La tesitura adoptada por el Senador Larrañaga en cuanto a reclamar para la oposición la mayoría de los cargos en los organismos de contralor, Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, resulta un error político de una fisonomía incomprensible. ¿Con qué fundamento racional se cambiaría el criterio empleado hasta ahora de que es el partido mayoritario, el que mayor respaldo obtuvo en el pronunciamiento soberano del pueblo, quien dispone de la mayoría de los integrantes de esos organismos? ¿No sería este un criterio más democrático que el que realiza el líder nacionalista a partir de una interpretación desfigurada de la Constitución? En realidad los organismos de contralor que se habrán de reinstalar ahora y para los que reclama mayoría opositora Larrañaga, estarán destinados a controlar ésta administración. Es decir, la nueva conducción de los ministerios, los nuevos directores de las Empresas Públicas, de los Bancos Oficiales, etc. Esos directores que acaban de iniciar su gestión con una serie de decisiones destinadas a cortar los abusos y prebendas de que se habían rodeado los integrantes de los Directorios, blancos y colorados, anteriores. De esos Directorios a los cuales, pese a ser la fuerza política con más caudal electoral, el Frente Amplio y sus aliados fueron sistemáticamente excluidos en las tres últimas administraciones. Sucede que esos nuevos directorios no sólo han cortado privilegios y situaciones de despilfarro de todo tipo sino que además, a través de la autoridad competente del Ministerio de Industria y Energía, las han denunciado públicamente. Estas denuncias, además, se benefician de las consideraciones éticas y del lenguaje claro y directo con que las formula el Sr. Jorge Lepra: se asistió dice, “a una degradación de la función pública”, se “realizaron gastos vergonzosos” etc. Estos dichos se publicaron hace más de 10 días. Desde entonces, solo un ex director, Ricardo Scaglia, rechazó las afirmaciones del actual Ministro. Lo hizo con expresiones de tipo genérico, muy poco convincentes. Pero al menos respondió en forma pública. No es el caso de los demás directores de las empresas mencionadas. Quizás muchos de ellos, ya curtidos, esperan que el curso de los días borre el contenido de las denuncias. En ese sentido vale la pena recoger una afirmación realizada por Jorge Lepra, cuando sostiene que es importante que se conozcan ampliamente en la población los actos de corrupción realizados por gobiernos anteriores (Como algunas de las publicaciones que recogen las denuncias no realizan su difusión por Internet me permito recomendar a los lectores un sitio frenteamplista que se actualiza con regularidad y que ha colocado en la red toda la documentación referida a las denuncias de corrupción formuladas recientemente: www.pvp.org.uy ) De los hechos mencionados más arriba se puede concluir razonablemente que quienes precisaban un contralor más ceñido eran los directores anteriores. Y que, con las mayorías blancas y coloradas que tenían y tienen, esos ‘organismos de contralor’ no resultaron eficaces para impedir la reiteración de hechos vergonzosos. Como bardo, la afirmación de Larrañaga suena espectacular. Quizá, ante otro público menos informado, esos dichos tendrían eco y hasta un cierto rédito político: “la izquierda no quiere ser controlada”. Entre nosotros, es fácil de percibir el sinsentido de esta pretensión de alterar las normas seguidas hasta hoy acerca de la composición del T. de Cuentas y de la C. Electoral que propone el Senador de la oposición. También parece totalmente inconsistente la afirmación, forjada desde el poder en los tiempos del lacallismo, que las denuncias de corrupción política sólo tenían como ámbito de tratamiento una sede judicial. Según esta concepción los partidos políticos son formaciones carentes de personería ética y todo lo que no pueda ser sentenciado por la Justicia Penal carece de significación política. Se trata de un tipo de afirmaciones que difícilmente aceptarían la mayoría de los ciudadanos de este país. No sólo los frenteamplistas, que disponen de un organismo jerarquizado y prestigioso, como es el Tribunal de Conducta Política, al que se someten las situaciones que, de acuerdo al reglamento, se entienden como presuntamente reñidas con los valores que hacen a la identidad moral de la izquierda. Tampoco la aceptarían buena parte de los blancos que evocan con orgullo la austeridad y el desprendimiento con que pasaron por el gobierno muchos de sus dirigentes históricos. - Hugo Cores es dirigente del PVP-Frente Amplio, Cores567@adinet.com.uy. La República, Montevideo, 4 de agosto del 2005