El régimen de Jean Bertrand Aristide, antiguo sacerdote en el poder en Haití, entró en una "desviación cada día más grave" que no tiene nada que ver con su primer mandato de 1991. Hay "una tendencia a un despotismo asombroso e insoportable". Esta "desviación" es "implacable, definitiva y no recuperable". La persona que se expresa así es Christophe Wargny, un historiador y profesor de periodismo francés, que fue, hasta 1996 (fin del primer mandato de Aristide), asesor del jefe de Estado haitiano. En octubre pasado, Wargny observó que las libertades fundamentales no son respetadas en absoluto. Meses antes, sacerdotes haitianos, antiguos compañeros de Aristide, dijeron lo mismo, pero con otras palabras. Con ocasión de la ceremonia de los funeralas del padre Antoine Adrien (que Aristide consideró como su propio padre) en mayo, el sacerdote William Smart, denunció "la pasión por el poder absoluto". El padre Max Dominique expresó su "decepción" e insistió sobre "exacciones cometidas por la policía y cuerpos de bandidos". En realidad observadores en Haití y el exterior se dan cuenta de la degradación general de la situación en el país, en vísperas del bicentenario de su independencia. Bloqueo político persistente El país caribeño está viviendo una transición democrática que está sistemáticamente obstaculizada. Un documento sobre la situación haitiana, publicado durante este año por la Organización de Naciones Unidas, destacó que el Estado de derecho "está deteriorado" con una nueva serie de crisis basadas en problemas electorales desde 1997. Las elecciones legislativas del año 2000 no han sido resueltas después de que fueron denunciadas como "fraudulentas" por la oposición política, particularmente por la coalición Convergencia Democrática. Los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de "solucionar" esta crisis electoral, no dieron resultado alguno. Más de 20 misiones de la OEA fracasaron. Una segunda resolución (822) sobre esta crisis, fue votada por la OEA en septiembre de 2002, previo a las elecciones legislativas de fines de 2003. Pero, el Jefe de la Misión de la OEA en Haití, David Lee, no pudo constatar, un año después de la votación de la resolución, que "suficientes disposiciones hayan sido tomadas por el gobierno en lo que concierne (entre otras) a la seguridad y la impunidad". Subrayó que "los otros actores continuaron insistiendo" por el respecto de algunos puntos antes de "avanzar hasta el Consejo Electoral Provisorio". Incremento de violaciones Esta situación ha ocasionado una polarización y una intolerancia muy fuertes alimentando una tensión política y social permanente, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, empezando por la libertad de expresión. "Son decenas de periodistas y trabajadores de la prensa, de generaciones diferentes, que fueron asesinatos, maltratados, arrestados, amenazados o forzados al exilio", durante los tres últimos años, declaró el Grupo de Reflexión y Acción para la Libertad de Prensa (GRALIP), en un informe del mes de abril. Con relación a otros casos, no pasa un día sin que los organismos de defensa de derechos humanos denuncien violaciones. En marzo pasado, un informe de la Comisión Justicia y Paz de la iglesia católica de Puerto-Principe dio a conocer que en la capital 117 personas fueron asesinadas o desaparecidas en 4 meses. La Comisión precisó en su informe que dentro de las víctimas se encontraron casos de jóvenes raptados durante la noche por policías, casos de parientes ejecutados en presencia de sus niños, comerciantes asesinados durante sus actividades, alumnos y hasta niños asesinados. ¿Policía politizada? En demasiadas ocasiones se ha revelado que los crímenes están relacionados con la policía. En un informe publicado en septiembre, la Coalición Nacional por los Derechos de los Haitianos (NCHR) denunció el retorno del fenómeno "attachés" (banditos trabajando con la policía). La NCHR indicó, por ejemplo, que la comisaría de Delmas 33, ubicada en la periferia este de Puerto-Príncipe, es un bastión de estos bandidos. Operan durante la noche y se especializan en violencia sexual, robo, tortura, ejecución sumaria, desaparición y secuestro bajo la complicidad de la policía, afirmó el informe. Sin perder tiempo, el gobierno desmintió la afirmación de la NCHR. Pero, al inicio de noviembre, cuando el experto de las Naciones Unidas, Louis Joinet, efectuó una visita de trabajo en Haití, descubrió elementos confirmando la existencia de "una policía paralela" y pidió su disolución. Louis Joinet se dio cuenta que "el Estado de impunidad sustituyó al Estado de derecho". Los organismos de defensa de derechos humanos hicieron conocer su "preocupación" por el hecho de que la policía abandonó su misión de "proteger y servir" a los ciudadanos/as para transformarse en un cuerpo "politizado", ligado al interés del gobierno. Esto se vio cuando un Director General de la policía, Jean Robert Faveur, dimitió el 21 de junio, menos de un mes después de su toma de posesión, y se fue al exilio en Estados Unidos. En su carta de dimisión, denunció una tentativa de control absoluto del Ejecutivo y el no respeto de las reglas. Frente a la oposición socio-política La policía está profundamente implicada en la dispersión violenta de manifestaciones antigubernamentales en diversas ciudades del país. Varias veces llegaron los policías para apoyar a los seguidores violentos del gobierno, que declararon públicamente que no aceptarían ninguna protesta anti-Aristide, en un contexto muy difícil para el gobierno, que desde hace meses enfrenta un incremento de la protesta de parte de diversos sectores descontentos. Un reciente caso es la concentración abortada del Grupo 184 (nombrado así por agrupar a 184 asociaciones del sector privado y asociaciones ciudadanías de varios sectores) el 14 de noviembre de 2003. Millares de personas de múltiples categorías sociales respondieron a la convocatoria de esta plataforma, para expresarse contra el método de gestión del país por parte de la administración Aristide. Llegaron los partidarios del gobierno y tiraron piedras contra los participantes, en tanto que la policía mantenía una presencia pasiva. En lugar de controlar a los agresores, la policía tiró gases lacrimógenos para dispersar la manifestación y procedió al arresto de 30 miembros del servicio de orden del Grupo 184. De la misma manera, el 29 de octubre, un grupo de partidarios del gobierno impidió violentamente una protesta de varias organizaciones civiles haitianas frente al palacio de justicia para denunciar el clima de violencia. Los grupos pro-Aristide intentaron violentar físicamente a los participantes. Tiraron piedras, botellas y otros objetos contra los manifestantes, prometiendo "cortar las cabezas e incendiar las casas". "No ver, no oír, no hablar, no es una solución", fue la principal consigna de la protesta en la que los/as participantes, en su mayoría mujeres de la Coordinación Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres (CONAP, siglas en francés), denunciaron los crímenes, la opresión y la corrupción en Haití. Tal como los movimientos de mujeres, asociaciones de estudiantes y alumnos repitieron la misma experiencia. El 22 de octubre, después de abortar una manifestación de partidos de la oposición, seguidores de Aristide atacaron a la Facultad de Etnología, donde estudiantes gritaron eslóganes hostiles al poder. El mismo método violento sirvió también para intentar tranquilizar a manifestantes en Gonaives (Centro-oeste). Desde fines de septiembre, más de 15 personas fueron asesinadas y otras 30 más heridas de bala en manifestaciones antigubernamentales, según cifras de varias fuentes. En Gonaives, antiguos partidarios de Aristide cambiaron de bando después del asesinato horrible de Amiot Métayer, un fiel colaborador del presidente que dirigió operaciones violentas contra partidos de oposición el 17 de diciembre de 2001, cuando el gobierno anunció un intento de "golpe de Estado". El jefe de Estado fue personalmente acusado de ser responsable del asesinato de Métayer. Un caso similar ocurrió un mes después en Cité Soleil, barrio pobre del norte de la capital. Vísperas de bicentenario En vísperas del bicentenario de Haití (primer de enero de 2004), Aristide difunde un discurso de "reparación y restitución" de fondos pagados por Haití en el siglo XIX al país colonizador, Francia, para el reconocimiento de la independencia. Pero este discurso de un gobierno con graves problemas de credibilidad, no parece romper, en el plano nacional, el aparente aislamiento progresivo de la administración de Aristide. En las calles, la gente está reclamando al poder qué ha hecho para intentar mejorar las condiciones de vida de la población, porque, además de los abusos, se observa una baja constante de la producción (-1,2%), permanencia de un alto nivel de desempleo (50% según la ONU), aumento del costo de la vida acompañado de la devaluación de la moneda (de 26 gourdes para un dólar estadounidense en agosto de 2002 a 45 gourdes para un dólar en febrero de 2003). Entre el inicio de octubre y la actualidad más de 200 intelectuales firmaron una petición para denunciar la postura gubernamental que intenta "buscar legitimidad" a través de la celebración del bicentenario. Organismos No Gubernamentales y asociaciones del sector popular formaron una plataforma para una celebración alternativa. El objetivo es "relanzar las luchas populares para obtener una independencia real", sin "dominación, explotación, impunidad y violaciones de las libertades". * Gotson Pierre. AlterPresse/Puerto Príncipe