El Grupo de Apoyo Mutuo se siente profundamente satisfecho, por los esfuerzos hechos en Bruselas, Bélgica, por parte de la Iniciativa de Copenhague para Guatemala y México (CIFCA), que junto con al menos 5 parlamentarios europeos, vienen impulsando una resolución del Parlamento Europeo (ver Resolución abajo), en la que se hace un llamado al Estado de Guatemala, para que se procese a responsables de terrorismo en Guatemala.

Dicha propuesta apoya las gestiones realizadas en España, para que se dicten ordenes de captura contra

1. José Efraín Ríos Montt,
2. Oscar Humberto Mejía Víctores,
3. Ángel Aníbal Guevara Rodríguez,
4. Germán Chupina Barahona,
5. Pedro García Arredondo y
6. Benedicto Lucas García

Para el Grupo de Apoyo Mutuo es satisfactorio que la lucha en contra de la impunidad esté globalizada, que los crímenes que se cometieron en esté país no se olviden, ni dentro ni fuera de Guatemala, por lo mismo hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública nacional e internacional a apoyar los esfuerzos que se desarrollan en el Parlamento europeo, a fin de llevar a los tribunales de justicia a algunos de los más conocidos terroristas de Guatemala.

Los procesos que se han abierto en Guatemala, pone en evidencia la debilidad que enfrenta el sistema de justicia nacional, por lo que consideramos justo que la justicia se busque fuera de las fronteras, haciendo uso de legislación de otros países.
Anexamos la propuesta de resolución, que esperamos sea aprobada en el Parlamento Europeo este mismo día.

Guatemala, 26 de octubre del 2006

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento por:

– Charles Tannock y Bernd Posselt,
en nombre del Grupo del PPE-DE

– Pasqualina Napoletano y Luis Yañez-Barnuevo García,
en nombre del Grupo del PSE

– Marios Matsakis,
en nombre del Grupo ALDE

– Raül Romeva i Rueda y Alain Lipietz,
en nombre del Grupo Verts/ALE

– Willy Meyer Pleite y Marco Rizzo,
en nombre del Grupo GUE/NGL
para sustituir a las propuestas de resolución
presentadas por los siguientes grupos:

– PSE (B6‑0554/2006)

– Verts/ALE (B6‑0560/2006)

– PPE-DE (B6‑0561/2006)

– GUE/NGL (B6‑0564/2006)

– ALDE (B6‑0569/2006)
sobre el proceso contra Ríos Montt

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso contra Ríos Montt

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Guatemala (de 18 de mayo de 2000, 14 de junio de 2001, 11 de abril de 2002, 10 de abril de 2003 y 7 de julio de 2005),

– Vistos el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Visto su compromiso decidido y permanente con el cumplimiento de los acuerdos de paz y los derechos humanos en Guatemala,

– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A. Considerando que, según las acusaciones de crímenes contra la humanidad y de genocidio durante el conflicto armado en Guatemala, el 83% de las víctimas del conflicto eran de la etnia maya, 200000 personas fueron asesinadas y 45000 fueron víctimas de desapariciones forzadas, el 10% de la población resultó desplazada y se erradicaron comunidades indígenas enteras; que dichos hechos, como ha venido reconociendo el Parlamento Europeo, no pueden quedar impunes;

B. Considerando que las personas acusadas de planear y perpetrar los crímenes mencionados anteriormente jamás han sido procesadas y que algunas de ellas siguen ejerciendo responsabilidades políticas importantes;

C. Considerando que en diciembre de 2006 se conmemorará el 10° aniversario de los Acuerdos de Paz, y que sigue sin aplicarse el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos: las víctimas no han recibido una reparación adecuada, ni material ni simbólica; los responsables de los crímenes nunca se han disculpado públicamente, y sigue desconociéndose el paradero de la mayoría de las personas desaparecidas;

D. Considerando que un juez de la Audiencia Nacional española dictó el pasado 7 de julio una orden internacional de arresto contra 7 ex-dictadores o ex-militares guatemaltecos acusados de genocidio, torturas y detenciones ilegales;

E. Considerando que, previamente a la emisión de esa orden, dicho juez se desplazó a Guatemala para realizar una indagatoria, que fue denegada tras los recursos presentados por la defensa de los encausados ante la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción guatemalteco;

1. Insta a las instituciones guatemaltecas a que cooperen plenamente haciendo todo lo posible para la clarificación de las violaciones de los derechos humanos, para que los responsables sean conducidos ante la justicia y se hagan públicos los resultados de esas investigaciones, tal como se demanda en la orden internacional de arresto dictada por la Audiencia Nacional española el 7 de julio de 2006 contra José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo y Benedicto Lucas García, acusados todos ellos de crímenes de genocidio, torturas, terrorismo y detención ilegal;

2. Pide a los Gobiernos pertinentes, así como a los directivos de las entidades bancarias pertinentes, que colaboren en la incautación de los bienes y las propiedades pertenecientes a los encausados, a fin de garantizar que puedan asumir sus responsabilidades financieras y civiles;

3. Insta a Interpol y a Europol a que, en caso de petición cursada por las autoridades oportunas, faciliten los medios necesarios para garantizar la extradición;
4. Reitera su compromiso en contra de la impunidad de los encausados;

5. Se congratula de los avances logrados en la aplicación de la jurisdicción internacional, en lo que se refiere a los crímenes contra la humanidad, el genocidio y la tortura;

6. Considera que, caso de prosperar dicha causa, se debería proceder de la misma manera, en circunstancias similares, contra dictadores y responsables de violaciones masivas de los derechos humanos;

7. Expresa su apoyo al pueblo de Guatemala y a sus autoridades para que perseveren en la correcta aplicación del Estado de Derecho y en el desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y de la reconciliación histórica;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno de Guatemala, a los Gobiernos de los países de América Central, al Gobierno de los Estados Unidos y al PARLACEN.