La próxima Asamblea Constituyente, que elaborará una nueva Constitución del Estado, se presenta como una oportunidad para la ciudadanía no solo para debatir sobre el tema de la comunicación sino para incorporar nuevas disposiciones legales que permitan su democratización.

En los últimos meses ha estado en primera plana la controversia entre los propietarios de grandes medios privados de información y el Presidente Rafael Correa.  Este último ha entrado en un terreno que casi nadie se ha atrevido a entrar: al intocable campo del “poder mediático”.  Durante varias oportunidades, el mandatario se ha referido a la estrecha relación que existe entre la banca y los medios, a la monopolización y concentración de los mismos en pocas manos, al reparto injusto y a los abusos en el uso de las frecuencias radioeléctricas que son propiedad del Estado, en fin, ha establecido, además, una diferenciación entre la libertad de expresión de la ciudadanía y la libertad de empresa de los propietarios y ha abogado por los derechos de los trabajadores de los medios. 

Los grandes medios han reaccionado con espíritu de cuerpo argumentando “ataques a la libertad de expresión”, y, auxiliados por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras, se han lanzado contra el proyecto de cambio de Correa, que entre otros puntos plantea: limitar las ganancias de los banqueros, cobrar los impuestos a los grandes empresarios, priorizar el gasto social, establecer una política soberana respecto a la deuda externa, al FMI y el Banco Mundial, entre otros puntos.  “La derecha ha perdido fuerza, está fraccionada y tiene una enorme ilegitimidad social, ante esto está recurriendo a otros instrumentos, y uno de los más importantes son los grandes medios de comunicación”, señala Fernando López, decano de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central

Se perfilan las propuestas

En este contexto, los actores involucrados en la comunicación tienen puesta la mira en la Asamblea Constituyente que, de acuerdo a los cronogramas previstos, comenzará a funcionar el próximo 12 de noviembre.  Los propietarios de las grandes cadenas radiales, por ejemplo, ya presentaron su propuesta de reforma constitucional en la que, “para evitar lo que ocurrió en Venezuela, donde la Asamblea aprobó una controvertida ley que regula la programación”, reclaman que el “Estado no podrá, bajo ningún concepto, ni en (ninguna) forma  crear mecanismos, ni sistemas de regulación, intervención, control o censura de los contenidos o características de la información de los medios de comunicación social de carácter privado”. 

Otros enfoques tienen el gobierno, las universidades, los gremios periodísticos, medios alternativos y los movimientos sociales que están debatiendo el tema y han comenzado a formular propuestas que permitan hacer efectivo el derecho a la comunicación.

Rafael Correa enfáticamente ha manifestado que  “la Asamblea Constituyente será la encargada de legislar de manera más fuerte, más imperativa, para que no  exista la concentración de medios de información y la correspondiente separación entre grupos de poder económico financiero y grupos informativos”.

Por su parte,  María Eugenia Garcés, profesora de la FACSO,  manifestó que “Los problemas surgidos entre algunos medios, periodistas y el Presidente de la República nos abre la posibilidad de debatir este tema (el de la comunicación) con mayor amplitud para que la sociedad empiece a discutirlo y asumir que la comunicación es un derecho de toda la población”.

Tras señalar que la FACSO está participando en una mesa interinstitucional que incluye a la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), medios alternativos, facultades de otras universidades, ONGs, etc.  Garcés señala que es necesario partir de un nuevo enfoque de comprensión y acción de la comunicación ubicándola como un “derecho humano fundamental y la base para el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales”.  Agrega que otro punto importante de la propuesta es “el dimensionar el papel de la comunicación como agente que facilita la participación, incide de manera directa en una democracia verdadera y promueve el desarrollo social, para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. 

La periodista Yolanda León, presidenta de la FENAPE, considera necesario contar con políticas de comunicación, encaminadas a la consolidación de la democracia y la ciudadanía, el bienestar común, la defensa de los derechos y al mejoramiento de la calidad de vida.  De igual manera, las tecnologías de información y comunicación deben destinarse a garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

Para la dirigenta de lo periodistas profesionales es fundamental “promover mecanismos para que no se intensifique la concentración de la propiedad de los medios, cuyos efectos atentan a la libertad de prensa.  El Estado debe garantizar igualdad de condiciones para todos los medios de comunicación, sean convencionales, comunitarios, alternativos, y otros”.

Este último planteamiento es compartido por Ricardo Ulcuango, director de la radio comunitaria Inti Pacha, de la ciudad de Cayambe, al norte del Ecuador.  “Debemos luchar para una verdadera democratización de la comunicación y una verdadera redistribución del espectro radioeléctrico”, expresa Ulcuango.  Con la Constitución de 1998 se permitió que se crearan radios comunitarias, sin embargo, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, bajo la influencia de los monopolios mediáticos, introdujo disposiciones que discriminan a las radios de baja potencia que están limitadas en su cobertura y en el acceso a la publicidad comercial y estatal. 

Por su lado, la comunicadora de la organización indígena ECUARUNARI, Rebeca Llasag, expresa que “los diversos grupos de poder económico tienen el control de los medios masivos de comunicación, y eso ha significado que la población en general y los pueblos y nacionalidades y pueblos indígenas en particular no tengamos la posibilidad o seguridad de estar adecuadamente informados, de que nuestras culturas sean visibilizadas y valoradas y que el entretenimiento y la educación sean positivos para nuestras familias”.  Ante ello, propone crear un sistema público de comunicaciones pluricultural que permita contar con emisoras de televisión, radio, sistemas multimedia y medios impresos que sean independientes tanto de los grupos económicos como del Estado (y por lo tanto del gobierno de turno). 

La carne está puesta en el asador.  Lo que pase en la próxima Asamblea va a depender de la correlación de fuerzas.  Pero lo que si es seguro es que el tema de la comunicación será uno de los más controvertidos,  pues los monopolios pugnarán con todas la armas a su alcance por seguir manteniendo el statu quo, mientras los sectores sociales y ciudadanos deberán avanzar en una propuesta común que permita la democratización de la comunicación.