Compromisos de defensores públicos de derechos humanos
29/09/1998
- Opinión
Con un compromiso de promover los derechos humanos en sus respectivos países, culminó el III Congreso de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), reunido en Lima (Perú) del 6 al 9 de setiembre de 1998. El
evento congregó a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de comisiones
públicas de Derechos Humanos que se reunieron en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. Con este motivo, aprobaron la Declaración de Lima, en la que los Ombudsman Iberoamericanos:
Expresan la necesidad de promover y consolidar la institución del Ombudsman mediante su incorporación a los
textos constitucionales y la adopción de la legislación que le reconozca las competencias necesarias para el
desarrollo de su función.
Resaltan el deber de los Estados de colaborar con los Ombudsman y sus funcionarios en el desempeño de sus
labores, reconociendo sus competencias y facultades, así como brindando las garantías y recursos necesarios
para el desarrollo de sus funciones con plena independencia política y funcional.
En especial, instan a las autoridades nacionales de Ecuador, Nicaragua y Paraguay a poner en funcionamiento
la
institución que ya está creada en la legislación y saludan el compromiso del Presidente de Chile de crear
próximamente el Defensor del Ciudadano en su país.
Expresan su compromiso de reforzar su capacidad para facilitar el acceso de la sociedad civil a las
instituciones
públicas y contribuir así a la solución de las demandas ciudadanas propiciando lo que se viene conociendo
como
"cultura de la reclamación". Al actuar el Ombudsman como colaborador crítico del Estado, se podrán superar
las situaciones de indefensión.
Manifiestan su preocupación por la violencia política y social que afecta a muchos de sus países. Frente a
ello,
se comprometen a fomentar una cultura de paz que facilite el desarrollo y la seguridad ciudadana, en un marco
en el que la dignidad de la persona se convierta en valor supremo de la sociedad y del Estado. En ese orden,
los
Ombudsman asumen la responsabilidad de promover la construcción de la paz, contribuir al esclarecimiento de
la verdad y combatir firmemente la impunidad.
Proponen una más eficaz supervisión de las instituciones del Estado para imponer prácticas de buen gobierno
que respondan a las necesidades concretas de los ciudadanos y ciudadanas, participando los Ombudsman
activamente en los procesos de reforma de Estado y simplificación administrativa. En este sentido propician
también el mayor acceso a la justicia por parte de todos, superando toda forma de delegación de la misma,
incluyendo aquellas que resultan de la dilación y las violaciones al debido proceso. Resaltan la importancia
de la
participación de los Ombudsman en los procesos de reforma judicial, como colaboradores de los sistemas de
administración de justicia, sin que ello implique una interferencia en la función jurisdiccional. En la labor
de
supervisión de la prestación del servicio de justicia, los Ombudsman se comprometen a ejercer tutela
jurisdiccional poniendo especial atención a la vigencia de las acciones de garantía constitucional, vigilando
en
particular el respeto al habeas corpus, tutela y amparo.
Destacan que, aún en el contexto del proceso de privatizaciones, se impone la necesidad de que los servicios
públicos básicos sean accesibles a la población en general, especialmente a la de menores recursos, a fin de
mejorar su calidad de vida. Sin desmedro de la labor de los organismos supervisores pertinentes, corresponde
a
los Ombudsman colaborar para que el acceso a dichos servicios sea oportuno y eficiente y que los mecanismos
de regulación sean participativos y democráticos, protegiendo los derechos fundamentales del
ciudadano-usuario
ante la relación asimétrica con las empresas prestadoras de los servicios públicos, muchas veces de carácter
monopólico.
Reiteran la vigencia de la igualdad y la no discriminación entre los seres humanos. Se comprometen a impulsar
en sus países las medidas necesarias para erradicar la cultura de discriminación contra las mujeres. Saludan
la
existencia en Iberoamérica de siete oficinas especializadas en la protección de sus derechos, instan a los
Ombudsman concernidos para que en el más breve plazo se incremente el número de estas oficinas
especializadas y se continúe con el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los trabajos de
la
institución del Ombudsman.
Renuevan su compromiso en favor de políticas estatales que reconozcan la pluralidad étnica y cultural que
caracteriza a nuestras sociedades manteniendo su decisión de crear programas especializados para la defensa
de
los derechos de los pueblos indígenas ejecutados por personal capacitado para comunicarse y comprender su
vivencia.
Reconocen la importante labor que desarrollan los medios de comunicación y los periodistas en la difusión de
información y análisis de temas de interés público al ser las libertades de expresión, información y opinión
fundamentales para la democracia y los derechos humanos. En particular, renuevan su compromiso de seguir
colaborando con los medios de comunicación en su importante tarea y expresan su reconocimiento por el apoyo
que le brindan en Iberoamérica a la labor del Ombudsman, disponiéndose a brindar su cooperación a la
Relatoría
Especial sobre Libertad de Expresión creada por la Asamblea General de la OEA a petición de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Reconocen la valiosa labor de quienes desde la sociedad civil defienden los derechos humanos y deploran los
actos de agresión producidos contra ellos. Exhortan a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a
adoptar medidas eficaces para su protección, incluyendo la adopción de instrumentos normativos que garanticen
su labor.
Condenan todo tipo de amenazas y medidas arbitrarias destinadas a debilitar o limitar la función del
Ombudsman y de sus colaboradores, exhortando a la FIO a que se mantenga vigilante ante cualquier agresión.
Expresan que el establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente es un paso
fundamental para la lucha contra la impunidad y una eficaz defensa de los derechos humanos. Se comprometen
a influir en sus respectivos países para que ratifiquen cuanto antes el Estatuto adoptado en la Conferencia
Diplomática de Roma, en julio pasado.
Valoran la importancia del apoyo expresado por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) realizada en Caracas, Venezuela, en junio de 1998 y solicitan al Secretario General de la
organización que procure impulsar mecanismos de participación de los Ombudsman en los trabajos de los
diferentes órganos de la OEA. Ofrecen, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su mejor
disposición de cooperar con ella en el cumplimiento de los objetivos que les son comunes.
Piden a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tome en consideración el
anhelo de los Ombudsman de contar con un espacio propio y diferenciado en las deliberaciones anuales de la
Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.
Subrayan la importancia de que las Cumbres Iberoamericanas consideren la labor del Ombudsman en la región
y, en este sentido, saludan la iniciativa de Proveedor de Justicia de Portugal, José Meneres Pimentel, de
convocar al Foro Preparatorio de la Octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en
Oporto, Portugal, el próximo 25 de setiembre.
Solicitan al Director General de la UNESCO la realización en 1999 de una nueva reunión de la Red
Iberoamericana de Ombudsman para la Cultura de Paz, continuando así los esfuerzos iniciados en Antigua,
Guatemala, en junio de 1996.
Reconocen la labor que vienen desempeñado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión
Andina de Juristas en Iberoamérica en la promoción y consolidación del Ombudsman e instan a las agencias de
cooperación internacional a prestar su colaboración en esos esfuerzos.
Acogen con beneplácito la propuesta formulada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de
Honduras, Dr. Leo Valladares Lanza, de celebrar el IV Congreso de la Federación en su país el año próximo, y
su sugerencia de incluir en la agenda la relación del Ombudsman con la pobreza, el fortalecimiento del Estado
de
Derecho, el derecho a la información, así como la situación de los presos sin condena y las condiciones
carcelarias en la región.
https://www.alainet.org/de/node/104335?language=en
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Mujeres
- Paola Ricaurte 10/03/2022
- Giorgio Trucchi 03/03/2022
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- Miguel Pinto Parabá 26/01/2022
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