Desde la época de los abuelos de mis abuelos se viene diciendo que "guerra avisada no mata gente". Digo, por la sarta de amenazas que la oligarquía de cuello y corbata y el populismo descamisado, parapetados en las curules congresiles y desde algunos medios formales de comunicación, vienen desparramando como globos ensayo para ver si Correa y las fuerzas que se organizan en torno a un su propuesta constitucionalista, se amedrentan, se ablandan y empiezan a torcer el camino.

No se quedan allí: los derechosos encontraron otro instrumento para dar imagen de fuerza y, para demostrar que respetan la equidad de género, sentaron en el banquillo de las acusadas y las condenaron, en calidad de chivas expiatorias, a dos diputadas que decidieron salirse del redil por su desacuerdo a los métodos que empieza a aplicar la tremenda aplanadora 4x4, que aplica la ley cuando le conviene.

Y así es como están ahora pretendiendo jugar al pim-pom con respecto a la aplicación de las normas constitucionales: ellos pueden aplanar la norma que obliga al Consejo de la Judicatura a designar una terna para el nombramiento de Fiscal General y por medio de una leguleyada pretenden ignorar o meter bajo tierra todos los acontecimientos de la pichi-mayoría, la pichi-corte y las pichi-resoluciones de la época del dictócrata, precisamente el cónyuge de una de las señoras diputadas condenada por el delito de asambleísta-constitucionalista.

Para rematar la jugada y demostrar que quieren despolitizar y despartidizar la función judicial, han decidido designar Fiscal General nada menos que al que formó binomio en las últimas elecciones con el rey del banano, don Vicente Taíano, quien, para más señas, es el principal empleado a sueldo del monarca, nuevo aprendiz de dueño del país.

Felizmente, en las apariciones televisivas del fin de semana, el Presidente electo Correa ha hablado claro y con firmeza, demostrando que a él no le asusta el diablo de la guerra avisada.