Cuando parecía que sus horas a la cabeza del gobierno estaban contadas, el 9 de enero el presidente Jamil Mahuad se dirigió al país para anunciar la dolarización de la economía ecuatoriana, con cual reestableció el entendimiento con las élites pero profundizó la brecha con los pueblos indígenas y movimientos populares cuyas organizaciones están desarrollando un levantamiento progresivo con miras a la implantación de un gobierno de salvación nacional. Los días previos al anuncio, la casa presidencial fue escenario de un intenso movimiento de altos funcionarios y de la cúpula militar, trascendiendo que en el va y viene se habría intentado armar un "fujimorazo" como respuesta a las presiones generalizadas por la renuncia del mandatario, que se habían incrementado desde inicios de año ante el descontrol de la moneda. Es un criterio ampliamente compartido que Mahuad se inclinó por la dolarización para salvar su puesto, siendo que precisamente cuatro días antes había descartado la medida señalando que "sería como un salto al vacío". Si bien durante su intervención el mandatario resaltó en varias oportunidades que había optado por la dolarización basado en los estudios que el régimen habría realizado en el curso de los dos últimos meses, los días posteriores han confirmado que tal decisión no contaba con un plan debidamente elaborado, ni con los soportes técnicos del caso. Tan es así que incluso la fijación del cambio a 25.000 sucres por un dólar habría sido tomada a último momento. De hecho, no solo fue evidente que para el efecto se prescindió de los criterios técnicos del Banco Central, sino que se violentó la propia Constitución al desconocer la autonomía de este organismo en el manejo de la moneda. Urgido por las circunstancias, el régimen ahora se encuentra preparando a todo vapor las leyes que enviará al parlamento para dar vialibilidad a la medida. Para ello ha contratado los servicios de funcionarios de la Fundación dirigida por el ex-ministro de Economía argentino Domingo Cavallo, quien en su momento condujo el proceso de convertibilidad en su país. El paquete anunciado contemplará disposiciones en materia monetaria, comercial, financiera, tributaria, de flexibilización laboral y de privatizaciones de la empresa pública y la seguridad social. Para su aprobación cuenta con la alianza explícita del oficialismo (Democracia Popular) con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado por el ex-presidente Abdalá Bucaram, y el entendimiento implícito con el derechista Partido Social Cristiano (PSC). A la vez, con el amplio respaldo de las élites, el gobierno también ha emprendido una intensa campaña para convencer de las bondades de la dolarización a una población desconcertada, que según la encuestadora Cedatos cuenta con un 40% que dice entender de qué se trata y tan solo un 32% cree que es la única salida para el país, como afirma el Presidente. En este empeño por dorar la píldora, el régimen posiblemente no se esperaba que en el exterior incluso su asesor estrella Jeffrey Sachcs censure la medida o que el propio director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michael Camdessus, señale que: "la dolarización no es, debo ser franco, la clase de política monetaria que nosotros hubiéramos recomendado a Ecuador en esta etapa". Tampoco que uno de los influyentes medios en el mundo financiero, el semanario británico The Economist, advierta que se trató de "una jugada de un político desesperado". En el contexto, entonces, como sostiene el economista Alberto Acosta, "a la dolarización hay que verle como una herramienta de uso múltiple: el dólar como péndulo para generar una hipnosis colectiva, como palanca para desentrabar los procesos de privatización y flexibilización laboral, y, por último, como ancla para enraizar el modelo neoliberal". Levantamiento indígena y popular Tras el anuncio de la dolarización, las movilizaciones de protesta contra el régimen se intensificaron, a la vez que cobró nuevas perspectivas el llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) al "levantamiento indígena y popular a partir del 15 de enero hasta alcanzar los objetivos de instaurar un nuevo gobierno y un nuevo Estado". Como parte de este proceso, el martes 11 se instaló en la capital el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, con la participación de más de trescientos parlamentarios/as delegados/as de 21 provincias del país y la concurrencia de mil doscientos representantes de las organizaciones sociales e indígenas. Bajo la presidencia del arzobispo de Cuenca, Mons. Alberto Luna Tobar, el Parlamento ratificó el pedido de la revocatoria del mandato del Gobierno presidido por Jamil Mahuad, del Congreso Nacional y la disolución de la Corte Suprema de Justicia, a fin de dar paso "a la auténtica democracia y a una economía soberana y productiva, aún con mayor razón, una vez anunciada la dolarización". Esta medida, que Mons. Alberto Luna la calificó como "pecado contra el pueblo", fue condenada por el Parlamento en pleno. Por otra parte, el obispo destacó el carácter democrático del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador y se refirió al proceso como la única alternativa para que sea el pueblo el que conduzca su destino. En un documento emitido por esta instancia, se precisa que tal postura se debe a que: "Tras diez y siete meses de gobierno demócrata popular, Ecuador ha tocado fondo en la crisis política, financiera, económica y social más profunda de su historia democrática. Los escándalos políticos, de corrupción y la entrega de cuatro mil millones de dólares de la reserva monetaria internacional y de los ahorros del pueblo ecuatoriano a manos de los banqueros en quiebra, han terminado con la poca credibilidad que aún se tenía en las instituciones del Estado y en la clase política ecuatoriana. Hoy, el pueblo se pronuncia por la salida del Presidente, de los diputados en el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia que han actuado corresponsablemente en los actos de corrupción y salvataje de la banca". En este contexto, acota el comunicado, la decisión de dolarizar la economía "Es una medida que continúa el salvataje de la banca en quiebra y que licua las deudas de los empresarios, en ningún sentido, apoya a los sectores medios y empobrecidos, que en términos de salario real, percibirían entre 40 y 80 dólares, mientras la canasta de miseria ascendería por la internacionalización y dolarización de los precios a 168 dólares y a 320 dólares la canasta básica. Es mentira que se beneficie a los ecuatorianos con esta medida, las consecuencias de la dolarización se comienzan a sentir: aumento del 60 al 80% en los productos de primera necesidad". Poder dual Aprovechando la presentación de su informe anual (15 enero), el presidente Mahuad volvió a reiterar que actuará con mano dura ante las protestas sociales y que para el efecto ha dispuesto que las Fuerzas Armadas y la Policía, al amparo del estado de emergencia nacional decretado el 5 de enero, se ocupen de garantizar el orden. La noche del mismo día, en violentos operativos combinados de la Policía fueron detenidos tres dirigentes populares, mientras en las carreteras los militares comenzaban a impedir el paso de los indígenas a la capital. Esta medida de contención, sin embargo, fue desbordada por los indígenas que caminando por las montañas empezaron a llegar a Quito desde el lunes 17. Tres días después se estimaba en unos 15 mil indígenas congregados en la Casa de la Cultura, donde tiene lugar las deliberaciones del Parlamento Nacional de los Pueblos. Toda vez, en declaraciones para ALAI, la dirigente de la CONAIE Blanca Chancoso precisó que "esta movilización no solo es indígena sino de todo el pueblo ecuatoriano, de los obreros, de la gente de las ciudades, porque todos estamos sintiendo esta crisis y hemos sido testigos de la poca voluntad política que ha tenido el gobierno y de la poca capacidad política para gobernar en el país". En la primera manifestación por las calles de Quito, el Parlamento Nacional de los Pueblos logró llegar al Ministerio de Defensa y reunirse con el Ministro del ramo, con la finalidad de dar a conocer a las Fuerzas Armadas la propuesta de conformación de una Junta de Gobierno de Salvación Nacional. Durante el diálogo el secretario de Estado habría insistido que el cuerpo castrense no permitirá ningún movimiento que pretenda erigirse en poder por fuera de las vías legales. Todo parece indicar que el régimen apuesta al desgaste del movimiento de protesta, pero al interior de éste se señala que están preparados para una resistencia larga. "En el escenario actual -nos comentó Rodrigo Collahuazo, dirigente de la CMS- hemos planteado una lucha de largo aliento. Esto es, vamos a impulsar toda la fuerza para derrumbar a los tres poderes del Estado y conformar un Gobierno de Salvación Nacional que exprese el sentimiento de los ecuatorianos. Pero si esto no es posible, ya estamos planteando que la lucha se mantenga hasta cumplir con ese objetivo. Para eso es fundamental tener un instrumento de carácter político y los parlamentos provinciales y el Parlamento Nacional del Pueblo constituyen ese instrumento político que nos permite mantenernos en el tiempo para poder ir desarrollando el programa, la política y, sobre todo, ser un poder dual: es el germen de un poder dual que nos va a permitir enfrentar de mejor manera el modelo y a quienes lo defienden".