El asesinato de Yolanda Izquierdo y otros desplazados que pedían por tierras arrebatadas por los paramilitares, desnuda que el grupo ultraderechista no está desactivado, sino que se está metiendo cada vez más en los poderes del Estado colombiano.

Uno de los caballitos de batalla del cada vez más cuestionado presidente colombiano, Alvaro Uribe, es la denominada “Ley de Justicia y Paz”, proceso que, en la letra, desmoviliza a los miles de paramilitares, devuelve las tierras usurpadas a los desplazados y, ante un estrado judicial, los lideres confiesan sus crímenes para menguar sus condenas.

Pero la realidad no muestra nada de esto, los procesos judiciales van lentos, los grupos paramilitares siguen actuando con total impunidad y cada vez más se vincula a los funcionarios gubernamentales con la “parapolítica”.

“Yolanda Izquierdo Berrío tenía 43 años y cinco hijos. En la década de los 90 fue despojada de su finca en Valencia, Córdoba, por el líder paramilitar Fidel Castaño que también obligó a centenares de familias salir desplazadas del sur de Córdoba para luego implementar su reforma agraria” se lee en el semanario Jornada. Y sigue: “16 años después, cuando entre otras cosas intentaba conocer la verdad sobre masacres como la de El Tomate donde murieron 16 campesinos en 1988, Yolanda se armó de valor y decidió representar en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados a unas 800 familias víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia”.

Aunque la ley de Justicia y Paz le había dado el legítimo derecho a la reparación de tierras y en caso de peligro de muerte le daría seguridad, la norma no se cumplió.

Dos pistoleros atacaron el miércoles pasado a la militante cuando salía de su casa en la capital provincial noroccidental de Montería. Recibió dos disparos en la cabeza y su esposo quedó herido de gravedad.

Con el asesinato de Izquierdo, ya son tres los crímenes perpetrados contra líderes de víctimas en menos de dos semanas. En Maicao, Oscar Cuadrado Suárez, líder de la Asociación de Desplazados de La Guajira, fue muerto la semana pasada; y con la misma suerte corrió Gustavo Espitia, líder de una organización de desplazados en Cotorra, departamento de Córdoba. Además, hace pocos días fue quemada en Cartagena la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar.

En diciembre, Izquierdo presentó una denuncia en la oficina de la Defensoría del Pueblo en Montería, en nombre de 416 familias que dijeron haber sido intimidadas a principios de la década actual para ceder terrenos que, paradójicamente, les había entregado una década antes uno de los anteriores jefes paramilitares, Fidel Castaño para que se realizara allí una “reforma agraria”.

La mujer había recibido amenazas de muerte por tratar de reclamar los terrenos y se quejó a mediados de enero ante la fiscalía también pidió protección, pero no se los dieron.

"Si en este proceso, las víctimas no tienen garantías para su vida, apague y vámonos", dijo Patricia Buriticá, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Eduardo Porras, director de la Oficina de la Comisión de Reparación y Reconciliación de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, comentó que las víctimas y sus voceros tienen derecho a ser protegidos por el Estado.

"Personas de San Onofre, Sucre, se enteraron que existía una lista con sus nombres para matarlos y la Defensoría del Pueblo y el programa presidencial para los Derechos Humanos tuvo que ofrecerles la protección", dijo Porras.

Mientras Uribe niega contactos con la guerrilla de él y miembros de su familia, las garantías para los desplazados no llegan ni a la protección de sus propias vidas. Los 50 millones de pesos colombianos ofrecidos como recompensa en forma tardía no solucionan nada. Y los “paras” aun conservan las tierras.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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