundamental es reforzar las regulaciones para restringir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, junto con garantías para la diversidad y la pluralidad en la comunicación.

* La democratización y transparencia del sistema de concesión de frecuencias -en tanto recurso público escaso- es evidentemente un tema clave; incluyendo la legalización de los medios comunitarios y el derecho de los pueblos indígenas de tener sus propios medios.

* La comunicación pública implica también fomentar la creatividad ciudadana, la diversidad de contenidos y la creación de nuevos modelos comunicativos alejados del sensacionalismo que caracteriza la comunicación comercial.  Ello apela a políticas públicas tanto para el acceso, como para desbloquear la capacidad de expresión ciudadana –mediante capacitación, igualdad de oportunidades, discriminación positiva, etc.–, para que los sectores sociales que han sido marginados de los procesos de comunicación puedan efectivamente ejercer sus derechos en este plano.

* Un tema nuevo frente al cual se impone adoptar definiciones es el de la televisión y radio digital, que en pocos años va a remplazar los actuales sistemas analógicos.  ¿Cuál sistema permite una mayor democratización de la comunicación y cómo se debe normar la concesión de las frecuencias?  Con la gran cantidad de canales que este sistema puede soportar, ¿cómo lograr un equilibrio entre los canales extranjeros y la producción y cultura propia?  Es también una oportunidad para pensar una lógica distinta al modelo privado que rige en casi toda la región.

* En el ámbito de las tecnologías digitales, cabe explorar la formulación de nuevos derechos: de acceso a la tecnología y a la capacitación correspondiente;  para reforzar la protección contra el abuso de los datos personales, entre otros.

* Se impone buscar la modificación del actual régimen de propiedad intelectual, que lejos de proteger el interés público y los creadores de nuevos conocimientos y productos culturales, tiende a su privatización y a prolongar indefinidamente el lucro empresarial.

* Los derechos de las mujeres requieren de un tratamiento específico y transversal, que se dirija no solo al acceso diferenciado, sino también a los desequilibrios de poder presentes en casi todas las áreas de la comunicación.

* Además, corresponde reivindicar y reapropiar el sentido pleno de la libertad de expresión: como derecho humano y condición del ejercicio de la ciudadanía, y no como prerrogativa reservada a las empresas mediáticas.

Inquietudes como éstas motivaron que ALAI, como parte de las actividades por sus 30 años, organizara dos eventos en Quito, el pasado 30 de octubre: el primero, el Seminario "Movimientos sociales y ciudadanos y políticas públicas de comunicación", coordinado con CLACSO, en el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de la FLACSO, y el segundo, el conversatorio público “Comunicación en clave de movimientos sociales”.  Los aportes para estos dos eventos constituyen la base de esta edición.