El periodismo organizado, tal parece, se ha quedado sólo en su reclamo de revisión o de plano derogación de las leyes mordaza que atosigan a la nación, nos referimos a la supuesta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las clonadas en varias entidades de la República. Sin que exista por parte del Poder Legislativo el mínimo acuerdo con respecto a esa demanda de respeto a la norma constitucional del derecho a la información, ahora se anuncia con toda pompa y solemnidad que las señoras y los señores diputados y senadores promoverán vasta legislación para homologar el dizque acceso a la información, de lo que se desprende, que lo que uniformarán es la mordaza a lo largo y ancho del país. Tiene razón Amnistía Internacional cuando dice que “México es un país de leyes sin justicia”

Los primeros en comprometerse a esta aberrante uniformidad fueron el priísta Pedro Joaquín Codwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y el panista Jorge Zermeño Infante, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes afirmaron sin mayor trámite y sin conocer argumentos de los diferentes sectores sociales interesados en el tema de la cuando menos controversial Ley, a trabajar en el cabildeo para que la iniciativa transite sin obstáculos en el Congreso y votarla a favor en el menor tiempo posible.

Habría que preguntarles al ex gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Codwell y al pretenso, está próximo a matrimoniarse con joven conductora de la televisión, Jorge Zermeño Infante ¿sí se han tomado la molestia de leer al menos y analizar cuando menos, valga la redundancia, los artículos 13 y 14 de la ley de marras y los correspondientes en las estatales, los cuales marcan la brecha o mejor dicho el bloqueo al libre conocimiento de la información pública gubernamental, que como hemos venido sosteniendo, es patrimonio del pueblo y nadie por consecuencia tiene el derecho a negarle?

Todo se desprende de una encerrona organizada por el IFAI, también hemos dicho el supuesto Instituto Federal de Acceso a la Información, la Universidad Iberoamericana y el Congreso de la Unión, de acuerdo a una llamada “Iniciativa Chihuahua” que lanzaron cinco gobernadores provenientes de diferentes partidos políticos, encabezados por el del norteño estado, José Reyes Baeza, desde luego evitaron convocar a las organizaciones periodísticas agrupadas en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, que preside el colega, José Antonio Calcáneo Collado.

En el comunicado de plano se dice que el Congreso de la Unión se prestará a legislar y a votar a favor la reforma al artículo 6 Constitucional que promoverá una homologación de la transparencia y acceso a la información para todas las entidades federativas. Así de seguros deben de estar los mencionados promoventes, quienes de antemano dan por seguro que su reforma Constitucional será aprobada

En el foro “La transparencia a la Constitución: una Reforma Democrática de Segunda Generación”, tanto Pedro Joaquín Codwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, y Jorge Zermeño Infante, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se comprometieron a trabajar para que el Congreso apruebe la reforma Constitucional.

A pesar de la arrogancia de los declarantes, no se debe claudicar en tema tan relevante: el derecho que le asiste al pueblo de tener acceso a la información pública gubernamental, que es celosamente guardada por la mencionada ley mordaza la cual considera diferentes modalidades para mantener lo verdaderamente importante en “reserva”, por ello cabe el diagnóstico de Amnistía Internacional, que obvio se refería a la crisis de seguridad pública y de justicia penal que prevalece en el país: “México es un país de leyes sin justicia”.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

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