Tal como sucedió en Bolivia, en el Ecuador se cuestiona a las empresas transnacionales petroleras que se llevan la parte del león mientras dejan en las zonas de las que extraen el codiciado oro negro, contaminación ambiental y poblaciones sumidas en el atraso y la pobreza.

El paro de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, de donde fluye desde hace 35 años el petróleo, que culminó en la noche del 25 de agosto, replantea en el Ecuador la lucha por la defensa de los recursos naturales.

“Las transnacionales no han beneficiado a la Amazonía, más bien han dejado enfermedades, cáncer, destrucción, contaminación, no nos han dejado nada, somos herederos de la catástrofe de la Amazonía, no tenemos agua potable, el 90% es agua contaminada, la luz eléctrica apenas llega como mechero, las vías de acceso son de quinta categoría”, dice René Pilisita, miembro del Consejo del Empleo y Políticas Petroleras de la provincia de Orellana, una entidad de la sociedad civil que trabaja con el municipio.

Para hacerse escuchar, las poblaciones de estas dos provincias, situadas al nor-oriente del país, recurrieron a las movilizaciones que se iniciaron el 14 de agosto, paralizando incluso la producción de algunos pozos petroleros.

De parte del gobierno presidido por Alfredo Palacio se demostró una gran incapacidad para resolver el problema mediante el diálogo y la negociación. En lugar de ello, recurrió a las medidas de fuerza e incluso a decretar el estado de emergencia en las dos provincias. Las Fuerzas Armadas y la policía causaron decenas de heridos, detuvieron violentamente a decenas de personas, incluidos el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad y el Prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, según denunciaron organismos de derechos humanos.

Para hacer prevalecer su política de “mano dura”, Palacio pidió la renuncia a su ministro de Defensa, el General (r) Solón Espinosa y lo sustituyó por el General (r) Osvaldo Jarrín, de línea autoritaria, quien en su primera comparecencia ante la prensa, afirmó que los militares pueden disparar cuando sean atacados.

Aunque el gobierno dijo que no negociará mientras esté vigente la medida de hecho, el gobierno tuvo que hacerlo. Tras cuatro días de negociaciones efectuadas en Quito, los representes del gobierno, de las provincias de Orellana y Sucumbíos y de las transnacionales llegaron a un acuerdo en el que se atiende algunas demandas de las poblaciones amazónica como la contratación preferente de mano de obra de la zona, la creación de un fondo para asfaltar 260 kilómetros de carreteras y destinar a la región el 16 del 25 por ciento del impuesto a la renta que pagan las petroleras.

Un punto en que no hubo acuerdo, fue en el pedido de los dirigentes amazónicos de que no se inicien acciones legales en contra de los que participaron en el paro. El manejo inadecuado y autoritario de este conflicto le ha traído varios problemas al régimen de Palacio: una mayoría del Congreso, además de levantar estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, le pidió que separe al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, quien es acusado de generar el caos en el país, de la brutal represión a la población y de incapacidad para resolver los conflictos internos.

Dos demandas de las provincias amazónicas quedan aún pendientes: la renegociación de los contratos con las empresas petroleras y la petición de que el Estado ecuatoriano ponga fin al contrato con la empresa transnacional estadounidense Occidental Oil and Gas Corporation (más conocida como OXY), a la que se acusa de haber transferido el 40% de sus acciones a la empresa canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía y Minas y de otras violaciones a la ley.

Nuevas condiciones

Con un precio del petróleo que se acerca a los 70 dólares por barril y con tendencia a seguir subiendo en los próximos años, es necesario la renegociación de los contratos de participación con las transnacionales “puesto que en las bases de los mismos está estipulada una cláusula de mantener la estabilidad económica de las partes, pero hoy no hay estabilidad económica, el desequilibrio está en contra del Estado, de tal manera que las compañías deben demostrar su voluntad y dar paso para que se estabilice la economía, el Estado no puede perder”, señala Henry Llánez, ex dirigente sindical y analista petrolero.

Otros dirigentes sociales van más allá, reclamando una participación del 50 por ciento para los ecuatorianos e incluso la nacionalización del petróleo. El Ecuador produce unos 550.000 barriles diarios, de los cuales 350.000 corresponden a 14 empresas transnacionales y 200.000 a la estatal PETROECUADOR. Paulatinamente, la producción de esta última ha ido disminuyendo, debido a que ha sido debilitada por sucesivos gobiernos que le han negado los recursos necesarios para hacer inversiones. Según el economista Alberto Acosta, “entre 1994 y 2004, entre otras trabas, no le entregaron (a Petroecuador) 1.460 millones de dólares para todas las inversiones necesarias en el campo de producción de crudo, lo que provocó pérdidas para el Ecuador por 4.580 millones de dólares”.

Paralelamente al boicot a PETROECUADOR, los gobiernos han mantenido una política favorable a las empresas transnacionales que paulatinamente se han apoderado de este vital y codiciado recurso. En el 2005, de una producción de 109 millones de barriles de petróleo, se llevarán 80 millones 400.000 barriles y al Estado le dejarán nominalmente 28 millones 60.000 barriles, eso significa que de cada 5 barriles que extraen las compañías se llevan cuatro y uno le dejan al Ecuador.

Además de este saqueo, “las compañías no pagan regalías y están exoneradas de impuestos arancelarios, de primas de entradas y de otros impuestos, entonces el Estado recibe mucho menos, mientras las compañías se estarían llevando cerca del ciento por ciento”, expresa Henry Llánez. Para graficar la evasión tributaria, Llánez menciona el caso de la empresa YPF Ecuador Inc, (que sería la misma compañía YPF Repsol) que no paga el impuesto a la renta desde 1997 aduciendo que no tienen base imponible y que por lo tanto no puede pagarlo. Si las compañías no acceden a renegociar los contratos, “el gobierno debería presentar al Congreso un proyecto de ley urgente para reformar la Ley de Hidrocarburos a fin de que las compañías no cuenten con exoneraciones tributarias, para que paguen los impuestos y las regalías, y para que el Estado controle rigurosamente inversiones, amortizaciones, costos de producción, manejo ambiental, las tasa de intereses de los créditos que reciben las filiales de sus casas matrices”.

 Llánez, sin embargo, dice que no hay voluntad política del gobierno de Palacio para llevar adelante este proceso de renegociación pues tiene una “enorme debilidad, siente mucho temor, se está derechizando y está manejando la política económica y petrolera con los mismos sectores bancarios y financieros que son usufructuarios del sacrificio del país, lo cual se puede modificar solo con una movilización del país”.

El caso OXY

La demanda de los pueblos amazónicos de exigir la caducidad del contrato con la OXI coincide con las exigencias de la CONAIE, y grupos ciudadanos y ecologistas que realizan movilizaciones diarias frente al Ministerio de Energía y Minas, hasta conseguir la expulsión de la OXY del país. Varios sectores sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación de diferentes tendencias ideológicas y políticas se han pronunciado en este mismo sentido.

La caducidad del contrato con la OXI ha sido pedida por el Procurador General del Estado, José María Borja, y por el ex presidente de PETROECUADOR, Carlos Pareja. El dictamen sobre este caso está en manos del Ministro de Energía y Minas, Ing. Iván Rodríguez, un técnico ligado a los grupos empresariales de Guayaquil, quien deberá pronunciarse en los próximos días. Las razones para solicitar la caducidad del contrato con la OXY son de peso.  Mencionemos solo tres:

- Al vender el 40% de sus acciones en el año 2000 a la empresa canadiense ENCANA, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas, violó el contrato firmado con PETROECUADOR, lo cual es motivo de terminación del mismo.

- La OXY ha sido multada varias veces por la Dirección Nacional de Hidrocarburos por no haber pedido autorización para realizar perforaciones de yacimientos, incrementar la producción, desarrollar los campos petroleros que están a su cargo. La ley dice que cuando una compañía es multada en forma reiterada, como en este caso, la misma es objeto de caducidad del contrato.

 - La OXY ha incurrido en varias infracciones al ordenamiento legal como la siguiente: hasta junio de este año, estaba empresa no estaba al día en la entrega completa del porcentaje de participación que le corresponde al Estado, debiéndole más de 1,5 millones de barriles de petróleo. Todo por el codiciado oro negro La hoja de vida de esta poderosa transnacional, fundada en 1920 en Estados Unidos, nos remite a un historial de contaminación ambiental, extracción de petróleo en reservas biológicas, división y humillación de las comunidades indígenas, utilización de trabajo infantil, tratos dudosos con funcionarios locales. Su presencia en el Ecuador se remonta a 1985, cuando era presidente el derechista León Febres Cordero, quien abrió de par en par las puertas a la inversión extranjera. En ese año, se firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa estatal Petroecuador (en ese entonces, llamada Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE). El petróleo que extraía del bloque 15 (en donde se encuentran los ricos pozos de Edén Yuturi y Limoncocha) era en un ciento por ciento del Estado, y éste último le pagaba a la OXY por la prestación de servicios.

Sucesivamente se fue modificando el contrato con esta empresa hasta que en 1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se dio un golpe de gracia a la soberanía nacional: “Se cambió el contrato de prestación de servicios por el de participación, con este último, a la Compañía se le entregó el 80% de la producción y el 20% se quedó el Estado”, señala Henry Llánez. Cabe indicar que quien hizo esta transacción perjudicial para el país fue el Dr. René Ortiz, quien fue ministro de Energía de Mahuad, y ahora funge como represente de una asociación de empresas transnacionales. “Es necesario ejecutar la caducidad del contrato con la OXY, hay sufrientes elementos jurídicos, legales, económicos para ello. La OXY tiene una producción de aproximadamente 112 mil barriles diarios, eso significa que al revertir ese bloque al Estado ecuatoriano tendría un ingreso de1200 millones de dólares al año, eso es importantísimo para el país, porque con eso no tendría que recurrir al financiamiento externo, no tendría que bajar la cabeza ante las imposiciones del FMI y del BM”, señala Alexandra Almeida, activista de Acción Ecológica.

El profesor universitario Alejandro Moreano coloca a esta lucha por la expulsión de la OXY en el marco de la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez de integración sudamericana que “significa cambiar la balanza de fuerzas debilitando a Estados Unidos”.

 “Lo de la OXI se convierte, entonces, en una especie de pulso y si es que triunfa esta batalla se va a modificar el juego de fuerzas. Pero además se da cuando la conciencia sobre la soberanía ha crecido en este país, algo que 25 años atrás no había, pero además es un problema perentorio que tiene que resolverse ya en 6 semanas a lo sumo. Por lo que me he dado cuenta, la posición a favor de la caducidad es mayoritaria, tiene el aval legal. Hay un gran consenso, las luchas de Orellana y Sucumbíos van en ese sentido. Y yo pienso que esta es una lucha que se puede ganar, yo recuerdo una tesis de Mao Tse Tung que dice que las luchas tienen que ser ganadas con razón y causa, o sea que tienes que hacer luchas de tal manera que aparezcan que se puedan ganar, no se trata de emprender luchas perdidas sino de moverte en la correlación de fuerzas sabiendo donde están tus puntos más fuertes”, sostiene Moreano.