Así no existiera, como existe, un plazo para que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con la disposición para que se convoque a una consulta al pueblo ecuatoriano para que soberanamente determine si quiere o no una Asamblea Constituyente, el plazo de la paciencia y de la tolerancia nacional ha llegado a su límite.

Ha llegado la hora de la decisión.

La lucha de los pueblos para transformar su realidad no ha sido ni será fácil nunca: la prueba que ha vivido la sociedad ecuatoriana en estos últimos 15 días demuestra que no es posible que los grupos de poder indebido, destinado a consolidar los privilegios de una estructura oligárquica que no hace concesiones para la equidad ni para la justicia social, cedan en algo la gula de su prepotencia.

La mayoría del Congreso, que hoy capitanea desde la sombra el derrotado Álvaro Noboa, con la pretensión de convertirse en el nuevo dueño del país, encontró, una vez más, en el podrido mecanismo de “interpretar” la constitución y las leyes cuántas veces les conviene, el mecanismo para dilatar el proceso para implementar la consulta popular para que se pase a la instalación de la Asamblea Constituyente.

Ya sacaron a relucir algunas de las argucias para manosear la “interpretación” de si el Presidente de la República puede o no pedir al pueblo un pronunciamiento sobre algo trascendente como es la instalación de una Asamblea para que emita, sin presiones mañosas, una nueva constitución, puesto que la última nació triturada por una aplanadora manejada por la derecha oligárquica.

El mensaje fue claro: se consultará al soberano si quiere o no que se convoque una asamblea que emita una nueva constitución y no que reforme la existente.

Para que el TSE cumpla esta disposición no requería de ningún pronunciamiento del Congreso.

Quien tiene la atribución para convocar a la consulta tiene también el derecho de someter a criterio del soberano el número de integrantes de la asamblea y las condiciones generales para su funcionamiento.

Pero será la propia asamblea la que decida, por sí y antes sí, los alcances de sus decisiones.
No existe en la historia de la humanidad una Asamblea Constituyente que no tenga plenos poderes, puesto que su juridicidad, su legitimidad y su mandato emanan del pueblo que es el depositario de la soberanía, como reconocen todas las constituciones habidas y por haber.

El plazo y la paciencia se agotaron: corresponde al Presidente Correa, con el respaldo de la mayoría del pueblo ecuatoriano, superar el escollo que la plutocracia y sus servidores incondicionales, han pretendido levantar.-