Los dos encuentros realizados la semana pasada en Cochabamba, Bolivia, -la Cumbre Sudamericana de Naciones (8 y 9 de diciembre) y la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (del 6 al 9)- dan una nueva señal de los cambios que se están viviendo en América Latina. No obstante, es aún temprano para poder juzgar si el proceso de integración que se está emprendiendo en el Sur del Continente significará realmente un nuevo rumbo para el desarrollo económico, político y social, o si terminará siendo el mismo modelo anterior, disfrazado bajo un discurso novedoso.
Mientras que la Cumbre oficial logró adelantos tímidos en los acuerdos para institucionalizar el proceso de integración sudamericana, la Cumbre Social, por su parte, se destacó por los avances propositivos desde los movimientos sociales de la región, que buscan dar cuerpo a una propuesta de modelo de integración que ponga por delante los derechos humanos, la justicia social, la cooperación entre pueblos y la solidaridad. En este último evento, unas 4.400 personas (cifra que rebasa en 50% lo esperado), principalmente de las redes y organizaciones sociales de América Latina y de Bolivia, participaron en los talleres o paneles, y en las 14 mesas de diálogo temáticas o sectoriales, que elaboraron propuestas de consenso a presentar ante los gobiernos y los pueblos de la región.
El carácter de las dos Cumbres -sobre todo la Social- estuvo fuertemente marcado por la realidad del país sede, Bolivia, cuyo gobierno, surgido de los propios movimientos sociales, ha abierto amplios espacios de participación en la política. También sobresalió por la numerosa presencia indígena de ese país -mayoritaria entre los 30.000 asistentes al acto de clausura-, y a través de las repetidas expresiones de solidaridad internacional con el proceso boliviano, ante las presiones desde la derecha nacional, que con huelgas de hambre y la ocupación de edificios públicos, pretendieron bloquear las reformas en marcha.
Confrontar visiones
La Cumbre Social no pretendió ser una contra-cumbre, sino más bien de un espacio de acompañamiento, propuesta y diálogo con la Cumbre oficial, -sin descartar la crítica-, desde un espacio autónomo de los movimientos sociales y ciudadanos. Si bien contó con el apoyo del gobierno boliviano, tuvo el carácter de un evento autoconvocado por los movimientos y organizaciones sociales agrupados en la Alianza Social Continental, la Campaña Continental Contra el ALCA, el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos, y otras articulaciones regionales. Luego de haber protagonizado las luchas contra el Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- y los Tratados de Libre Comercio -TLCs- con EE.UU., tales movimientos enfrentan, en la actual coyuntura, un desafío nuevo y nada fácil: él de pasar de la resistencia a la construcción de propuestas alternativas viables para la integración, desde el enfoque de los pueblos.
Pues, como plantea el Manifiesto de Cochabamba, declaración política de la Cumbre Social, se vive un "nuevo momento político y social, avanzando en la conformación de nuevos gobiernos sensibles a las demandas populares, que se distancian de la agenda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones y que buscan un camino propio"; coyuntura que constituye una "oportunidad histórica… para avanzar hacia una verdadera integración soberana y para los pueblos".
Además de los debates internos, se establecieron espacios formales de diálogo con la Cumbre Sudamericana: una delegación fue invitada al espacio oficial para intercambiar con los vicepresidentes de los 12 países de la región, donde expresó particularmente las inquietudes y propuestas sobre el carácter general de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). También en la Cumbre Social se organizaron siete diálogos interseccionales, que juntaron en la mesa a representantes gubernamentales con aquellos/as de los movimientos sociales, para debatir temas como la integración energética, comercial, financiera e infraestructural, los grandes problemas sociales, el medio ambiente y el agua. Es más, no pocos delegados oficiales de distintos países acudieron a escuchar las mesas de intercambio en los eventos del espacio de los pueblos.
Entre las apreciaciones sobre el evento, diversos/as participantes valoran que se haya logrado una visión más elaborada de los distintos temas, con una mejor sustentación, como se puede apreciar en los textos de conclusiones de las 14 mesas. Además, se ha fortalecido el consenso de impulsar una integración que no sea vertebrada por el libre mercado "basado en la exportación de productos básicos y bienes naturales, fundamentada en el endeudamiento y en la desigual distribución de la riqueza", como reza el Manifiesto de Cochabamba.
No obstante, muchas personas expresan también preocupación por ciertas tendencias presentes en el proceso oficial. Es cierto que en muchos aspectos, la Declaración de Cochabamba, firmada por los 12 presidentes de la región (o sus representantes), recoge elementos que han sido defendidos por los movimientos sociales (como el combate a la pobreza, la exclusión y la desigualdad social; la superación de las asimetrías; el énfasis en la solidaridad y cooperación; el respeto a los derechos de los pueblos originarios; la igualdad de género, entre otros). Pero a la vez se percibe una clara inclinación entre varios gobiernos a favorecer un modelo orientado hacia los grandes proyectos de infraestructura, las inversiones privadas y extranjeras y el libre comercio. Y ello incluye a presidentes que a veces se consideran dentro del campo "progresista", como el presidente Lula da Silva de Brasil, cuyo discurso en la Cumbre oficial se asemejaba a una apología del neoliberalismo, entre otros con su defensa acrítica de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región de América del Sur (IIRSA).
Justamente, este proyecto, que consiste en 300 megaproyectos para la conexión física del continente, fue duramente criticado en la Cumbre Social por responder únicamente a los intereses de grupos económicos poderosos. Implica la construcción de megacarreteras, en tanto corredores de exportación "generando a su paso corredores de miseria y el aumento acelerado de la deuda", como señalan las conclusiones de la mesa sobre este tema. Corresponde a un modelo económico primario exportador y extractivista de bienes naturales.
La Cumbre Social: avances propositivos
Las mesas temáticas de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos abordaron: militarización, agua, comercio, agricultura-tierra-territorio, energía, revalorización de la hoja de coca, justicia e impunidad, migraciones, infraestructura, comunicación, financiamiento, medio ambiente e industrias extractivas, derechos sociales y pueblos indígenas. Entre aquellas que se destacaron por sus avances propositivos, se puede resaltar, por ejemplo, las de energía, infraestructura y pueblos indígenas.
Las recientes medidas en Bolivia, entre otros países, por recuperar el control y los beneficios de los hidrocarburos, colocaron el marco del tema energía. Se propone fortalecer las empresas estatales, nacionalizar las reservas energéticas, garantizar el acceso de todos al abastecimiento energético y desarrollar un modelo menos despilfarrador de energía.
En infraestructura, se avanzó en la formulación de una contra-propuesta al IIRSA, que contempla la "infraestructura para la integración y el desarrollo de las comunidades de todos los países de América del Sur, entendiendo que la misma debe incluir aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales", renovando los ferrocarriles, creando empresas estatales de transporte marítimo e interconectando las redes de telecomunicaciones, entre otros.
Los pueblos indígenas, por su parte, elaboraron una propuesta que reivindica la integración regional que ellos mismos están emprendiendo, planteando que "hoy nuestros pueblos deben ser los actores de una integración para Vivir Bien en términos de identidad cultural, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra”, y que destaca que: "No somos el folklore de las democracias ni solo pedimos derechos sectoriales. Somos actores para lograr cambios estructurales que logren 'Para Todos Todo'”. Fue notable la intersección de las propuestas indígenas con otros temas (como industrias extractivas, agua, medio ambiente), que llevó a propuestas de consenso; sobre todo que ahora se trata de responder a realidades políticas que exigen de repuestas más urgentes.
El Llamamiento Indígena contempla temas diversos, entre otros: políticas públicas y de Estado interculturales, la representación directa de pueblos indígenas en la CSN, reestructuración del IIRSA, medios de comunicación indígenas e integración sin militarización.
Algunos temas fueron recurrentes en los diferentes espacios temáticos: así, por ejemplo, casi todas las mesas invocan mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en el proceso de integración. Varias mesas exigen la abrogación de los tratados bilaterales de protección de inversiones; y rechazan la presencia militar extranjera en el subcontinente y el Plan Colombia, entre otros.
Otras propuestas incluyen: establecer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, proteger las fuentes hídricas y construir una Convención Sudamericana del Agua. En derechos sociales, la elaboración de una Carta Social de Sudamérica y el establecimiento de una ciudadanía regional. En financiamiento, la auditoría de las deudas; un fondo común de reserva y la creación del Banco del Sur. En militarización, la participación de las organizaciones sociales en las decisiones sobre políticas de Defensa y Seguridad nacional y la salida de Haití del MINUSTAH (fuerza militar de paz, liderado por Brasil). En agricultura, una reforma radical a la insostenible estructura de propiedad de la tierra. En comunicación, el reconocimiento del Derecho a la Comunicación, la adopción de políticas para garantizar el acceso ciudadano a los medios y tecnologías de comunicación, y el fortalecimiento de las redes regionales de comunicación pública (como Telesur).
La Cumbre Social se caracterizó también por la afirmación de diversidades. Por ejemplo, fue notable la presencia del sector LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), que participó en la comisión organizadora, y se movilizó desde todo el país para aportar propuestas en los diversos temas, que los vinculen con la lucha contra la discriminación basada en la identidad. Por su parte, las mujeres se autoconvocaron para reivindicar su voz y presencia en los procesos de integración de los pueblos. Si bien por lo general hubo un reconocimiento de estas diversidades, no faltaron reclamos ante la mayor presencia de los hombres en los puestos de representación y por ciertas expresiones de sexismo y homofobia.
Por delante queda otro desafío, pues no basta tener buenas propuestas, sino también consolidar las fuerzas sociales que las llevarán adelante. Si bien se parte de un acumulado importante de movimientos sociales en la región, queda pendiente definir cómo reorientar y sostener el ímpetu y los niveles de articulación que se lograron con la Campaña Continental contra el ALCA, y que se han prolongado en las luchas contra los TLCs.
La Cumbre oficial: el peso de la CAN y el MERCOSUR
La Declaración de Cochabamba firmada por los presidentes aborda, entre los objetivos de la integración, un Nuevo contrato social sudamericano, la Integración en energía, finanzas, industria y producción, la Infraestructura, la Cooperación económica y comercial, la Ciudadanía sudamericana, Migración e identidad cultural, Cooperación ambiental, Participación ciudadana y Cooperación en defensa. Como cada punto se desarrolla en términos muy generales, la Declaración no permite apreciar la orientación que se dará a estos temas.
Pero es sobre todo en los acuerdos institucionales que se comienza a vislumbrar la cercanía del proyecto con los modelos anteriores de integración, con el consiguiente riesgo de heredar sus defectos y sesgos. Así, por ejemplo, se establece la cooperación de las secretarías de la CAN, del MERCOSUR, de CARICOM, de ALADI y de la CAF con las instancias de la CSN.
Otra decisión fue iniciar un proceso hacia el establecimiento de un parlamento sudamericano, cuya sede se establecería en la misma ciudad de Cochabamba. En cuanto a la continuación, la próxima Cumbre se realizará en Cartagena, Colombia, en 2007.
Un mayor desarrollo de ciertos temas se encuentra en el segundo documento emitido por la Cumbre oficial, que es la Síntesis de la "III Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano", si bien no representa un documento de consenso.
Diversos actores de los movimientos sociales están cuestionando este proceso, que se percibe como demasiado influenciado por el acumulado de la CAN y el MERCOSUR, procesos que llevan el sello del libre comercio y el modelo exportador, lo cual podría dificultar la definición de un modelo de integración nuevo y distinto.
