Con la llegada al ministerio del Interior de Belisario Velasco se inicia, al parecer, una nueva etapa destinada a tomar “medidas” sobre los pasos de los movimientos sociales y políticos, para adelantarse y solucionar los “problemas” que puedan existir en el mundo social. La mandataria recalcó en la víspera que "nos vamos a anticipar" a los eventuales conflictos usando información de instituciones legítimas, (llámese la Agencia Nacional de Inteligencia). Las declaraciones de Bachelet salen en apoyo a los dichos de Velasco quien sostuvo que su cartera no “descarta recurrir a informantes para adelantarse a los conflictos sociales”. “Obviamente que gobernar significa anticiparse a situaciones que pueden preverse y en este país, existe institucionalidad que permite que toda la información que un gobierno tiene que tener para tomar buenas decisiones, y eso es tan claro y ha sido histórico y permanente en cualquier gobierno democrático en nuestro país”, indicó en la víspera la presidenta a la prensa. La defensa de Bachelet a la aplicación en toda su dimensión de la ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado y que creó la ANI, se afirma en que los primeros meses de su gobierno ha tenido que enfrentar diversos conflictos sociales que han llevado a perder la confianza de la ciudadanía en su gestión. ¿Por qué actuar ahora? Las masivas protestas estudiantiles, la huelga de hambre de los mapuches presos, los conflictos medioambientales, los reclamos de los pobladores sin casa y deudores habitacionales, las protestas de los transportistas, las huelgas de los trabajadores, la subida del precio de los combustibles y por derivación del transporte, incremento de la delincuencia, crisis con Argentina por el gas, fueron sólo algunos de los problemas. También se debe sumar, las descoordinaciones y discrepancias entre el gobierno, los congresistas y los partidos políticos de la coalición de gobierno de la Concertación que en más de una oportunidad obligó a la mandataria a llamar al orden y la disciplina en las filas del oficialismo. Aunque muchos de los conflictos que le ha tocado asumir a Bechelet en estos cuatro meses, son un legado de los tres gobiernos anteriores, la mandataria y su gobierno tampoco han mostrado mucha seguridad en cuanto a como van a cumplir con la agenda prometida durante su campaña. Las principales definiciones, como las reformas electorales, de pensiones, de Educación, Seguridad Pública -entre otras-, las puso en manos de pomposas comisiones, nombradas al parecer sin un criterio claro en cuanto a objetivos y expectativas. Salvo pasos alentadores, pero muy cortos, en el terreno social -aumento de las pensiones mínimas y atención médica gratuita para personas de la tercera edad- y algunos gestos en el área de derechos humanos, no ha podido anotarse muchos logros en lo que va de gobierno. La relación de los gobiernos de la Concertación con el mundo social en estos 16 años ha sido mínima o casi nula. El aporte por parte del Estado al desarrollo de las organizaciones de la ciudadanía se han reducido a unos pocos proyectos de bajos montos y no a resolver los problemas que estas levantan y que buscan soluciones por parte de los gobiernos locales, regionales o nacional. Ante esta realidad, la medida de aplicar con todo la ley 19.974 es producto de la desesperación. La Moneda no podría soportar un nuevo estallido como fue la “Revolución de los Pingüinos”, que de una reivindicación sectorial, pasó a ser reclamo nacional y que además contó con el apoyo de todos los chilenos, y con ello iniciar un proceso de transformaciones que busque un verdadero cambio en la educación del país. Las protestas estudiantiles llavaron a que el viernes pasado, Bachelet anunciara el primer cambio de gabinete, que incluyó tres piezas claves: el ministro del Interior y segundo hombre del gobierno, Andrés Zaldívar; y los titulares de Educación, Martín Zilic, y Economía, Ingrid Antonijevic, y que en sus puestos fueron nombrados Belisario Velasco (Interior), Yasna Provoste (Educación) y Alejandro Ferreiro (Economía), con lo que mantuvo en lo fundamental el equilibrio político dentro de la coalición gobernante y la paridad de sexo en el equipo ministerial, pero entregó una señal política de debilidad. Qué es la ANI No olvidemos que la ANI fue creada en 2004, y es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (llamada popularmente como La Oficina) creada en 1993. La ley define las funciones, las normas que debe aplicar y el secreto y reserva con el cual debe actuar la ANI. Su máxima autoridad es el Director, cargo de la exclusiva confianza de la presidente. La agencia, según la normativa vigente a 2006, cuenta con una planta aproximada de 125 personas. Su labor principal es realizar inteligencia política, ya que dentro del llamado Sistema de Inteligencia del Estado de Chile, cumplen esa labor las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Chile y la inteligencia policial las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Policías (Carabineros e Investigaciones). El antiguo organismo coordinador (la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional) quedó también como organismo colaborador de las instituciones armadas. Aunque dicen que la ANI cumple funciones sobre termas económicos, su verdadera función es la inteligencia política, que no es más que la obtención de información por parte organizaciones sociales u organizaciones dedicadas a la política. Esta recopilación de información puede tener diversos fines, tales como el combate a opositores políticos, control o seguimiento de organizaciones sociales (ONG, sindicatos, federaciones estudiantiles, grupos de presión, etc.) con el fin de precaver sus comportamientos, o persecución de fines "criminales". Lo que debe hacer el gobierno, no es recurrir a los “informantes”, ni llevar a su policía política al seno de las organizaciones sociales, sino debe estar junto a ellas, prestando su apoyo y asesoría. La Concertación y el propio gobierno deben tomar en cuenta que fueron ellas las que lucharon contra la dictadura, pero también son las que han mantenido los valores democráticos en estos años, pero sin el apoyo gubernamental. Más aún, las organizaciones sociales son el motor democrático de la sociedad y son las que deben estar al frente de las reivindicaciones de todos los chilenos. - Iván Gutiérrez Lozano es el Director de Crónica Digital. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile) http://www.cronicadigital.cl