La realidad es dramática: sólo un pequeño 2,5% del total del agua existente en el planeta es dulce y por lo tanto de uso humano. Las previsiones, catastróficas: en veinte años (hacia el 2025) más de 3 mil millones de seres humanos -el 80% en los países «periféricos»- sufrirán la falta de ese vital líquido. Ya hoy, mil cuatrocientos millones de personas -uno de cuatro habitantes del planeta- carecen de agua, entre ellos 80 millones de latinoamericanos. Las diferencias y tensiones no dejan de aumentar. Mientras un habitante de un país del Sur consume en promedio 20 litros por día, un italiano llega a 213 y un estadounidense puede superar los 600. El manifiesto del agua En tanto que «fuente de vida» fundamental y no reemplazable del eco-sistema, el agua es un bien vital que pertenece a los habitantes del planeta en común. Ninguno de ellos, individualmente o en grupo, debería tener el derecho de apropiárselo en forma privada. Tal aparece como principio básico del Manifiesto del Agua, elaborado en 1998 por un grupo de 23 personalidades de primer nivel mundial encabezadas por Mario Soares, ex- mandatario de Portugal, y Riccardo Petrella, euro-diputado y presidente del Grupo de Lisboa. Con una simpleza máxima y rico en su capacidad didáctica, el citado documento subraya que «el agua es un bien patrimonial común de la humanidad», del cual dependen la salud individual y colectiva así como la agricultura, la industria y la vida doméstica. «El agua pertenece más a la economía de bienes comunes y de la riqueza compartida que a la economía de la acumulación privada e individual...» Por tal razón «el acceso al agua es un derecho fundamental, inalienable, individual y colectivo ...y hace parte de la ética de base de una *buena* sociedad humana y de una *buena* economía». Enunciado que sin embargo contrasta con la realidad cotidiana convertida en estadística. Seis mil niños de menos de cinco años mueren cada día como consecuencia del consumo de agua insalubre. 80 % de todas las enfermedades en los países del Sur tienen como origen la utilización de agua insana. Tres mil millones de seres humanos no cuentan hoy con instalaciones sanitarias adecuadas. Dicho Manifiesto, que propugna por un «Contrato Mundial del Agua», anticipaba seis años atrás, uno de los combates más encarnizados en el plano de las ideas; en el terreno de la lógica económica ; y de la dinámica diaria que protagonizan muchas naciones periféricas. Activos movimientos sociales del planeta han incorporado la consigna de la no- privatización del agua como un punto de no retroceso de su disputa callejera. La pueblada de Cochabamba, -«la guerra del agua»- en Bolivia, en abril del 2000, ha sido tal vez la protesta más emblemática del último lustro, por su dimensión y por haber obligado a la transnacional norteamericana Bechtel Enterprises y al gobierno sudamericano a retroceder en su plan privatizador. Lucha andina que no opaca otras tantas movilizaciones locales anti-privatizadoras en Argentina, Honduras, Perú, El Salvador, Nicaragua, Brasil, por citar sólo algunos de los casos más conocidos en el continente. La «prehistoria» de un derecho esencial. De la propuesta de Contrato Mundial a la de una Convención Internacional existe sólo un pequeño paso adelante y una visión estratégica consolidada. Organizaciones no-gubernamentales a nivel mundial, entre las cuales la Comunidad de Trabajo helvética, proponen avanzar hacia «una convención obligatoria de derecho público internacional sobre el agua», tal como lo formula la ecologista suiza Rosmarie Bär, una de las especialistas en la materia. La propuesta busca definir una política duradera sobre el tema, fundada en la idea que el derecho al agua es parte integrante de los derechos humanos básicos. Para la ecologista helvética «cuando se habla de agua hay que hablar de política... La política del agua va de la mano de la política del suelo y de la agricultura, de la política comercial y económica, la de medio ambiente, social y sanitaria, así como de la política de la igualdad... y sobre todo de la política de los derechos del hombre y de la paz». Es necesario, fundamentalmente, agrega Bär, una voluntad política para incidir en todos los niveles de la comunidad internacional. «Cada año Europa y Estados Unidos gastan más dinero para alimentar sus perros y gatos domésticos que el que se necesitaría para permitir a todos los seres humanos a acceder al agua potable». Ejemplo dramático que muestra que la lucha por el agua es un combate que implica modificaciones sociales a favor del desarrollo económico y de la justicia social», puntualiza. Valores todos que exigen tiempos y procesos históricos largos para su materialización. Mar del Plata, Argentina, 1977, fue la sede de la primera gran conferencia sobre el agua y el punto de partida de reflexión de una política global sobre el tema. Allí la comunidad internacional constataba por primera vez que «todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad suficientes como para cubrir sus necesidades». Quince años más tarde, la Agenda 21, resultante de la Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil, subrayaba y concretizaba esa exigencia. Fue la asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas del 2000 la que fijó un nuevo desafío clave: reducir hasta el 2015 a la mitad el número de personas que no tienen acceso al agua potable. Objetivo reconfirmado dos años más tarde en la conferencia de Río+10 de Johannesburgo, Africa del Sur. «Un largo camino hasta que sea considerado (explícitamente) como derecho de la persona humana» enfatiza Rosmarie Bär. Quien recuerda que en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, se establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente como para asegurar su salud, su bienestar y el de su familia, especialmente a través de la alimentación, vestido, vivienda...» Formulación que incluye, tácitamente, el derecho al agua. En la actualidad esa prerrogativa se deriva de normas obligatorias del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, el derecho al agua aparece como condición previa a la realización del derecho a la vida, comida, salud y vivienda. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), para su jornada mundial del 2002 lanzó como consigna: «Sin agua no hay alimentos». La mayoría de esos documentos y enunciados onusianos han quedado, sin embargo, reducidos a simples declaraciones de buena voluntad sin cumplimiento alguno. Muy especialmente en la nueva era de globalización económica extrema donde el ritmo lo marcan las instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sus subsidiarias regionales. Y la presión por privatizar el servicio de agua -entre otros tantos rubros y servicios- se convirtió casi en receta universal de las transnacionales del norte para los países del Sur. En una nueva arremetida todavía en proceso, la Organización Mundial del Comercio (OMC) empuja la privatización de los más diversos sectores públicos -desde la educación a la salud, pasando por el agua. Marco en el cual la Unión Europea exige a 72 países *en desarrollo o en transición* la apertura de sus servicios de agua a empresas extranjeras, aceptando de hecho la intensa presión de sus multinacionales del rubro que intentan seguir extendiendo el radio de acción y beneficios. Las guerras -militares o privatizadoras- por el agua En una entrevista de hace algún tiempo, el profesor italiano Riccardo Petrella, uno de los principales especialistas y militantes de la causa del agua, anticipaba que «las guerras futuras serán por el agua», refiriéndose abiertamente a potenciales conflictos bélicos. Funda su hipótesis, no sólo en la escasez, el derroche y la mala distribución del vital líquido, sino también en un marco planetario estratégico alarmante. 60 % de las fuentes de agua están localizadas en sólo 9 países (entre ellos Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil, China e Indonesia). En tanto 80 naciones que reúnen el 40 % de la población mundial están confrontadas a una verdadera penuria hídrica. De guerras armadas futuras a batallas económicas actuales no hay más que una diferencia de matices. Y la tendencia a privatizar el agua, convirtiéndola en una mercancía cada vez más inaccesible para importantes sectores de la población del Sur, anticipa explosiones sociales imprevisibles. Atrás de esta tensión dos posiciones antagónicas que quedaron de manifiesto en abril del 2003 durante la realización paralela del Foro Mundial del Agua de Kyoto, Japón, y la convocatoria alternativa de Florencia, Italia.. Para las transnacionales y las instituciones financieras internacionales el agua es un bien económico-comercial, como el petróleo, un auto o un televisor. Por lo tanto puede ser vendido, comprado o intercambiado. El acceso al agua es una necesidad vital pero no un derecho humano esencial. Y los seres humanos son consumidores/clientes de un bien/servicio al que se puede acceder a través de los mecanismos de mercado. Según la misma óptica, se impone la liberalización de los servicios hídricos. Esta liberalización -desregulación y privatización- se debe aplicar según el principio de condicionalidad impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, un país puede obtener créditos a condición que liberalice y privatice los sectores de actividad para los cuales ha solicitado ese apoyo externo. Concepto en el cual la prioridad está dada a la inversión privada. Tal como lo señala la Declaración del Foro Alternativo «...esta prioridad ha sido consagrada por el Informe elaborado por Michel Camdessus, antiguo director del FMI, presentado a Kyoto. Según la Declaración final de la Cumbre de Monterrey, México, sobre el financiamiento al desarrollo mundial y el Informe Camdessus, sólo el sector privado puede asegurar de manera eficaz el financiamiento suplementario... que sería necesario en la próxima decenio para reducir a la mitad las personas que no tienen acceso al agua y a servicios sanitarios». La visión opuesta, expresada por la sociedad civil internacional en el Foro Alternativo de Florencia, e inspirada en el Manifiesto del Agua así como en las reflexiones del Foro Social Mundial de Porto Alegre, pregona a favor de «otra política mundial y local del agua» y busca asegurar «el derecho al agua a las 8 mil millones de personas que habitarán la tierra en el 2020». Basándose en cuatro principios fundadores. El acceso al agua en cantidad (40 litros por día para uso doméstico) y calidad suficientes debe ser reconocido como un derecho constitucional humano y social, universal, indivisible e imprescindible. El agua debe ser considerada como un bien común que pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivientes del planeta. Es a la colectividad pública de asegurar el financiamiento de las inversiones necesarias para concretizar el lema de «agua potable para todos». Y, por último, los ciudadanos deben participar, sobre bases representativas y directas, a la definición y realización de la política del agua, desde el nivel local al mundial. Banco Mundial-FMI-transnacionales versus sociedad civil planetaria. Dos visiones diferentes, dos concepciones antagónicas, muchas más tensiones en puerta y la historia de un conflicto anticipado: entre los que beben y los sedientos.