Este miércoles 28 de febrero, seguramente se convertirá en un día histórico para fortalecer las libertades de prensa e información y el derecho de los pueblos al libre acceso a la información pública gubernamental, ya que las comisiones respectivas en la Cámara de Senadores, aprobaron la despenalización de los llamados genéricamente delitos de prensa, en tanto que las de la Cámara de Diputados aprobaron elevar a rango constitucional la transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Es de recordarse que en los últimos meses de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, a instancias del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Atentados contra Periodistas y Medios, que encabezó la entonces diputada del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica Morga, se aprobó la minuta que despenaliza los delitos de difamación, injuria y calumnia.

Un grupo de gobernadores de los estados norteños del país, encabezados por el de Chihuahua, José Reyes Baeza, presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional para agregar al artículo Sexto de nuestra Carta Magna, el cumplimiento estricto de la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Con respecto al primer tema, después de aprobada la despenalización en la Cámara baja, el entonces seudo presidente, Vicente Fox Quesada, hizo declaraciones negativas acerca de la decisión parlamentaria, no obstante la votación a favor que emitieron sus correligionarios del Partido Acción Nacional.

Como siempre sucede, en los casos del PAN, cuando uno de sus líderes marca la pauta a seguir esta se convierte en verdadero dogma de fe, así pues la reforma para despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injuria, fue guardada en las arcas panistas del olvido.

En relación con la llamada Ley Chihuahua, o ley Reyes Baeza, que a primera vista pudiera catalogarse como un gran avance en los caminos de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, estatales y federal podría frenarse de no transformarse la ley mordaza vigente.

Nos referimos a la supuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en sus artículos 13 y 14, y lo mismo sucede en los correspondientes de la clonadas leyes estatales, todas las informaciones verdaderamente importantes son consideradas privadas o reservadas.

El brazo derecho de la mencionada Ley Mordaza, el Instituto Federal de Acceso a la Información, exactamente es eso, un instrumento persuasivo para detener o de plano cancelar el conocimiento oportuno de las informaciones gubernamentales.

No obstante todo ello, es de considerarse que se han dado dos pasos muy importantes en el respeto a las libertades de prensa y expresión así como el derecho a la información.

Ambas reformas, la despenalización con la adecuación de los Códigos Penal y Civil en materia federal, y la modificación del Sexto Constitucional sobre la transparencia y la rendición de cuentas, serán conocidas y aprobadas por los plenos de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar la próxima semana. Son sustanciales avances en la lucha que ha sostenido, sostiene y sostendrá -como lo ha manifestado la ahora asesora en el Senado, Beatriz Mojica Morga-, el periodismo nacional unificado.


- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
www.ciap-felap.org
www.fapermex.com