Pese a una fuerte oposición de diferentes sectores sociales, y contando con el apoyo de los empresarios privados, de los grupos cívicos autodenominados "La Media Luna" (es decir los que dicen representar a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), de varios partidos políticos y de muchos comentaristas de prensa, el presidente Mesa viajó a la Argentina y firmó con el presidente Kirchner un contrato para la venta de gas boliviano a la Argentina, haciendo así efectivo el decreto D.S. 27448 (del 13- 04) en el que se explicaba las razones para una venta de gas sin necesidad de referéndum (por tanto en contra de los compromisos asumidos por el Presidente el día 17 de octubre del 2003), si bien sometida a los resultados del Referéndum sobre política energética previsto para el 28 de julio. En consecuencia el contrato con la Argentina sólo tiene una vigencia de 6 meses. Con esta medida el Presidente se ha expuesto a fuertes reacciones de parte del movimiento social; incluso Evo Morales, que defendía la importancia de "ser solidarios con el pueblo argentino" pero que también exigía la previa aprobación de una nueva ley de Hidrocarburos, advirtió al Presidente que se atuviera a las consecuencias de esta decisión unilateral. Con esta medida se ha intensificado el debate político nacional. Los argumentos a favor del decreto presidencial y del contrato ya firmado apuntan a la necesidad de obtener ingresos para la superación del déficit fiscal e incluso para resolver la dramática iliquidez del Tesoro General de la Nación. También proliferan los llamados a favor de dejar gobernar al presidente y de evitar una salida catastrófica a la actual situación de crisis e incertidumbre que vive Bolivia. Por todo ello es imprescindible realizar un apretado análisis de los datos reales que enmarcan el decreto y el correspondiente contrato. Las cuatro falacias del decreto y el contrato El equipo de analistas que asesoran al CEDIB ha detectado cuatro falacias centrales de esta política presidencial: Primera: Bolivia le vende gas a la Argentina. Toda la discusión publicada por la prensa adolece de esta ilusión óptica: se supone que se trata de un contrato entre dos estados, cuando en realidad la contraparte que realmente vende el gas es el consorcio Repsol- Petrobras (con participación de otras empresas como la Total), y la contraparte que compra el gas es también el consorcio Repsol- Petrobras, transnacionales que se venden a sí mismas el gas boliviano, por supuesto al precio que les conviene, básicamente para industrializarlo en su planta denominada Refinor y situada en Campo Durán, en el norte argentino. Es de notar que aquí se sitúa la principal demanda de Octubre y la principal objeción a este y a cualquier otro contrato de venta de gas: no tiene sentido que vendamos lo que no es nuestro ya que el beneficio de la venta no nos beneficiará a nosotros. Segunda: Argentina atraviesa una crisis energética. En primer lugar se trata de una afirmación gratuita, ya que Argentina cuenta con una reserva de 23 trillones de pies cúbicos de gas y se da el lujo de exportar la cuarta parte de su producción a Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Lo que busca la propagandización de la supuesta crisis energética es justificar la subida de precios para el consumidor argentino (la misma maniobra de la misma Repsol en Chile, juntamente con sus socias British Gas y Sempra Energy). Argentina no necesita de nuestra solidaridad (Uruguay tampoco); en el fondo lo que hay es el apetito de aprovechar la absurda generosidad de nuestros gobiernos, la que le ha permitido al Sr. Mallea, ejecutivo de Repsol, afirmar públicamente que Bolivia es un paraíso petrolero, ya que por cada dólar de inversión se obtiene diez dólares de ganancia. Pero además, si realmente hubiera crisis energética en nuestro vecino país, lo inteligente sería producir energía eléctrica y vendérsela (a Argentina y a los demás países vecinos), que es precisamente lo que reclaman cada vez con más fuerza amplios sectores de la sociedad boliviana. Tercera: El precio y las ganancias para Bolivia. Pese al texto oficial que habla de la conformación del precio en base a varios factores ("precio ponderado" a partir de la oferta de las empresas, más costos de manejo y transporte, más una partición para YPFB), en la práctica está claro que el precio acaban fijándolo las verdaderas propietarias que son las empresas. Al respecto las informaciones varían, pero la que puede considerarse más oficial es la que da cuenta de que se venderá el millar de pies cúbicos en 0,98 dólares, de los cuales 0,18 son el costo de transporte, por tanto el precio final efectivo es sólo de 0,80 dólares el millar de pies cúbicos (algo mayor que el previsto cuando se pretendía vender gas a Chile y Norteamérica, pero mucho más bajo del que se le cobra actualmente al Brasil, que oscila entre de 1,20 y 1,30 dólares). Pues bien, con ese precio el presidente Mesa ha sostenido públicamente que el país obtendrá 25 millones de dólares en los seis meses de duración del contrato (cantidad de por sí irrisoria comparada con la magnitud de la crisis económica que vive el país). Sin embargo las cifras del Presidente no resisten una verificación calculadora en mano: Si se prevé vender 4 millones de metros cúbicos por día, tenemos en 6 meses una cantidad de 728 millones de metros cúbicos, que a su vez equivalen a 25.705 millones de pies cúbicos, los que multiplicados por 0,80 arroja la suma de 20,56 millones de dólares. De esta cantidad sólo el 18 por ciento es para el país (2,26 millones para la región productora y 1,44 millones para el Tesoro General de la Nación). ¿Es realmente un negocio para Bolivia? Cuarta: La cláusula que impide la reventa del gas a Chile. Este elemento, que pretende tranquilizar el sentimiento popular y una de las principales razones emocionales de la convulsión de octubre, y que a la vez ha provocado una molesta reacción del gobierno chileno (que incluso anuncia va a estudiar si dicha cláusula no viola los principios de la Organización Mundial de Comercio), es la última falacia. En primer lugar porque nadie puede impedir que Argentina haga lo que quiera con un gas que supuestamente ya es suyo (mucho menos si se trata de poderosas empresas privadas); en segundo lugar porque, aunque ello fuera posible, es simplemente imposible de controlar, de hecho Argentina le está vendiendo a Chile 14 millones de metros cúbicos diarios (y se prevé que esta cantidad se incrementará a 39 millones en los próximos 10 años). La única forma real de controlar que el gas boliviano no irá a parar a Chile sería fijarle un precio superior al que este país le paga a la Argentina (que oscila entre 1,40 y 2 dólares por millar de pies cúbicos). En conclusión Por todo lo dicho es evidente que una vez más las transnacionales están dispuestas a hacer el gran negocio a costa de nuestros recursos naturales. Lo peor de todo es que, por todo lo que hasta ahora se sabe, el proyecto de Ley de Hidrocarburos que el propio Presidente va a enviar al Congreso, se limita a complicar las fórmulas aritméticas de los impuestos, para dar la impresión de que se va a modificar la situación, pero en los hechos mantiene la cuota básica del 18 por ciento de regalías, más un impuesto progresivo que fuera de teórico (y siempre burlable por las empresas, en las actuales condiciones) sólo se aplicaría a futuros contratos y a futuros pozos. Ni el país ni la población tienen nada que esperar de este nuevo negociado a título de solidaridad. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Bolivia Press 2004, Nº 5 (26 de abril) http://www.cedib.org