En la última semana de octubre, Quito, la capital ecuatoriana, fue epicentro de las Jornadas de Resistencia Continental contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), con una programación que conjugó espacios de reflexión y momentos de protesta, cuyo desarrollo fue gravitante para que el debate se proyecte públicamente y, por tanto, deje de ser un asunto circunscrito a "entendidos" en la materia. La razón de ser de la cita de Quito fue que esta ciudad había sido designada como anfitriona de la VII Cumbre Ministerial del ALCA, lo cual condujo a que, en espacios diferentes, confluyan los estamentos pro y contra este acuerdo. Pero la contundente presencia de estos últimos no solo repercutió en la apertura de la polémica, sino que también forzó a que el cónclave oficial reciba a una amplia delegación que fue encargada de transmitir un mensaje de desacuerdo y oposición al ALCA. Encuentro continental Con la presencia de más de tres mil participantes procedentes de 41 países de las Américas y otros continentes, del 28 de octubre al 1ro de noviembre se realizó el "Encuentro Continental: Otra América es Posible", promovido por la Alianza Social Continental y las redes y coordinaciones que impulsan la campaña hemisférica contra el ALCA (iniciativa que surgió a partir de la Cumbre de los Pueblos de América realizada en Québec, en paralelo a la Cumbre presidencial del ALCA que tuvo lugar en esa misma ciudad en abril de 2001). Durante el evento, que adoptó el formato y metodología del Foro Social Mundial -cuyo capítulo ecuatoriano se encargó de la parte operativa-, se desarrollaron dos conferencias centrales ("ALCA, deuda y militarización", la una; y "ALCA vs Alternativas para las Américas, la otra)y nueve paneles organizados en torno a tres ejes: desarrollo, democracia y sociedad. Además, se llevaron a cabo unos 36 talleres sobre diversas temáticas relacionadas con el ALCA y encuentros sectoriales como los de pueblos indígenas y organizaciones del campo, entre otros. Conjunto de espacios que facilitaron la reflexión y formulación de planteamientos alternativos, el intercambio de experiencias e iniciativas de resistencia, el fortalecimiento de coordinaciones y redes sociales y la ampliación de las relaciones entre ellas, la visibilización de temas de interés de diferentes actores sociales, las denuncias, etc. El hecho de realizarse a día seguido del triunfo presidencial del candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, en Brasil, y a una semana del triunfo en la primera ronda de Lucio Gutiérrez, respaldado por la Sociedad Patriótica 21 de Enero y Pachakutik, en Ecuador, así como la presencia de Evo Morales, finalista en las pasadas presidenciales en Bolivia, contribuyeron a darle al encuentro una tónica de expectativas respecto a las tendencias que se están perfilando en la región en rechazo a las políticas neoliberales. Movilizaciones La principal expresión de protesta se realizó el 31 de noviembre, con una marcha diversa y multicolor que congregó en las calles de la capital a cerca de 20 mil manifestantes, integrados por indígenas, campesinos y campesinas, afrodescendientes, mujeres, gays, jóvenes, ecologistas, pequeños productores, sindicalistas, estudiantes de diversos países. En Ecuador, las movilizaciones comenzaron el jueves 24 con la "Caminata de los Pueblos por la vida y contra el ALCA" en dirección a Quito, a partir de cuatro puntos cardinales del interior del país, en cuyo trayecto se fue armando una carta que alcanzó los 50 metros de extensión. Cerca de 6 mil hombres y mujeres llegaron en la Caminata, en la mañana del día 31, para dar curso a la marcha que estuvo encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Evo Morales y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). También estuvieron presentes líderes y organizaciones de otros países del continente, como lo/as miembros del Movimiento Sin Tierra del Brasil y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), y algunos parlamentarios del continente. El propósito era llegar hasta al hotel donde estaba previsto que se reúnan los cancilleres y ministros de comercio exterior de la región, para entregarles un mensaje de rechazo al ALCA. Sin embargo, el área estuvo acordonada y no fue posible llegar. Helicópteros y patrullas vigilaban la marcha, mientras algo más de 5.300 policías custodiaban las calles de Quito, cerrando el paso a los y las manifestantes. Aunque la marcha se desarrolló en forma pacífica, los policías ?equipados con escudos y toletes? decidieron lanzar bombas lacrimógenas. El resultado fue un dirigente del sector judicial herido en el pecho y el brazo y un menor de edad fuertemente asfixiado, además de seis detenidos por enfrentamientos con la policía. El mismo día, se realizaron marchas y huelgas en distintos países del continente. En Cuenca (sur de Ecuador) se realizó una marcha de 15.000 personas; hubo marchas en 31 ciudades de Brasil y 10 ciudades de México, además de Paraguay y Honduras. En Canadá se realizó una huelga y jornada de movilización estudiantil. En Argentina y Bolivia, donde se había convocado a una semana de lucha contra el ALCA, el día 31 se realizó una marcha en Buenos Aires y actividades de protesta, debate y movilización en otras ciudades del interior del páis; mientras en la capital boliviana, en un acto simbólico, se cavó una fosa donde se "enterró" al ALCA. Mensaje a los ministros A las 19h00, por la presión de las movilizaciones, los Ministros del continente accedieron a recibir en audiencia a una delegación de las organizaciones que protagonizaron las Jornadas contra el ALCA. Luego de que las organizaciones rechazaron la invitación de enviar solo dos delegados/as, se logró la recepción de una delegación de 65 personas de todo el continente, que fue acompañada por una nutrida marcha hasta las afueras del hotel donde se realizó la reunión. Allí aclararon que no llegaron para dialogar, porque un diálogo implica igualdad de condiciones, sino para llevar el "Mensaje de la Movilización de los Pueblos de América", donde se expone las posiciones de la sociedad civil y los pueblos de la región respecto al ALCA. Antes de la lectura del documento, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, luego de denunciar la represión policial durante las manifestaciones pacíficas, planteó ante los ministros: "No estamos en violencia; pero cuando no hay educación, salud, vivienda, cuando no podemos dar a nuestros niños un pedazo de pan para desayunar, un cuaderno, ¿cómo es posible tanta desigualdad? Cuando alzamos la voz, EE.UU. dice que somos terroristas. ¿Pero quienes están propiciando esto? Es la desigualdad". En contraste, denunció la falta de voluntad política de los gobernantes para llevar a la justicia a los banqueros prófugos que han robado impunemente a los pueblos. También estuvo presente una delegación del Encuentro Parlamentario, que leyó su declaración final. Asamblea de los Pueblos Las Jornadas concluyeron con la Asamblea Continental de los Pueblos del 1 de noviembre, donde las distintas redes y coordinaciones sociales presentes dieron a conocer los resultados de sus deliberaciones durante la semana y aportaron propuestas para la continuidad y refuerzo de la Campaña Continental. Jóvenes, mujeres, campesinos/as, cristianos, pueblos indígenas y campañas continentales como el Grito de los Excluidos/as y Jubileo Sur y algunas campañas nacionales contra el ALCA se tornaron en el podio para exponer sus conclusiones y planes. Pusieron particular énfasis en la necesidad de profundizar el trabajo de sensibilización, educación y movilización de la población en general, sobre las implicaciones del ALCA para las mayorías en la región. Beverley Keene, delegada de Jubileo Sur, enfatizó en el vínculo entre el ALCA, la deuda externa y la ofensiva militarista, señalando que se trata de tres ejes de un mismo proyecto impulsado por EE.UU. para garantizar sus intereses en la región. Delegados/as de varios países, entre ellos México, Venezuela y Canadá, informaron de su decisión de organizar un plebiscito popular en las semanas y meses venideros, (y otros están en fase de planificación), siguiendo el ejemplo de Brasil que realizó una consulta a inicios de septiembre, donde 10 millones de personas se pronunciaron, en 98%, contra la participación de su país en el ALCA. Joao Pedro Stédile, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, se encargó además de colocar algunos retos a tener presente hacia futuro. "Hay que garantizar que en nuestros países se construyan movimientos unitarios, amplios, donde esté presente todo el pueblo y todas sus formas de organización social. Aquí no hay espacio para protagonismos, aquí debemos trabajar todos para informar al pueblo, porque la principal contradicción del plan estratégico del ALCA, es que por lo menos produjo en nosotros la voluntad política de crear movimientos unitarios, en nuestros países y a nivel de Latinoamérica. Solo miren la importancia de eventos como este que estamos haciendo, en Québec, Porto Alegre, Quito, Buenos Aires", dijo. Asimismo, señaló la necesidad de desarrollar en los diferentes países "un método de trabajo que transforme nuestra campaña, no en una campaña con fechas... sino en un movimiento permanente hasta que ganemos la guerra, porque es de una guerra que se trata". En términos de calendario, destacó dos actividades prioritarias para el próximo año: la realización de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires, en abril, y la cita en Cancún, en septiembre, con ocasión de la quinta Conferencia Ministerial de la OMC. Y además, formuló una invitación al tercer Foro Social Mundial a celebrarse del 23 al 28 de enero próximo, en Porto Alegre. La Asamblea permitió resaltar la importante contribución de las jornadas de reflexión e intercambio de los días anteriores, para desarrollar una argumentación mejor sustentada de la oposición al ALCA. Asimismo, evidenció que las movilizaciones simultáneas en Ecuador y otros países inauguran una nueva fase de la Campaña Continental. ALCA, deuda externa y militarización: ejes de un mismo proyecto La relación que existe entre el ALCA, la deuda externa y la creciente militarización de América Latina y el Caribe, fue el tema de una de las conferencias, programadas para situar el marco general en el que está inserta la negociación del ALCA y el debate de alternativas. La discusión partió del entendimiento de que estos tres temas son "ejes estratégicos complementarios de un solo proyecto de expansión y de consolidación del imperio norteamericano", (Declaración de Jubileo Sur Américas, uno de los coordinadores del evento). En primer lugar, porque el ALCA intenta crear un bloque regional dominado por Estados Unidos, capaz de enfrentar la competencia de la Unión Europea y del bloque asiático en la disputa por la hegemonía económica, geopolítica y cultural del mundo. Además, porque la deuda externa cumple también un papel de "apropiación de los excedentes de los países latinoamericanos por la vía financiera". Y porque la militarización es, a su vez, una "garantía armada de la hegemonía hemisférica y global de Estados Unidos". La hermana Elsie Monge, de la Federación Ecuatoriana de Derechos Humanos, recordó que Estados Unidos ha instalado cuatro bases militares en el continente, en Manta (Ecuador), Curazao, El Salvador y Aruba. Además, existe la propuesta de crear dos bases más: una en Alcántara, Brasil, y una más en Tierra de Fuego, Argentina. A estas bases se suma el Plan Colombia, que es una iniciativa militar de Estados Unidos, emprendida con el argumento de luchar contra el narcotráfico. El colombiano Héctor León, miembro del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), señaló claramente que el Plan Colombia (hoy transformado en un proyecto más amplio que es la Iniciativa Regional Andina) es, en realidad, un "proyecto militar contrainsurgente", es decir, un proyecto en contra de todos aquellos que se oponen al sistema y que hoy son considerados por Estados Unidos como "terroristas". Además del caso colombiano, se presentaron otras experiencias en donde se evidencia la creciente militarización de América Latina. Así por ejemplo, Gilberto López y Rivas, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (RMALC), y quien fuera integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), creada para buscar soluciones al conflicto en Chiapas, explicó que hoy el gobierno mexicano de Vicente Fox sigue la misma estrategia que impuso el régimen priista en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se trata de una "guerra de desgaste" ?dijo López y Rivas?, es decir, de una sucesión de pequeñas operaciones en contra de la población civil y de la forma de vida de las poblaciones indígenas. Para llevar a cabo esta "guerra", el gobierno mexicano utiliza una variante del modelo guatemalteco, en donde se utiliza a grupos paramilitares de origen indígena ("el cuño debe ser del mismo palo"), que desarrollan acciones que el gobierno no puede emprender directamente. "Se ha denunciado la presencia de estos grupos paramilitares ?señaló López y Rivas?, pero no se ha hecho nada al respecto". Además, el experto mexicano aclaró que, desde 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, los soldados mexicanos representan el grupo más grande de los latinoamericanos que se forman en las escuelas militares de Estados Unidos, para aprender las tácticas contrainsurgentes. Aunque el panorama se muestra sombrío, los expositores insistieron que "sin resistencias no hay alternativas", y llamaron a tender puentes y juntar los esfuerzos de las diferentes organizaciones sociales del continente en contra del ALCA y en contra de los proyectos de militarización de la región. "¿Hasta cuándo van a seguir decidiendo por nosotros?", se preguntó Evo Morales, líder campesino y ex candidato a la presidencia de Bolivia, quien propuso plantear alternativas conjuntas para, como han hecho los pueblos indígenas al interior de algunos de los países de la región, recuperar el poder político y gobernarnos a nosotros mismos. "La deuda no se paga, la deuda está pagada" En torno al tema de la deuda, se señaló que entre 1997 y el año 2000, América Latina y el Caribe transfirieron por servicios al pago de la deuda externa un total de 583.000 millones de dólares, además de 192.000 millones de dólares por conceptos de intereses. Sin embargo, Marcos Arruda, de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS), de Brasil, explicó que la deuda sigue creciendo, que se paga con nuestras reservas internacionales y que esto implica menos dinero para la inversión social en cada uno de los países latinoamericanos. Por su lado, el economista ecuatoriano Alberto Acosta afirmó que la deuda es un instrumento de dominación e implica la posibilidad de introducir políticas de ajuste estructural en América Latina y el Caribe. "No debemos nada, la deuda está pagada, y esto se puede comprobar matemática y financieramente", insistió Acosta, señalando que esta propuesta de no pago o cancelación de la deuda externa debe plasmarse en acciones concretas y conjuntas de parte de los países de la región. Acosta también explicó que diversas organizaciones del continente, agrupadas en Jubileo Sur?Américas, plantearon, en una reunión de hace unos pocos meses, la necesidad de buscar una estructura de derecho para afianzar la propuesta de no pago de la deuda externa. Así, se busca constituir un Tribunal Internacional que introduzca este estado de derecho que hoy no existe, y por lo cual los deudores son tratados como reos y los acreedores actúan como jueces y parte. Otra propuesta es promover lo antes posible un proceso de auditorías de las deudas que existen. "Cualquier deudor tiene derecho a no cumplir con su contrato si es que las exigencias y condiciones de pago le conducen a una situación inhumana", explicó el economista ecuatoriano, y agregó que la deuda no puede seguir siendo un obstáculo para el desarrollo humano de la región. Por tanto, la alternativa es introducir este estado de derecho, enfrentar el tema de la deuda en el campo político, con parámetros claros y con argumentos y, si es que todavía queda algo por pagar, entonces pagar sin poner en riesgo los proyectos sociales. Para los/las expositores/as de esta sesión de reflexión sobre lo que significa el ALCA, el reto que hoy tiene América Latina y el Caribe es reunir esfuerzos y tener un proyecto propio de desarrollo, un proyecto que promueva sociedades más equitativas y solidarias. De lo contrario, el riesgo es que el ALCA sea una realidad aún sin existir, a través de lo que significa las presiones de la deuda externa y las iniciativas de intervención militar en la región por parte de Estados Unidos. Para el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es necesario vencer las divisiones y la poca unidad latinoamericana que hoy existe y presentar alternativas conjuntas, porque "no nos resignamos a ser esclavos". ALCA versus Alternativas "ALCA versus Alternativas" fue el título de otra conferencia donde miembros de la Alianza Social Continental (ASC) pusieron en contraste las propuestas contenidas en el texto del ALCA y las que se han desarrollado en Alternativas para las Américas. Los/las ponentes pusieron énfasis en los marcos completamente distintos de las dos propuestas: mientras el ALCA serviría para fortalecer la capacidad de las corporaciones de entrar y salir de países bajo las condiciones que ellos consideren convenientes sin importar los impactos sobre nuestros pueblos, Alternativas para las Américas propone un modelo basado en principios de democracia, equidad, soberanía y sustentabilidad (ver recuadro). Karen Hansen?Kuhn del Development GAP/Alianza por un Comercio Responsable (Estados Unidos) comenzó con una introducción comparando los marcos generales. Explicó que, a parte de desconocer nuestras propuestas, el ALCA perjudicaría nuestras economías y sociedades. "Los integrantes de la ASC no nos oponemos a las relaciones comerciales y económicas entre los países -dijo-. Sin embargo, creemos que las reglas que rigen esas relaciones deben ser diseñadas de tal modo que garanticen que tanto el comercio como la inversión sirvan, ante todo, para promover un desarrollo equitativo y sustentable. El actual borrador del ALCA no apunta a esas metas, y está generando una oposición considerable entre grupos ciudadanos en las Américas". Hansen-Kuhn destacó las profundas diferencias de enfoque del ALCA versus Alternativas para las Américas. "Hay varios objetivos que son eje del texto oficial del ALCA: la cobertura universal de todo sector productivo y de servicios; la aplicación de las reglas del ALCA en todos los niveles de gobierno, y la eliminación de leyes y regulaciones que restrinjan la capacidad del sector privado, particularmente de inversionistas extranjeros, para operar dentro y moverse entre países de la región. En vista de que los acuerdos alcanzados en la Organización Mundial del Comercio (OMC) constituyen el piso de todo acuerdo regional, el ALCA será, de hecho, una 'OMC-plus'", afirmó. En Alternativas para las Américas, se han fijado los principios rectores con los que se evaluará cualquier acuerdo comercial, éstos son: Democracia: los ciudadanos deben estar activamente involucrados en el diseño, implementación y evaluación de políticas económicas que afectan sus vidas, así como tener la facultad de modificar políticas nocivas; Soberanía: las naciones deberían tener la capacidad de establecer altos estándares de vida, promoviendo un trabajo digno, la creación de buenos empleos, comunidades saludables y un ambiente limpio dentro de sus fronteras; Equidad: las inequidades tanto al interior de las naciones como entre unas y otras, así como entre mujeres y hombres y entre razas, deben reducirse; y Sustentabilidad: los acuerdos comerciales y de inversión deberían dar prioridad a la calidad del desarrollo, lo que implica el establecimiento de límites sociales y ambientales al crecimiento económico. Ninguno de estos principios se ha aplicado en las negociaciones del ALCA: sigue siendo negociado en secreto y el borrador contiene propuestas que podrían perjudicar la democracia en las Américas. Las propuestas que contiene van a mermar, en muchas formas, la facultad soberana de los gobiernos para llevar a cabo políticas de desarrollo específicas, y existen varias disposiciones que afectarían las facultades gubernamentales para proteger la salud de sus ciudadanos. Las intenciones de equidad entre economías de distinto tamaño existen en el discurso pero muy poco en la sustancia. La presión de producir para la exportación y la tendencia a limitar las reglamentaciones ejercerá una mayor amenaza sobre los frágiles ecosistemas y afectará la sustentabilidad. Pueblos indígenas acuerdan su Mandato Los pueblos indígenas presentes en las Jornadas contra ALCA en Quito, provenientes entre otros de Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, México, Chile y Ecuador, emitieron el "Mandato desde los Pueblos Indígenas de Abya Yala", documento en el cual expresan su pensamiento frente al ALCA, que consideran un "nuevo instrumento con el que se consumará en nuestros territorios sagrados la expoliación, el genocidio y el etnocidio". Esta declaración fue discutida en la Conferencia Continental preparatoria de la Segunda Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas y posteriormente en el panel sobre Pueblos Indígenas. El documento advierte sobre los impactos del ALCA, entre los cuales menciona: mayor destrucción del medio ambiente, desalojos de los territorios indígenas, privatización del agua, uso generalizado de transgénicos; degradación de derechos laborales y condiciones de trabajo, destrucción de las culturas ancestrales y valores éticos... y "hasta terminarán por desmantelar los estados nacionales y los convertirán en colonias incorporadas". "De qué integración nos quieren hablar si con la ejecución de sus planes nos están desintegrando y eliminando -pregunta el Mandato-. Qué integración proponen si en la base de la propuesta están la competencia... la inequidad, el irrespeto de los pueblos y culturas y el afán de unificarnos a todos en el mercado y el consumismo". Demandas a los Estados Entre las exigencias que los pueblos indígenas plantean a los Estados y Gobiernos del continente se destacan: el cumplimiento con los compromisos de normativa internacional en materia de Pueblos Indígenas, en particular "el derecho a la consulta previa antes de tomar decisiones que puedan afectar a nuestros Pueblos, como por ejemplo las que tienen que ver con acuerdos comerciales." Advierten contra el riesgo de volver a cometer "el error histórico de la invasión y la conquista europea, de llevar a la catástrofe y a la muerte a los pueblos originarios de América". Piden asimismo "Establecer, mantener e implementar el reconocimiento jurídico-constitucional y la identidad étnica-cultural, social, económica y territorial de los Pueblos Indígenas". Demandan la "reparación e indemnización de daños por el genocidio, etnocidio y ecocidio de parte de los blancos europeos y norteamericanos a través de sus gobiernos, empresas, iglesias, y otras formas de explotación y dominio" así como la desmilitarización de los territorios indígenas y la desocupación por parte de las fuerzas armadas. Exigen el cumplimiento de sus derechos colectivos y humanos, que constan en diversas constituciones, convenios y tratados nacionales e internacionales. También el cumplimiento de sus agendas y planes de desarrollo, aprobados en foros indígenas nacionales e internacionales. Reafirman la intangibilidad de los territorios indígenas frente a todas aquellas actividades y empresas explotadoras de recursos que depreden el ambiente y atenten contra la integridad cultural y territorial de los Pueblos indígenas. Por último, exigen el compromiso de la ONU y la OEA para la expedición de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Proyecto de Declaración Americana, en base a la sustentación establecida por los Pueblos. El Mandato enumera, además, diez obligaciones de los pueblos indígenas, que incluyen entre otras: En relación a la autonomía y cuestiones territoriales: reafirmar la autonomía y libre determinación territorial, cultural, política y gubernativa. Reclamar el derecho natural e inalienable a recuperar y conservar los territorios indígenas. Demandar el derecho a la titularidad y administración de los recursos naturales, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Conservar sus formas de manejo de los recursos naturales. Con respecto a la tierra y la naturaleza: rechazar el modelo que explota al hombre y a la naturaleza, irresponsable con las generaciones futuras. No admitir los derechos de propiedad privada sobre la vida. Afirmar el amor, respeto y veneración por la Pachamama o Madre Tierra. Relativo a los valores, cosmovisión y tradiciones indígenas: afirmar los valores de lazos de fraternidad con todos los seres humanos. Reafirmar y respetar la tradición y cosmovisión aprendida de los abuelos. Mantener las normas de comportamiento con la tierra, con la montaña con la selva, que incluyen: sentido comunitario, pensar en el largo plazo, adoptar tecnologías apropiadas y sentimiento de humanidad. Además proponen fortalecer alianzas de unidad y solidaridad entre organizaciones indígenas y con los diferentes sectores del mundo, e impedir que los gobiernos se comprometan en la participación en el ALCA. ALCA y agricultura A la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC- le correspondió organizar el Panel "ALCA y Agricultura", que dio cuenta de las implicaciones de una política que favorece únicamente a los grandes productores y empresas agropecuarias, cuyo impacto se intensificará con el acuerdo del ALCA. Peter Rosset, co?director de Food First de EE.UU., habló de la estrategia de ese país para ganar dominio mundial en el sector. La Ley agrícola aprobada por el Congreso este año aumentó los subsidios a la agricultura nacional en 80%, a unos 54 mil millones de dólares anuales. Esta medida, explicó Rosset, es parte del modelo estratégico que EE.UU. viene desarrollando desde hace 30 años, en estrecha convergencia con los intereses de las grandes empresas transnacionales de su país, que ha dado prioridad a tres ejes estratégicos: el mercado de armas, las patentes y el agro. La política de subvenciones a los productores de granos básicos, para que puedan vender por debajo del costo de producción a las grandes exportadoras, combinado con presiones para que los demás países abran sus mercados a estos productos -uno de cuyos principales mecanismos sería el ALCA- ha significado que el maíz estadounidense se vende en Latinoamérica 20% por debajo del costo de producción, y el trigo a la mitad del precio. Por ello, América Latina ha abandonado la producción de trigo y su maíz no puede competir. Estas compensaciones a los productores se destinan en el 97% a los productores más grandes. En nada favorecen a los pequeños productores agrícolas de EE.UU. que, al ritmo de 2000 familias por semana, tienen que abandonar sus tierras. Rosset estima que detrás del reciente incremento de los subsidios, se esconde un anzuelo para obligar a los demás países a abrir más sus mercados, a "cambio" de rebajar los subsidios a su nivel anterior. Para este analista, la meta de los pueblos debería ser quebrar a los monopolios. Si bien EE.UU. cuenta con sus propias leyes antimonopolio, internacionalmente no existe ningún control de ese tipo. Rosset enfatiza en la necesidad de mecanismos para prohibir que pueda haber empresas que controlan hasta el 70% del mercado mundial de ciertos productos. Estrategias de lucha Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, destacó que el ALCA es un "plan estratégico del imperio", frente al cual la prioridad de las organizaciones del campo debería ser crear comités locales contra el ALCA en todas las comunidades. Stedile resaltó como ejemplo la Consulta Popular realizada en Brasil, donde no solo 10 millones de personas se pronunciaron respecto al ALCA, sino que permitió debatir el tema en 10 millones de domicilios; o sea, tuvo un gran valor pedagógico. Este mismo debate no se está dando en la prensa. El dirigente campesino y diputado mexicano, José Narro, de la organización CNPA, dio cuenta del impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN-. Desde su introducción en 1974, el número de pobres en México se ha más que duplicado. Hoy en México hay 65 millones de pobres, de los cuales 30 millones sobreviven en condiciones de extrema pobreza. La agricultura mexicana se ha volcado hacia la exportación y ahora el país debe importar 40% de sus alimentos. Y sin embargo, México no puede competir en los mercados agrícolas, porque EE.UU. abre y cierra sus mercados según sus conveniencias, contó Narro. Por ejemplo, para el aguacate o el tomate, EE.UU. cierra sus fronteras cada vez que tiene sobreproducción interna. El indígena maya Juan Tiney, dirigente de la CONIC de Guatemala, hablando a nombre de la Secretaría Operativa de la CLOC, denunció que 340 de los 800 millones de habitantes de las Américas viven hoy en la pobreza. Calificó al analfabetismo como "una política para que no conozcamos nuestros derechos". Subrayó que si los gobiernos no quieren que las poblaciones sepan sobre el impacto del ALCA, es responsabilidad de los dirigentes sociales informar a sus bases al respecto. Enfatizó en la necesidad de ser más consecuentes en el consumo y de valorizar más la producción nacional, sobre todo la de los pequeños productores, en lugar de consumir productos de las empresas transnacionales. "Rechazamos los transgénicos, pero no percibimos que ya los estamos consumiendo", afirmó. Destacó asimismo que la desmilitarización es otra tarea que no está desligada de la lucha contra el ALCA. El Foro sindical "Empleo y Derechos de los/as Trabajadores/as" fue el tema del panel organizado por las organizaciones laborales, reunidas en el Foro Sindical, que aprobó una declaración sobre el tema. Los ponentes abordaron la flexibilización laboral y medidas como el trabajo por horas, que se pretende favorecer mediante el ALCA. Enfocaron los problemas que causará el ALCA en el caso de estados débiles con bajos niveles de participación democrática, donde las grandes empresas norteamericanos podrían aprovecharse de la escasa normatividad jurídica pare perjudicar a los Estados latinoamericanos. Se consideró también la situación de países en severa recesión, con migraciones y desempleo masivo, como es el caso de Uruguay. En su Declaración final, el Foro Sindical caracteriza el ALCA como "el nuevo rostro que adquiere la dominación y la dependencia en nuestro continente, que va más allá de un acuerdo comercial, es un instrumento del capital que pretende imponer la supremacía de la ley del mercado y que tiene su explicación en la fase actual de acumulación, en la globalización, en el impacto de la ciencia y la tecnología en los instrumentos de trabajo, en la división internacional del trabajo y en la explotación de los/as trabajadores/as". El documento enfatiza que el ALCA introduce "todas las normas disciplinarias del Acuerdo de servicios propuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) -Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)- con los poderes del fallido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), a fin de crear un nuevo poder comercial con una nueva autoridad de amplios poderes que regiría cada aspecto de la vida de nuestros pueblos, sometiendo a los Estados a los intereses de las transnacionales y de los poderes financieros, violando el principio elemental de soberanía y autodeterminación de los pueblos". Entre sus efectos nocivos subraya la disminución progresiva del empleo, la precarización del trabajo y aumento de la carga y la imposición de formas de subcontratación y tercerización y de legislaciones antiobreras. También enumera: el aumento progresivo del subempleo y del desempleo, la violación sistemática de los acuerdos internacionales del trabajo, la disminución del presupuesto para atender áreas sociales y privatizaciones de las áreas estratégicas y servicios públicos. Propuestas y compromisos La Declaración Sindical expone las razones por adoptar una posición de rechazo al ALCA: "porque prioriza la ganancia, el lucro y el libre comercio sobre la vida, la dignidad y la distribución equitativa de la riqueza. Porque prioriza la libra circulación de capitales pero impide la circulación de las personas. Porque prioriza la explotación y sobreexplotación de los recursos naturales ignorando los impactos ecológicos. Porque convierte a las personas y las formas de experiencia y conocimiento históricas de los pueblos en simples mercancías. Porque perpetúa las relaciones de dependencia y dominación de América Latina", entre otras. Pero también el Foro Sindical expresa sus propuestas, que contemplan un tipo de integración que garantice la participación democrática activa de los diferentes sectores sociales en su definición. Proponen una integración donde "el comercio y la inversión no sean un fin en sí mismos, sino mecanismos para el desarrollo justo y sustentable, en el marco de relaciones sociales distintas" y que establezca mecanismos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los/as trabajadores/as y sus familias. Esta integración debe garantizar el pleno empleo, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores/as, la protección y promoción de la cultura de los pueblos, el desarrollo económico de los países permitiendo la inversión en proyectos sustentables, la subsistencia y el respeto de los derechos de los/as trabajadores/as agrícolas y de sus comunidades y la protección de la naturaleza y de los recursos. Incluiría tratados migratorios y garantizaría la educación formal, formación profesional y educación sindical para los/as trabajadores/as. Las organizaciones sindicales signatarias se comprometen, además, en aras de la construcción de un mundo justo y solidario, a fortalecer el movimiento sindical de tal manera que pueda ser una fuerza social capaz de construir ese mundo; a estrechar lazos de solidaridad y cooperación entre organizaciones y pueblos y a presionar a los gobiernos para que se sujeten y respeten la voluntad de los pueblos sin renunciar a la soberanía y autodeterminación de los Estados. Se comprometen además a defender y promover el desarrollo de los servicios públicos y el derecho al desarrollo de los pueblos y a luchar por la plena vigencia y respeto de los derechos individuales y colectivos de los/as trabajadores/as. El documento completo está en Declaración Foro Sindical. Alca versus democracia La amenaza que representa el ALCA para la democracia fue discutido en tres paneles. La disminución del papel del Estado y el hecho que el poder se ha ido desplazando hacia otras instancias, como las grandes corporaciones y las instituciones multilaterales, fue uno de los temas abordados en el panel sobre Estado y políticas públicas. Respecto a las políticas del área social, en particular salud y educación, se preguntó si la educación debe ser considerada un servicio comercial, como es crecientemente el caso, o más bien como derecho humano. Se señaló al respecto que en EE.UU. la educación se ha convertido en un sector rentable que genera un superávit, con resultados muy cuestionables en términos de calidad (llegando al absurdo de vender certificados de educación física por Internet). En cuanto al papel de movimientos sociales al respecto, se destacó el movimiento de lucha contra ALCA y el TLCAN, donde se ha ido aprendiendo a aceptar las diferencias y a escuchar. Se trata de una especie de "integración desde acá" entre distintas culturas y posturas. Soberanía y derechos humanos fueron los otros temas de este eje. La discusión sobre soberanía resaltó la esperanza de lo que significa una nueva solidaridad y convergencia entre pueblos y países. Se señaló que la soberanía tiene su expresión más formal en los Estados. Sin embargo, es un proceso que debe empezar por la afirmación de identidad, en el ejercicio activo de la ciudadanía y en la práctica de la democracia. Se hizo hincapié en la necesidad de recuperar la identidad histórica -como han dado el ejemplo los pueblos indígenas- y de construir la identidad política. Parlamentarios de la región contra el ALCA El Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los Parlamentos, que se desarrolló en Quito entre el 29 y el 30 de octubre, resolvió rechazar el Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- y exhortar a los gobiernos de América Latina y el Caribe "a retirar de las rondas de discusión a sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y de acuerdos de integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, MERCOSUR, CARICOM, entre otros". Esta es una de las resoluciones adoptadas por el grupo de parlamentarios de México, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Québec y Perú, en la Declaración de Quito. Esta Declaración invita a los parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a "discutir y decidir sobre todos los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y las condiciones de vida de los ciudadanos del continente y fijar agendas soberanas con relación a la integración". Por tanto, sugieren que en donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales, para atender lo correspondiente al ALCA y a otros proyectos de integración similares. Asimismo, la Declaración propone que, como un paso inicial a las discusiones de los y las parlamentarias de cada país, se evalúe los resultados y procesos de varios acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla Panamá, la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Rechazo al secretismo Entre las personalidades y parlamentarios que participaron en este Encuentro figuran el líder cocalero y ex candidato a la presidencia de Bolivia, Evo Morales; el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo. Muchos de estas personalidades y hoy parlamentarios de algunos países del continente rechazaron el secretismo que ha primado en las negociaciones sobre el ALCA, y la exclusión de los sectores sociales de este proceso. Así, Rodrigo Carazo señaló que ni los empresarios conocen bien las condiciones de este acuerdo. Además, aseguró que es importante analizar lo que ha pasado con el TLCAN, firmado entre México, Estados Unido y Canadá, y vigente desde enero de 1994. "En México ha crecido la desocupación", dijo, y agregó que además se ha dado un proceso de competencia desleal, de la que se ha beneficiado sobre todo Estados Unidos, que subsidia sus exportaciones. Para este parlamentario, el ALCA no es un acuerdo justo, puestos que nos exige a los latinoamericanos "ceder mercados a cambio de nada". Respecto a la transparencia, la Declaración de Quito considera que cualquier acuerdo de "libre comercio" es "una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocido ampliamente, analizado, discutido y sancionado por los Parlamentos nacionales y refrendado por el conjunto de la ciudadanía". En cuanto a sus potenciales impactos, la Declaración denuncia que la fórmula del "libre comercio", promovida por el ALCA favorece una política de "apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural". Afirma que el ALCA pretende consolidar el control de recursos estratégicos, como el petróleo, el agua, la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, "mediante patentes de propiedad intelectual ?entre otros?, en manos de transnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas, un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio". Los/las parlamentarios piden propiciar los procesos de integración de los pueblos de América, en donde haya respeto a la dignidad y a la autodeterminación. "Cualquier proceso de integración debe ser equitativo y sostenido ?señala el documento?, debe satisfacer las necesidades de más del 70% de la población que vive en situaciones de extrema pobreza". De igual manera, el documento insta a "promover la unidad nacional de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general, para defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada nación". Consideran también que la imposición del año 2005 para que entre en vigencia el ALCA, no es aceptable "ya que obliga a los países a adecuar sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular que en América Latina y el Caribe demuestran que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad". Documento completo Declaración de los parlamentarios reunidos en Quito