Luego de cinco años de recesión, la economía argentina volvió al crecimiento, pero aún muy lejos de recuperar la posición previa a la crisis de 1998. Ese crecimiento no ha modificado la condición estructural de la distribución del ingreso y, devaluación mediante, ha consolidado a más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza y con niveles elevadísimos de desempleo, apenas disimulados por dos millones de subsidios bajo el Plan de Jefes/as. Las tendencias de crecimiento marcan un nivel superior al 7% de expansión del PBI para el 2003 y aún cuando desde el gobierno se informa que la perspectiva para el 2004 será del 4%, muchos auguran la posibilidad de mantener un valor cercano al del presente año. Al mismo tiempo, se discute la sostenibilidad de esa favorable evolución si no se modifica sustancialmente el patrón de acumulación de capitales vigente. ¿Porqué? El cierre del año nos señala los condicionantes estructurales para una expansión continua y mucho más si se pretende que ese crecimiento contribuya a revertir los negativos indicadores sociales. Me refiero a las objeciones instaladas por el FMI para aprobar la primera evaluación trimestral del acuerdo suscripto en septiembre pasado. Ellas remiten a las reformas estructurales incumplidas, las que se vinculan a la renegociación de la deuda en default, a la recomposición de tarifas para las empresas privatizadas de servicios públicos y a las compensaciones demandadas por la banca. Esas exigencias, asumidas por los gobernantes, en la medida que se cumplan exigirán esfuerzos fiscales que impedirán abordar la cuestión social. Vamos por parte. El acuerdo con los acreedores en default puede materializarse durante el 2004 y queda el interrogante sobre el costo fiscal en ese año, que es una aspiración de los acreedores y que por ahora el gobierno y el presupuesto 2004 no contempla. La posibilidad de mayor recaudación convoca a una disputa por su apropiación. El FMI conoce esta situación y expresando el interés de sus directivos designados por los países de residencia de los acreedores de la deuda en cesación de pagos, interviene desde ahora para generar las condiciones para cobrar. Respecto de las tarifas ocurre algo similar. Los directores europeos con asiento en el FMI presionan para atender las demandas de mayor rentabilidad de los inversores a cargo de los servicios públicos. Las empresas tienen como carta de negociación las demandas interpuestas ante el Banco Mundial por 16.000 millones de dólares, que en el caso de verificarse se convertirán en una ampliación de la deuda pública externa, con costo para el conjunto de la sociedad. La moneda de cambio puede ser la corrección de las tarifas. En ese caso, el costo se descargará sobre los usuarios, afectando a los de menores ingresos. Puede adicionarse que el gobierno está abortando una posibilidad histórica de extender la evaluación de los contratos con esas empresas a otros aspectos más allá de las tarifas y ese es otro cargo al conjunto social. Es sabido también que la aspiración de la banca transnacional es profundizar la reforma financiera local para avanzar con los remanentes de banca estatal supérstite y de allí la presión para adecuar el sistema bancario. A la presión por resolver las necesidades de esos sectores del poder económico, acreedores externos, privatizadas y banca transnacional, se debe adicionar la presión por un mayor superávit fiscal. Son todos condicionantes que pueden afectar la expansión de la economía argentina en el corto y mediano plazo y sobre todo, establece fuertes condicionantes para que gran parte de la población supere su situación de empobrecimiento. No digo pobre, deliberadamente, ya que lo que existe es un proceso de empobrecimiento de la mayoría, que se expresa en desempleo y deterioro del ingreso de los que mantienen sus empleos; pero también se verifica una tendencia a la disminución del ingreso de pequeños y medianos productores y empresarios que vinculan su actividad a la evolución de los ingresos de la mayoría. Por si lo dicho fuera poco, el 2004 está agendado como el año en que finalizan las negociaciones por el ALCA, lo que implica la subordinación de la economía local a las exigencias de la economía de EEUU, competidora con nuestra producción y con un potencial diez veces superior al de Argentina. La suscripción de un acuerdo de esa naturaleza puede hacerle perder al país mercados regionales conquistados en los últimos tiempos y que hoy se imaginan expandir de la mano de la integración regional. Es un círculo vicioso donde el resultado recrea las condiciones de un deterioro permanente y estructural de la sociedad argentina. El desafío para el 2004 debe concentrarse en la constitución de un proyecto alternativo que privilegie la satisfacción de necesidades por encima de objetivos que remiten a la rentabilidad del poder económico. ¿Es posible? La respuesta es más política que económica. Dicho en un país que cuenta con ventajas comparativas encomiables por su dotación de potencial económico y poblacional. En fin, la palabra final está en manos de nosotros, los argentinos. Buenos Aires, 17/12/03 * Julio C. Gambina. Profesor Titular de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Director de ATTAC-Argentina. Director del Instituto de la Cooperación, IDELCOOP. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.