Así, los jóvenes que perciben el beneficio de 600 pesos del PROGRESAR e ingresen como pasantes a empresas privadas perciban mensualmente 2000 pesos adicionales por cuatro horas de labor. Finalizada la pasantía, el Estado aportará hasta 2700 pesos y eximirá a las empresas del 100% de las cargas durante un año. Los adultos desocupados egresados de los Centros de Formación Profesional tendrán la misma posibilidad. Asimismo, se lleva a hasta 2000 pesos por trabajador el subsidio REPRO que el Estado otorga a las empresas “en crisis”.

 

No me opongo. Es mejor usar la plata en eso que pagarle a los buitres o subsidiar la luz de los countries. Críticas, claro, se pueden hacer y muchas. Una fácil: el programa más que garantizar los niveles de empleo, lo que garantiza es la ganancia de los empresarios con fondos públicos. También podría decirse que las nuevas pasantías son un revival de la Ley Federal de Educación. Desde la óptica liberal dirán que se está sosteniendo empresas ineficientes con transferencias públicas o recalentando artificialmente una economía inflacionaria.

 

Personalmente, no me interesa ninguna de estas críticas. Que los que más van a ganar son los empresarios, así es el capitalismo. Que a mayor crecimiento, mayor concentración, así es el proceso de acumulación. Que no importa producir cosas útiles sino ganar plata fácil, así es sistema. Que la distribución va a ser arbitraria, así es la política burguesa. Al olmo peras no hay que pedirle. La política del gobierno es sostener la demanda agregada y para eso, las medidas parecerían adecuadas. Y aunque ese objetivo poco tiene que ver con nuestras convicciones revolucionarias del buen vivir y el socialismo criollo, es mucho mejor que las políticas de ajuste estructural, inflation targeting, hambre y rendición incondicional al capital financiero que reclama la oposición neoliberal. Así que, bienvenido el PROEMPLEAR.

 

La crítica que sí me interesa porque creo puede tallar en algún funcionario despierto es la discriminación que sufren los trabajadores de las economía popular en este esquema. Esta discriminación que golpea a los más pobres y excluidos es, para colmo, gratuita. No es producto de la defensa de intereses de un sector. No es racional. Es una negación estúpida de la tendencia mundial irrefrenable al decrecimiento del empleo asalariado en el sector privado formal. Y es una negación de las organizaciones populares como instrumento de resolución de los problemas colectivos, negación incompatible con la doctrina peronista y las tradiciones del movimiento obrero argentino.

 

Lo cierto es que las actividades y oficios populares, estén o no institucionalizadas como cooperativas, dan cuenta de una porción creciente de las fuentes de trabajo. Es un sector en constante crecimiento, consolidación y complejización. Esto no es para festejar: su proliferación expresa el carácter cada vez más excluyente del sistema y se caracteriza por la precariedad de las condiciones laborales, muy inferiores a las del empleo registrado.

 

Inventarnos nuestro propio trabajo no es una elección sino una necesidad y lo hacemos con los medios que tenemos a mano: una carreta, una fábrica abandonada, una manta, un puesto improvisado, un pedazo de tierra, una motito, algún subsidio que cae.

 

¿Cuántos somos? Cinco millones, seis, cuatro… depende como se mida. Pero el sector existe, está a la vista de todos, crece y no hay programa de empleo que vaya a cambiar esta realidad ya constitutiva del sistema. El pleno empleo -asalariado, registrado, convencionado- no existe más. No es una aspiración realista ni para el Estado ni para la clase trabajadora. Se lo hemos dicho desde la CTEP a Carlos Tomada y Alicia Kirchner y a los funcionarios con los que pudimos conversar. La respuesta es un gesto de asentimiento condescendiente, a veces indiferente, a veces picado de curiosidad… Y un rápido olvido, apenas turbado por el aún débil grito de los nuestros.

 

El problema no es teórico. El desconocimiento de nuestro sector o la falsa idea de que se trata de un fenómeno pasajero, generan políticas públicas ineficaces e injustas. El Estado aborda nuestra situación como un tema de “desarrollo social” y así profundiza la dualidad entre integrados y excluidos. El PROEMPLEAR, así, endurece el núcleo duro de la pobreza. ¿Por qué Pelequi de Villa Caraza que perdió toda su infancia en la esquina o cartoneando o haciendo giladas, que ningún privado va a emplear, no pueden hacer las pasantías en la Cooperativa Cartón y Justicia? ¿Por qué Mari que fue esclavizada durante años en un taller clandestino de San Juan no puede integrarse en la Cooperativa Manos del Pueblo con los mismos beneficios del PROEMPLEAR? ¿Por qué los campesinos recolectores de junquillo de la Cooperativa Talquenca, están en crisis permanente por el avance del agronegocio, no tienen el mismo subsidio REPRO?

 

Las pocas herramientas que tenemos sí tenemos (PTA, los CFPs, etc.) son de tramitación imposible por inadecuación del Estado a nuestra realidad o discrecionalidad política. Desde la CTEP -por ejemplo- se presentaron 194 cooperativas con 6000 trabajadores hace más de un año y solo salieron 10. El trámite del REPRO en cambio tarda entre 15 y 30 días.

 

Esta discriminación se justifica diciendo que nuestros compañeros no son trabajadores, no son otra cosa que “titulares” de los “derechos” que, como maná del cielo, caen del Estado. Algún día nos vamos a integrar en empresas del sector privado formal, piensan los ortodoxos. Para los sensibles, en cambio, deberíamos crear cooperativas competitivas e integradas al mercado. Fomentan una nueva estratificación de la pobreza aplicando criterio darwinista en la provisión de los programas sociales. Ejemplo de ello es que una organización que agrupa a cooperativas exitosas (la CNCT) tiene hoy el monopolio del programa Argentina Trabaja impulsado originalmente por el movimiento piquetero para transformar el subsidio en trabajo digno, no para discriminar a los excluidos por improductivos e incapaces, en criollo, por negros y villeros.

 

Más allá de los matices, subyace una negación obstinada a reconocer este hecho evidente: existen más brazos disponibles que empleados necesarios para el proceso de producción y distribución capitalista contemporáneo. Estos compañeros nuestros, cuya fuerza de trabajo ya no es mercancía apetecible, empujados a las periferias olvidadas, no se resignan a vivir de la asignación -que estamos muy contentos de tener- y salen a inventarse el trabajo. Y así se va creando un subsistema que tiene sus oficios, actividades y formas de organización propios.

 

Lo que nosotros llamamos la economía popular (no economía social, esa está en el país de las maravillas de Alicia) palpita en la calle, en los puestos La Salada, en las mantas de Florida, en los carros del MTE, en los talleres domésticos, en las estaciones de tren, en las cuadrillas del Argentina Trabaja, en las cocinas familiares, en el monte santiagueño. El Estado se niega a reconocer a los trabajadores de este subsistema como, valga la redundancia, trabajadores. Microemprendedores tal vez, pero trabajadores no. Tendrán la esperanza que a Pelequi lo emplee la prospera burguesía nacional o se convierta en un empresario PyME.

 

Lo mismo pasa con el PROCREAR, pensado para el mercado inmobiliario formal. Allí nuestros compañeros no acceden aunque muchas veces terminan trabajando -en negro, por supuesto- para los afortunados adjudicatarios. Los nuestros viven en terrenos irregulares. Sus viviendas en general califican como “inhabitables”. No pueden siquiera presentarse al sorteo para la línea refacción. La línea de compra de terrenos no alcanza ni para el más pequeño de los lotes “legales” en el más pobre de los barrios del conurbano. No hay una línea para reparar viviendas en terrenos irregulares mediante las cuadrillas del Argentina Trabaja hoy ociosas. No se fomenta la formación de cooperativas de vivienda subsidiadas para comprar tierra para lotearla. Siempre negación a la organización popular, a la resolución colectiva de los problemas, algo que para nuestros Pueblo Pobre no es sólo una tradición sino la única alternativa; con los trámites web, individuales, a los nuestros les va bastante mal.

 

La CTEP tomó nota del tema y comienza a reclamar la ampliación de los beneficios del PROGRESAR y del PROCREAR para los suyos al Ministerio de Trabajo y a la ANSES respectivamente, sin éxito por ahora… pero con garra.

 

- Juan Grabois es Dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos – Cartoneros y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)