La exportación y la explotación indiscriminada de recursos naturales sigue siendo el secreto de nuestro "crecimiento económico". El impacto ambiental de estas políticas aún no se mide en toda su magnitud. El manejo de la basura y los altos índices de contaminación ambiental (smog), son ejemplos de la negligencia con la que actúan las autoridades, y de la carencia de una política ambiental coherente. Desafortunadamente, no son los únicos problemas ambientales que enfrentamos. La producción de minerales y, principalmente, los relaves, contaminan no sólo el suelo, agua, aire, flora y fauna; también, la salud de una población indefensa. Las empresas forestales y los procesos anexos de transformación de la madera causan serios daños al ecosistema, particularmente al suelo y el agua en nuestro país. La sustitución de especies nativas degrada y empuja a la desaparición definitiva de nuestros bosques. El masivo uso de plaguicidas y agrotóxicos impacta a la población y el entorno. La fabricación de celulosa produce desechos altamente peligrosos. La pesca industrial, que se ha apoderado de nuestro mar en desmedro de la artesanal, ha llevado al colapso de especies agotando los recursos, mientras la transformación del producto en harina de pescado contamina ciudades completas. Las urbes siguen creciendo de manera irracional, y con ellas la contaminación, que afecta la calidad de vida y desafía la gestión de los gobiernos de turno. Priman, una vez más, los criterios de mercado, sin importar el costo que tendrán en la población y el medio ambiente. La basura, el smog y la contaminación, como muchos otros problemas que tienen que ver con el interés público y la salud de la población, han sido y son manejados de manera deficiente. "¿Quién paga los costos?" El economista y director ejecutivo de la Fundación Terram, Marcel Claude, critica la ineficacia de las políticas y lo poco relevante que son las cuestiones ambientales y sociales en la agenda del gobierno. "La basura tiene una doble cara social y ambiental. Con esto, quiero decir que los problemas ambientales, normalmente, afectan a los sectores más vulnerables y terminan siendo manejados de manera poco eficaz. La solución al vertedero de Lepanto, es un caso arquetípico". La Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres) pensó resolver el problema a través de una licitación, pero en el curso de esta se presentaron muchas irregularidades. "Nunca estuvo claro qué se iba a evaluar. No se sabía si serían los criterios técnicos o los costos por tonelada, la lixiviación, los tratamientos de líquidos percolados, gases, la impermeabilización, etcétera. Si era relevante eso, versus lo económico". Este problema atravesó todo el proceso de licitación, e incluso las empresas que participaron en él, lo objetaron. La elección de los rellenos sanitarios de Santa Marta y Santiago Poniente se tomó independientemente de las resoluciones de la Comisión Nacional de Medio ambiente (Conama) y la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Corema Metropolitana. "La elección se hizo dos meses antes. ¿Cuán relevante era el criterio ambiental y técnico en la decisión de Emeres? Nunca se han aplicado las multas a los consorcios por su retraso en las obras de implementación de los rellenos sanitarios. En la licitación se establecía que el precio por tonelada de basura sería fijo, pero, finalmente, el contrato -de Emeres con el consorcio Santa Marta- habla de 'precios variables'. Incluso, el gobierno cambió los criterios del Plan Regulador de la Región Metropolitana: antes un basural no podía instalarse a menos de 600 metros de una zona habitada. Eso bajó a 100 metros. El concepto para definir 'zona poblada', también. Antes era una habitación, hoy son 300 personas. Si hay un grupo de familias de 299 personas, puedes instalar el basural allí, como quien dice 'en medio de la plaza'", señala Marcel Claude. Un estudio del CRIOT elaborado entre 1994 y 1996 determinó qué lugares eran aptos para instalar rellenos sanitarios, sin embargo esa investigación no ha sido tomada en cuenta por las licitaciones. "El país perdió enormes recursos en ese estudio. Pero, por los verdaderos resultados, nos damos cuenta que la salud, los criterios técnicos y ambientales no son relevantes. Hay una gran irresponsabilidad política en esta materia, porque ¿quién paga los costos?: la ciudadanía". Las denuncias de napas subterráneas a menos de dos metros, fallas geológicas y deficiente impermeabilización, dan cuenta de que técnicamente los rellenos que finalmente se licitaron no eran soluciones viables. "Nunca se consideró la opinión de especialistas, vecinos, estudios; simplemente, se desecharon. Hoy nos damos cuenta que parece que era importante tenerlas presente. ¿Qué criterios fueron considerados? ¿Qué movió a la autoridad a optar por esta 'solución'? No lo sabemos", dice Claude. El smog mata Más allá de la polémica por los "errores predictivos" o la responsabilidad del Intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, y los directivos de la Conama, están las cifras de la muerte. Al cierre de estas líneas, la prensa informaba del fallecimiento al menos de tres personas, dos menores y un anciano, por problemas que podrían asociarse a los graves índices de contaminación de las últimas semanas en la capital. Un estudio del investigador Luis Cifuentes advierte que 4.000 personas mueren en forma prematura cada año, debido a larga exposición al smog de Santiago. Los efectos en la salud no sólo los padecen los sectores vulnerables, sino cualquiera que mantenga exposición permanente o exposición a altas concentraciones en períodos cortos. "Las 'alertas', 'pre-emergencias' y 'emergencias' seccionan el problema: es como 'chutear una deuda'. Se define un criterio para 'alerta ambiental' o 'pre-emergencia', que debiera ser el de 'emergencia', de acuerdo a estándares internacionales. Los criterios se deberían definir en función de la salud de la población y no de los requerimientos de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Priman los criterios productivistas: 'que no pare la industria', 'que siga funcionando el parque automotriz y los catalíticos'. Eso es lo que pasa. Es bastante mediocre seccionar las medidas a tomar en función de determinados criterios cada vez más exigentes. Así, se van a tomar medidas de 'emergencia' cuando nos estemos realmente ahogando y muriendo. Además, está el bochorno de que los organismos gubernamentales miden mal y no se toman medidas cuando se debiera". El problema del smog es muy parecido al de la basura o a los demás conflictos ambientales como el "Camino Costero Sur", la producción de celulosa o los relaves mineros. Lo que importa, para autoridades y grupos económicos, es que la economía crezca: "No importa cómo crece, o cómo ni qué se produce. De esta forma, una vez más el medio ambiente está en el canasto de los papeles; y la salud de la población, sin ninguna relevancia política". Para nadie es un misterio que los pobres, por ejemplo de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado en la capital, son lo que sufren con mayor intensidad los índices de smog. "Eso es muy grave y demuestra la falencia política de la Concertación, que no es capaz de gobernar para las mayorías que lo eligieron", señala Claude. Las soluciones pasan por imponer restricciones al parque automotriz privado, cambiar el sistema de transporte público, enfrentar a los gremios del transporte y a la masa de automovilistas; medidas sí pensando a corto plazo. Lo fundamental es un plan de descontaminación eficaz y una política urbana coherente. "No lo van a hacer porque el poder político, económico y social está ahí, presionando y defendiendo sus intereses. Se debiera internalizar en los responsables, el costo de contaminar. El criterio de 'el que contamina paga' está mal entendido. No es 'si yo quiero contaminar, pago'. El que contamina debiera pagar el costo, y no una bicoca. Si se imputara verdaderamente ese costo, dejarían de contaminar o bajarían los índices. Queremos que ese criterio opere, que 'el costo de la contaminación, se pague', pero también debe ir aparejado de alternativas: aumentar los impuestos a las gasolinas y, con esos fondos, financiar una reorganización coherente del transporte público. Proponemos que los agentes contaminadores paguen el costo real de contaminar. Pero el gobierno no lo va a hacer, porque pagar impuestos en Chile es más grave que ser violador o ladrón. Se proponen soluciones como los Permisos de Emisión Transables -sólo por un criterio ideológico neoliberal-, que son ridículos y no van a resolver nada. Soluciones de mercado que se han probado ineficaces en otros países".