Por primera vez en Guatemala hay una resolución judicial para proteger la libertad de prensa, lo cual no es un triunfo de la justicia, sino una derrota del sistema democrático, ya que el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales tuvo que interponer acciones de amparo para garantizar los derechos constitucionales. Debido a los graves sucesos protagonizados la semana anterior por grupos organizados, conducidos y financiados por los dirigentes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un conocido periodista resultó muerto y varios fueron agredidos por la turba. Con la muerte de Héctor Ramírez y la violencia en contra del periodismo, se aleja más la construcción de la democracia en este país, en donde pueden cometerse delitos flagrantes sin que las fuerzas de seguridad intervengan para detener a los causantes de los ilícitos. La presión ejercida a través de medidas violentas, en contra de los altos tribunales del país, es parte de la estrategia para imponer la candidatura de Ríos Montt y con ello entronizarse en el gobierno, lo cual garantiza al partido oficial la impunidad y la inmunidad necesarias para encubrir todos los actos cometidos al amparo del ejercicio del poder. Los medios de prensa y los periodistas han sido acusados y señalados por los eferregistas de distorsionar la información y perjudicar la imagen del gobierno y solo en lo que va del año, han sucedido 18 agresiones en contra del gremio, que incluyen desde reporteros hasta directores de medios. Las actitudes oficialistas tienen su explicación en la intranquilidad que les causa perder el control del estado y colocarse en una situación de vulnerabilidad ante la justicia nacional e internacional. El repudio fue generalizado en contra de los hechos de violencia que causaron las hordas del FRG y que afectaron inclusive al cuerpo diplomático, que vio prácticamente sitiado el lugar de su residencia. Defensores de derechos humanos, ambientalistas, políticos, religiosos, empresarios, académicos, sindicalistas, estudiantes, campesinos, juristas y dirigentes de distintas agrupaciones condenaron y rechazaron enérgicamente este rompimiento de la institucionalidad que atenta contra el estado de derecho. Especial mención hay que hacer de la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mostró una seria preocupación por el persistente deterioro del Estado de Derecho y por la posibilidad de que Efraín Ríos Montt pueda ser candidato en los comicios presidenciales de este año. El proceso electoral ha sido violento. Once activistas políticos opositores, la mayoría de la Alianza Nueva Nación, partido de izquierda, han sido asesinados mientras que ha habido un incremento de actos intimidatorios, asesinatos, amenazas, ataques a la integridad personal y violaciones de domicilios de líderes sociales, políticos y periodistas. En 1993 la CIDH se pronunció sobre la postulación del ex general Ríos Montt, ocasión en la que destacó la condición de inelegibilidad para quienes hayan liderado movimientos o gobiernos de ruptura del orden constitucional, consagrada en el artículo 186 de la Carta Magna. Valentín Paniagua, Jefe de la Misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que esos sucesos han perturbado el proceso electoral y han creado un clima de incertidumbre, inseguridad y amedrentamiento, mientras que la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz se sumó a todas las muestras de preocupación por los acontecimientos y exigió respeto a los derechos humanos. Numerosas organizaciones de prensa nacionales e internacionales reiteraron su rechazo y condena por la actitud violenta asumida por el partido de gobierno y repudiaron la muerte del reportero Ramírez, al tiempo que alertaron sobre la necesidad urgente de que se den plenas garantías para el ejercicio de la actividad periodística y en resguardo del derecho a la información de la sociedad guatemalteca. Es por eso que el gobierno debe dar una respuesta ágil, coherente y efectiva para investigar estos terribles incidentes y someter a los tribunales a los responsables. Especial responsabilidad tiene Alfonso Portillo de demostrar o explicar por qué las fuerzas de seguridad no cumplieron con su deber constitucional de preservar la seguridad y tranquilidad ciudadanas. A pesar de los riesgos que implica, los periodistas continuaremos desempeñando esta labor social, dispuestos a defender el derecho a la libre emisión del pensamiento y de prensa, fundamentales para la vigencia de un estado democrático.