Los primeros 40 días del gobierno del presidente Néstor Kirchner parecen estar transcurriendo en un clima de creciente aceptación de su liderazgo y líneas de gobierno. El candidato que apenas cosechó el 22% de los votos en la primera vuelta de la elección presidencial en abril último, ahora cuenta con casi un 80% de apoyo de la población. Este apoyo se debe a su estilo sencillo, pero decidido, y a una serie de medidas políticas de peso que le han ayudado a consolidar su poder, mejorar su imagen e imponer la idea de que habrá cuestiones que cambiarán sustancialmente durante su gestión. Si algo caracteriza a los funcionarios del nuevo gobierno es que dan la impresión de haberse hecho eco de las protestas populares contra la clase política, sus negociados y las denuncias de corrupción, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo y judicial, que dieron sustento a las jornadas de diciembre de 2001, cuando la población se volcó a las calles pidiendo cambios sustanciales en la vida política, económica y social del país. El gabinete de Kirchner pareciera estar queriendo transparentar al máximo sus acciones con medidas que apuntan a destruir los focos de corrupción largamente denunciados, creando nuevos vínculos de confianza con la población. También al tomar una cierta autonomía y perfil propio en la negociación con los organismos monetarios internacionales por el tema de la deuda externa, ha logrado concitar el apoyo de la gente, harta ya de las "relaciones carnales" con los Estados Unidos, inauguradas por el gobierno de Menem a comienzos de la década del 90 y que llevaron a una pérdida de autonomía y credibilidad de la política exterior del país. Algunos observadores de la derecha política no dejan de señalar con cierta preocupación una suerte de "izquierdización" de la sociedad argentina y un crecimiento del sentido nacional. La aceptación al presidente está acompañada por buenos signos de crecimiento de la economía, lo que da sustento a un cierto aire de esperanza en una mejora en el nivel de vida de la población. Las señales son todavía mínimas y tanto economistas como funcionarios son cautelosos al respecto. Pero se espera un crecimiento del 5% del PBI para el año en curso y ya han crecido los pedidos de empleo en la economía formal en un 121,71% respecto a junio de 2002, buena parte en el área técnica y de sistemas. También los economistas señalan que ha habido un aumento importante del empleo en las actividades de la construcción y agrícola y en la economía informal, aunque se trata de un índice difícil de medir. Todavía falta la recuperación del crédito, aunque los bancos oficiales ya han comenzado a lanzar líneas de créditos personales y para la producción. La falta de crédito que pueda incentivar un repunte del mercado interno es preocupante y las nuevas autoridades saben que se trata de un tema clave si se quiere realmente revertir la actual situación de decaimiento. El clima de mayor confianza se nota en un pequeño aumento de los consumos de la clase media en rubros que habían caído notoriamente durante la crisis, como libros, CDs, indumentaria, artículos para el hogar, vacaciones y esparcimiento. Pero lamentablemente este leve repunte no llega a notarse en los grupos más desprotegidos, donde el desempleo continúa siendo alto y no ha comenzado a recuperarse ni siquiera el consumo de alimentos. Si no fuera por los planes jefes y jefas de hogar que entregan subsidios a las cabezas de familia que no tienen ocupación, la crisis social podría estar alcanzado límites insostenibles. Un 40% de las personas desocupadas tienen una familia con hijos a cargo. Se trata de alrededor de 2 millones de hombres y mujeres que reciben un equivalente a 60 dólares por mes para hacer frente a sus necesidades más elementales. Si bien estos planes han sido criticados por incentivar el clientelismo político y no ser del todo transparentes, el gobierno piensa seguir adelante con los mismos aunque espera avanzar trabajando por una mayor transparencia en el otorgamiento de estos beneficios . Por el momento ha creado un registro único de beneficiarios para limpiar listados y evitar el fraude y la manipulación. El caudal político de Kirchner Una de las primeras pruebas de fuego que tuvo el presidente Kirchner fue enfrentar el tema del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo colegiado que funcionó con una denominada "mayoría automática" durante la gestión de Carlos Menem y luego de la misma, salvaguardando siempre los intereses del ex presidente y de sus amigos y socios. En un pedido público a las cámaras legislativas, Kirchner urgió a senadores y diputados a encaminar el juicio político a los jueces cuestionados. Luego de este discurso transmitido por cadena nacional que dio mucho que hablar, Kirchner decidió renunciar al privilegio que le otorga la Constitución Nacional de nombrar a los jueces de la Corte Suprema y por decreto presidencial decidió que si bien el nombre del candidato o candidata iba a ser nominado por el Poder Ejecutivo, el mismo iba a ser considerado por el Congreso Nacional y habría audiencias públicas en las que participarían las asociaciones de abogados, de magistrados, los cuerpos académicos, organismos de derechos humanos y otras entidades afines al tema para discutir la candidatura y hacer las recomendaciones u objeciones del caso. Con esta resolución, el presidente aventó cualquier sospecha de que quisiera emular al menemismo y su manejo discrecional de la justicia. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación a los pocos días del discurso presidencial comenzó la sustentación del juicio al presidente de la Corte Suprema, Dr. Julio Nazareno, un abogado que fue socio de Menem y de su hermano Eduardo Menem, hoy senador nacional, en el estudio que compartían en La Rioja. Nazareno fue comisario en la ciudad de La Rioja y durante la gobernación de Carlos Menem integró el Tribunal Superior de la provincia. Llegó a la Corte Suprema de la mano del ex presidente y jamás se destacó por sus fallos ni por sus condiciones de jurista. No obstante, fue notoria su incondicional fidelidad a Menem y a sus intereses. Acosado por los cargos y temeroso de perder la abultada jubilación que le corresponde como ex integrante de la Corte Suprema, Nazareno renunció antes de que comenzara el juicio político. Para la vacante, Kirchner envió al Congreso el nombre de un penalista de prestigio internacional, el Dr. Eugenio Zaffaroni, quien fue juez durante 20 años, legislador constituyente y presidió el Instituto Nacional contra la Discriminación durante el gobierno de la Alianza. Zaffaroni, quien se declara políticamente independiente; recibió en pocas horas el apoyo de los organismos de derechos humanos, organizaciones de abogados y cuerpos académicos. Todavía hay casi un mes para discutir su candidatura, pero los sondeos de opinión dan que un 57% de la opinión pública lo aprueba, ante, nuevamente, los saltos nerviosos de la derecha que no ven con buenos ojos que un juez que se declara "defensor del Estado social de Derecho" sea miembro de la Corte, temerosos una vez más de la "izquierdización" de la Argentina. Mientras tanto, Kirchner pretende continuar cosechando adhesiones y afirmando su poder presidencial. Como señaló el propio Zaffaroni al referirse al por qué de su nominación en los reportajes que le hicieron diversos medios, "el mayor rédito político que tiene (el presidente Kirchner) es la transparencia". "Sería suicida hacer otra cosa", agregó refiriéndose a la imposibilidad de volver a una Corte Suprema adepta. Señales como esta son las que espera la sociedad argentina, harta de los amiguismos, corruptelas y mayorías automáticas que llevaron al país al descreimiento y a la ruina de las instituciones democráticas.